En el presente trabajo, se analiza si la percepción de confianza afecta la probabilidad de sobornar a un funcionario público para el caso de Perú en el 2018. Asimismo, se investiga si otras características individuales aumentan la probabilidad de soborno. Para ello, se eligen cinco instituciones públicas con mayor tasa de admisión de soborno y con mayor tasa de respuesta entre los entrevistados. Se utiliza dos modelos probit binarios con distinta definición de corrupción. En el primero, se considera si la persona solo admite sobornar, y el segundo se considera si la persona admite o le solicitan soborno. Los resultados muestran que no existe suficiente evidencia para poder afirmar que existe una relación negativa entre ambas variables, pero se comprueba lo afirmado por la literatura con respecto a la relación entre la variable probabilidad de soborno y variables como edad, género, y educación. / In this paper, it is analyzed whether the perception of trust affects the probability of bribing a public official in Perú during 2018. In addition, it is investigated whether other individual characteristics increase the probability of bribery. For this, five public institutions with a higher bribe admission rate and with a higher response rate among the interviewees are chosen. Two probit models with different definition of corruption are used. The first one considers whether the person only admits to bribing, and the second one considers whether the person admits or if the public official requests bribery. The results show that there is not enough evidence to be able to affirm that there is a negative relationship between both variables, but it is verified what is stated by the literature regarding the relationship between the variable probability of bribery and variables such as age, gender, and education. / Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 18/10/2019

Existen pocas investigaciones en la Ciencia Política que se han preocupado por estudiar este actor y la micro-operatividad del Estado, a pesar de que en los últimos diez años en América Latina hay un movimiento que está apostando por la integralidad de la política social como la mejor alternativa para combatir la pobreza. Por ello, esta investigación tiene como fin poner en agenda un tema para la Ciencia Política que estudia las alternativas posibles sobre cómo mejorar la implementación de las políticas sociales desde la microoperatividad del Estado y la relación Estado-ciudadano. Este trabajo busca describir cómo un Programa social se implementa mejor cuando a nivel microoperativo sus trabajadores se desempeñan bien. / Tesis

En el mes de mayo del año 2009 el Presidente de la República, Alan García Pérez, anunció el desarrollo de evaluaciones masivas en el sector público peruano, a cargo de SERVIR.1 Las condiciones para atender dicho mandato político fueron adversas: el ente rector se había creado recientemente (en el mes de julio del año 2008), y no había existido una política pública en el Estado peruano para gestionar sus recursos humanos en, por lo menos, los últimos 30 años2, por lo que no se contaban con los recursos adecuados para emprender dicha labor y, por el contrario, existían institucionalizadas prácticas de gestión contrarias a los fines de los sistemas administrativos profesionales.3 En dichas condiciones, sin embargo, SERVIR logró implementar evaluaciones masivas dirigidas a los trabajadores del sector público. Estas se realizaron en dos de los sistemas administrativos del Estado: el sistema de inversión pública (SNIP), en el año 2009, y el sistema de abastecimiento, en el año 2010. Posteriormente, esta intervención obtuvo distintos reconocimientos por su contribución al desarrollo del servicio civil: en el año 2010 fue premiada por la ONG Ciudadanos Al Día (CAD) como Buena Práctica en Gestión Pública, y en el año 2011 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace referencia a ella por su contribución al mejoramiento del Índice de Desarrollo Burocrático peruano.4 La aplicación de los Diagnósticos de Conocimiento (DC) es, por lo antes explicado, una intervención pública conveniente de estudiar. El estudio realizado en la presente tesis se concentró en dos aspectos: la descripción de la gestión desplegada en su desarrollo y una aproximación al valor público creado por la intervención. Con respecto al primer elemento, se concluyó que existieron acciones vinculadas a los ejes funcionales de la gestión pública estratégica planteados por Moore (1995) realizadas por el equipo de gestión responsable de la implementación de los DC: hubo una definición sustantiva de la intervención, acciones de gestión política y de gestión operativa. Las acciones que permitieron la viabilidad de la intervención fueron, en correspondencia con dichos ejes funcionales, las siguientes: 1) Primero, vinculado a la definición sustantiva de la intervención, se logró, en su desarrollo, identificar una propuesta de creación de valor público precisa, que limitó el alcance del mandato legal y político asignado a SERVIR para hacerlo viable. 2) Segundo, vinculado a la gestión política, se logró atender la demanda política para contribuir con el posicionamiento del ente rector, como parte de la estrategia global de la entidad, manteniendo la legitimidad en su desarrollo a través de la participación de los entes rectores de los sistemas administrativos evaluados y empleando mecanismos persuasivos para el resto de actores coproductores (organizaciones públicas y servidores públicos). 3) Tercero, vinculado a la gestión operativa, se logró elaborar y emplear una solución técnica para el problema público: la metodología de evaluación de conocimientos como medio para contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores del sector público. En referencia al segundo elemento, de creación de valor público, encontramos que este se obtuvo de manera parcial. Los DC no lograron crear valor público, según el criterio de efectividad, debido a que no obtuvo resultados significativos en la reducción de las brechas de conocimiento para fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos, específicamente, no logró concretar las capacitaciones posteriores a la etapa de evaluación. Sin embargo, visto desde una perspectiva de creación de valor público a mediano y largo plazo, la intervención ha producido valor público, debido a que se logró poner en marcha una organización con una propuesta técnica para atender el problema de las capacidades en los trabajadores del sector público, y que ha acumulado aprendizaje organizacional en ese sentido. Esta segunda perspectiva sobre el valor creado por la intervención, específicamente en la política de gestión de recursos humanos, es especialmente importante, porque se trata de una reforma administrativa que, entre otras características, debe contener, precisamente, una visión de creación de valor público de mediano y largo plazo, para lograr obtener resultados significativos.5 Como recomendaciones para su continuidad se han planteado las siguientes: Primero, complementar el diseño de la intervención en consideración con su última etapa, de desarrollo de las capacitaciones. Deben considerarse las recomendaciones planteadas por la evaluación de las experiencias6, en referencia a lo que se puede interpretar, bajo el marco conceptual propuesto por Moore (1995), como la inclusión de mejores mecanismos de persuasión para los actores coproductores. Complementar el proceso de creación de valor público permitirá, a su vez, fortalecer las capacidades de la intervención para lograr superar su entorno autorizativo7. El desarrollo actual de los DC en el sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos, en el que SERVIR es ente rector, así como el impulso que se viene dando a la capacitación a través de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP, por sus siglas) representa una oportunidad para obtener resultados en el cierre de brechas de conocimientos. SERVIR puede lograr evidenciar, tras un modelo de capacitación para los servidores públicos de las ORH, el rol que puede tener un ente rector para la capacitación de sus trabajadores, en articulación con el rol que desempeñe la ENAP. Este, no obstante, no tendría por qué constituir un modelo único imitable en el resto de sistemas administrativos, pero sí evidenciar la consecución de resultados tras la aplicación de los DC. Segundo, debe fortalecerse el componente de gestión del conocimiento de la intervención, visto el proceso, precisamente, desde una perspectiva de creación de valor público de corto y largo plazo. La sistematización continua del aprendizaje, facilitadores y dificultades en el desarrollo del proceso, con el fin de asegurarse la viabilidad de su aplicación. En la actualidad, por ejemplo, se ha renovado el 100% del equipo de la GDCR que responsable de aplicar los DC en el SNIP y el sistema de abastecimiento. Asimismo, la experiencia de aplicación en el sistema administrativo de la gestión de los recursos humanos está a cargo de una gerencia distinta (GDIS) y algunas dificultades presentadas en su desarrollo comunican la utilidad de fortalecer dicho componente. Tercero, los propósitos anteriores deben analizarse, en conjunto, con la Gerencia de Desarrollo de Política de Recursos Humanos (GDPRRHH) de SERVIR, que es la responsable del diseño de la Nueva Ley del Servicio Civil (NLSC), de manera que se logre incorporar el aprendizaje obtenido con los DC para lograr, en un escenario de aprobación de la propuesta de ley (NLSC) su reglamentación y desarrollo efectivo. Finalmente, en relación a su alcance con respecto al tamaño del servicio civil, y visto el sector público en su conjunto desde una perspectiva ciudadana, debe tenerse en cuenta que es una labor pendiente del Estado complementar la metodología de los DC como alternativa de solución para promover las mejoras en la gestión de las evaluaciones y capacitaciones para el resto de trabajadores del sector público. En dicho grupo encontramos a los servidores públicos con funciones especializadas, cuyo tamaño no se conoce aún con precisión, y las carreras públicas especiales, que representan aproximadamente el 60% del servicio civil.8 En ese sentido, será importante asegurar acciones de coordinación mínimas que evidencien a la ciudadanía la uniformidad de los principios base que guían las acciones de evaluación y capacitación aplicados a los operadores de las funciones administrativas y las pertenecientes a las carreras públicas especiales.

Existen pocas investigaciones en la Ciencia Política que se han preocupado por estudiar este actor y la micro-operatividad del Estado, a pesar de que en los últimos diez años en América Latina hay un movimiento que está apostando por la integralidad de la política social como la mejor alternativa para combatir la pobreza. Por ello, esta investigación tiene como fin poner en agenda un tema para la Ciencia Política que estudia las alternativas posibles sobre cómo mejorar la implementación de las políticas sociales desde la microoperatividad del Estado y la relación Estado-ciudadano. Este trabajo busca describir cómo un Programa social se implementa mejor cuando a nivel microoperativo sus trabajadores se desempeñan bien.

Este estudio de caso investiga los efectos de la incorporación del Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) en la dimensión político cultural de la UGEL N°7, basados en la hipótesis que su incorporación inició el tránsito de la organización de un Sistema Cerrado a una de tipo Arena Política, dadas las competencias de gestión estratégica y gestión del entorno político del CGP como actor colectivo. A través del análisis de los hechos significativos demostramos que, previo a la incorporación del CGP, la UGEL N° 7 era una organización de Tipo Sistema Cerrado, con una coalición interna muy burocrática, concentrada en el personal perteneciente al Régimen del D. L. N° 276. Sin embargo, con la incorporación del CGP llega un nuevo actor que disputa desde la estructura ostensiva (asumiendo jefaturas en la organización) el poder performativo de las redes de la organización, inaugurando una etapa que, según la tipología de Mintzberg, es denominada de Arena Política confrontacional entre los CGP y los miembros del D. L. N° 276. Luego, esta Arena Política Confrontacional se transforma en una Arena Política de Alianzas Frágiles, gracias al liderazgo del Principal (Director de la UGEL N°7), la gestión de las asimetrías salariales y desarrollo de aliados estratégicos, llevando a la organización al desarrollo de buenas prácticas reconocidas a nivel nacional. Sin embargo, su alejamiento a propósito de la Reforma Magisterial, trajo consigo una reconfiguración de las coaliciones, retornando los actos de confrontación, que llevan a la UGEL N°7 a una tercera etapa, denominada de Organización Politizada, caracterizada por presentar conflictos de intensidad moderada y naturaleza constante. La principal conclusión arribada es que los conflictos señalados están vinculados principalmente a la cultura organizacional predominante y la resistencia al cambio, 4 sustentada en el poder que concentran los trabajadores del régimen laboral del D.L. N° 276 y que, en el periodo de tiempo investigado, el Cuerpo de Gerentes Públicos como actor colectivo demostró conocimientos generales de gestión y normativa pública pero, limitadas capacidades de liderazgo, trabajo en equipo, gestión estratégica y gestión del entorno político, lo que impide llevar a la UGEL N°7 a otras etapas de desarrollo en su ciclo de vida organizacional. Finalmente, y no menos importante es señalar que las UGEL de Lima Metropolitana concentran el 28% de la población peruana y sólo en Educación básica regular se matriculan cada año alrededor de 1.9 millones de estudiantes, equivalente al 25% del total nacional. No queda duda que los cambios que el CGP pueda lograr en estas organizaciones, impactarán en un porcentaje considerable de las generaciones en formación en nuestro país. / Tesis

La ley 23284, de unión conyugal, ofrece a los empleados públicos la posibilidad de que, cuando sean trasladados a un lugar fuera de su residencia habitual, los cónyuges (que también deben trabajar en el sector público) sean trasladados a la misma zona; esto se hace con la intención de mantener la armonía familiar y, por cierto, la productividad laboral. / Articulo de Investigacion

Nuestra Constitución Política de 1993 no obliga a la Administración Pública a establecer un régimen público único para los servidores públicos, facultando así, la coexistencia de un diversidad de regímenes públicos y privados. El análisis e interpretación de la Función Pública y la Carrera Administrativa -como bienes Constitucionalmente protegidos-, nos permite establecer que el régimen Público laboral de la Administración Pública necesita una unificación; siendo que, uno de los objetivos de la Administración es que, toda aquella persona que brinde un servicio al Estado se encuentre sujeto a un régimen uniforme, con la finalidad de iniciar la modernización del servicio público “elemento fundamental para un adecuado funcionamiento de la Administración Pública”1. Este articulo académico tiene por finalidad analizar la Sentencia 002-2010-PI/TC - desde la perspectiva de la Función Pública- con la finalidad de establecer si el Régimen de Contratación Administrativo de Servicios cumplió con la finalidad pública por la cual fue creada. / Trabajo académico

El derecho a la negociación colectiva es una herramienta valiosa para la mejora de los beneficios laborales con contenido económico y no económico de los trabajadores en general; sin embargo, el desarrollo de dicho derecho en el sector público ha encontrado serias dificultades normativas, principalmente en las leyes de presupuesto que año a año han venido restringiendo su ejercicio en materia remunerativa, línea que también se siguió en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Ahora, con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) conocida como “Caso Ley de Presupuesto Público”, en cuyo numeral 2 de su parte resolutiva exhorta al Congreso de la República a aprobar una nueva regulación sobre negociación colectiva para los trabajadores del sector público, es que el presente trabajo pretende establecer, a partir del análisis de legislación comparada y lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una propuesta normativa que resulte conforme al deber de fomento por parte del Estado del referido derecho fundamental, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 del artículo 28 de nuestra Constitución Política. / Trabajo académico

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / La censura Ministerial es una de las herramientas de control político y por la cual el congreso hace efectiva la responsabilidad política de los Ministros de Estado, estando el Presidente de la República en la obligación de aceptar la renuncia del censurado en un plazo de 72 horas, conforme a lo dispuesto en Constitución Política del Perú. Si bien la norma constitucional ha señalado que el Presidente de la República deberá aceptar la renuncia del Ministro censurado, no se ha establecido disposición alguna respecto a si esta persona puede ser nombrada nuevamente como Ministro durante el resto del periodo de gobierno. Ante este escenario, la presente investigación ha desarrollado los fundamentos y alcances de la censura Ministerial, conforme ha sido regulada en el artículo 132 de la Constitución. De esta forma, y tomando en consideración las características del régimen político, se puede afirmar que el Presidente de la República no está facultado constitucionalmente para nombrar como ministro a quien antes fue censurado por el Congreso y durante su periodo de gobierno. En este sentido, el Ministro censurado no podrá ser nombrado Ministro en el mismo Despacho Ministerial que ocupó cuando se aprobó la Moción de Censura. El fundamento de dicha afirmación es la confianza política que requiere el Consejo de Ministros para su desempeño en el cargo, tanto del Presidente de la República como del Congreso. Al aprobarse una Moción de Censura, el Parlamento declara extinguida dicha relación respecto al Ministro censurado. / Tesis