El presente trabajo desarrolla una investigación sobre “El Acceso a la Justicia de los sectores pobres a propósito de los consultorios jurídicos gratuitos PUCP y La Recoleta de PROSODE”. Este estudio empezó con una exploración sobre por qué las personas de los sectores pobres de Lima Metropolitana no acceden, acceden poco o no continúan con el servicio jurídico de PROSODE, pese a que este es gratuito. A partir de ello, se indaga sobre los actores involucrados y sobre la existencia de causas y barreras que limitan el acceso o la continuidad de las atenciones de casos llevados en los consultorios jurídicos gratuitos analizados. Se descubre que algunas de ellas pueden ser solucionadas en parte por PROSODE mientras que otras requieren una intervención adecuada del Estado como garante del derecho de acceso a la justicia. Desde esta perspectiva logramos identificar dos dimensiones: la primera, referida a los actores, que son el Estado y PROSODE; y la segunda, referida a las barreras del acceso a la justicia, tales como la pobreza, la ciudadanía limitada, la debilidad democrática, la corrupción y la discriminación por género. Nuestra investigación busca contribuir al campo de la gerencia social, ya que analiza actores sociales y políticos desde los enfoques de género y derecho; adquiere relevancia en las políticas sociales referidas al acceso a la justicia como iniciativa de la sociedad civil, pero también como parte de una propuesta de mejora e implementación de políticas públicas que contribuyan a garantizar el acceso de los más pobres a la justicia. Este trabajo formula recomendaciones orientadas a mejorar el acceso al sistema de justicia. Asimismo, puede constituirse en una herramienta de gran utilidad para generar propuestas de reforma que propongan la implementación o mejoramiento de consultorios jurídicos gratuitos, específicamente de los brindados por PROSODE. / Tesis

La situación histórica de los pueblos indígenas y los problemas de la configuración pluricultural del Perú colocan al profesional del derecho en la posición de abandonar el rol jurídico clásico e intentar su tratamiento desde un aspecto más integral, dinámico y vivo. Esta investigación es consecuencia de un esfuerzo por comprender el autocalificado “mundo awajún” o aguaruna, esfuerzo que significó un trabajo en conjunto, con la participación activa y protagónica de este grupo étnico. A propósito del reconocimiento constitucional del ejercicio jurisdiccional de las Autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas en su Artículo 149, el objetivo de este trabajo es presentar y analizar el sistema de administración de justicia que opera en el ámbito de las comunidades aguaruna del Alto Marañón, sistema distinto al oficial que por sus peculiaridades resulta ser una de las expresiones más importantes de la identidad socio-cultural aguaruna. Los alcances y limitaciones de este reconocimiento, así como los factores o particularidades a tomarse en cuenta en la aplicación de este artículo, son analizados a propósito de las características sui generis de este tipo de ejercicio jurisdiccional.

Los derechos humanos son por naturaleza históricos y, en consecuencia, se encuentran en constante desarrollo y progreso. Primero, se consagraron los derechos civiles y políticos, los cuales exigen para su tutela la autolimitación y la no injerencia de los poderes públicos en la esfera privada. Luego, se reconocieron los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales requieren de una política activa de los poderes públicos para garantizar su ejercicio y, esencialmente, de prestaciones y servicios públicos. Finalmente, se reconocieron los derechos de los pueblos o de solidaridad (derechos de titularidad difusa), los cuales protegen bienes que pertenecen a la humanidad y, al igual que los derechos sociales, también requieren de prestaciones para su ejercicio. El rápido desarrollo de los derechos humanos ha determinado que los mecanismos de tutela jurisdiccional no sean suficientemente eficaces, toda vez que fueron concebidos solo para la protección de derechos individuales. Como señala Fernández Segado, esta situación constituye una de las muchas incongruencias del Estado constitucional de nuestro tiempo, que pese a tener la obligación de proteger todos los derechos, sigue, sin embargo, con los viejos esquemas políticos del Estado liberal. Nuestro Estado constitucional aún no ha desarrollado una estructura institucional de garantías análoga a la del viejo Estado liberal de derecho, que resulte idónea para garantizar a los nuevos derechos humanos (1994: 72).

Cada año las consecuencias negativas que produce la corrupción en nuestro país resultan siendo más graves, al grado de generar un debilitamiento profundo en las autoridades, instituciones públicas, desconfianza en la ciudadanía hacía los poderes públicos y en la actualidad llegando a vulnerar y afectar nuestros derechos humanos establecidos en la Constitución. En esa medida diversos organismos internacionales y Estados nacionales han manifestado su preocupación inmediata llegando a concebir la idea de constituir un nuevo derecho humano a vivir en una sociedad libre de corrupción enfocado dentro de un nuevo constitucionalismo transformador que traiga consigo un enfoque sobre corrupción basado en los derechos humanos. Frente a lo manifestado, la presente investigación se encuentra orientada a determinar si las políticas públicas anticorrupción y modificaciones legislativas ejecutadas por el Estado vienen dando resultados para combatir la lucha contra la corrupción durante los últimos años, y que en cuya consecuencia, resulta necesaria o no, la incorporación de un artículo expreso en nuestra Constitución que garantice el derecho a vivir en una sociedad libre de corrupción, atendiendo a que el Estado tiene como obligación y deber principal el velar y garantizar el respeto a la dignidad humana y a los demás derechos estipulados en la constitución procurando para ello crear o instituir un ambiente en el cual puedan disfrutarse de aquellos derechos señalados, y actuando obligatoriamente frente a cualquier amenaza de estos derechos. / Every year the negative consequences of corruption in our country become more serious, to the point of generating a profound weakening of the authorities, public institutions, mistrust among citizens towards the public authorities and, at present, even violating and affecting our human rights established in the Constitution. To this extent, various international organisations and national states have expressed their immediate concern and have even conceived the idea of creating a new human right to live in a corruption-free society, focused on a new transformational constitutionalism that brings with it a human rights-based approach to corruption. In view of the above, this research is aimed at determining whether the anticorruption public policies and legislative amendments implemented by the State have been producing results in the fight against corruption in recent years, and whether or not it is necessary to include an express article in our Constitution that guarantees the right to live in a corruption-free society, The main obligation and duty of the State is to ensure and guarantee respect for human dignity and the other rights stipulated in the constitution, by trying to create or institute an environment in which the aforementioned rights can be enjoyed, and by taking mandatory action in the face of any threat to these rights. / Trabajo académico

Desde hace más de treinta años, en gobiernos democráticos y autoritarios, se viene hablando de la necesidad de reformar la justicia en el Perú, asumiéndose como posibles soluciones el incremento presupuestal, asegurar el nombramiento de magistrados capaces para los cargos más importantes o promover la modificación de la estructura del Poder Judicial. Sin embargo, existe un problema al cual parece haberse dado importancia secundaria: el acceso de los ciudadanos a la justicia.

La parte sustancial del presente estudio pretende, en esa dirección, identificar y entender los antecedentes históricos de una cultura jurídica de los magistrados situada actualmente en el contexto de un proceso de transición, a medio camino entre una concepción del Derecho de Menores inscrita en la Doctrina de la Situación Irregular y la Doctrina de la Protección Integral de la Infancia. Para ello, nos centraremos en el estudio histórico de la cultura jurídica de la infancia, que comprende el período de vigencia del Código Penal de 1924, vale decir el mismo que abarca los años 1924 a 1991, examinando: a) el desarrollo de las ideas y de la doctrina imperante en torno al concepto del menor delincuente; b) el desarrollo doctrinario de los tribunales de menores; y c) la legislación penal juvenil durante la vigencia del Código Penal de 1924.

1. La concepción de estado constitucional así como la denominada teoría de la interpretación han modificado, entre muchos otros campos, la concepción que se tenía de muchas instituciones jurídicas. En el presente trabajo se destacan los cambios ocurridos en el precedente –institución originaria del Common Law, y en las cortes de vértice, y se propone en qué medida el mecanismo del doble conforme ayuda a alcanzar mejoras en el precedente y la corte suprema, peruanos. 2. El estado constitucional y la teoría de la interpretación demuestran que ambas instituciones están íntimamente ligadas, de tal modo que el éxito en los cambios de una, acompañan necesariamente los cambios en la otra. No solo ello, se concluye también que para el estado constitucional y la teoría de la interpretación, es imprescindible tener una corte suprema de precedentes, que promuevan el ius constitutionis –función de defensa de la ley y de uniformidad-, en el sentido de dotar de fuerza vinculante a sus precedentes a fin de eliminar la divergencia interpretativa, para lo cual se deberán utilizar las mejores razones. 3. Para una corte suprema de precedentes es necesario, en nuestra opinión, que ésta no esté sobrecargada de casos, pues ello reduce o, inclusive, elimina, la capacidad de emitir precedentes adecuados para un estado constitucional. El doble conforme se propone para lograr progresivamente ese objetivo. 4. En el primer capítulo se expone la evolución histórica de las tradiciones jurídicas del Common Law y del Civil Law, lo que nos demostrará el contexto en que se concibió el precedente, diametralmente opuesto a la evolución del derecho en el Civil Law. El constitucionalismo, en esta tradición, produce un acercamiento con el Common Law, lo que hace pertinente evaluar qué elementos del precedente de esta tradici+ón pueden servir para un desarrollo del mismo en el Perú. 5. El segundo capítulo se desarrolla la pertinencia de esto último, analizando las características del precedente en el Perú –Tribunal Constitucional y Corte Suprema. 6. El tercer capítulo expone la influencia del constitucionalismo y la teoría de la interpretación en las funciones de la Corte Suprema, determinando las funciones prevalentes en este nuevo contexto político, social, jurídico e interpretativo. Se analiza también los modelos de cortes supremas en un esquema comparado. Para finalmente detallar la importancia del doble conforme como propuesta para los cambios necesarios en la Corte Suprema.

El presente trabajo está relacionado con el control jurídico de la Administración por parte de los órganos jurisdiccionales, esto a partir de sus antecedentes más concretos (Código Procesal Civil) y con la posterior introducción del proceso de plena jurisdicción a partir del 2001 (Ley N° 27584). El desarrollo de la presente tesis se realiza a través de tres capítulos para luego establecer algunas conclusiones y recomendaciones. En el primer capítulo, abordo la fundamentación teórico-constitucional de la función de la Administración y de su facultad discrecional en el Estado de Derecho. En el segundo capítulo analizo los fundamentos que sustentan la necesidad de la existencia de controles respecto del desarrollo de la actividad administrativa y el equilibrio que es necesario alcanzar entre el principio de división de poderes y el principio a la tutela judicial efectiva. Asimismo detallo los tipos de controles ideados por la legislación para evitar la arbitrariedad de la Administración (internos y externos). Por último se hace un recuento de las diversas técnicas creadas y establecidas para efectuar el control de la facultad discrecional de la Administración y la posibilidad que existe respecto a que un Juez pueda sustituir a la Administración al momento de juzgar un acto arbitrario generado a partir de la aplicación de su facultad discrecional. En el tercer capítulo, presento lo que considero el sistema de control mixto que existe en nuestro país, explicando las razones por las cuales estimo la presencia de tal situación en nuestro sistema. Analizo la manera como se realiza el control de la Administración por parte de nuestra Corte Suprema y del Tribunal Constitucional y la posición adoptada por nuestra jurisprudencia (judicial y constitucional) respecto a la posibilidad de sustitución de la Administración, por parte de un Juez, al momento de juzgarla cuando ésta ha ejercitado su facultad discrecional.

En la idea de buscar alternativas diferentes a la de someter a un adolescente en conflicto con la ley penal, a un proceso especial de naturaleza penal, el legislador peruano ha regulado la remisión, en la etapa preliminar de investigación, en el marco del modelo de justicia juvenil restaurativa. En este contexto y dada la relación del investigador con este tema por ser Fiscal Civil y de Familia, la investigación tiene como propósito determinar cuáles son los criterios usados por los fiscales para aplicar la remisión, en la etapa preliminar de investigación, en los casos de adolescentes infractores a la ley penal y, si estos, son compatibles con los principios del modelo de Justicia Juvenil Restaurativa y, a partir de allí, establecer si existen deficiencias normativas o interpretativas en los criterios de aplicación de la remisión y, explicar, si las limitaciones de orden material afectan significativamente dicha aplicación, por lo que nos hemos limitado a analizar y evaluar los problemas planteados, describirlos y explicarlos, proponiendo salidas de naturaleza normativa y excepcionalmente práctica. Como resultado de la investigación podemos afirmar que existen determinadas incompatibilidades entre los principios que inspiran el modelo de Justicia Juvenil Restaurativa y la remisión en la etapa preliminar de la investigación, en virtud a ello concluimos, entre otros, que no se ha considerado en la remisión fiscal: la reparación directa del daño causado a la víctima; el reconocimiento de la infracción a la ley penal, como paso previo a la remisión y un procedimiento eficaz que permita a la víctima, desde el inicio de la investigación, tomar conocimiento del mecanismo utilizado en la remisión.

La Descarga Procesal Civil en el sistema de la administración de justicia en el Distrito Judicial de La Libertad, es uno de los grandes problemas que afronta el Poder Judicial después de Lima desde hace muchos años; razón por la cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por Resolución Administrativa N° 099- 2007-CE-PJ, el 16 de Mayo del 2007 aprueban el Plan Nacional de Descarga Procesal. El 28 de Marzo del 2008, el Consejo Ejecutivo Distrital de La Libertad por Resolución Administrativa N° 197-2008-P-CSJLL-PJ, implementa la Comisión de Descarga y a la vez implementa a los 7 Juzgados Transitorios Civiles y las 3 Salas Civiles, iniciando con la repartición aleatoria de los expedientes de los Juzgados Permanentes, cuya carga procesal del año judicial del 2007 a las Salas Civiles habían dejado 3130 expedientes no resueltos y de los Juzgados Civiles la carga ascendía a 21516. Esta mora procesal sumada a los que ingresaron en el 2008 de 12,821 hace un total de 15,951 y habiendo resuelto las tres Salas Civiles 11820, nuevamente queda una carga procesal para el año 2009 de 4131 expedientes. En el 2008, en los Juzgados ingresaron 7826 expedientes que sumados a los 21516, asciende a un total de 29,342, ese año resolvieron 7947, quedando nuevamente una carga de 21395 expedientes. Los 7 Juzgados y las 3 Salas resultaron insuficientes para resolver el problema de descarga que tiene un promedio del 56.358% mayor que de los expedientes resueltos que es 43.624%. Este problema se observa durante los años 2009 y 2010; por lo que es urgente la creación de cuatro Juzgados Especializados en lo Civil y una Sala Civil para revertir la excesiva carga procesal en este Distrito Judicial durante el año del 2011, asimismo el Estado debe dotar al poder judicial de un presupuesto del 3%.