Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El 19 de Junio del año 2001, fue publicada en el diario oficial la ley 19.738, para combatir la evasión tributaria, la cual incorporó importantes cambios en la legislación aduanera, que se tradujeron en la modificación de los delitos de fraude y contrabando. Esta memoria de prueba pretende dar cuenta del estado actual del fraude aduanero, revisando la historia nacional de dicho delito y la importancia de las modificaciones señaladas. A través del análisis de las normas, comentarios doctrinales y el estudio de algunos casos, expone cómo se presenta hoy día el tipo en estudio, sin dejar de hacer observaciones de lo que se ha hecho al respecto en la materia, y lo que falta aún por hacer.

Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales / Este trabajo tiene por objeto el análisis de los principios de probidad y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas incorporados en el artículo 8º de la Constitución Política de la Republica de Chile por la Ley 20.050 publicada en el diario oficial de fecha 26 de agosto de 2005. Para esto estudiaremos materias básicas de la administración, el vínculo con el funcionario, sus obligaciones, responsabilidades e inhabilidades. Analizaremos los principios de probidad y publicidad, también su desarrollo jurídico en el derecho nacional -especialmente en la Ley orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado- e internacional. El artículo 8° de la Constitución Política introducido por la ley 20.050, tiene como propósito dar rango constitucional, elevar a la categoría de Principios Constitucionales, los principio de probidad administrativa y de publicidad de los actos administrativos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / La necesidad de maximizar la utilidad de los espacios de territorio en una ciudad determinada ha sido una política de Estado durante la mitad del último siglo. ¿Los motivos? La gran explosión demográfica, la tendencia a la longevidad de la población y la eficiencia del uso de los suelos; factores que se han caracterizado por fomentar el establecimiento de nuevas leyes y planes reguladores que tienden a la protección de la seguridad pública, los intereses generales de la nación, la salubridad pública, y la conservación del patrimonio medio ambiental mediante la utilización de instrumentos jurídicos, arquitectónicos y económicos que han favorecido a un mayor beneficio de una misma coordenada espacial. Dentro de estos elementos recién mencionados podemos encontrar las nuevas construcciones urbanas que transforman el clásico concepto de propiedad basado en el poder exclusivo y excluyente de una sola persona sobre una cosa a ideas comunitarias de copropiedad. El objeto de este trabajo se vincula precisamente al concepto de propiedad horizontal, pero en específico al desarrollo de las relaciones de vecindad dentro de la legislación, jurisprudencia y praxis, respecto a los inmuebles que se conceptualizan en el Art.2, inciso primero de la Ley Nº 19.537 que distingue entre dos tipos de unidades: Las unidades A: que son aquellas construcciones divididas en unidades emplazadas en terreno de dominio común, y ; Las unidades B: que son aquellos predios con construcciones o con proyectos de construcción aprobados, en el interior de cuyos deslindes existen simultáneamente sitios que pertenecen en propiedad exclusiva a cada propietario y terrenos de dominio común. En el primer capítulo, se determinará el concepto de Relación de Vecindad, su naturaleza jurídica, su función limitadora de dominio y su vinculación con la idea de inmisión. En el segundo capítulo, se abordarán los tópicos clásicos del concepto de inmisión entre los vecinos, y que tocan las fronteras de su licitud o no, su fundamento normativo y acción de la víctima en contra del victimario agresor. El tercer capítulo, se centrará en el tratamiento legislativo que ha recibido en Chile en la Ley de Copropiedad Inmobiliaria y en el Código de Bello. La crítica a la ausencia de una reglamentación especifica, en una ley, que trate las relaciones de vecindad. Una breve visión al derecho comparado en especial en España y Sudamérica. Un cuarto capítulo, analizará la evolución de la jurisprudencia nacional y extranjera en este tema y el criterio de los jueces para verificar la ilicitud de las conductas entre los vecinos y la justificación de sus decisiones. Y un quinto capítulo final planteará las conclusiones del trabajo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La adopción, como institución jurídica, remonta su existencia al derecho romano, en donde existía la adoptio o datio en adoptionen, hoy conocida como “adopción plena”. El Código Civil chileno, sin embargo, no reguló el régimen de adopción. La exclusión de esta importante institución genera extrañeza y no pocos autores han buscado establecer cuál fue la razón que tuvo Bello para no considerarla en el Código Civil, a pesar de que el Código Napoleónico, en aquella época, sí contenía normas relativas a la adopción. Se ha hecho alusión – como motivo para excluirla – al escaso arraigo que la institución tuvo en la legislación castellana aplicada en nuestro país a comienzos del siglo XIX , así como también al incondicional respeto a la familia de origen fundada en el matrimonio religioso.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria para optar al grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales tiene como objetivo dilucidar el contenido y consecuencias de la aplicación del artículo 5 de la ley N° 19.971, dejando de lado todas aquellas intervenciones de los tribunales nacionales que están claramente enunciadas en la ley, para abordar aquellos temas que presentan mayor grado de dificultad por encontrarse dentro de las facultades de superintendencia de la Corte Suprema de Justicia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Con dicho objeto, en la primera parte de este trabajo se entrega una reseña de lo que son los fondos de inversión en general, sus objetivos y los principales beneficios asociados a los mismos como vehículos colectivos de inversión. Asimismo, se efectúan un análisis pormenorizado sobre su naturaleza jurídica, cuestión determinante a la hora de analizar la tributación que les afecta. En la segunda parte, se inicia el estudio específico de los fondos de inversión regulados en la Ley Nº 18.815. De esta forma, se analiza su origen, estructura y los elementos característicos que los definen. 10 La tercera parte de este trabajo se refiere a la clasificación de los fondos de inversión que efectúa la Ley Nº 18.815, en fondos de inversión públicos y fondos de inversión privados. En esta parte se analiza la estructura y principales características de ambos tipos de fondos, comprendiendo el estudio de los tres actores principales que intervienen en ellos: el fondo propiamente tal, su sociedad administradora y los aportantes. Por último, ante la limitada normativa y prácticamente nula doctrina que existe sobre la materia, la cuarta parte de este trabajo intenta dilucidar la tributación que afecta a los fondos de inversión regulados en la Ley Nº 18.815. Lo anterior, en base al estudio de las normas impositivas especiales contenidas en la Ley Nº 18.815, y, a falta de ellas, de las normas generales que rigen los diferentes tipos de impuestos que contempla nuestro ordenamiento tributario, todo ello a la luz de los principios que gobiernan los regimenes tributarios aplicables a los vehículos colectivos de inversión. Con el objetivo anterior, en una primera parte se estudia la tributación aplicable a los fondos de inversión en si mismos por las rentas que obtengan de sus inversiones, en relación a los gravámenes más relevantes que regula nuestro ordenamiento jurídico tributario, incluyendo el Impuesto a la Renta, el Impuesto a las Ventas y Servicios, El Impuesto de Timbres y Estampillas y de Patente Municipal. Luego se analiza la tributación aplicable a los aportantes por las rentas que les distribuya el fondo de inversión, así como por las utilidades que obtengan de la enajenación o rescate de sus cuotas de participación. Por otra parte, se dedica un apartado especial al análisis de la tributación que afecta a los denominados Fondos de Inversión de Capital de Riesgo, de acuerdo a las franquicias establecidas por la Ley Nº 20.190. Con posterioridad, se hace una breve referencia a las obligaciones tributarias que pesan sobre la sociedad administradora del fondo de inversión en su calidad de tal. 11 Finalmente, tomando en consideración el importante auge en la internacionalización de las inversiones de este tipo de organismos, se estudia con especial dedicación la aplicación a los fondos de inversión de los beneficios contenidos en los Convenios Tributarios celebrados por Chile de acuerdo al Modelo de Convenio Tributario de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). De esta forma, el propósito de este trabajo es el de dar una visión general acerca de la función que cumplen los fondos de inversión y de su importancia en cuanto canales de ahorro e inversión. Asimismo, y de forma especial, se intenta dilucidar de forma clara el tratamiento tributario al que se encuentran afectos, atendiendo a la necesidad de tener absoluta certeza sobre esta materia a fin de propender a la inversión a través de ellos

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Actualmente las empresas son, sin dudarlo, el principal agente económico de la sociedad. La libertad con que operan las compañías, viene antecedido, por un afán de expansión y de crecimiento económico. Favorecido por ello, las personas jurídicas se han vuelto el escenario ideal para la comisión de delitos surgiendo así la “criminalidad empresarial”, la que atenta contra bienes jurídicos importantes para la sociedad. La urgente necesidad de protección de dichos bienes desencadenó el surgimiento de políticas criminales preventivas, permitiendo que durante el siglo XX, se diera paso a la responsabilidad penal empresarial, en función de la necesidad de frenar la criminalidad empresarial. Dieron inicio a esto, los países de tradición jurídica anglosajona, menos apegados a la dogmática jurídica. En cambio, los países de tradición jurídica continental, fueron más reacios y sus reformas tomaron más tiempo. Particularmente, en el caso de Chile nunca se manifestó mayor interés en implementar medidas para frenar la irresponsabilidad de las personas jurídicas, hasta éste se volvió uno de los requisitos para ser miembro permanente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Es en este escenario que nace la Ley Nº 20.393 la cual consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El principal elemento de interés del presente trabajo, se enfoca en el análisis de los modelos de imputación utilizados para la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Se inicia la investigación a partir de los modelos presentes en el derecho comparado, para luego conocer y analizar las características del modelo mixto de responsabilidad, basado en el defecto de organización de la persona jurídica, sistema de imputación escogido por el legislador chileno. Lógicamente se abordaran sus alcances más relevantes y las falencias que se prevé tendrá la Ley Nº 20.393 bajo este sistema de imputación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Los eventuales riesgos derivados de la utilización de la energía nuclear y de las radiaciones ionizantes se caracterizan por sus consecuencias catastróficas. En este sentido, las centrales nucleares son las que mayores críticas reciben por los peligros que su funcionamiento implica, debido a sus distintos factores de riesgo; sin embargo, como dice el jurista español Gordillo Álvarez-Valdés, es el factor humano el riesgo más importante, que comprende desde simples errores de concepción o ejecución, a negligencias o actos motivados por intereses de diverso tipo -económicos, políticos, entre otros-. El presente trabajo versa sobre una parcela de la realidad notablemente abandonada por la doctrina no obstante la reacción social que genera. En las siguientes páginas daremos cuenta de la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico-penal al peligro de los usos de la energía nuclear y radiaciones ionizantes, llenando así un vacío en la investigación jurídico penal chilena. A lo largo de este trabajo se estudiarán diversos temas que dicen relación con los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, siendo el eje central los tipos penales contemplados en la Ley 18.302 de Seguridad Nuclear. El capítulo introductorio es el encargado de revisar lo complejo que es para los Estados en particular y la comunidad internacional en general tomar las decisiones políticas y legislativas necesarias respecto a la implementación satisfactoria de la tecnología nuclear, en un mundo que demanda la aplicación de los avances de la ciencia nuclear, además de energía barata y limpia, pero que no puede desprenderse de fundados temores. Distintas opiniones, posturas, teorías, datos e inclusive ideologías aportan a una discusión que no puede eludirse a la hora de regular y especialmente de penalizar. El capítulo primero se denomina “El ordenamiento jurídico chileno en materia nuclear”, y tiene como objetivo dar a conocer el actual marco regulatorio en la temática nuclear en nuestro país, incluyendo los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Chile. 5 El capítulo segundo está dedicado a la regulación jurídico-penal en materia nuclear en el derecho comparado, a objeto de tener una noción de cómo es tratado el tema en estudio en las legislaciones extranjeras más entendidas. El capítulo tercero se titula “Bien jurídico protegido y delitos de peligro en la ley de seguridad nuclear”, y como su nombre lo indica, estudia los bienes jurídicos protegidos por la ley de seguridad nuclear, analizando la técnica legislativa de los tipos de peligro como manera de resguardar aquellos relacionados con la seguridad colectiva. Por último, en el capítulo cuarto se analizan los tipos penales que contiene la Ley 18.302 de Seguridad Nuclear, que es la norma especial que regula los usos pacíficos de la energía nuclear, no sin antes revisar los términos técnicos y científicos que son utilizados en la normativa necesariamente, dada la complejidad de la materia. En las conclusiones las autoras emiten los comentarios finales y los aportes jurídico-penales que contribuyen a enriquecer un sector penal, como dijimos, hasta ahora abandonado dogmáticamente

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La posibilidad de ejecución de la Convención de Derechos del Niño en Chile no es un tema menor pues ella consagra todos los derechos de los que son titulares los niños como sujetos de protección especial. Por lo tanto si eso no es así, estaríamos ante una gran vulneración de derechos humanos además de formalmente estar violando un tratado vigente. La realidad de esta problemática es la que intentaremos dilucidar en este trabajo, el cual no tiene más interés que el de dar cuenta de la existencia o no de una situación, para poder tener una posición y tomar cursos de acción ante cualquiera de los escenarios posibles. Para ello lo primero que se hará será, en un Primer Capítulo, analizar la Evolución del concepto de Interés Superior del Niño a través de cuatro puntos: La evolución histórica previa a la Convención de Derechos del Niño del Interés Superior del Niño. La recepción del Interés Superior del Niño en la Convención de Derechos del Niño. Las discusiones doctrinarias de contenido y alcance del Interés Superior del Niño. Las Opiniones y Observaciones del Comité sobre el Interés Superior del Niño. En un Segundo Capítulo analizaremos la Recepción del Interés Superior del Niño por la ley 19.968 de Tribunales de Familia. Y en ella veremos: La jerarquía de la Convención de Derechos del Niño en Chile. La ley 19.968, como legislación de adecuación de la Convención de Derechos del Niño. La recepción del Interés Superior del Niño en la Ley n° 19.968 de Tribunales de Familia. Por último en el Capítulo Tercero, analizaremos la forma como la jurisprudencia ha venido entendiendo y aplicando el principio del Interés Superior del Niño en procedimientos en que estén comprometido intereses de menores. Este trabajo terminará con un análisis de los datos obtenidos para dar respuesta a nuestras preguntas iniciales, logrando una imagen del panorama general de la situación del Interés Superior del Niño en nuestro país

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Para cumplir los objetivos planteados, se procederá a la comparación entre procesos, el español y el chileno, lo cual se hará principalmente desde dos puntos de vista, primero, del objeto a probar, con la inclusión de la prueba indiciaria, por medio de la cual, al existir al menos indicios de veracidad en las afirmaciones del actor, el peso de la prueba recae en el empleador, quien tendrá que acreditar la justificación de su acción, y segundo, de los efectos de la sentencia, a saber, la indemnización, que incluye el daño moral, y la restauración del derecho vulnerado, todo esto, mediante el análisis crítico de la aplicación del procedimiento derecho a derecho. Se presenta ante nosotros, como antecedente, una legislación procesal que busca inhibir la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores en sus relaciones laborales y que termina siendo, una protección efectiva ante la puesta en peligro de los mismos, poniendo a su disposición un sistema que apunta a retrotraer la situación al estado inmediatamente anterior de producirse la vulneración denunciada e indicándose medidas tendientes a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de dichas violaciones constatadas, incluyendo la posibilidad de que se imponga el pago de una indemnización por los daños efectivamente sufridos . Esto es a lo menos, un rayo de luz a la hora de esperar la puesta en marcha de lo que se proyectó como una efectiva modernización de la justicia laboral.