Se plantea y desarrolla el proyecto arquitectónico de una Corte Superior de Justicia en Cañete, provincia al sur de la ciudad de Lima, para lograr de esta forma un avance en el desarrollo y la mejora en la descentralización del Poder Judicial. Se recopilan datos de todo tipo, en el aspecto referencial, conceptual, histórico, urbano, y teórico para poder llegar a un planteamiento de un objeto arquitectónico claro, en este caso, la Corte Superior de Justicia de Cañete. / Tesis

En este trabajo se aborda la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria desde el enfoque de la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia, tanto en cuanto a su labor de impulsor de la tramitación como en su función, en ciertos casos, de decisor; con todos los interrogantes doctrinales que tal atribución plantea y el análisis de los aciertos y cuestiones mejorables que contiene. La LJV regula propiamente en su texto los expedientes tramitados por Jueces o Letrados de la Administración de Justicia y atiende en sus disposiciones finales aquellos otros asuntos que pasan a ser expedientes notariales y registrales, recogiéndose su regulación en otras leyes, y siendo competencia de Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles. La LJV pretende la modernización de una parte del “sistema positivo de tutela del Derecho Privado”, ofreciendo mayor coherencia a nuestro sistema procesal, para lo cual es imprescindible conocer los antecedentes prelegislativos y doctrinales de la actual Ley. Se analiza el concepto de jurisdicción y su alcance en la actuación del Letrado de la Administración de Justicia en este tipo de expedientes. Para ello, se estudia la parte general de la LJV, donde se analizan los aspectos procesales de la tramitación general del procedimiento. Seguidamente, se abordan los expedientes que son competencia exclusiva del Letrado de la Administración de Justicia y, por último, los que tramita y decide de manera concurrente con otros operadores jurídicos.

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La presente tesis doctoral profundiza en los instrumentos que deben acompañar los procesos de empoderamiento de la mujer indígena Nasa del Municipio de Santiago de Cali, Colombia en contexto de ciudad, incidiendo en la potenciación de sus capacidades para el desarrollo de su comunidad y contrarrestar la difícil situación de vulnerabilidad que han vivido históricamente, toda vez que se han visto afectadas por la interseccionalidad de las desigualdades y, en consecuencia, procesos de violencia y discriminación debido a su pertenencia étnica, su condición de género y su condición socioeconómica, para ello el estudio se enmarca en el Plan de Salvaguarda1 y el Plan de Vida. En ese sentido, y atendiendo a la especificidad de la problemática planteada, se emplea la metodología de la Investigación Acción Participativa (IAP) y el estudio de caso, ambos, como modos genuinos y oportunos para acercarse a esta compleja realidad, y posibilitar la comprensión del contexto y sus particularidades; así mismo, se realiza un aporte a la conceptualización y construcción teórica desde la mirada del Sur Global y la mirada del Norte Global, como actitud de conocimiento y no como conocimiento geopolíticamente situado. Adicionalmente, se toma como base conceptual el pensamiento descolonial y la justicia epistémica, plantea el paradigma de investigación indígena como filtro analítico para visibilizar la cosmovisión Nasa y para poner en valor el aporte que hace la mujer indígena Nasa a la preservación de la identidad cultural de su pueblo. A partir de éste análisis, presenta los elementos esenciales de una estrategia de empoderamiento diferencial a la luz de dos marcos de referencia, las autonomías para el empoderamiento de la mujer (física, económica, de toma de decisiones, espiritual y cultural) y el desarrollo local e innovación social.

La corte del justicia era la institución local del Reino de Valencia en la que el monarca delega el poder judicial. Dirigida y presidida por el justicia, cargo local de elección anual, el deber de ésta institución era el de dirimir los procesos judiciales que los habitantes de la localidad llevaban ante el tribunal, el cual poseía competencias para juzgar las causas tanto civiles como criminales. Su deber era el de velar por la paz social en la localidad en la que ejercía sus funciones mediante la impartición de justicia, penalizando conforme a la ley a los criminales y restituyendo a las víctimas, aislando del resto de la comunidad a los elementos conflictivos y velando por los intereses de los colectivos más débiles y vulnerables de la comunidad. Este trabajo expone el desempeño de ésta institución en la villa de Alcoy durante el reinado de Alfonso V el Magnánimo (1416-1458) a través del estudio e investigación de la documentación alcoyana de la época custodiada en el Archivo Municipal de Alcoy.

El derecho de acceso a la justicia, constituye uno de los pilares fundamentales dentro de un proceso. En tal sentido, es importante reconocer tal derecho al demandante en el proceso de reducción de los alimentos; dado que, el Art. 565- A, del código procesal civil le impone una barrera al ejercicio del mismo. Por ello, en la presente investigación se propone la modificatoria de tal artículo, únicamente en el caso que, el demandante, fehacientemente, acredite que por causa justificada no se encuentra al día con la misma. Las cuáles son la pérdida de fuente de ingresos, un impedimento físico sobrevenido y el caso de una prisión preventiva. Por otro lado, al solicitar una ejecución anticipada de la reducción, también se encuentra una afectación al derecho de acceso a la justicia, dado que esta medida no es concedida. En tal sentido, atendiendo a la naturaleza de esa pretensión, consideramos que puede emplearse lo dispuesto en el Art. 674° del código procesal civil, el cual contiene las medidas temporales sobre el fondo; siempre y cuando se compruebe que el demandante realmente se encuentra atravesando una de las situaciones excepcionales indicadas. Asimismo, a fin de evitar un ejercicio abusivo de este derecho, se estableció como periodo máximo de dicho incumplimiento, tres meses con el propósito de que el recurrente pueda establecerse en su nueva situación e interponer demanda en tal sentido. Finalmente, no se atenta contra el interés superior del niño, dado que, no se dejará en desamparo la situación del mismo, puesto que, de igual manera, será exigible el pago de la pensión de alimentos al obligado, atendiendo a sus nuevas condiciones.

Los adolescentes, por ser personas menores de dieciocho años, tienen derecho a la protección jurídica especial, de acuerdo a nuestra legislación nacional y tratados internacionales. La Constitución Política del Perú en su artículo N°1 establece: “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, constituyendo una obligación que todas las personas deben cumplir para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Así mismo, el artículo N°183 del código de los niños y adolescentes definen al adolescente infractor como “aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o participe de hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal”. El presente trabajo de investigación se titula “Las políticas públicas en el sistema de justicia juvenil restaurativa, aplicación de la remisión en los adolescentes infractores del distrito de Chiclayo”. En esta investigación se va a establecer mecanismos, para generar políticas públicas en relación a los adolescentes infractores a quienes se les ha aplicado la remisión, para contribuir en el desarrollo del adolescente protegido por la remisión.

El delito de organización criminal, se ha venido modificando con el devenir del tiempo, todo ello en razón de la constante variabilidad de la técnica legislativa con la finalidad de cubrir y regular las conductas que antes no eran sancionadas, en los dispositivos legales se encontraba bajo el numen iuris de asociación ilícita para delinquir, dicha figura no tenía relación con el contenido regulado en el artículo, es por eso que el legislador se encuentra en la necesidad de modificar la norma para que se encuentre acorde tanto con el contenido regulado y también con los parámetros establecidos por la normativa internacional. Como consecuencia de estas modificatorias del artículo, este cambia la figura normativa, tanto en su rango de extensión como en el número de sujetos integrantes para la configuración del delito, siendo que antes el requisito mínimo era de dos o más personas y hoy en día se requiere como mínimo la intervención de tres personas, además de ello nos damos cuenta que este delito es subsidiario, es decir, se puede aplicar cuando los otros delitos no han sido probados. Además de ello tenemos distintas manifestaciones de organizaciones criminales la cuales existen en el devenir del tiempo y que es un reto para la justicia el sancionar a los sujetos intervinientes por la complejidad que existente dentro de este aparto organizado para delinquir, es por ello que el estado de ha dotado de mecanismos y políticas criminales para poder combatirlos y sancionarlos hoy en día. Finalmente en el apartado tercero se puede observar las distintas apariciones y formaciones de organizaciones criminales, con la finalidad de identificar el tipo de delincuencia existente en la sociedad, así mismo esta figura facilita al juzgador al momento de atribuir responsabilidades a sus integrantes, siendo que en nuestro sistema jurídico se usan dos tipos de atribución de responsabilidad penal, tanto el de responsabilidad por el hecho propio y por pertenecer a la organización criminal, ya que esta contiene un injusto propio que radica en la peligrosidad de integrar este ente colectivo.

En el Perú, el fin del conflicto armado interno y el retorno a la democracia vino acompañado de un conjunto de acciones para responder a las demandas de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición tras dos décadas de violencia. Estas acciones forman parte del marco de la “justicia transicional”. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue uno de los primeros mecanismos de transición en implementarse, siguiendo un enfoque de centralidad de las víctimas, que priorizó la recuperación de los testimonios de las víctimas y el reconocimiento de su condición de ciudadanos. Tras la publicación del informe final, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), a través de su línea de trabajo de Memoria, democracia y posconflicto ha buscado continuar con su legado contribuyendo al proceso de reconciliación nacional y a la promoción de los derechos humanos en el país. El informe profesional presenta la experiencia del autor en dos intervenciones del instituto relacionadas a la búsqueda de personas desaparecidas y a la memorialización que promueven la centralidad de las víctimas en los mecanismos que el Estado viene implementando o diseñando en la actualidad. A través de los proyectos examinados, se muestra el aporte del instituto al reconocimiento de la agencia de las víctimas de la violencia y sus familiares para participar activamente en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y en iniciativas de memorialización desde los años de violencia aun sin existir las condiciones para establecer una relación simétrica con el Estado y el resto de la ciudadanía, una participación que busca coadyuvar a ese tránsito de víctimas a ciudadanos.

Con el aumento de la inseguridad y la participación de adolescentes en actos contrarios a la ley, también aumenta en gravedad la respuesta estatal en su rol de garante de la seguridad ciudadana. Ello puede verse reflejado en las propuestas legislativas que se presentan cada tiempo al respecto de la disminución de edad para la imputabilidad penal, pero también puede reflejarse en que, sostenidamente, la respuesta de las autoridades judiciales ha sido apostar por la medida más gravosa para la resolución de estos casos: el internamiento. Debido a este abordaje de la problemática que rodea a los y las adolescentes infractores/as, se plantea la pregunta principal: “¿Se emplea la privación de libertad como medida de último recurso en el sistema de justicia penal juvenil peruano en concordancia con los fines de la justicia penal juvenil y un sistema integral de justicia juvenil en el marco de los estándares internacionales establecidos en la materia?”. Tras la revisión teórica y el examen de su aplicación práctica en nuestro sistema de justicia penal juvenil, finalmente se llegarán a cuatro conclusiones puntuales que abordarán los fundamentos del uso de las medidas privativas de libertad como recursos de ultima ratio, su correlato en la práctica peruana, y la tres posibles causas de la disonancia entre la teoría y a la práctica a partir de un caso. / With the increase in insecurity and the participation of adolescents in acts contrary to the law, the state response in its role as guarantor of citizen security also increases in severity. This can be seen reflected in the legislative proposals that are presented every time regarding the reduction of the age for criminal liability, but it can also be reflected in the fact that, consistently, the response of the judicial authorities has been to opt for the most burdensome measure for the resolution of these cases: internment. Due to this approach to the problem surrounding adolescent offenders, the main question is raised: "Is deprivation of liberty used as a measure of last resort in the Peruvian juvenile criminal justice system in accordance with the purposes of juvenile criminal justice and a comprehensive juvenile justice system within the framework of the international standards established on the matter?”. After the theoretical review and the examination of its practical application in our juvenile criminal justice system, four specific conclusions will finally be reached that will address the foundations of the use of custodial measures as ultima ratio resources, their correlation in Peruvian practice, and the three possible causes of the dissonance between theory and practice based on a case. / Trabajo académico