En el presente trabajo he identificado las concepciones vigentes de derechos humanos presentes en organizaciones de familiares de víctimas de violencia institucional surgidas en democracia y he establecido la vinculación de estas concepciones con sus prácticas. Para ello he recurrido a diferentes estrategias metodológicas: entrevistas semi-estructuradas (individuales y colectivas), observación-participante, análisis de las entrevistas (semiótica de enunciados) y de las prácticas (teoría de los campos de Pierre BOURDIEU). Entre los principales resultados de la investigación establecí que tanto las diferentes construcciones de víctima así como los sentidos opuestos que adquiere la lucha por la justicia (en un sentido reaccionario/progresista) en estas nuevas organizaciones, contribuye, entre otros aspectos, a definir un “abanico” de derechos humanos que recorre desde una visión restringida hasta una amplia de esos derechos. Asimismo, a nivel nacional los proyectos de ley impulsados por las organizaciones, las sentencias “novedosas”/”inéditas” de algunos casos y a nivel del Sistema Interamericano las Soluciones Amistosas emitidas por la CIDH (que produjeron importantes cambios en la normativa vigente) se vinculan con algunas de estas perspectivas de derechos humanos.

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La inquietud que dio origen a esta tesis tiene que ver con las incidencias que sobre una sociedad tiene el discurso oficial en torno a diferentes asuntos, en este caso el conflicto armado colombiano. Luego de hacer un rastreo bibliográfico exhaustivo fue necesario aceptar que no existe una definición precisa de la noción de discurso oficial, aunque sí un gran número de estudios que dicen ocuparse de él. Lo común a tales indagaciones es que toman como objeto de análisis decretos, leyes, edictos, pronunciamientos formales emanados de las autoridades estatales, y será siguiendo esa tradición que realizaremos nuestro trabajo. El discurso oficial sobre el conflicto armado colombiano ha tenido variaciones importantes, en especial en la transición entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2014), cuyas intervenciones públicas y políticas de Estado promovidas sobre el tema son marcadamente contrastantes. Muestra clara de esto es que, mientras el primero negó la existencia del conflicto armado y evitó tal nominación en leyes, decretos y pronunciamientos propios y de funcionarios de su gobierno, durante el gobierno de Santos se ha retomado esa categoría y es la que se usa explícitamente en la Ley de Víctimas, una de las principales fuentes de este proyecto de investigación. El trabajo presentado está estructurado en tres capítulos: el primero de ellos, titulado El país de todas las luchas, sirve de contexto general sobre la confrontación armada en Colombia y las múltiples formas que ha ido tomando desde principios del Siglo XX, señalando actores, momentos emblemáticos, diversas posiciones gubernamentales y el surgimiento y uso de nociones como violencia, guerra y conflicto armado para describir las situaciones que enfrenta el país. Pretende ser, en principio, una guía para el lector argentino, pero su construcción sirvió también para que yo misma, como investigadora proveniente de una disciplina diversa de la historia o la sociología, tuviera un panorama claro de los lugares en que se inscriben las interpretaciones actuales sobre el conflicto armado. El segundo capítulo, Del silencio a la evocación, está concentrado fundamentalmente en el Grupo de Memoria Histórica en cuanto tal, teniendo en cuenta su inscripción en las políticas colombianas sobre el deber de memoria del Estado en dos momentos distintos: 2005 y 2011, años en que se promulgaron leyes que lo definieron de manera diversa y permitieron la creación y continuidad del Grupo. Hay allí un recuento que va de las leyes a las posibilidades discursivas que condicionaban, pasando por las características del GMH (integrantes, presupuestos, metodología) y una pregunta en torno a la cual gira todo el capítulo ¿es posible construir una memoria nacional sobre el conflicto armado que no sea una verdad oficial? El tercer capítulo, Las memorias que seremos –nombre que parodia el título de un libro de Héctor Abad Faciolince llamado <i>El olvido que seremos</i>– se ocupa del contenido de los informes del GMH, en especial el informe general sobre el conflicto, <i>¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad</i>. Se examinan allí desde la estructura formal que compone los informes, hasta los sentidos promovidos y los tipos de interpretaciones que se construyen, así como las estrategias discursivas y retóricas y algunas de las críticas que se han formulado sobre la producción del GMH.

La tesis propone indagar en el desarrollo de la justicia laboral platense y aborda los conflictos que en ella se ventilaron durante los años 1948 y 1960. Busca dar cuenta de los antecedentes que impactaron en la forma en que se constituyeron los Tribunales del Trabajo en la ciudad de La Plata. Estos fueron parte de una serie de procesos de búsqueda de respuestas legales a la cuestión social que fueron dando forma al surgimiento de un Nuevo Derecho, tanto desde la construcción de un corpus legislativo como mediante la constitución de una base doctrinaria propia. Recorre la tesis los antecedentes de la legislación laboral y el debate en torno a las posibilidades de legislar sobre una materia nueva, para eso ahonda en los debates parlamentarios y académicos desde principios del siglo XX hasta la década de 1930. Esta conformación de una rama del derecho especializada en la relación entre el trabajo y el capital no podía ser contemplada en las instituciones judiciales existentes, pero sin embargo fueron objeto de los intentos de mediación y arbitraje por otros poderes del Estado -principalmente el Poder Ejecutivo-.Por eso sebuscadescribir los antecedentes de esta propuesta en la medida en que fueron fundamentales en los debates sobre la necesidad de conformar un fuero específico para tratar los conflictos de la relación laboral. Especialmente importante en la tesis es rescatar la forma en la que se debatió la creación de Tribunales de Trabajo para la provincia de Buenos Aires. Al realizarse este debate en el gobierno de Domingo Mercante el corazón de Perón- la tesis dialoga con los estudios del peronismo y ahonda en las características particulares del gobierno de Mercante. En tanto que a la justicia del trabajo se presentaban actores sociales identificados como uno de los dos polos de la relación laboral ?trabajadores y patrones-, se aborda la forma en que estos actores interactuaron entre si y con los actores propios de la vida judicial -peritos, abogados, jueces-. En un intento de presentar a los actores cuyas interrelaciones construían el cotidiano de los tribunales del trabajo. Siempre bajo la premisa de la construcción relacional de las identidades es histórica se pretende dar cuenta de cómo estas relaciones constituía a los sujetos hacia el interior de una institución como los Tribunales del Trabajo. En tanto que la resolución del conflicto que los vinculaba era el objetivo de la justicia laboral, el recorrido que ambos extremos de la relación de explotación es fundamental para comprender las estrategias que ambas partes adoptaron hacia el interior del fuero. En tanto institución creada bajo el peronismo, la justicia laboral sufrió los avatares posteriores a 1955. Por eso se le dedica también un espacio a describir los cambios y las continuidades de la justicia del trabajo en el post-peronismo. La hipótesis es que en un contexto distinto al de su nacimiento estas le otorgarán un rol más destacado dentro del esquema de la conflictividad obrera.

Esta tesis doctoral pretende estudiar ordenadamente los escritos de Alasdair MacIntyre sobre el derecho. Se propone un itinerario desde los años cincuenta hasta 2010. Se sostiene que para la comprensión de la filosofía del derecho de MacIntyre es necesario conocer su filosofía de la acción. Tras un análisis de ésta, se estudia su deriva naturalista en la ética, sus consecuencias en la teoría de la justicia y su defensa del derecho natural. Su postura en el marco del iusnaturalismo se distingue de otras corrientes en el seno del aristotelismo y del tomismo y propone una interpretación ecléctica, no exenta de problemas. / This thesis aims to study orderly Alasdair MacIntyre's writings on Law. A way is proposed from the fifties until 2010. This thesis claims for understanding the Philosophy of Law of MacIntyre it is necessary to know his philosophy of action. Following this analysis, it is studied his naturalistic turn in Ethics and its implications for the Theory of Justice and defense of Natural Law. Their position within the Natural Law debates differs from other opinions within the Aristotelianism and Thomism and it proposes an eclectic interpretation, although this is not without problems.

Un análisis desde el Derecho internacional general y el Derecho internacional de los derechos humanos nos permite vislumbrar la constitución de la obligación internacional del Estado de judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos. Esta obligación nace de las consecuencias jurídicas de la responsabilidad del Estado por un sub-grupo de hechos internacionalmente ilícitos, es decir, las violaciones graves a los derechos humanos. El fenómeno que describimos se estructura jurídicamente a partir de la práctica jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha enriquecido el régimen jurídico de la responsabilidad internacional del Estado, estableciendo consecuencias jurídicas diferentes a las clásicas consecuencias reparatorias del Derecho internacional clásico. Así, cuando se configura la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos humanos nace como obligación secundaria el deber del Estado de investigar, procesar y sancionar penalmente al responsable individual de la violación declarada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta obligación internacional del Estado ha sido calificada por Sergio García Ramírez, el actual presidente de la Corte, como el “Deber de Justicia Penal”. / Tesis

La crisis del Sistema de Justicia es una situación que atañe a la sociedad toda, en tanto es factible que todas las personas sean partícipes de procesos judiciales dirigidos a dilucidar conflictos de intereses o solucionar controversias jurídicas, más aun cuando las propias decisiones del Gobierno y los actos del Parlamento se encuentran sujetos a control jurisdiccional. Sin duda son múltiples y complejas las causas de esta crisis institucional y los distintos actores sociales han formulado una variedad de propuestas y líneas de acción para afrontarla. Particularmente, estimamos que uno de los factores más importantes a tomarse en cuenta es el relacionado a los recursos humanos del Poder Judicial, y en específico, a los jueces, los que como directores del proceso, expresan las decisiones a través de las cuales se resuelven los conflictos económicos y jurídicos sometidos a su jurisdicción. Es por ello, que la selección de Magistrados del Poder Judicial constituye una materia de fundamental importancia en todo planteamiento o esbozo de líneas de acción de reforma judicial. En atención a nuestra condición de Juez y la cercanía a la realidad judicial como producto de nuestro ejericicio profesional, estimamos que pueden introducirse sustanciales mejoras al actual sistema de selección de Magistrados del Poder Judicial. Por ello nos preguntamos inicialmente qué tipo de cambios en el actual sistema de selección de Magistrados del Poder Judicial son necesarios introducir de tal manera que se incremente significativamente la eficiencia y eficacia del Sistema de Justicia Peruano. La propuesta que nos permite absolver afirmativamente esta interrogante, es que el sistema puede mejorarse significativamente en tanto se implemente un modelo de reclutamiento y selección de Magistrados basado en el enfoque de competencias laborales y en su congruencia con los objetivos y valores institucionales del Poder Judicial. / Tesis

El presente artículo analiza el desarrollo y situación actual de la Justicia Constitucional en el Perú a partir de la promulgación de la Constitución de 1993. Para ello, el autor examina la situación de la Constitución en sus orígenes y años posteriores dentro del ambiente político. A continuación, se realiza un estudio sobre la reorganización de la Justicia Constitucional bajo la vigencia de la actual Constitución. Para esto, se analiza el devenir del Tribunal Constitucional, así como la reforma del proceso constitucional y las acciones constitucionales legisladas en el ordenamiento peruano. A partir de ello, el autor concluye que la Constitución ha logrado legitimarse mediante las relaciones democráticas y su reconocimiento en la práctica política. Esto habría repercutido en la impartición de la Justicia Constitucional, permitiendo al Tribunal Constitucional recuperar su rol como guardián de la Constitución This article analyzes the development and current situation of the constitutional justice in Peru from the enactment of the Constitution of 1993. To do so, the author examines the situation of the Constitution in its origins and subsequent years within the political environment. Then, he studies the reorganization of the constitutional justice under the force of the current Constitution. To this end, he discusses the evolution of the Constitutional Court, as well as the reform of the constitutional process and constitutional actions legislated in the Peruvian legal system. Based on that, the author concludes that the Constitution has managed to legitimize itself through democratic relationships and its recognition in the political practice over the years. This would have impacted on the administration of constitutional justice, allowing the Constitutional Court to recover its role as guardian of the Constitution.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Realiza un estudio transeccional y descriptivo-correlacional. Se contrastó la hipótesis: Existe relación entre la percepción hacia la justicia organizacional y la evitación del trabajo en colaboradores del seguro social de salud essalud en lima metropolitana. Se aplicó el Cuestionario de Evitación del trabajo de Littlewood (2009) y Escala de Justicia organizacional de Simons y Roberson (2003); adaptados y validados en el país a la muestra de 208 colaboradores asistenciales y administrativos de la institución. La percepción hacia la justicia organizacional es el proceso cognitivo que los colaboradores forman durante su actividad hacia lo equitativo respecto al trato y procedimientos que determinan las normas y políticas en la organización. La evitación del trabajo describe comportamientos optados que no contribuyen a los objetivos organizacionales: impuntualidad, ausentismo, fingimiento de trabajo, enfermedades y disminución voluntaria del desempeño. Identificar la relación entre dichas variables permite evidenciar el valor de la persona como agente principal para el éxito de la organización como la prevención de conductas contraproducentes para el colaborador y organización requeridas en la implementación de políticas y normas institucionales justas compatibles con los objetivos del milenio. Se acepta la hipótesis al observar una relación significativa inversa de las variables estudiadas en los colaboradores EsSalud en Lima Metropolitana. / Tesis

La ciudad de Cajamarca, capital de la región del mismo nombre, ha experimentado distintos cambios vinculados a la dinámica económica generada por la minería de gran escala desde 1993. Uno de ellos fue el incremento en las tasas de delitos denunciados ante las autoridades. Así, la experiencia urbana de los cajamarquinos se vio atravesada por un sentimiento de inseguridad en las calles. Ante esto, el Estado implementó en 2003 una estrategia de seguridad ciudadana que enfatizó la coordinación con la población a través de la conformación de juntas vecinales. Sin embargo, alrededor de distintos barrios y mercados de la ciudad habían surgido previamente organizaciones autogeneradas de vigilancia y sanción contra la delincuencia: las rondas urbanas. El nombre proviene del movimiento social campesino que emergió en la misma región durante los ochenta y ganó legitimidad por su efectividad para controlar el abigeato y contener a Sendero Luminoso. Esta investigación se pregunta por los principales motivos que llevaron a los cajamarquinos a formar rondas desde 2001, y por la relación que han adoptado éstas con el Estado. Se propone que la continuidad entre la ciudad de Cajamarca y su entorno rural, que trasciende las fronteras jurisdiccionales oficiales, contribuye a comprender la emergencia de una forma de organización social que prioriza la defensa de intereses colectivos sobre un ordenamiento legal anclado en el individuo. Se comprende, además, que las rondas urbanas, aunque critican la poca efectividad del Estado, reconocen su legitimidad, lo que puede sentar las bases para el diseño de políticas de seguridad mejor vinculadas al tejido social preexistente. / Tesis