Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de Tramitación Sumaria, realizado por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), y los resultados obtenidos desde su implementación hasta la actualidad, tomando en cuenta los objetivos planteados en la exposición de motivos, vinculado por ejemplo a determinar si el índice de siniestralidad ha disminuido, si se ha recortado la carga procesal, si la institución ha logrado resolver oportunamente o, específicamente, si la prestación del servicio de transporte de vehículos sin autorización se ha reducido, etc. La novedad de su implementación no permite hacer un balance de mayor calado, pero de manera preliminar se resalta que es relativamente positivo, básicamente, respecto a la reducción de la carga procesal de la institución; sin embargo, no hay mayor relevancia en relación al desincentivo de infracciones, por lo que el nivel de satisfacción derivado de este aspecto es bajo. En ese sentido, de la experiencia del cambio del procedimiento administrativo sancionador ordinario a uno sumario, se advierte la importancia de tomar en cuenta criterios como el costo de oportunidad o la probabilidad de detección, para la elaboración de normativas vinculadas al transporte, dado la poca sistematicidad institucional que hace la tarea compleja para la Administración. / In the present research work, the application of the New Regulation of the Special Administrative Sanctioning Procedure of Summary Processing, carried out by the Superintendency of Land Transport of People, Cargo and Goods (SUTRAN), and the results obtained from its implementation to the present, are analyzed. taking into account the objectives set out in the explanatory memorandum, linked, for example, to determining whether the accident rate has decreased, whether the procedural burden has been reduced, whether the institution has managed to resolve in a timely manner or, specifically, whether the provision of the transportation of unauthorized vehicles has been reduced, etc. The novelty of its implementation does not allow for a more profound assessment, but in a preliminary way it is highlighted that it is relatively positive, basically, with respect to the reduction of the procedural burden of the institution; however, there is no greater relevance in relation to the disincentive for infringements, so the level of satisfaction derived from this aspect is low. In this sense, from the experience of the change from the ordinary penalizing administrative procedure to a summary one, the importance of taking into account criteria such as the opportunity cost or the probability of detection is noted, for the elaboration of regulations related to transport, given the little institutional systematicity that makes the task complex for the Administration. / Trabajo académico

El presente trabajo académico tiene como objetivo principal desarrollar los alcances de la tipificación de infracciones y sanciones administrativas como parte de una de las manifestaciones del principio de tipicidad o taxatividad en el marco del procedimiento administrativo sancionador. Frente a ello, desarrollaremos las diferentes opiniones que posee la doctrina sobre la potestad sancionadora y como esta se vincula con la reserva de ley (sobre la tipificación de reglamentos por norma infralegal) y muestra su flexibilización frente al Derecho Administrativo Sancionador. Así mismo, en base al análisis de los principios de legalidad y tipicidad o taxatividad, determinaremos las nociones constitucionales que abarcan cada uno de estos principios rectores, así como las diferencias que presentan en su desarrollo, específicamente, dentro del ámbito sancionador. Por último, se desarrollará la habilitación normativa que posee el Poder Ejecutivo y como esta hace esto plausible en su potestad reglamentaria al momento de elaborar reglamentos; en esta línea, evidenciaremos cómo esta facultad normativa del Ejecutivo se expresa a través del principio de tipicidad en sus dos manifestaciones; por un lado, la colaboración reglamentaria y, por otro, la tipificación reglamenta, siendo ambos particularmente diferentes, pero que responden a los mismos motivos de elaboración; en especial, la tipificación reglamentaria por fundamentarse en razón a la complejidad de la tecnicidad en algunas materias y la necesidad de atender el dinamismo de una actividad.

El presente artículo busca desarrollar la aplicación del Principio de Razonabilidad durante el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo Supervisor de la Inversión de Infraestructura de Servicio Público – OSITRAN, a propósito de la Resolución de Gerencia N° 063-2009-GG-OSITRAN, de fecha 12 de noviembre de 2009, que versa sobre las infracciones cometidas por COVIPERÚ S.A. Para ello, se realiza una breve descripción jurídica sobre el principio de razonabilidad en el Derecho y su desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Constitucional. Asimismo, uno de los objetivos del presente artículo es buscar una reflexión jurídica sobre la aplicación del principio de proporcionalidad, el cual contiene intrínsecamente al principio de razonabilidad, en la actividad de fiscalización que realiza el OSITRAN. El presente trabajo académico se justifica en el pronunciamiento administrativo que emite el OSITRAN, en mérito al ejercicio de su potestad sancionadora durante la aplicación del principio de razonabilidad en el momento de la graduación e imposición de una sanción pecuniaria, como una multa. De este modo, el objetivo del presente artículo es realizar un análisis sobre la sanción que impone OSITRAN y de cómo se realiza la aplicación de los criterios de graduación para la imposición de una sanción. Además, si el OSITRAN cumple con la aplicación del principio de razonabilidad, de conformidad con lo dispuesto en nuestro marco normativo Finalmente, después de realizado el referido análisis se obtiene como una de la principales conclusiones del presente artículo que no hay una aplicación exhaustiva del principio de razonabilidad por parte del OSITRAN, durante la imposición de la sanción en la Resolución de Gerencia N° 063-2009-GG-OSITRAN, de fecha 12 de noviembre de 2009.

Una regulación especial referida a la investigación y enjuiciamiento penal en casos de adolescentes menores infractores de la ley penal es legítima en tanto existan razones objetivas y razonables para su adopción. Esta investigación plantea que, entre otras razones, los principios del interés superior del niño y de especialidad cobran especial importancia para redefinir este tratamiento legislativo especializado. Bajo este planteamiento, el presente trabajo pone en evidencia la necesidad de construir y reforzar un marco normativo de procesamiento del menor infractor, especialmente reforzado por garantías específicas y generales, que oriente al órgano judicial en su conducción del proceso y en la toma de sus decisiones, siempre en el marco de un debido proceso. Se plantea diversas garantías reforzadas para el operador judicial frente a una solicitud fiscal de intervención del derecho a la libertad personal del menor infractor: el derecho a una defensa técnica indispensable, el juicio a puertas cerradas como excepción a la regla de publicidad, la aplicación diferenciada del internamiento preventivo, la garantía del plazo razonable en sentido inverso, el reforzamiento al derecho a no autoincriminarse, entre otros más, constituyen tópicos de especial aporte por esta investigación, así como también la incorporación de dos audiencias específicamente definidas que sirvan como el canal legítimo de concentración para la aplicación de esta tutela reforzada de garantías.

La falta grave de impuntualidad reiterada, regulada en el inciso h) del artículo 25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, se ha estructurado de tal manera que no provee los elementos necesarios para identificar cuando es que se ha configurado dicha causal. En efecto, la regulación cuenta con tratamiento muy amplio y sin delimitación alguna, lo cual trae como consecuencia que se otorguen facultades legislativas al empleador para decidir qué situaciones se encontrarían dentro de dicha falta. Con el presente trabajo se pretende identificar las principales fallas de la regulación actual de la falta grave de impuntualidad reiterada en función a distintas de sentencias que han tratado el tema y proponer una serie de factores (enunciativos, no limitativos) que ayudarán a delimitar cuando es que se está ante dicha causal. / The serious misconduct of repeated delay, regulated in subsection h) of Article 25 of Supreme Decree No. 003-97-TR, has been structured in such a way that it does not provide the necessary elements to identify when such misconduct has occurred. In fact, the regulation has a very general treatment without any delimitation, which results in granting legislative powers to the employer to decide which situations would fall under such misconduct. The purpose of this paper is to identify the main flaws in the current regulation of the serious misconduct of repeated delay according to different rulings that have discussed the issue and to propose elements (enunciative, not limitative) that will help to establish when such a cause occurs.

En el presente trabajo se exponen los argumentos jurídicos que sirven de base para permitir la introducción paulatina de directrices para el otorgamiento de subvenciones de viudez a las parejas del mismo sexo, en virtud a la promoción de la actividad de fomento, como marco de una ayuda hacia personas en estado de necesidad que cumplan con ciertos requisitos que hagan posible su regulación. Dichas personas podrían ser consideradas beneficiarias dada la naturaleza igualitaria que deben tener los administrados. Para solucionar dicha problemática planteamos como objetivo principal otorgar subvenciones a las parejas del mismo sexo por el fallecimiento del conviviente en el marco de la actividad de fomento del Estado. Esta investigación encuentra su justificación porque actualmente a las parejas del mismo sexo les es denegado el acceso a beneficios de índole económico y social, como heredar o tener acceso a un seguro social, sin considerarse el núcleo duro del derecho a la pensión en su vertiente de acceso y no ser privado de ella bajo medidas de discriminación, más aún cuando existe la protección de los derechos humanos de todas las personas, en concordancia con los Tratados Internacionales de los que el Perú es miembro, resultando factible que a través de medidas benéficas se pueda priorizar su atención por parte del Estado, a fin de satisfacer una necesidad de interés general. La autora en el devenir de la investigación plantea una sucinta introducción, seguida del marco jurídico extranjero donde se regula el acceso a pensiones de viudez/viudedad a personas del mismo sexo, bajo los parámetros de una normativa establecida, en comparación a nuestro marco nacional que únicamente contiene peticiones administrativas a parejas heterosexuales, que en algunos casos resulta procedente y en otros no, en virtud a los cumplimientos de la normativa. Con este estudio se sostiene la posibilidad de otorgar una subvención a las parejas del mismo sexo que pierden a su conviviente, dado que bajo la inexistencia de marco normativo no pueden gozar de una pensión, pero como dicha situación involucra a una parte de la sociedad se convierte en un problema de interés público que debe ser atendida por el Estado, con el otorgamiento de ayudas –denomínese beneficios -en el marco del respeto al principio de legalidad. Luego de realizado el análisis, desarrollaremos nuestra hipótesis con el abordaje de la legislación comparada de algunos países y en el marco que se le otorga a la promoción de la actividad de fomento en nuestro país. En España, por ejemplo, se promociona una cultura de expansión de pensamiento e inclusión por parte de las autoridades estatales de la citada actividad, a fin de no restringir de modo alguno los derechos de una persona, a partir de su orientación sexual. Finalmente, presentamos nuestras conclusiones, siendo una de las principales que, ante la doctrina comparada existente en favor del otorgamiento de pensiones a parejas del mismo sexo y el reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación, el Estado peruano podría enfocar dicha problemática como un rol que solamente ejercería la Administración Pública en aras de su papel como protector de la ciudadanía, logrando que el fomento a través de la entrega dineraria (subvención) pueda ser el mecanismo que coadyuve a enfrentar el estado de necesidad en el que se puedan encontrar dichas personas y por otro lado, se logra la satisfacción de un interés particular (del beneficiado) y de un colectivo (el universo de parejas del mismo sexo en dicha situación), logrando un impacto positivo y resultados favorables para regular esta situación que a la fecha carece de normativa.

De acuerdo al contenido de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – Ley N° 27446 y su modificatoria, los instrumentos de gestión ambiental preventivos tienen carácter prospectivo, esto posibilita que durante la ejecución de los proyectos de inversión estas herramientas ambientales puedan requerir modificaciones o ampliaciones que se tramitarán con posterioridad al inicio de las operaciones. Sin embargo, la modificación o actualización de estas herramientas ambientales no es una característica propia de los instrumentos de gestión ambiental preventivos sino también de los instrumentos de gestión ambiental correctivos, estos últimos son instrumentos de gestión ambiental complementarios al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Entonces, partiendo del carácter dinámico de los instrumentos de gestión ambiental de tipo preventivo y correctivo, este trabajo busca aportar con una propuesta de criterio interpretativo a la Autoridad Fiscalizadora que opte por la aplicación del principio de retroactividad benigna con relación a la modificación o ampliación de estos instrumentos. Para lograr el objetivo propuesto, se analizará distintos pronunciamientos emitidos por la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (en adelante, la “DFAI”) y el Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante, el “TFA”) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, “OEFA”) a efectos de analizar los dos criterios esbozados desde el año 2018. Finalmente, a partir del análisis de fuentes normativas, jurisprudenciales y la doctrina, propondremos la adopción de un criterio interpretativo que se muestre acorde a la viabilidad de aplicar la retroactividad benigna en la nueva herramienta de gestión ambiental. / According to the content of the Law of the National System of Environmental Impact Assessment – Law N° 27446 and its amendment, preventive environmental management instruments are prospective, this allows that during the execution of investment projects these environmental tools may require modifications or extensions that will be processed after the start of operations. However, the modification or updating of these environmental tools is not a characteristic of preventive environmental management instruments but also corrective environmental management instruments, the latter are environmental management instruments complementary to the National System for Environmental Impact Assessment. So, based on the dynamic nature of preventive environmental management instruments, this work seeks to provide a proposal for an interpretive criterion to the Supervisory Authority, to apply the principle of benign retroactivity in relation to the modification or expansion of these instruments. To achieve the proposed objective, the different pronouncements issued by the Directorate of Enforcement and Execution of Incentives and the Environmental Enforcement Court of the Evaluation Agency will be analyzed and Inspection Environmental in order to analyze the two different approach raised. In conclusion, based on the analysis of jurisprudential normative sources and doctrine, we will defend criteria that are in accordance with the feasibility of applying benign retroactivity in the new environmental management tool.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito el de ahondar en la naturaleza de los “loot boxes” o “cajas recompensa” (a través de cuya adquisición se puede obtener, al azar, uno o más productos digitales con variado valor dentro de un videojuego), el contenido del deber de información y el deber de idoneidad en relación con este nuevo tipo de productos que parecerían asemejarse peligrosamente a los juegos de azar, un tipo de servicios estrictamente regulados por las perjuiciosas consecuencias de su prestación sin controles. Es en razón de dicha semejanza que el análisis de sus características y de la necesidad de su regulación adquiere significativa relevancia. Entonces, para tales fines, se realiza una revisión doctrinal y normativa de la regulación de los juegos de azar y su relación a los “loot boxes”, de los deberes de información e idoneidad, salud y seguridad de los consumidores, y las medidas que frente a estos han sido aplicadas en otros ordenamientos. Partimos, por supuesto, siempre desde la premisa de que las nuevas tecnologías plantean inoovadores desafíos en la regulación existente, por lo que los “loot boxes” requieren de la estructuración e implementación de medidas regulatorias que sean necesariamente afines con su naturaleza, de modo que la valiosa finalidad de buscar la protección al consumidor resulta adecuada y proporcional.

La presente investigación nace del interés del autor por contrastar la situación jurídica de la contratación laboral -temporal- en el Perú frente a la realidad práctica de dicha contratación en el sector privado formal. La motivación para ello proviene de la aparente contradicción entre la fuerte protección jurídica – y preferencia – de nuestro sistema normativo por la contratación laboral a plazo indeterminado, frente a la predominancia real de la contratación laboral temporal que tiene -jurídicamente- la calidad de excepcional frente a aquella, motivo el cual se justifica el tema de investigación. Ahora bien, el presente trabajo pretende, primero, situarnos en cuál es la realidad actual de la contratación laboral temporal frente a la contratación a plazo indeterminado, para poder tomar una posición respecto a si la contratación laboral temporal resulta excepcional o, por el contrario, resulta la forma mayoritaria de contratación laboral en el sector privado formal, como efectivamente lo seria. Posteriormente, se analiza las causas que coadyuvan a dicha situación, que incluyen a la reforma laboral de los años noventa (principalmente a través de la expedición del Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral), a la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las formas de protección frente al despido arbitrario (Caso Fetratel); y a la falta de un sistema de fiscalización laboral que pueda fiscalizar y sancionar oportunamente el uso indebido de contratos temporales para disfrazar relaciones laborales de naturaleza permanente. Por el contrario a considerar alguna de ellas como la principal, concluiremos que existe aparentemente una dinámica o interrelación entre la primera y tercera de ellas, es decir, que existiría un gran porcentaje de contratación temporal en el mercado que no resulta excepcional frente a la contratación a plazo indeterminado, dado que es una opción contractual legal a adoptar y que, al no tener un sistema de fiscalización que pueda sancionar el uso indebido de estos contratos (para ocultar relaciones de trabajo permanentes), pues la modalidad se expande, independientemente de si corresponde o no esta forma de contratación. Esto trae además afectaciones a otros derechos laborales además de la estabilidad en el trabajo, tales como la afectación a la libertad sindical y negociación colectiva, entre otros.

El presente informe jurídico desarrolla el contenido de la Resolución 0030-2018/SDC INDECOPI, en el que América Móvil Perú S.A.C. interpone una denuncia contra Entel Perú S.A. por actos de competencia desleal principalmente en las modalidades de comparación indebida, engaño y denigración. De este modo, el tema central del trabajo es analizar la decisión de la Sala Especializada de Defensa de la Competencia respecto de la configuración del caso como publicidad comparativa, primordialmente, sobre el elemento de la alusión inequívoca hacia la empresa competidora; sin perjuicio del análisis posterior de otros elementos influyentes, tales como el mensaje desprendido de los anuncios televisivos, el porcentaje de participación en el mercado de las empresas de telefonía móvil, los votos discordantes y los pronunciamientos anteriores en casos similares por parte de la autoridad resolutiva. Asimismo, también se desarrolla el concepto de la exceptio veritatis como aquel que engloba los requisitos de licitud para la publicidad comparativa, o la publicidad alusiva en general. Adicionalmente, también se presenta el tema de actos de engaño, como supuesto normativo en el que la Sala debe identificar un determinado parámetro para determinar la objetividad de una afirmación y poder, posteriormente, realizar el análisis respecto del principio de veracidad. Finalmente, el último tema jurídico que desarrolla el presente informe está relacionado a la decisión de la Sala de declarar la nulidad de la imputación de cargos por actos de denigración, cuando la denuncia versa a la vez sobre comparación indebida; pues cuando prevalece el elemento comparativo, el órgano instructor tiene el deber de encajar las conductas en una determinada calificación jurídica. / This legal report develops the content of the Resolution 0030-2018/SDC-INDECOPI, in which América Móvil Perú S.A.C. files a complaint against Entel Perú S.A. for acts of unfair competition mainly in the modalities of undue comparison, deception and denigration. In this way, the central theme of the work is to analyze the decision of the Specialized Chamber for the Defense of Competition regarding the configuration of the case as comparative advertising, primarily, on the element of the unequivocal allusion to the competitor company; without prejudice to the subsequent analysis of other influential elements, such as the message detached from the television advertisements, the percentage of participation in the market of the mobile telephone companies, the discordant votes and the previous pronouncements in similar cases by the resolving authority. Likewise, the concept of exceptio veritatis is also developed as the one that encompasses the legality requirements for comparative advertising, or allusive advertising in general. Additionally, the issue of acts of deception is also presented, as a normative assumption in which the Chamber must identify a certain parameter to determine the objectivity of an affirmation and be able, later, to carry out the analysis regarding the principle of veracity. Finally, the last legal issue that this report develops is related to the decision of the Chamber to declare the nullity of the imputation of charges for acts of denigration, when the complaint is both about undue comparison; because when the comparative element prevails, the investigating body has the duty to fit the behaviors into a certain legal classification.