Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Con el objeto de entregar una respuesta a las inquietudes y difundir el conocimiento de dos de las más importantes modificaciones al Sistema de Pensiones Chileno, hemos decidido realizar esta memoria, en la cual se exponen y analizan sus principales aspectos y resultados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / El presente trabajo se ha dividido en cinco capítulos. En el capítulo primero, con la finalidad de entender los procedimientos de calificación ambiental consagrados en el S.E.I.A., estudiaremos los mecanismos de intervención administrativos. Con este objeto, se analiza el concepto de procedimiento administrativo, sus distintos principios formativos, su influencia en el actuar propiamente tal de la Administración, todo bajo la luz de la actual normativa consagrada en la Ley 19.880, publicada recientemente en el Diario Oficial el 29 de mayo de 2003. Asimismo, se analiza el concepto de acto administrativo, sus diversas clasificaciones y dentro de dichos actos, se estudia a la autorización administrativa, particularmente. Como el S.E.I.A. es un mecanismo legal de protección jurídica al medio ambiente,en el capítulo segundo de este trabajo, se desarrolla la evolución histórica que presenta dicha protección jurídica en Chile, para concluir en el capítulo tercero, con un análisis de las principales características, orígenes y rasgos principales del S.E.I.A., finalizando con un estudio de las principales características que presentan los distintos Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel comparado, intentando develar su espíritu como mecanismo de protección al medio ambiente. En el capítulo cuarto, se desarrolla la consagración legal en nuestro país del procedimiento administrativo contenido en el S.E.I.A., analizando desde la etapa de la formación de la ley, consagrados en los Registros de la Historia Fidedigna de la Ley 19.300, hasta la última modificación reglamentaria, realizada por el Decreto Nº 95/2001 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, de 21 de agosto de 2001 y publicado en el Diario Oficial el 07 de diciembre de 2002. En el análisis del procedimiento administrativo consagrado en el S.E.I.A., se exponen los dos grandes métodos que establece la Ley 19.300 para evaluar ambientalmente un determinado proyecto o actividad económica, consistentes en los “Estudios de Impacto Ambiental” (E.I.A.) y en las “Declaraciones de Impacto Ambiental” (D.I.A.); junto a los diferentes pasos y etapas que deben ser observados para obtener la resolución que califica favorablemente al determinado proyecto o actividad. Cabe destacar, que el análisis del procedimiento administrativo, se hace a la luz de las normas contenidas en la Ley 19.880 y la reflexión se detiene en la importancia que tiene el silencio administrativo para la calificación ambiental de un determinado proyecto o actividad. Finalmente, en el capítulo quinto, se estudia desde el punto de vista material del Derecho Administrativo, a la resolución de calificación ambiental, reflexionando en torno a la calidad o naturaleza jurídico-administrativa de la resolución que evalúa ambientalmente un determinado proyecto o actividad, para llegar a la conclusión que dicha resolución presenta las características propias de una “autorización” y cuales son las características de esta “autorización ambiental”. Por último, se analiza y reflexiona en torno a cuál es el título de intervención específico que autoriza a la autoridad para calificar ambientalmente un determinado proyecto o actividad, finalizando con algunas reflexiones en torno a cuán reglados o no son los procedimientos establecidos en el S.E.I.A. y las resoluciones que lo concluyen, determinando las consecuencias que se derivan de dicho hecho.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La relevancia que presenta el tratamiento de la adopción como tema central de esta memoria está orientado fundamentalmente al análisis de la jurisprudencia de los tribunales relativa a la materia en comento ya que, sin lugar a dudas, es un aspecto que se deja de lado en las memorias y textos a los que se tiene acceso, situación que no deja de ser negativa, pues no sólo la arista doctrinaria es importante, sino también el cómo los jueces y magistrados plasman la teoría en los casos reales. Para este fin es útil contar con material anexo, consistente en sentencias de distintos grados jurisdiccionales, para poder darnos cuenta de la forma como se enfrenta un tema tan trascendente en una sociedad, y poder, cualitativa y cuantitativamente, efectuar comparaciones y establecer tendencias sobre los distintos temas que se abordan, los conflictos, las instancias que más conocen de ciertas materias. Además, vital importancia reviste la adopción internacional, puesto que en ella convergen muchas más dificultades y diferencias que en la adopción nacional, partiendo desde la distinta nacionalidad entre adoptante y adoptado, su idiosincrasia y religión, como también la constante preocupación por evitar el contrabando de niños y usos ilícitos de la institución para beneficio lucrativo de unos pocos, excluyéndose, de este modo, el principio rector de la institución, cual es, el interés superior del menor. Por ello se analizan las diferentes posturas de los autores en relación al concepto de adopción internacional, su evolución a través del tiempo, sus antecedentes, actuales tendencias y las Convenciones Internacionales que actualmente la regulan, muchas de ellas ratificadas por nuestro país y que tienden a proteger a la niñez y respetar sus derechos, además de la forma en que la jurisprudencia responde frente a ella en casos de exequátur y exhortos internacionales sobre adopción.

Memoria (licenciado en ciencia jurídicas y sociales) / Los autores buscan establecer la procedencia del tratamiento de datos personales sensibles por parte de los organismos de inteligencia y de persecución penal. A partir del análisis de los artículos 10º y 20° de la Ley 19 628 y de la legislación comparada, particularmente la argentina y española, se establece que éstos sólo pueden ser utilizados legítimamente cuando se cuenta con norma expresa en tal sentido, lo que determinará una búsqueda de dicha autorización en las respectivas legislaciones sectoriales. Se abordarán, al mismo tiempo, las diversas posturas doctrinarias, tanto aquellas que dicen encontrar autorizaciones genéricas, como aquellas que abogan por el principio de especificidad de la ley. Se sugerirá establecer una ley que autorice sólo bajo ciertos presupuestos acotados y específicos el tratamiento de datos sensibles en materia de seguridad nacional. Con respecto a la institución del informante, como método de investigación, se analizan las implicancias que acarrea su uso, tanto en materia de persecución penal como de inteligencia, con motivo del respeto de la intimidad de los investigados.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El recurso de unificación de jurisprudencia llegó a la legislación chilena en la Ley N° 20.260 que Modifica el Libro IV del Código del Trabajo y la Ley N° 20.087, que establece un nuevo procedimiento laboral. Este recurso es un novedoso medio de impugnación que persigue la celeridad procesal, por una parte, y la igualdad en los pronunciamientos judiciales. Su conocimiento corresponde a la Corte Suprema. En el año 1995 fue creada por la ley 19.410, la subvención adicional especial. Los artículos 7º, 8º, 9 y 10º de dicha ley establecen el pago a los sostenedores de establecimientos subvencionados y municipales. El objeto de esta subvención fue el mejoramiento de las remuneraciones docentes, a través del pago de un bono proporcional a las horas de contrato de cada profesor, para lo cual se destina el 80% del monto de esta subvención. El 20% restante se destina al pago de la planilla complementaria, que tiene por finalidad incrementar la remuneración de profesores que no alcancen la remuneración básica mínima nacional. La ley 20.158 estableció un Bono extraordinario, también conocido como “Bono SAE”, que debe pagarse a todos los docentes que mantengan una relación laboral con un respectivo establecimiento educacional municipal en caso de haber excedentes después de haberse aplicado el bono proporcional y la planilla complementaria.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La crisis del sistema carcelario, provocada por las malas condiciones de vida de los penados y la nula capacidad de resocialización que implicaba la privación de libertad, derivó en la búsqueda de métodos distintos de sanción que permitieran a los condenados una vida digna, tanto durante como luego de cumplida la pena aplicada. Dichos métodos alternativos son las llamadas penas sustitutivas a la privación de libertad. En Chile estas sanciones están reguladas en la Ley Nº18.216, modificada por la Ley Nº20.603, las cuales establecen reacciones al delito que difieren de la privación de libertad. Una de ellas es la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad. La presente memoria tiene por objeto analizar la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad desde un punto de vista tanto legal como reglamentario, para luego llevar a cabo un análisis de la aplicación práctica de la misma, desde que entró en vigencia la Ley Nº20.603, en el año 2012.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo busca analizar el delito de fabricación y tráfico ilícito de armas desde tres perspectivas que se interrelacionan. En una primera parte se buscará evidenciar los diversos factores asociados a este fenómeno criminal. En segundo lugar, se analizarán las diversas normativas internacionales que buscan erradicar este particular delito y los lineamientos que se extraen de ellas. En tercer lugar se examinará la normativa nacional relativa al control de las armas y su reciente modificación, en donde se tipifica el delito en cuestión, de forma tal de llevar adelante una descomposición y análisis en profundidad de dicho tipo penal. Finalmente, se llevará a cabo una revisión crítica para determinar, por un lado, la adopción de los mandatos internacionales en la ley chilena, y por otro lado, explicitar ciertas problemáticas que presenta dicha norma, dando un énfasis en la consideración de los factores asociados, el rol de los entes persecutores y autoridades fiscalizadoras, la política criminal escogida y, por último, su eficacia en la prevención y erradicación del tráfico de armas en Chile. / 11/03/2020

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objetivo realizar un análisis descriptivo y cualitativo del fenómeno de los grupos de empresas como sujetos de imputación de obligaciones, en el ámbito del Derecho colectivo del trabajo. Para ello, se busca indagar de qué manera afectan la estructura del Derecho laboral colectivo y la libertad sindical como derecho humano fundamental, en su faz orgánica y funcional y, por ende, el ejercicio de los derechos de los trabajadores. En ese contexto, veremos las formas o mecanismos como los trabajadores pueden ejercer los derechos de sindicación, la negociación colectiva, de información y la huelga, en general, y en el seno de los grupos de empresas, de acuerdo a la normativa anterior a la dictación de la ley 20.940, incluyendo ciertas perspectivas incorporadas por esta reforma laboral del año 2016. Asimismo, se analizarán los grupos de empresas en el Derecho laboral chileno, observando la evolución normativa, doctrinaria y jurisprudencial judicial, a partir del concepto legal de empresa. Esta definición, reformada en el año 2014, con ocasión de la ley 20.760, permitió el reconocimiento formal de este fenómeno y atribuirles la calidad de empleador único, con base legal. Finalmente, revisaremos las discusiones surgidas en torno a la interpretación del nuevo artículo 3 del Código del trabajo; en particular, las condiciones que tanto la doctrina como la judicatura nacional han considerado para configurar la existencia de un grupo de empresas laboral, debiendo responder por las obligaciones inherentes a la calidad de empleador. En tal sentido, empleando el método deductivo, veremos las dificultades para definir o circunscribir la noción de la “dirección laboral común”, requisito sine qua non para condenar a todas las empresas que conforman un grupo de empresas, así como los restantes elementos previstos en la ley y fuera de ella.

Memoria para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El objetivo central de esta investigación es analizar el quebrantamiento de condena como institución jurídica en sus diversas aristas. El quebrantamiento pertenece al ámbito de ejecución de penas, es por ello que en el primer capítulo abordamos las normas constitucionales, internacionales e internas que la configuran; para posteriormente construir un concepto de quebrantamiento y exponer la discusión doctrinaria acerca de su naturaleza jurídica y la aplicación de los artículos 90 y 91 del Código Penal, los cuales se refieren en forma concreta a esta temática. Para lograr un análisis sistemático del tema, analizamos además del Código Penal, otras leyes especiales que lo tratan como: la Ley N°20.084 sobre Responsabilidad Adolescente, la Ley N°18.216 que establece penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad y la Ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar. Finalmente, se realiza un estudio a la normativa comparada que nos generó mayor interés en esta materia, con el propósito de obtener una visión global acerca del quebrantamiento de condena en sus distintos ámbitos.

Memoria (magíster en derecho, mención derecho penal) / Con la entrada en vigencia, el año 2.005, de la Ley N° 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, se incorporó en la letra a) del artículo 19, una circunstancia agravante que no existía en la ley precedente, esto es, en la Ley N°19.366. La nueva circunstancia es “si el imputado forma parte de una agrupación o reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16”. Dicha circunstancia modificatoria de responsabilidad penal, ha originado una serie de problemas en atención a su redacción, lo que, a su vez, ha generado múltiples interpretaciones, no concordantes. A ello se suma que la doctrina nacional no se ha encargado de analizar en profundidad la agravante en cuestión, existiendo en la práctica sólo informes encargados por el Ministerio Público como por la Defensoría Penal Pública sobre el tema, con los inconvenientes que ello implica, principalmente, la visión interesada que cada uno de dichos organismos presenta sobre la cuestión debatida. Tampoco existe hasta hoy una recopilación y sistematización de la jurisprudencia que haya abordado el tema, circunstancias todas que hacen aún más difícil la tarea de los operadores del nuevo sistema procesal penal a la hora de determinar si se configura o no la agravante en un caso concreto. En efecto, dado lo ambiguo de la redacción de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, surgen una serie de preguntas, entre otras, ¿cuáles son los límites entre la coparticipación, la asociación ilícita y la agravante específica? El trabajo que se desarrolla en las siguientes páginas tiene por finalidad determinar el tratamiento que le han dado nuestros Tribunales de Justicia a la agravante en comento, a partir de su incorporación en la Ley Nº 20.000 -año 2005- a la fecha y, ante la ausencia de una investigación semejante, ser fuente de consulta y referencia. A través del estudio de la jurisprudencia de nuestros tribunales de justicia –Tribunales de Garantía, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y Tribunal Constitucional, se analizarán, definirán posturas y tesis jurídicas consistentes y significativas, las que sin lugar a dudas, constituirán una herramienta importantísima para los operadores del nuevo sistema procesal penal, toda vez que permitirá identificar los elementos esenciales de la agravante en estudio y determinar, en definitiva, si ésta se configura o no en un caso concreto. Estudiar los elementos o circunstancias que deben concurrir para que se configure la agravante de la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 20.000, permite dar sentido jurídico a la norma sustantiva penal, esto es, fijar su sentido punitivo