Tesis (magister en derecho mención derecho público) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente tesis pretende abordar un tema respecto del cual no se ha escrito mucho, y lo que se ha hecho ha terminado concluyendo, en general, que los auto acordados que regulan garantías y procedimientos son inconstitucionales, y por lo tanto, carecen de validez jurídica. Dicha situación presenta la curiosiad que, no obstante las conclusiones, no se discute ni se impugna, en la realidad de tribunales, de ahí el interés en replantear un estudio que, a priori, postula la validez de dichos auto acordados, siendo el objetivo el presente, demostrando a través de un estudio histórico, jurídico y doctrinario de los auto acordados, tomando, sólo a modo referencial uno de ellos, quizás el más paradigmático de todos, para un análisis genérico de aquellos aspectos que pugnan con la doctrina. El trabajo tuvo un carácter empírico, descriptivo y evaluativo, el que, a través de una técnica mecánica de estudio y análisis de los antecedentes ya enunciados, pretendió demostrar la valdez de sus postulado o hipótesis. Al concluir el tema, he estimado confirmar, con antecedentes mediatos e inmediatos, la validez de la hipótesis formulada, toda vez que por fuente, objetivos y realidad procesal, dichos auto acordados forman parte de la ritualidad judicial ordinaria, la cual tiene plena vigencia en nuestra legislación procesal

Analiza tres prácticas de justicia del poder judicial, del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP SL) y el ajusticiamiento en plaza pública. Define la justicia en tres conceptos básicos: el orden, la seguridad y la autoridad que están presentes en las exigencias y aspiraciones de cada grupo social que construye según su propio modo y en su propio espacio estas definiciones. / Tesis

En la Dirección de Criminalística de la PNP actualmente existe un ineficiente sistema de distribución de los informes periciales hacia las Unidades Policiales y Autoridades competentes, un análisis estadístico entre enero del 2016 y junio del 2017 dan cuenta de un significativo número de informes periciales retrasados en su distribución; la pericia - documento de importancia en el sistema procesal penal - una vez formulado por el perito o especialista no llega de manera oportuna al Usuario, y este problema repercute en la correcta administración de justicia, por un lado retrasa indebidamente una investigación policial o fiscal y por el otro afecta al ciudadano, pues este – usuario de los servicios de justicia del Estado – muchas resulta siendo doblemente víctima, del ilícito y de la impunidad. Hoy en día el avance de la tecnología permite a las organizaciones mejorar y optimizar procesos, una de ellas es el uso del internet y los medios digitales, por ello el proyecto Sistema Digital de Pericias Criminalísticas, busca que los informes periciales sean “subidos” a una plataforma digital virtual que se diseñara por el instituto, de modo que el Usuario debidamente autorizado, accediendo al sistema “baje” inmediatamente el informe pericial para su uso. El diseño y la implementación del SISDIPEC de acuerdo al estudio realizado no demandará mayor gasto a la PNP, la adquisición de equipos podrán ser asumidos con los recursos propios y el empleo de personal especializado que labora en la PNP. El sistema puesto a funcionamiento, solucionará un problema álgido y le dará valor público al trabajo pericial de la institución / Trabajo de investigación

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se enfoca en las victimas durante todo el procedimiento contencioso pero aun es poco el esfuerzo para medir el impacto de la implementación de las decisiones adoptadas por la Corte en materia de reparaciones, si bien el propio sistema creó un mecanismo de seguimiento, este se ha convertido en un nuevo procedimiento contencioso muchas veces centrado en el estricto cumplimiento de la decisión de fondo pero olvidando la razón de ser del sistema: el interés en promover derechos en la victima. Es en este interés, de esta investigación hacer uso del enfoque de capacidades para poder describir cual es el impacto de las reparaciones en las victimas. La utilidad de este enfoque radica en que permitirá verificar el impacto que tienen las reparaciones en la vigencia de los derechos de las víctimas y así visualizar si efectivamente las reparaciones han logrado hacer pleno capacidades centrales en las victimas que haga reales los derechos convencionales Para lograr este propósito, se propone una metodología de análisis a la luz de la teoría de las capacidades, la cual es aplicada en 4 casos contenciosos seguidos contra el Perú, con la intención de medir como afectaron las reparaciones en el ejercicio de capacidades centrales en las victimas. Además, se explican las ventajas de medir el impacto de las reparaciones a la luz de este enfoque a la luz de los resultados obtenidos de los 4 casos materia de estudio. Al ser este estudio aproximativo y ser pionero en el análisis de impacto desde el enfoque de capacidades se espera que las conclusiones aquí desarrolladas sirvan como punto de partida para otros estudios, aunque como se verá a lo largo de la investigación, la posibilidad de este enfoque abre mayores puertas a otros tipos de análisis multidisciplinarios sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. / Tesis

La primera aproximación para entender a cabalidad la forma en que el Poder Judicial ejercía su función durante el periodo histórico materia del presente trabajo nos exige necesariamente un conocimiento de las normas que regulaban el funcionamiento de este poder del Estado, así como el de las cortes y juzgados que se encontraban dentro de su organización. Ello nos obliga a entender no sólo las normas legales vigentes al momento de la invasión chilena sino también los antecedentes de dichas normas tanto a nivel legal como constitucional. Este entendimiento resulta necesario para poder comprender la noción que se tenía en aquellos años respecto de lo que constituía el papel del Poder Judicial y su función. En ese sentido, debemos hacer un pequeño repaso a los textos constitucionales bajo cuyas vigencias se dictaron las principales normas que regulaban la actuación judicial durante la Guerra del Pacífico en general y la ocupación de Lima en particular. Ello nos remite a revisar los textos constitucionales que tuvieron vigencia en nuestro país desde la Constitución de 1839, bajo cuya vigencia se promulgaron las principales normas de jerarquía legal que regulaban la actuación judicial, hasta la Constitución Política de 1860, carta política vigente al inicio de la guerra, y el Estatuto Provisorio dictado por Nicolás de Piérola que fue el documento principal del ordenamiento peruano al momento de la ocupación. Entre los textos constitucionales destaca sobre todo el de 1860. No sólo por haber sido el que estuvo vigente en los momentos inmediatamente anteriores al periodo que nos ocupa sino también porque el marco político que creó fue el que tuvo una mayor duración a través de nuestra historia republicana. En efecto, este texto rigió hasta 1920 y durante esos sesenta años sólo conoció dos periodos en los cuales su vigencia fue “suspendida”. / Tesis

El 11 de setiembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 1124-2001-AA/TC la misma que marcó un quiebre en el modo de entender el derecho a la estabilidad laboral en el Perú. Dicha sentencia enervó a los empresarios, significó un enfrentamiento con gran parte de la doctrina laboral nacional y puso una cuota de esperanza de humanidad en las relaciones laborales. Hasta ese momento se entendió, en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia laboral, que la única protección posible contra el despido arbitrario era la indemnización. Nunca la reposición, salvo que se tratase de la figura del despido nulo (aquel lesivo de otros derechos constitucionales como la igualdad o el debido proceso). El efecto multiplicador de la sentencia del Tribunal Constitucional contribuyó para que, desde ese momento, se reduzca dramáticamente la utilización del despido arbitrario sin invocación de causa como el modo corriente de poner fin a las relaciones laborales en el país. ¿Para qué invocar causas si la legislación, la doctrina y la jurisprudencia laboral venían admitiendo la indemnización como la adecuada protección frente al despido arbitrario? / Tesis

El presente trabajo procura mostrar como se han desarrollado diversos conflictos medioambientales en tres regiones del país y cuál ha sido la labor de los operadores jurisdiccionales (Ministerio Público y Poder Judicial) en la protección de los derechos ambientales (y la persecución de los delitos ecológicos) en estas mismas regiones. Los conflictos ambientales son todos aquellos que están relacionados con la protección y defensa del medio ambiente. Este es definido por el TC como el mundo exterior que rodea a todos los seres vivientes y determina y condiciona su existencia. Es el ámbito en que se desarrolla la vida y en cuya creación no ha intervenido la acción humana (Sentencia del proceso de Inconstitucionalidad N° 0048-2004-PI/TC). La mayoría de conflictos ambientales en nuestro país han sido encauzados contra las empresas que están dedicadas a explotar recursos naturales (llamadas actividades extractivas). Estos conflictos revisten de complejidad y comprenden intereses muy diversos. La mayoría de las veces una de las partes suele ser una empresa privada y la otra una localidad, comunidad o un sector importante de la sociedad civil. / Tesis

La respuesta de los aparatos de justicia frente a la problemática de la violencia contra las mujeres como son los casos de tentativa de feminicidio en zonas rurales, se ha caracterizado por no tomar en consideración sus propias voces, su experiencia de vida, ni escucha sus demandas; ello bajo los argumentos de que la “justicia” debe ser neutral y objetiva. Así el proceso penal y las decisiones judiciales, puede constituirse en espacios en los que se ejerce violencia y revictimiza a las sobrevivientes de la violencia feminicida. En consecuencia, este artículo parte de realizar una evaluación crítica del derecho de acceso a la justicia a partir del análisis de tres sentencias judiciales emitidas en procesos de tentativa de feminicidio íntimo (Arequipa, Apurímac, Loreto). Asimismo, aboga por incorporar un modelo de justicia restaurativa, como el elemento que materialice el derecho al acceso a la justicia de las mujeres sobrevivientes en casos de tentativa de feminicidio íntimo, especialmente en contextos rurales. / Trabajo académico

Los artículos 3 y 18.2 del DL 1033 (DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL) son normas que han establecido que la competencia para conocer los procesos con el INDECOPI es de exclusividad de los juzgados ubicados en la ciudad de Lima, este suceso genera de por sí una barrera de acceso a la justicia y por tanto una afectación al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, ya que el ciudadano que reside en diferentes regiones del Perú debe recurrir a formular las demandas judiciales contra el INDECOPI a la ciudad de Lima, lo que ocasiona un costo adicional para el acceso a la justicia, pues una persona deberá trasladarse desde la región en que reside hasta la ciudad de Lima asumiendo el valor económico que ello implica, además por el traslado se le genera demora adicional en su trámite judicial, y , finalmente se le otorga una ventaja injustificada al INDECOPI, que como parte del estado tiene todas las ventajas de litigar en cualquier parte del país, sobre todo en los lugares donde tiene una sede regional. / Articles 3 and 18.2 of DL 1033 (LEGISLATIVE DECREE APPROVING THE LAW OF ORGANIZATION AND FUNCTIONS OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE DEFENSE OF COMPETITION AND THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY) are norms that have established that the competence to know the processes with the INDECOPI is exclusive of the courts located in the city of Lima, this event generates in itself a barrier of access to justice and therefore an affectation to the right to Effective Jurisdictional Guardianship, since the citizen residing in different regions of the Peru must resort to formulating the lawsuits against INDECOPI to the city of Lima, which causes an additional cost for access to justice, since a person must move from the region where he lives to the city of Lima, assuming the cost that implies, in addition to the transfer is generated additional delay in its judicial process, and, finally, an unjustified advantage is granted to INDECOPI, that as part of the state it has all the advantages of litigating in any part of the country, especially in the places where it has a regional headquarters. / Tesis

La presente investigación documenta el “proceso dificultoso de la implementación del programa de reparación en salud mental en la región de Ayacucho – Perú”. Dicho programa se implementa como respuesta a las secuelas del conflicto armado interno ocurrida entre los años 1980 y el año 2000, entre las que destaca las psicosociales que afectaron y siguen afectando a la salud mental de la población, conocida y expresada por las víctimas: “estamos traumados”. Analizando las fuentes secundarias respecto al tema y la fuente primaria consistente en las entrevistas semi estructuradas a los actores que tuvieron el rol directo e indirecto en la implementación del programa de reparaciones, se demuestra que la “situación problemática” de la salud mental como “creación del problema” fue implementada como programa de reparación a favor de los afectados por el conflicto armado interno en Ayacucho entre los años 2006 al 2014 obteniéndose resultados limitados, porque dicho proceso de “creación del problema” o estructuración del problema ha sido definido en el interior de la estructura gubernamental, prescindiendo de las propuestas “exógenas” de los afectados por la violencia y experiencias locales de intervención, por la “brecha existente entre la gestión pública y las políticas públicas (o sea se dio menos importancia a la deliberación de los problemas públicos)”; por ello, los “técnicos” del ejecutivo hicieron posible que una “situación problemática” o “creación de problema” sea “problema tratable” y/o “solución factible”, prescindiendo de las propuestas de los afectados por la violencia política(ANFASEP, CORAVIP) y experiencias de segmentación e intervención en salud mental no gubernamentales (ONGs: IPAZ, Paz y Esperanza). / Tesis