Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La idea de la Sociedad, como concepto mercantil genérico, históricamente ha operado como un motor de desarrollo que ha provocado en los últimos cien años la formación de organizaciones empresariales complejas que de no ser por la existencia y evolución de este instrumento jurídico no hubiesen permitido concretar el impulso de las economías modernas. Esta aseveración ha sido recogida por la legislación comparada, y también por la nuestra, permitiendo un constante perfeccionamiento de las figuras societarias que tienen lugar en nuestro ordenamiento jurídico, muchas de las cuales se han concretado mediante sucesivas modificaciones a la legislación existente en orden a dar mayor transparencia y flexibilidad a las normas societarias que hasta la fecha existían. Sin embargo, las necesidades de la vida de los pueblos y principalmente la búsqueda constante del desarrollo de la economía han dejado en evidencia que a pesar de las reformas introducidas hasta la fecha, las figuras societarias existentes se muestran muchas veces como instrumentos no aptos para ciertos grupos específicos de nuestro país que requieren de un ordenamiento que responda de manera más flexible a sus requerimientos societarios. Es justamente este el antecedente que el Gobierno del ex Presidente Lagos tuvo presente para que dentro del segundo paquete de Reformas al Mercado de Capitales que fue presentado al Congreso Nacional, se incluyera una serie de normas que dan vida a una nueva figura societaria que es conocida bajo el nombre de Sociedad por Acciones, siendo ella el objeto del presente trabajo. Es en este contexto histórico que tiene lugar el nacimiento de este especial tipo de sociedad con la que se pretende satisfacer la necesidad de desarrollo de empresas emergentes, que requieren de una figura exenta de la excesiva rigidez que envuelven las que actualmente ofrece nuestro ordenamiento jurídico.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La existencia en nuestro país de una nutrida y cambiante legislación laboral, denota la preocupación de la sociedad por brindar una adecuada protección a los trabajadores frente a una realidad que ha evolucionado vertiginosamente, en base a los crecientes avances tecnológicos y la consecuente variación de las economías. En ese afán de protección mencionado, se configura una red legislativa de limitaciones a la libertad empresarial que suele ser resentida por los empleadores, quienes, de encontrarse regidos por la legislación común, tendrían un margen de acción mayor en sus pactos con los trabajadores, cuya capacidad negociadora es comúnmente menor. Esto, ciertamente, es un incentivo para que los empleadores intenten evadir su calidad de tales, mediante diversas conductas que impliquen, bien el uso de contratos formalmente civiles que encubran una relación laboral –como es el caso de los empleadores que pactan contratos a honorarios con los trabajadores, tratándose, en la realidad material, de un vínculo no civil, sino que puramente laboral- o bien dentro de la legalidad laboral, se configure la aparición de un empleador diverso al real que, por ende, sea el obligado al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales para con los trabajadores. Esta última hipótesis, que llamaremos de desnaturalización formal de la calidad de empleador, es el objeto básico de estudio en este trabajo.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene como finalidad analizar la Ley 19.983, norma que regla la transferencia de los créditos contenidos en una factura y los requisitos que ha de contener para gozar de merito ejecutivo. Para realizar un adecuado análisis de la Ley y facilitar su entendimiento al lector, se procederá a determinar la naturaleza jurídica de la factura y si ésta cambió de alguno modo con la entrada en vigencia de la Ley 19.983. Asimismo se determinan el conjunto de requisitos legales que ha de cumplir un documento para ser considerado una factura y cuales son los elementos necesarios que ha de contener para que ésta goce de merito ejecutivo. Siendo adecuado para una comprensión global de los cambios producidos por la Ley 19.983 realizar un análisis las acciones judiciales que otorga una factura. El presente trabajo concluye señalando un conjunto de dificultades que han surgido en la aplicación practica de la Ley, con la esperanza de que estas sean recogidas por los legisladores.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La presente memoria de prueba, como lo indica el título de la misma, versará sobre el Contrato de Licencia de Uso de Marcas Comerciales, cuyo objetivo primordial es conceder la autorización legal para usar una marca comercial determinada, ya que sea que esta corresponda a productos o a servicios registrados. Con el paso del tiempo y dada la creciente utilización de este contrato, las partes han desarrollado resguardos cada vez mayores, con el objeto de hacer valer sus derechos como también con el fin de condicionar de la mejor manera sus obligaciones, debido, entre otras cosas al elevado monto de las inversiones que implican las negociaciones referentes a la autorización para el uso de una marca. comercial en un país determinado. La creciente importancia y trascendencia del contrato de licencia de uso de marca comercial, tanto en nuestro país como en el mercado internacional en los últimos años hace especialmente necesario e importante el estudio de este contrato y de las negociaciones que este implica.

Nuestro estudio comienza con un breve repaso de los orígenes de su regulación legal en el derecho comparado, en la primera mitad del siglo XVIII. Luego continuamos con un análisis de algunos de los aspectos doctrinarios relacionadas con la figura de la información privilegiada, principalmente referidos al desarrollo que la materia presenta en la doctrina y legislación comparadas, las cuales han servido de base a nuestro propio legislador para establecer la regulación nacional al respecto. Luego de esto, en el Capítulo IV, nos introducimos propiamente en la regulación que establece nuestra propia LMV sobre la información privilegiada, encaminados fundamentalmente al análisis de la definición que de ella entrega nuestra Ley, y a las obligaciones y deberes que prescribe para aquellos que tienen acceso a la misma. En el Capítulo V, analizamos las severas sanciones que contempla la ley para quienes infringen las obligaciones establecidas en relación a la información privilegiada, que van desde aquellas de carácter civil y administrativo, hasta las que imponen sanciones privativas de libertad. Para finalizar, en el Capítulo VI, recogemos alguna jurisprudencia nacional, tanto administrativa como judicial, en la cual observaremos la forma en que éstos organismos han interpretado y aplicado la legislación referente a la información privilegiada, en casos concretos sometidos a su conocimiento. Y en el Capítulo VII, echamos un pequeño vistazo al segundo Proyecto de Reforma al mercado de capitales, que ya se encuentra en trámite legislativo, y que contempla algunas modificaciones en lo concerniente a la regulación de la información privilegiada. Por último, se hace presente al lector que este trabajo, por sus dimensiones, dista mucho de agotar la enorme cantidad de aristas que reviste el tema de la información privilegiada, tanto a nivel de su regulación jurídica estrictamente considerada, como a nivel doctrinario. Por esto, el presente estudio se ha dirigido a aquellos aspectos que nos parecen más interesantes y esenciales de ésta figura jurídica, especialmente desde el punto de vista de su posible aplicación en la jurisprudencia local, dejando de lado o sólo mencionando aquellos que, no por menos importantes, pueden exceder las ambiciones de una monografía.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente por infracciones a la ley penal, publicada el 7 de diciembre del 2005, constituyó un intento por adecuar y dar coherencia a nuestra normativa legal con el Sistema Internacional de Derechos del Niño, cuyo instrumento clave es la Convención de Internacional de Derechos del Niño, ratificada 15 años antes por nuestro país. La dictación de esta ley implicó un cambio de paradigma en la consideración de la infancia y un avance significativo respecto del antiguo sistema, dejando atrás el modelo tutelar para adscribirse a un modelo de responsabilidad. Dicha ley introduce un sistema penal especial de justicia juvenil. Aporta en cuanto a reconocer la capacidad penal de los adolescentes e incorporarlos al sistema de garantías procesales que tiene todo imputado adulto en un debido proceso, introduciendo además derechos sustantivos y procesales especiales para ellos. Se limita así el poder punitivo del Estado en el marco de la justicia penal aplicable a los mayores de 14 y menores de 18 años de edad, dejando atrás las arbitrariedades en la determinación del discernimiento y las intervenciones en nombre de la tutela y disciplinamiento. Además, incorpora en su art. 20 una doble función de la sanción penal adolescente, que es la responsabilización por los hechos delictivos cometidos por menores de edad, conjuntamente con una intervención socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social, para lo cual se establece un catálogo especial de sanciones, en virtud de la responsabilidad diferenciada de los adolescentes.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho con menciones) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En este trabajo se analizan dos aspectos de la acción de reclamación de paternidad que resultan interesantes, y que seguramente generarán la mayor controversia en esta materia, hasta que se logre el desarrollo de una jurisprudencia uniforme y armónica que permita determinar el correcto sentido de las normas que se analizan, e integrar los eventuales vacíos que se detectan en las mismas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En el presente trabajo se analizan las reformas introducidas por esta Ley en los distintos artículos del Código Laboral. Para ello, se estudian de manera individual cada una de las disposiciones modificadas, señalando los cambios introducidos y las consecuencias jurídicas que ellos implican. Este análisis considera la historia fidedigna de la ley -contenida en las actas de las discusiones parlamentarias- y los dictámenes de la Dirección del Trabajo que han creado jurisprudencia administrativa sobre la materia. se incluye también una descripción de las ideas centrales contenidas en otros proyectos de Ley que intentaban reformar el Código del Trabajo y que en definitiva no prosperaron. El objetivo de esta memoria es profundizar el conocimiento de esta Ley llamada la "reforma laboral", atendida su importancia práctica y su trascendencia para la comunidad, en particular para los sujetos que participan en la relación laboral.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de esta memoria es poder buscar la opción de incorporar a la Ley de Protección al Consumidor, un apartado donde se encuentre sanciones penales para los proveedores que cometan actos con carácter de responsabilidad infraccional. De lo anterior es que se analiza los artículos de la Ley que consagran la responsabilidad infraccional, para determinar en cuales de ellos se podría exigir una sanción penal, como a su vez para aumentar la multa en los casos que lo ameriten, ya que en muchas oportunidades la multa resulta irrisoria en comparación al daño causado por el proveedor al consumidor