Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Vivimos en un mundo globalizado. Las relaciones comerciales traspasan las fronteras e incrementan su número día a día. Por esta razón, los organismos públicos de todas las naciones han debido intervenir, en mayor o menor medida, en los procesos comerciales, con el objeto de disminuir los riesgos propios derivados estas relaciones –entre tales riesgos encontramos conductas que pueden ser sancionadas según el Derecho Penal-. A través de las nuevas tecnologías y el avance de la comunicación, los particulares realizan transacciones internacionales casi instantáneamente, y en virtud de ello, la participación de organismos públicos en las mismas ya sea como partes o bien en ejercicio de sus facultades de fiscalización, aparece masivamente como parte de un fenómeno de modernización del desarrollo económico mundial.

El tráfico ilícito de drogas es uno de los delitos que materializa sus ganancias haciendo uso del circuito financiero y comercial formal. Las entidades gubernamentales vienen tomando medidas para neutralizar las actividades que realiza el crimen organizado, entre las cuales se encuentra el despojo de bienes de los presuntos implicados en el narcotráfico. Sin embargo, para realizar lo aludido, la coordinación entre los operadores de justicia ha sido insuficiente y en la práctica viene dificultando la ejecución de manera efectiva los objetivos previstos en el diseño de la normativa. Desde el año 2007 se vio la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una nueva figura jurídica para la lucha contra la criminalidad para lo cual se promulgó el dispositivo legal denominado “pérdida de dominio” que, para el año 2014, no ha conseguido resultados esperados. Además, los operadores responsables de este mecanismo legal tienen reservas para compartir información y dificultades para el trabajo equipo, aun cuando la pérdida de dominio es una figura que requiere la interdependencia de dichos actores En ese sentido, en la presente investigación se plantea: Cómo se desarrolló la coordinación entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para la implementación del proceso de pérdida de dominio por delito de tráfico ilícito de drogas durante los años 2010 y el 2014? / Tesis

Al final de la presente investigación, ha quedado demostrada la existencia de criterios razonables para la aplicación de la atenuación facultativa de la pena del art. 13.2 del código penal al oficial de cumplimiento por lavado de activos, al ser el reproche de su conducta omisiva de menor desvalor respecto a quien ostenta el dominio del hecho delictivo de forma activa, así como también por ser la posición de garantía que ostenta delegada de quien originariamente se encuentra obligado a preservarla. Lo anteriormente señalado en razón de la proliferación masiva del delito de lavado de activos, por lo cual la delimitación de dicho problema y la intención de erradicarlo mediante mecanismos de prevención de dicho delito es trascendental; estos mecanismos de prevención son los denominados Criminal Compliance, que son instrumentos de prevención que radica que al ser de obligatoria implementación a empresas propensas a tener relaciones comerciales derivadas de dicho delito, se busca identificar, desvirtuar y sancionar a las personas naturales y jurídicas que intervengan en dicho actividad, siendo esta obligación de prevención y fiscalización originariamente de los Directores y Titulares de las Empresas, teniendo la condición de Sujetos Obligados, pero para hacer eficiente su labor es que delegan dichas funciones a los Compliance Officer. La conducta desplegada por el Oficial de Cumplimiento, es un actuar especializado y en el ejercicio de una función principal derivada de una obligación legal por contrato y ley, que constituye una posición de garante, y esta es necesaria para la imputación de una modalidad especial de comisión por omisión del oficial de cumplimiento, a título de autor y de determinar la pena concreta a imponérsele por lavado de activos, realizando un test de proporcionalidad de la atenuación facultativa del art. 13.2 del Código Penal, esta si corresponde aplicarla al oficial de cumplimiento.

En la actualidad la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) debe lidiar con un obstáculo constante e interminable en el cumplimiento de sus funciones, que es el acceso indirecto al secreto bancario y reserva tributaria, aspecto legal que se encuentra establecido en el art. 2 inc. 5 párrafo segundo de la Constitución Política del Perú de 1993, que establece la necesidad de autorización judicial que permita acceso al contenido total o parcial de la información relevante del secreto bancario y reserva tributaria, este acceso no permite que la UIF pueda actuar de forma eficiente y célere en la investigación o sospecha de casos relacionados a lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esta deficiencia se sustenta en el tiempo excesivo que debe esperar la UIF para acceder a la información, tiempo que se desarrolla entre un mínimo de 2 y máximo de 32 días, por ello se exhorta al legislador a realizar una modificación y variación en el acceso al secreto bancario y reserva tributaria, para ello se recurre a dos enfoques metodológicos que son el constitucional y el método comparado, el enfoque constitucional ha permitido realizar una ponderación entre el derecho a la intimidad por el contenido íntimo de los derechos de secreto bancario y reserva tributaria en contraposición con la defensa de la persona humana y del Estado peruano, enfoque que ha demostrado la posibilidad de vencer el aspecto íntimo de ambos derechos (secreto bancario y reserva tributaria); el método comparado ha permitido analizar las realidad de 4 países como son Colombia, Chile, Argentina y Uruguay y las realidades de cada país en comparación a Perú, analizando la legislación vigente de cada país, ante una imposibilidad de modificación legislativa inmediata se opta por la continuidad de los MOUS (Memorándums de entendimiento internacionales) que realiza la UIF para acceder en el menor tiempo posible al secreto bancario y reserva tributaria.

El Perú es uno de los países con más altos índices de corrupción, delito que se vincula directamente con el delito de lavado de dinero. En ese contexto, el estado en su tarea de prevención y detección ha promulgado normas, ha suscrito convenios internacionales y sigue estándares y recomendaciones de estos. Sin embargo, esto no resulta suficiente cuando se observa que las señales en el mercado y la ciudadanía no son las esperadas o cuando las estadísticas en las sentencias condenatorias no reflejan la persecución del delito que se espera. Entonces el ciudadano percibe que existe impunidad total y ha llegado a concientizar que la corrupción los delitos afines son parte de su vida diaria. En este trabajo de investigación he querido reflejar cuales son las limitantes con que se ha encontrado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su función detectora de posibles casos de lavado de dinero, siendo esta el órgano técnico y especializado que desempeña esta función. En ese sentido, desde la perspectiva regulatoria y de prevención en el primer capítulo revisaremos el marco teórico de lo que es el lavado de dinero, el secreto bancario, qué funciones realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuáles son las normas de prevención, qué proyectos de ley se ha trabajado hasta la fecha y cuál es su situación actual. En el segundo capítulo abordaremos todas las limitantes que he querido explicar como: las consecuencias del modelo regulatorio que tiene la UIF, el análisis y evaluación de los Reportes de Operaciones Sospechosas versus a los Informes de Inteligencia Financiera que emite la UIF. Por último, en el tercer capítulo analizaremos alternativas de solución a este problema, ya sea desde el aspecto regulatorio, de la UIF, las alianzas público-privadas que se están implementando en otras partes del mundo siendo los más cercanos el caso de Méjico o Argentina.

El Congelamiento Administrativo de Fondos (CAF) es una medida limitativa del derecho de propiedad, que puede aplicar la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú), excepcionalmente, cuando estime, de manera muy preliminar, que determinados activos provienen de o están vinculados a actividades de lavado de activos. Se trata de una disposición en la que, sin mandato judicial, pero de manera sustentada, una autoridad administrativa ordena a las entidades financieras y otros sujetos obligados congelar los fondos de una persona natural o jurídica incluida en una investigación de la UIF Perú o del Ministerio Público. Esta medida está sujeta a convalidación judicial, en el brevísimo plazo de 24 horas. La finalidad del CAF es detener el flujo de los fondos que puedan estar vinculados a actos de lavado de activos, así como preservar los elementos de prueba para el correspondiente proceso de investigación y dar la oportunidad al Ministerio Público para que solicite al Poder Judicial la imposición de medidas de coerción sustitutorias. En el presente trabajo se sostiene que, si bien el CAF supone la afectación al derecho de propiedad, dicha afectación es parcial y se justifica en el marco del esfuerzo que debe desarrollar el Estado para la investigación y represión del del delito de lavado de activos. Por otro lado, existen justificadas razones para que el procedimiento de emisión del congelamiento de fondos y su convalidación judicial se lleve a cabo inaudita pars respecto de las personas afectadas con dicha medida. Finalmente, al amparo de tratados internacionales, la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Penal y demás normativa aplicable, las personas afectadas con una medida de CAF tienen el derecho a tomar conocimiento de dicha medida y a ejercer su derecho de defensa, a través del recurso de apelación de la resolución judicial que dispone la convalidación del congelamiento. En tal supuesto, dicha apelación no debe sino revisar los aspectos específicamente señalados en la ley que regula el CAF, como condición necesaria para su emisión, sin entrar a un debate probatorio. Por otro lado, en caso de denegatoria de la convalidación judicial del CAF, la UIF Perú tiene legitimidad para apelar dicha decisión. / The Administrative Freezing of Funds (CAF) is a limiting measure of property rights, which can be applied by the Financial Intelligence Unit of Peru (UIF Peru), exceptionally, when it deems, in a very preliminary way, that certain assets come from or are bounded to money laundering activities. This is a provision in which, without a Court Order, but in a sustained manner, an administrative authority orders to financial entities and other compelled subjects to freeze the funds of a natural or legal person involved in an investigation by the UIF Peru or the Public Prosecutor. This measure is subject to be confirmed by the Court, in the very short term of 24 hours. The purpose of the CAF is to stop the flow of funds that may be related to acts of money laundering, as well as to preserve the evidence for the corresponding investigation process and give to the Public Prosecutor the chance to request the Court to impose a substitute coercive measure. In this paper it is argued that, although the CAF supposes the affectation to the property right, that affectation is partial, and it is justified within the framework of the effort that the State must develop for the investigation and the fight against the crime of money laundering. On the other hand, there are justified reasons for the procedure for issuing the freezing of funds and their judicial validation to be carried out unheard of with respect to the people affected by said measure. Finally, under international treaties, the Political Constitution of Peru, the Criminal Procedure Code and other applicable regulations, the people affected by a CAF measure have the right to be aware of said measure and to exercise their right to defense, through the Appeal of the judicial resolution that provides for the confirmation of the freezing. In such a case, said appeal should only review the aspects specifically indicated in the law that regulates the CAF, as a necessary condition for its issuance, without having a debate. On the other hand, in case of refusal of the judicial confirmation of the CAF, the UIF Peru has the legitimacy to appealsaid decision.

El presente trabajo de investigación ha sido realizado con el objetivo de optimizar la investigación policial del DLA procedente del narcotráfico, en Lima durante el año 2016, teniendo como problema la deficiente investigación policial que practica la División de Investigación de Lavado de Activos (DIVILA) de la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con el Ministerio Público. En cuanto a la metodología utilizada, la investigación ha sido desarrollada con el enfoque cuali-cuantitativo; toda vez que se desarrollaron entrevistas al Director de Lavado de Activos PNP, Jefe de la División de Lavado de Activos, Sub Oficial más antiguo de la citada División Policial y al Fiscal de investigación de Lavado de Activos. Asimismo, se elaboró un cuestionario valorativo dirigido al personal que presta servicios en la Dirección de Lavado de Activos proveniente del narcotráfico igual a 40 policías. Muestra no probabilística; para el análisis se aplicó el razonamiento deductivo, considerando el conocimiento y realidad empírica del problema, el análisis de situaciones similares en otros países latinoamericanos o europeos con similares características a nuestra realidad; además, se ha practicado el análisis documental y evaluado la carga de expedientes fiscales y denuncias registradas para este delito; se ha realizado el contraste de hipótesis utilizando el Chi Cuadrado de Pearson-Bondad de Independencia. Se ha establecido que la Descentralización de la DIVILA, con personal capacitado y especializado, con experiencia, permitirá dar una lucha frontal y a nivel nacional contra éste ilícito penal; siendo necesario reorganizar la administración de personal, identificando las necesidades y prioridades de cada región policial / This research work has been conducted with the aim of optimizing the police investigation of the DLA from drug trafficking, in Lima during 2016, having as a problem the deficient police investigation carried out by the Investigation Division of Money Laundering (DIVILA) of the National Police of Peru (PNP) in coordination with the Public Ministry. Regarding the methodology used, the research has been developed with the qualitative-quantitative approach; Interviews were conducted with the Director of Asset Laundering NPP, Chief of the Money Laundering Division, the oldest Sub- Officer of the aforementioned Police Division and the Investigative Investigator of Money Laundering. Likewise, an evaluation questionnaire was developed for the personnel that provide services in the Money Laundering Directorate from drug trafficking, equal to 40 police officers. Non-probabilistic sample; for the analysis, deductive reasoning was applied, considering the knowledge and empirical reality of the problem, the analysis of similar situations in other Latin American or European countries with similar characteristics to our reality; in addition, documentary analysis has been carried out and the burden of tax records and complaints recorded for this crime has been assessed; We have made the hypothesis contrast using Pearson's Chi Square-Goodness of Independence. It has been established that the Decentralization of DIVILA, with trained and specialized personnel, with experience, will allow a frontal and national struggle against this criminal offense; it is necessary to reorganize the personnel administration, identifying the needs and priorities of each police region / Trabajo de investigación

Desde el año 2012, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante, UIFPerú) ejerce una potestad normativa que implica la intervención del derecho fundamental a la propiedad en casos de lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo, a través del denominado Congelamiento Administrativo de Fondos (en adelante CAF). Esta potestad se fundamenta principalmente en el peligro de pérdida o desvío de fondos vinculados al caso; es decir, que se activa siempre que se identifique en el investigado un comportamiento orientado a evitar que las autoridades nacionales apliquen medidas convencionales contra su patrimonio. El mecanismo de CAF ha tenido un gran impacto en las acciones de recuperación de activos ilícitos y de aseguramiento de posibles responsabilidades civiles, y se ha aplicado en personas que han ocupado altos cargos públicos. Sin embargo, la regulación de esta medida administrativa es bastante escueta y solo hay un pronunciamiento a nivel de Corte Suprema, vía casación excepcional, que ha fijado algunas reglas de interpretación y aplicación que no parecen ser suficientes. En esta investigación se plantean algunos criterios de base constitucional, para hacer viable la aplicación de esta medida administrativa, sin que ello suponga una intervención desproporcionada del derecho de propiedad; y, a la vez, satisfaga las necesidades del sistema de justicia de recuperar los fondos u otros activos de procedencia ilícita.

Nuestro tema objeto de análisis se centró en el Sistema de Prevención del Lavado de Activos, focalizada exclusivamente en dar a conocer una perspectiva clara y coherente sobre la complementariedad y unidad del sistema de prevención en el Lavado de Activos, esto es, sistema preventivo del lavado de activos o “prevención general y/o persuasiva”, el cual se fundamenta en la triada “prevención, detección y reacción”, enmarcándose en la tesis “disuasión como reacción psicológica a la tendencia criminal”, a fin de evitar afectar bienes jurídicos que protege el Derecho Penal. Así, la presente investigación, implicó el estudio de dos premisas. En primer lugar, “la evolución del lavado de activo a nivel internacional y nacional”. En segundo lugar, “la esencia del Compliance”, a fin de responder las siguientes interrogantes ¿El sistema de prevención imperativo y el sistema de prevención autorregulatorio son disímiles o complementarios? ¿La observancia de los requisitos penales desnaturaliza el mandato de la norma administrativa en la delimitación del programa de cumplimiento? ¿Es posible que ambos modelos pueden llegar a ser complementarios? ¿Cuál de los sistemas de prevención permite prevenir con eficiencia en lavado de activos en la empresa? A fin de dar una respuesta a las interrogantes, de un lado, se estudió el sistema autorregulatorio o potestativo denominado criminal Compliance, partiendo de la vinculación del Criminal Compliance y el lavado de activos, su conformación del Compliance en la empresa, sus elementos esenciales que configuran dicho sistema. Asimismo, el Compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en vinculación con la circunstancias atenuantes, agravantes y eximentes. De otro lado, se estudió el sistema de prevención administrativo con consecuencias penales o sistema imperativo, dirigido a los sujetos obligados; sin embargo, deriva en consecuencias penales (decreto legislativo 1106). Lo expuesto permite entender la importancia del estudio de la cultura de prevención imperativa y autorregulatoria como un único sistema complementario entre sí, conforme lo señala segunda disposición complementaria final del reglamento de la Ley n.° 30424 y su modificatoria el Decreto Legislativo 1352, el aporte de la Doctrina y la multidisciplinariedad que engloba el sistema de prevención.

El presente proyecto de innovación tiene como objetivo atender la deficiente estrategia operacional policial para neutralizar el uso de tecnología por parte de las organizaciones criminales dedicadas a la microcomercialización digital de drogas en Lima Metropolitana. Para ello, tras realizar una investigación de las características y causas del problema identificado, así como de experiencias previas, se propone la implementación en la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú de una Sub Unidad funcional de investigación del delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización digital. La investigación del problema, conceptualización del proyecto y evaluación del prototipo demuestran que es necesario intervenir a las organizaciones criminales relacionadas con el sistema de abastecimiento del mercado interno de drogas. En ese sentido, la tecnificación delictiva, deficiente capacidad estatal, limitada ejecución de programas de atención relacionados al consumo y tráfico de drogas y, sobre todo, la inadecuada estructura organizacional, generan deficiencias en la estrategia policial frente a esta problemática. Por ello, los componentes centrales para la ejecución del proyecto de innovación son: i) inclusión en el organigrama de la DIRANDRO; ii) infraestructura; iii) selección de personal, iv) equipamiento tecnológico, y v) capacitación. Por último, se determina que el proyecto propuesto cumple los requisitos de deseabilidad y factibilidad, contando con una viabilidad que permitiría que este se implemente en un plazo de 3 meses. / The objective of this innovation project is to address the deficient police operational strategy to neutralize the use of technology by criminal organizations dedicated to the digital micro-commercialization of drugs in Metropolitan Lima. To this end, after conducting an investigation of the characteristics and causes of the identified problem, as well as previous experiences, it is proposed the implementation in the Anti-Drug Directorate of the National Police of Peru of a functional Sub-Unit for the investigation of the crime of illicit drug trafficking in the modality of digital micro-commercialization. The investigation of the problem, conceptualization of the project and evaluation of the prototype show that it is necessary to intervene criminal organizations related to the supply system of the domestic drug market. In this sense, criminal technification, deficient state capacity, limited implementation of programs related to drug use and trafficking and, above all, inadequate organizational structure, generate deficiencies in the police strategy to address this problem. Therefore, the central components for the implementation of the innovation project are: i) inclusion in DIRANDRO's organizational chart; ii) infrastructure; iii) personnel selection; iv) technological equipment; and v) training. Finally, it is determined that the proposed project meets the requirements of desirability and feasibility, with a viability that would allow it to be implemented within 3 months.