El tema de investigación surge a partir de las confrontaciones que existen entre el ordenamiento jurídico oficial con la justicia especial, como es la ronderil, especialmente dentro de un escenario en el cual ésta última se encuentra cada vez más presente al momento de administrar justicia, como ocurre en la ciudad de Cajamarca. Esta confrontación conlleva a que en algunos casos los ronderos sean juzgados por delitos graves por transgredir derechos fundamentales al momento de administrar justicia especial, pues muchas de sus sanciones son consideradas violatorias a la integridad de la persona y por ende a su dignidad. La interrogante nace sobre si este sistema de administración de justicia especial puede ser observado desde el punto de vista del derecho estatal, el cual mantiene matices centralistas que dificultan concebir una realidad jurídica totalmente diferente a la designada por la Constitución y a los Tratados Internacionales que proscriben los castigos corporales y la violación al debido proceso, sin embargo, reconoce la pluralidad cultural de nuestro país. Es por ello que la presente investigación consiste en establecer que, las Rondas Campesinas del Caserío Campo Alegre del Distrito de Namora, tienen una apreciación diferente al concepto de Dignidad que regula el artículo 1ro de la Constitución Política del Perú. Para ello se realizaron encuestas a 52 integrantes de la Ronda Campesina en el mes de febrero del año 2018, posteriormente entrevistas a sus dirigentes y un focus group en junio del 2019, obteniendo como conclusión que los campesinos del Caserío de Campo Alegre- Namora, no tienen una definición clara sobre lo que significa dignidad, sin embargo consideran que los azotes propinados y las formas de administración de justicia que imparten no son actos de humillación si no de escarmiento para lograr que la persona se reinserte a la comunidad, lo cual no constituye violaciones a los derechos humanos. Esta apreciación diferente se debe a que aplican castigos físicos como parte de su proceso de resocialización del infractor; sus usos y costumbres; y su sistema de justicia especial se basa en la ética del bien común y en criterios comunitaristas de derechos humanos

La presente investigación pretende indagar en el concepto y características del concepto de justicia constitucional dialógica, sobre la base de un estudio de las repuestas del legislador a las sentencias del Tribunal Constitucional en las que, interpretando el artículo 173 de la Constitución, define el delito de función militar y policial. Actualmente, la idea de Estado Constitucional ampliamente aceptada en nuestro medio se asienta sobre la base de que la última palabra sobre asuntos de constitucionalidad la tienen las más altas instancias jurisdiccionales. En el caso del Perú, el Tribunal Constitucional. Las teorías dialógicas proponen quitarle la última palabra en materia de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, toda vez que entienden que la interpretación constitucional es un proceso sostenido en el tiempo en el que participan en plena igualdad varios actores (jueces, legislador el gobierno, el pueblo). Se ha entendido que una manifestación de esta visión de la justicia constitucional permite al legislador emitir una normativa igual a la anteriormente declarada inconstitucional. En el Perú, aunque formalmente se podría entender que la última palabra en materia constitucional la ostenta el Tribunal Constitucional, ha habido varios casos de insistencia legislativa respecto de leyes declaradas inconstitucionales. En el presente trabajo se analizan las respuestas legislativas en materia de definición delito de función militar y se advierte que no cumplen con los estándares de la justicia dialógica.

El 11 de setiembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 1124-2001-AA/TC la misma que marcó un quiebre en el modo de entender el derecho a la estabilidad laboral en el Perú. Dicha sentencia enervó a los empresarios, significó un enfrentamiento con gran parte de la doctrina laboral nacional y puso una cuota de esperanza de humanidad en las relaciones laborales. Hasta ese momento se entendió, en la legislación, en la doctrina y en la jurisprudencia laboral, que la única protección posible contra el despido arbitrario era la indemnización. Nunca la reposición, salvo que se tratase de la figura del despido nulo (aquel lesivo de otros derechos constitucionales como la igualdad o el debido proceso). El efecto multiplicador de la sentencia del Tribunal Constitucional contribuyó para que, desde ese momento, se reduzca dramáticamente la utilización del despido arbitrario sin invocación de causa como el modo corriente de poner fin a las relaciones laborales en el país. ¿Para qué invocar causas si la legislación, la doctrina y la jurisprudencia laboral venían admitiendo la indemnización como la adecuada protección frente al despido arbitrario?

En el presente trabajo se reflexionará sobre la gradualidad de las sanciones en los procedimientos disciplinarios seguidos contra los jueces supremos por la Junta Nacional de Justicia. El análisis se centrará en la potestad disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia y el ejercicio discrecional de la misma en la gradualidad de sanciones. De esa forma, se verificará la importancia de la potestad discrecional de la Junta Nacional de Justicia y su aplicación en las resoluciones de la Junta Nacional de Justicia. Finalmente, se determinará si la aplicación de la gradualidad de sanciones por la Junta Nacional de Justicia se realiza de forma adecuada, para lo cual se efectuará un balance de las resoluciones emitidas por el entonces Consejo Nacional de la Magistratura mediante las cuales determinó que, si bien no correspondía la imposición de la sanción de destitución, si era pertinente una sanción menor, así como las perspectivas de mejora que afronta la Junta Nacional de Justicia. / Trabajo académico

El presente trabajo examinará la identificación y el abordaje brindado por la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial respecto al control económico en las relaciones de pareja como forma de violencia contra las mujeres basada en género, en la atención de denuncias judicializadas por violencia física y psicológica en la ciudad de Arequipa, en el marco de la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y a la luz del derecho de acceso a la justicia. A partir de la teoría de la rueda del poder y control de E. Pence y M. Paymar y los estudios de género, se explicará las dinámicas en las que se presenta el control económico y su interacción con otros tipos de violencia, como parte de los contextos de violencia sufridos por las mujeres, cuyo abordaje trasciende la mera clasificación aislada de los hechos en cuatro tipos de violencia; para posteriormente analizarlo desde el punto de vista jurídico y, en ese marco, plantear y fundamentar que el control económico, como forma de violencia económica o patrimonial, atenta y vulnera múltiples derechos humanos, cuyo goce y protección deben ser garantizados por el Estado, a través del acceso al sistema de justicia. / This thesis will examine the identification and approach provided by the National Police of Peru, the Public Ministry and the Judiciary regarding economic control in intimate relationships as a form of gender-based violence against women, in the attention of judicialized complaints for physical and psychological violence in the city of Arequipa, within the framework of Law No. 30364, Law to prevent, punish and eradicate violence against women and members of the family group and in light of the right of access to justice. Based on the theory of the wheel of power and control by E. Pence and M. Paymar and gender studies, the dynamics in which economic control is presented and its interaction with other types of violence will be explained, as part of the contexts of violence suffered by women, whose approach transcends the mere isolated classification of the events into four types of violence; to later analyze it from the legal point of view and, in that framework, propose and substantiate that economic control, as a form of economic or patrimonial violence, attempts and violates multiple human rights, whose enjoyment and protection must be guaranteed by the State, to through access to the justice system.

La justicia de paz es una institución de largo arraigo en la historia del Perú. Subsiste desde la primera Constitución Política de 1823. En la actualidad, los jueces de paz conforman el cuerpo de jueces más numeroso de la república. El propósito de este estudio es contribuir al conocimiento de las prácticas de la justicia de los juzgados de paz y de la inserción del fenómeno jurídico (leyes y costumbres) en su quehacer, a partir del análisis de casos en el distrito surandino de Cangallo, provincia del mismo nombre, en el departamento de Ayacucho. Enmarcado en la antropología jurídica, este estudio muestra la diversidad de prácticas de justicias de paz en contraste con quienes asumen una justicia de paz hegemónica. Analiza la conceptualización de la ley y el uso de la costumbre en la práctica de los juzgados de paz de Cangallo. Muestra que los jueces no actúan de espaldas a la idea de ley y mucho menos en ignorancia de la ley. El estudio demuestra que las prácticas de justicia de los juzgados de paz del distrito de Cangallo se estructuran como proceso de intermediación animado por la persistente búsqueda del consenso entre las contrapartes. Estas últimas son protagonistas de sus juicios en los que, sin embargo, el juez de paz cumple un rol indispensable como actor de reparto. Los hallazgos de este estudio indican que en el imaginario social de Cangallo la idea de ley destaca por el temor que inspira en los usuarios de la justicia. Las costumbres, por su parte, comprenden un amplio número de prácticas generadas por los propios juzgados o importadas de las prácticas generales de las comunidades y del tejido social de Cangallo. El trabajo concluye que la justicia de paz no es solo una institución legal tampoco unívoca, sino que las diferentes localidades urbanas y rurales se la apropian y moldean en respuesta a las condiciones del escenario y sus singulares necesidades de justicia. En ese marco de acción, las justicias de paz se mantienen en constante cambio, unas son más dinámicas y otras cambian al ritmo de los cambios más profundos de la sociedad que las alberga. En todos los casos, el respeto a la idea de ley, la atención a la costumbre y al sentido común compartido, y la búsqueda del sentido de la «conciliación» son una constante.

La investigación contenida en el título “La Desconcentración de la Labor Policial frente a la reducida eficacia del servicio de Control Físico del Arresto Domiciliario en Lima Metropolitana”, desarrolla la forma de cómo se encuentra la labor policial en Lima Metropolitana, respecto al control físico de los procesados, para quienes el juez penal les ha ordenado arresto domiciliario dentro de un proceso penal, en la correcta administración de justicia. Dicha revisión ha sido elaborada desde un enfoque normativo y procedimental, a fin de determinar responsabilidades funcionales en el personal de la Policía Nacional que ejecuta el mandato judicial; pero tomando en cuenta si para su ejecución, existen las condiciones jurídicas, operativas y presupuestales, para la continuidad del servicio, lo cual ha conllevado a la propuesta funcional deseable, factible y viable de la innovación a plantearse, como una mejor forma de gestión pública en la administración de justicia a cargo del Poder Judicial, pero con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. / The investigation contained in the title "The Deconcentration of Police Work in the face of the reduced effectiveness of the Physical Control service of Domiciliary Arrest in Metropolitan Lima", develops the way how the police work is in Metropolitan Lima, regarding the physical control of the defendants, for whom the criminal judge has ordered house arrest within a criminal process, in the correct administration of justice. Said revision has been elaborated from a normative and procedural approach, in order to determine functional responsibilities in the personnel of the National Police that execute the judicial mandate; but taking into account whether for its execution, there are the legal, operational and budgetary conditions for the continuity of the service, which has led to the desirable, feasible and viable functional proposal of the innovation to be considered, as a better form of public management. in the administration of justice in charge of the Judiciary, but with the support of the Peruvian National Police. / Trabajo de investigación

La siguiente investigación tuvo como propósito fundamental describir y analizar aspectos fundamentales de las formas de acoger los hechos violentos en la familia, por parte de los operadores que brindan justicia en la provincia de Huancavelica, en cumplimiento de su función pública, como profesionales de la materia en el proceso de ocuparse y evitar hechos violetos dentro del núcleo familiar. Es uno de los estudios de tipo cualitativo; se establece ideas de calidad de atención de acuerdo a la gravedad de los casos y las condiciones de los servicios en relación a la problemática de hechos de violencia en ámbitos familiares. En este caso fue tomado en cuenta como población de estudio a 37 usuarias víctimas de violencia familiar, nueve operadores de justicia entre ellos, dos Fiscales del Ministerio Público, cinco integrantes del Ministerio del Interior (Policía Nacional del Perú), dos del Poder Judicial (Jueces), estos actores son en su totalidad de la provincia de Huancavelica. La explicación y el estudio del producto obtenido se realizaron en base a los indicadores de nuestra investigación como las capacitaciones recibidas, el manejo del idioma de la zona y el conocimiento de la Ley 30364. La investigación demuestra que la condición de ayuda por parte de los policías y jueces, no cumple las condiciones necesarias en el proceso de acoger los hechos violentos ocurridos dentro del núcleo familiar; por lo que es necesario mejorar la atención y el servicio con profesionales competentes para la zona y las condiciones de logística e infraestructura adecuada. / The following investigation had the fundamental purpose of describing and analyzing fundamental aspects of the ways of accepting violent acts in the family, by the operators who provide justice in the province of Huancavelica, in compliance with their public function, as professionals in the field. in the process of dealing with and avoiding violent acts within the family nucleus. It is one of the qualitative type studies; Quality of care ideas are established according to the severity of the cases and the conditions of the services in relation to the problem of acts of violence in family settings. In this case, 37 users who were victims of family violence, nine justice operators including two Prosecutors from the Public Ministry, five members of the Ministry of the Interior (National Police of Peru), two from the Judicial Power were taken into account as the study population (Judges), these actors are entirely from the province of Huancavelica. The explanation and study of the product obtained were carried out based on the indicators of our research such as the training received, the handling of the language of the area and the knowledge of Law 30364. The research shows that the condition of help by the police and judges, does not meet the necessary conditions in the process of accepting the violent events that occurred within the family nucleus; reason why it is necessary to improve the attention and the service with competent professionals for the area and the conditions of logistics and adequate infrastructure. / Tesis

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar las posibilidades y expectativas del proceso especial de terminación anticipada, ante la Inseguridad ciudadana y la problemática de la administración de Justicia, desde una experiencia de aplicación acotada a la provincia de Alto Amazonas, región Loreto. En este objetivo se confrontó los aspectos normativos y de política criminal de este mecanismo alternativo de solución de conflictos penales, con la implementación del mismo realizada por los operadores de justicia, a fin de evaluar las causas de su subutilización, a pesar de su reconocimiento como herramienta útil para la descarga procesal y para minimizar el impacto del proceso penal en los proyectos de vida de los procesados y de los sujetos procesales. Cabe precisar que esta investigación cualitativa se realizó utilizando datos bibliográficos y estadísticos, y concretando las entrevistas a todos los actores relevantes en la aplicación de este proceso especial de la indicada provincia. Ante lo planteado, este trabajo concluyó que la terminación anticipada es un mecanismo alternativo al proceso penal regular destinado a la simplificación procesal, y acorde a los parámetros de la justicia restaurativa, que promueve una solución pronta a la controversia penal, minimizando los impactos nocivos del sistema punitivo en el proyecto de vida del procesado, en favor de su reinserción social, a pesar de la vigencia de una política coyuntural punitiva y represiva. Asimismo, este trabajo ha verificado que la carga procesal, como un problema consustancial al sistema de justicia, influye en tal subutilización, desvirtuando la injerencia significativa del diseño normativo y de la intervención de los operadores del sistema en la aplicación poco relevante de la terminación anticipada.

El Objetivo general, responde a la pregunta ¿Cuál es la relación entre la presencia del Estado y los grados de organicidad y formas de derecho alternativo vigentes en las comunidades del distrito de Leoncio Prado?. Su importancia, parte de la premisa que la actual Constitución de 1993 y los Artículos: 139, Num. 8: “Principio de no dejar de administrar justicia [...] en tal caso, debe aplicarse el [...] derecho consuetudinario”; y 149: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”; fueron un tanto demagógicos, pues la Ley de Justicia de Paz, recién se promulgó el 2012. La fundamentación teórica, parte del hecho que la colonización europeoanglosajona (“colonias puras”), generó países culturalmente “cuasi homogéneos” y la español-portuguesa (absorción de poblados indígenas); países culturalmente “Heterogéneos, pluriculturales o multiétnicos”, que reprodujeron el mismo modelo de metrópolis colonizadora (centralista, discriminativa, segregacionista y modelos legislativos uniformes), en vez de descentralistas (Federaciones, Regiones, Estados asociados, etc.). El derecho “Monista” (un solo sistema jurídico válido), consideró al derecho consuetudinario: «solo para los dependientes de costumbres salvajes y tiranías incapaces de gobernarse…» y es un “imposible jurídico” (Obligar a pueblos alejados de la “modernidad” a aplicar leyes dictadas desde centros urbanos a donde no llegan). Se justifica la Tesis en la medida que los estudios de comunidades: o son de las muy tradicionales, o son demasiado generalistas (extrapolan casos de derecho alternativo o consuetudinario a todas las comunidades andinas y/o amazónicas). Se concluye con que el estudio de las comunidades campesinas diferenciadas por su altitud y distancias a las urbes, es fundamental para entender su funciones jurisdiccionales en el área andina, por lo que éste tipo de estudios, se podrían aprovechar para una mejor normatividad y aplicación de la Justicia consuetudinaria y de Paz, puesto que es notorio un mayor respeto y mayor efectividad del derecho alternativo en las comunidades más elevadas y alejadas de las ciudades, que en las zonas bajas, más amestizadas y modernizadas.