Tesis (magíster en derecho, mención derecho penal de los negocios y la empresa) / Siendo el cohecho una de las manifestaciones más importantes de la corrupción, esta tesis tiene por propósito principal analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la perspectiva de las figuras penales previstas en el artículo 250 y 251 bis del Código Penal, identificando y determinando, los tipos penales y las sanciones en que incurrirán las personas jurídicas cuando hayan cometido estos delitos conforme a las disposiciones de la Ley 20.393 sobre Responsabilidad de las personas jurídicas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El acceso a la información pública constituye uno de los más importantes hitos de los últimos años para los Estados a nivel mundial. El conocimiento por parte de la ciudadanía de los actos y decisiones que ejecutan las autoridades se ha transformado en una exigencia a nivel internacional, lo cual según algunos, es básico para consolidar los regímenes democráticos por la fiscalización que pueden hacer los gobernados a sus gobernantes. Lo anterior se ha dicho, es consecuencia del empoderamiento social. Chile no se ha quedado atrás en estas iniciativas, por lo que paulatinamente nuestra legislación se ha ido adaptando a las nuevas perspectivas, en parte a raíz de diversos casos de corrupción política que han acontecido y de la incorporación de nuestro país a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que exige la adecuación de nuestra normativa a ciertos estándares de Derecho Internacional. Una de las iniciativas más relevantes fue la dictación de la Ley Nº 20.285 el año 2009, consecuencia de la entrada en vigencia del nuevo artículo 8º de la Constitución Política, donde se elevan a rango constitucional los principios de publicidad y transparencia que antes si bien es cierto, habían sido objeto de debate e incluso de dictación de importantes leyes como la Ley Nº 19.6531 y la Ley Nº 19.880, no satisfacían en forma suficiente la necesidad de establecer un sistema sólido de bases democráticas. En consecuencia se llegó a la conclusión de que la idea de legislar sobre el acceso a la información pública, la transparencia, la publicidad y la probidad no debía quedar solamente en el plano de una ley común, y por lo tanto, se planteó la necesidad de estar regulados por la Carta Fundamental.

La publicación, dividida en 4 partes compuestas por 10 capítulos, pone en discusión una propuesta de fundamentación para una ética de la función pública. Se trata de una ética aplicada que comprende al conjunto de orientaciones sobre cómo deben actuar quienes ejercen funciones públicas, en el marco de un Estado democrático. Por ello, el autor propone superar las insuficiencias de las aproximaciones que privilegian un enfoque económico administrativo. / This book, divided in four parts and composed of ten chapters, discusses a proposal of a foundation for a public service ethic. It is about an applied ethic that includes the set of guidelines on how to act for those who exercise public functions, within the framework of a democratic state. Therefore, the author proposes to overcome the inadequacies of the approaches that favor an administrative economic focus.

La ley 23284, de unión conyugal, ofrece a los empleados públicos la posibilidad de que, cuando sean trasladados a un lugar fuera de su residencia habitual, los cónyuges (que también deben trabajar en el sector público) sean trasladados a la misma zona; esto se hace con la intención de mantener la armonía familiar y, por cierto, la productividad laboral. / Trabajo de investigación

He considerado que en estos momentos en que se celebran los 10 años de entrada en vigor del TREBEP, era el momento adecuado para realizar una reflexión de conjunto sobre de mis trabajos de investigación que abarcan un largo periodo de evolución del empleo público, también contrastar como muchas de mis consideraciones y propuestas han sido recibidas y aceptadas tanto por la doctrina como por la legislación vigente como expondré con detalle en un posterior apartado, y asimismo, reflexionar sobre la actual situación, y en especial, si este último instrumento de desarrollo normativo (TREBEP) ha permitido cumplimentar adecuadamente los mandatos constitucionales con relación al empleo público. Asimismo, otro objetivo de esta tesis se centra en la detección y delimitación de los problemas y conflictos que presenta el actual régimen jurídico del empleo público, tras haber transcurrido 10 años desde la aprobación del TREBEP, formulando al respecto propuestas concretas que entendemos pueden aportar soluciones jurídicas y operativas a la actual situación, incorporando también las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales sobre: - La selección, en concreto, me refiero a la evolución de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que se está produciendo desde el año 2014, con relación al alcance y funcionalidad de la "discrecionalidad técnica", la incorporación del principio de transparencia, y asimismo, la importancia que puede tener en el futuro la incorporación de los medios electrónicos reconocidos por la Ley 39/2015 LPACAP, y en especial, la Ley 40/2015 LRJSP, con relación a la posibilidad de grabación de la realización de ejercicios orales o prácticos (no escritos) o la celebración de video sesiones de los órganos de selección, en la línea de la obligación de motivación detallada de la valoración recogida en la última doctrina del Tribunal Supremo sobre la discrecionalidad técnica. - La desviada utilización de sistemas de provisión de puestos de trabajo que ha supuesto una desprofesionalización del empleo público y su politización. - El Problema de la temporalidad el empleo público y las consecuencias de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. - Las consecuencias del nuevo marco normativo de las entidades locales como consecuencia de la reforma de la LRBRL originada por la aprobación de la Ley 27/2013 LRSAL.

El procedimiento administrativo disciplinario contiene diversas aristas, entre ellas, las formalidades propias de su tramitación, la compleja determinación de responsabilidades, y la identificación e imposición de sanciones, cada una de ellas dignas de estudio y análisis. Pero es justamente en este último aspecto que el presente trabajo se ha centrado, siendo una investigación explicativa, busca analizar, a través de un panorama general, la actuación de aquellas autoridades constituidas como sancionadoras, ofreciendo además una crítica para aquellas que, empleando criterios arbitrarios, imponen sanciones carentes de motivación que no soportan el mínimo análisis de razonabilidad, desarrollando en el camino conceptos básicos e indispensables para entender el procedimiento administrativo disciplinario, tales como los principios rectores del accionar administrativo, el actuar discrecional de las autoridades competentes y la arbitrariedad en la toma de decisiones. El presente trabajo de investigación resalta la importancia de emplear criterios de razonabilidad para la determinación de las sanciones, tomando en cuenta para ello cada una de las pautas y supuestos establecidos por la ley, decisión que debe ser debidamente motivada por la autoridad a cargo, dentro del margen de libertad que la norma le ha concedido. Esto se denominará discrecionalidad, la misma que por su propia naturaleza descarta el accionar arbitrario de las autoridades disciplinarias. / The disciplinary administrative procedure contains various aspects, among them, the formalities of its processing, the complex determination of responsibilities, and the identification and imposition of sanctions, each of them worthy of study and analysis. But it is precisely on this last aspect that the present study has focused, being an explanatory research, it seeks to analyze, through a general panorama, the performance of those authorities constituted as sanctioners, also offering a criticism for those who, using arbitrary criteria , impose unmotivated sanctions that do not support the minimum analysis of reasonableness, developing basic and essential concepts to understand the disciplinary administrative procedure, such as the guiding principles of administrative action, the discretionary action of the competent authorities and arbitrariness in the taking of decisions. This research highlights the importance of using reasonableness criteria to determine sanctions, taking into account each of the guidelines and assumptions established by law, a decision that must be duly motivated by the authority in charge, within the margin of freedom that the norm has granted him. This will be called discretion, which by its very nature rules out the arbitrary action of the disciplinary authorities.

Nuestra Constitución Política de 1993 no obliga a la Administración Pública a establecer un régimen público único para los servidores públicos, facultando así, la coexistencia de un diversidad de regímenes públicos y privados. El análisis e interpretación de la Función Pública y la Carrera Administrativa -como bienes Constitucionalmente protegidos-, nos permite establecer que el régimen Público laboral de la Administración Pública necesita una unificación; siendo que, uno de los objetivos de la Administración es que, toda aquella persona que brinde un servicio al Estado se encuentre sujeto a un régimen uniforme, con la finalidad de iniciar la modernización del servicio público “elemento fundamental para un adecuado funcionamiento de la Administración Pública”1. Este articulo académico tiene por finalidad analizar la Sentencia 002-2010-PI/TC - desde la perspectiva de la Función Pública- con la finalidad de establecer si el Régimen de Contratación Administrativo de Servicios cumplió con la finalidad pública por la cual fue creada.

El derecho a la negociación colectiva es una herramienta valiosa para la mejora de los beneficios laborales con contenido económico y no económico de los trabajadores en general; sin embargo, el desarrollo de dicho derecho en el sector público ha encontrado serias dificultades normativas, principalmente en las leyes de presupuesto que año a año han venido restringiendo su ejercicio en materia remunerativa, línea que también se siguió en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Ahora, con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) conocida como “Caso Ley de Presupuesto Público”, en cuyo numeral 2 de su parte resolutiva exhorta al Congreso de la República a aprobar una nueva regulación sobre negociación colectiva para los trabajadores del sector público, es que el presente trabajo pretende establecer, a partir del análisis de legislación comparada y lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una propuesta normativa que resulte conforme al deber de fomento por parte del Estado del referido derecho fundamental, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 28 de nuestra Constitución Política.

Quienes ejercen el servicio público tienen el deber de velar por la integridad de sus decisiones y por garantizar la defensa del interés general. Este principio natural de toda actividad pública, se hace mucho más presente para aquellos sectores de alto riesgo, como salud, específicamente, para aquellos actores relacionados con la compra pública de medicamentos. ¿Qué herramientas tienen los funcionarios públicos para cumplir su función libre de un conflicto de intereses? ¿cómo lo identifican? ¿a quién pueden acudir en caso tengan una duda de carácter ético o moral? ¿qué hace el Estado por prevenir situaciones de conflicto de intereses en la compra pública de medicamentos? ¿la regulación vigente es suficiente? Son solo algunas de las interrogantes que se presentan. Con el propósito de contribuir a dilucidar una alternativa de solución, esta tesis propone una restructuración de la infraestructura institucional a cargo de la ética e integridad pública. Esto a partir de la aplicación de una serie de buenas prácticas de prevención y gestión adecuada de los conflictos de intereses al interior de las entidades vinculadas a la compra, enfocadas en el funcionario o servidor público. Arribo a esta conclusión, después de haber revisado los aspectos teóricos de diversos autores, la experiencia en otros países, así como del análisis práctico de una encuesta realizada a los funcionarios y servidores públicos del Perú vinculados a la compra pública de medicamentos. La propuesta permitirá una efectiva mitigación de riesgos de corrupción, así como una herramienta de medición periódica de quienes toman decisiones en el sector materia de la investigación.

Actualmente es posible sancionar a los trabajadores del Sector Publico, comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador regulado en la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, con sanción de suspensión sin goce de remuneraciones o de destitución, con la sola imputación de comisión de falta grave por vulnerar el "Principio de Respeto", el "Principio de Eficiencia", el "Principio de Idoneidad" y el "Deber de Responsabilidad" establecidos en la Ley 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública (las cuales son incluidas en el listado de faltas administrativas de Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, de acuerdo al artículo 100° de su Reglamento); cabe precisar, que las faltas antes mencionadas han sido enunciadas de forma abierta y genérica, en tanto es posible encajar numerosas y diversas conductas del trabajador, aspecto que podría constituir la afectación del derecho al trabajo y al debido procedimiento; bajo dicho contexto, el objeto del presente trabajo es analizar la constitucionalidad de la imposición de las sanciones por la imputación de una falta grave de tipificación abierta, a fin de plantear criterios a tomar en cuenta por las entidades en salvaguarda del derecho al trabajo y al debido procedimiento.