Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Es por eso que la presente obra viene a complementar desde el mundo del Derecho, la ya profusa literatura económica y política referente a la tributación de la gran minería. Su propósito será verificar si el derecho de mantener invariable el régimen tributario que poseían las grandes mineras -consagrado en el Art. 11 bis del D.L. Nº 600-, se veía afectado si se establecía una regalía, o un impuesto específico, como finalmente aconteció. Al respecto las opiniones eran diversas y confusas. En cuanto al primer caso, se sostenía que la creación de una regalía no afectaba la invariabilidad tributaria de las mineras, ya que el royalty es un precio y no un tributo. El Estado, por medio de la Constitución, es dueño absoluto de las minas, lo cual le permitía cobrar un canon o renta a quienes extraían el mineral. Esta posición se sustentaba en la literalidad del Art. 19, Nº 24, inc. 6, pero no explicaba de manera satisfactoria cómo esta regalía minera era compatible con el régimen de concesión “plena” que rige en nuestro país

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo pretende ofrecer un análisis respecto del funcionamiento del sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes en causas seguidas por delitos contemplados en la Ley de Control de Armas, más precisamente respecto a cómo es y cómo debería ser el régimen de concurso de delitos aplicables a adolescentes, habida consideración de la incorporación de una regla especial a la ley 17.798 sobre Control de Armas -artículo 17B inciso primero- que regula dicho tratamiento concursal sin referir consideraciones respecto de su aplicabilidad en causas seguidas contra adolescentes. Para tal objetivo realizamos un trabajo de sistematización de los estándares, derechos y garantías con que son protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. A partir de ahí, se pretende realizar una comparación crítica entre las obligaciones internacionales contraídas por el Estado chileno y el funcionamiento fáctico de la respuesta penal en caso de delitos contemplados en la Ley de Control de Armas cometidos por adolescentes. Asimismo, se incorpora a lo largo de todo el trabajo un estudio de las discusiones legislativas más relevantes que se suscitaron durante la tramitación de las leyes 17.798 sobre Control de Armas, 20.084, que establece un sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes, y 20.813 que incorporó el artículo 17B a la ley de Control de Armas junto con sus reformas más importantes. También se incorpora, en el capítulo IV, datos cuantitativos y cualitativos del tratamiento efectuado por los tribunales de la república a adolescentes en conflicto con la ley de Control de Armas.

Para la Obtención del grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas / Una rápida lectura de cómo se manifiesta el Estado moderno en Chile, nos proporciona la conclusión de que se han incorporado diferentes agentes que colaboran con la función pública y que dichos agentes se encuentran interconectados. De esta diversidad y multiplicidad de vínculos se obtiene que la función pública tiene hoy más que nunca límites difusos con el sector privado. Ya quedó obsoleta una visión piramidal de la estructura del Estado, para dar paso a modernas teorías que visualizan más bien una red de influencia recíproca, donde operan entidades de diversos ámbitos, con diferentes intereses y tamaños, nacionales e internacionales. En un contexto de corrupción del Estado y específicamente en relación a la participación en el delito de Cohecho que pueda involucrar al sector público, se hace necesario encontrar una definición de función pública y de agentes de la Administración pública, que resulte aplicable a todos aquellos agentes del Estado y colaboradores que por su falta de probidad puedan afectar el correcto funcionamiento de la Administración, así como también identificar las figuras contractuales y plataformas donde actualmente es posible ver la forma como se está vinculando el Estado con los particulares, en qué modo el Estado chileno previene la corrupción y un análisis de la legislación que regula el cohecho y la penalización de las personas jurídicas dados los vínculos, relaciones y canales de comunicación que actualmente se dan entre la ciudadanía y la Administración 8 Pública. En el presente trabajo se precisa analizar la legislación que penaliza a las personas jurídicas por el delito de cohecho y encontrar contextos, regulaciones y procedimientos y luego tratar de llegar a áreas problemáticas, por ejemplo, en cuanto a la interacción de las personas jurídicas con el Estado o en cuanto a las circunstancias bajo las cuales la ciudadanía organizada puede desempeñar la función pública. Si se entiende que las personas jurídicas forman parte de la Administración Pública en un sentido puramente funcional, es decir, porque las actividades que realicen satisfacen las necesidades y servicios que un sector u organismo del Estado está llamado a otorgar a los ciudadanos, podemos incluir a una gran cantidad de agentes que en forma permanente o esporádica, pagados con fondos públicos o no y que además, no necesariamente se rigen directamente por la LOC de Bases de la Administración del Estado. La falta de probidad de agentes “funcionales” pero no “formales”, en algunos casos pudiera afectar la correcta prestación del servicio, pero no podría imputárseles necesariamente un incumplimiento a la Ley o pretender de ellos una responsabilidad mayor a la específica actividad comercial, laboral o incluso voluntaria que desempeña. Sin embargo, es una definición funcional de empleado público la que otorga el artículo 260 del Código Penal (CP), aplicable a todas las personas imputadas por delitos funcionarios del Título V del Libro II del CP, incluyendo el Cohecho. En su aplicación pueden darse un sin fin de situaciones donde se hace necesario 9 analizar los contratos que las personas jurídicas firman antes de desempeñar una función pública. Por otro lado, tampoco resultaría aplicable una definición meramente formalista de agente de la Administración Pública en el escenario actual, en el sentido de que solamente aquellas personas, jurídicas o naturales que forman parte de un escalafón funcionario dentro de la estructura de un organismo del Estado, nombradas con las formalidades y por la autoridad que señala la ley, ejercerían la función pública, ya que tampoco parece realista dadas las figuras actuales de participación del sector privado en la función pública como la tercerización, subcontratación, proyectos con fondos del Estado, concursos y licitaciones y otras ampliamente extendidas en el escenario actual. Por lo tanto, esta tesis analiza las reformas en el ámbito de la penalización de las personas jurídicas y pone acento en uno de los delitos por los cuales actualmente son sancionables las personas jurídicas en Chile, como es el Cohecho y cómo son sancionables las personas jurídicas que participen de dicho delito. Junto con esta problemática respecto a la real participación del sector privado como agentes de la función pública, existe otra, en relación a abordar el problema dogmático que debió enfrentar el legislador penal al hacer imputables por el delito de Cohecho y otros delitos a las personas jurídicas por virtud de la Ley 20.393. Hay ciertos temas que tienen relación con lo anterior, como por ejemplo, si las personas jurídicas deben o no resultar beneficiadas por la comisión del delito y 10 cómo deben cumplir con el deber de supervisión y administración como una de las condiciones de inimputabilidad. En el análisis son relevantes dos tratados internacionales anticorrupción ratificados por Chile. Resulta interesante reflexionar respecto al objetivo principal de dichos tratados, que es la lucha contra la corrupción, y cómo en Chile se ha modificado la legislación para dar cumplimiento a los tratados. Los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile que buscan combatir la corrupción y que dieron al legislador chileno un mandato para que modifique las normas referidas al delito de Cohecho y a la imputabilidad de las personas jurídicas, son principalmente dos: la Convención Interamericana de Derechos Humanos contra la corrupción de 1996 y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, cada uno de los cuales tiene su propia definición de función pública que coincide con la definición del CP chileno y señalan directrices y procedimientos que los países miembro deberían implementar para combatir la corrupción. Junto con la búsqueda de una coherencia legislativa para cumplir con el mandato de los tratados interacionales mencionados, en el ámbito de la Administración Pública en Chile desde hace años se presenta un esfuerzo por digitalizar los procedimientos y organismos estatales y también por transparentar la información pública. Dos importantes leyes que se relacionan con este esfuerzo son, por ejemplo, la Ley de Transparencia de 2008 y la nueva Ley del Lobby de 2014, que se analizarán también como anexos en esta tesis junto con la Ley 11 20.500 relacionada con la protección de la probidad y la participación ciudadana. También resultan importantes los actuales procesos de compra y licitaciones, así como el espacio que el particular sistema chileno da a los "proyectos con fondos del Estado”, lo que también pudiera tener importancia con la investigación del delito de Cohecho y con las personas jurídicas que participan de estos procesos. Por lo tanto, en el presente trabajo interesa el análisis del tipo Cohecho y legislación y reformas relacionadas con este delito, la reforma que hizo imputables a las personas jurídicas respecto de dicho delito, también el análisis del especial sistema de organización del Estado chileno, para lo cual me apoyaré en las páginas web oficiales de los diferentes organismos del Estado, además de la legislación y los tratados internacionales anticorrupción mencionados que han inspirado las reformas.

Tesis (magíster en derecho ambiental) / 06/03/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objetivo la realización de un análisis jurídico sobre la aplicación del delito contemplado en el artículo 38 de la Ley N° 17.288 sobre Monumentos Nacionales. Esta memoria pretende aportar a la discusión y escaso tratamiento dogmático con el que cuentan, hasta el día de hoy, los delitos relativos a la protección del medio ambiente y al patrimonio cultural. En concreto, se ahondará en los orígenes de la necesidad de legislar sobre la protección a los Monumentos Nacionales, la tramitación del proyecto de Ley N° 17.288, la tramitación del proyecto de Ley N° 20.021, los elementos de la tipicidad que contempla el delito del artículo 38 de la Ley N° 17.288, a saber, sujeto, objeto material y bien jurídico protegido, la conducta, las circunstancias típicas y el elemento subjetivo del tipo; problemas de antijuricidad, en relación con la legitima defensa, el estado de necesidad justificante y el ejercicio legítimo de un derecho; así mismo se analizará la culpabilidad y las formas especiales de comisión del delito, iter criminis, autoría y participación, concursos y la penalidad. Por último, se hará una breve mención a los proyectos de ley más relevantes que se encuentran actualmente en tramitación en el congreso y que pretenden influir, de distintas maneras, en el delito del artículo 38 de la Ley N° 17.288. La metodología utilizada en el presente trabajo será el método dogmático, propio de las ciencias jurídicas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Unidad de práctica para optar al título de Químico Farmacéutico / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / Antecedentes: La Ley de Fármacos es la modificación del código sanitario a los libros IV y VI, la cual se aprueba y entra en vigencia el 14 de febrero del 2014, dando un tiempo de marcha blanca de 6 meses para su implementación. Los temas que abarca esta reglamentación son amplios, por tanto, lo que se analizará en esta investigación será referente a sólo tres tópicos: publicidad, fraccionamiento y prescripción. Objetivo: Analizar la Ley de Fármacos y su impacto en la Industria Farmacéutica, con el fin de evaluar la forma de implementar dicha norma y/o proponer modificaciones para su mejor implementación. Desarrollo y Análisis: -No se puede realizar publicidad a medicamentos de venta bajo receta médica sólo a aquéllos de venta directa. -Se prohíben los incentivos de cualquier índole a dispensadores y prescriptores. -Al prescribir algún medicamento, éste debe llevar su nombre de fantasía e incluir el nombre genérico siempre y cuando cuente con bioequivalencia. -Se puede realizar fraccionamiento dentro de las farmacias para dar dosis justas de tratamiento, los envases deben asegurar la inviolabilidad del producto. Conclusiones y Recomendaciones: La implementación de la ley de fármacos está en proceso, llevando a la industria a una serie de cambios referente a los tres tópicos en estudio. Referente a publicidad la industria debe apuntar todo el foco ahora a la promoción respecto a productos bajo receta médica. El fin de la receta médica apunta a la intercambiabilidad, para que esto ocurra los profesionales deben estar informados para no entregar información errada a la población. Por último el fraccionamiento no es viable mientras no exista una norma técnica que establezca la forma y el cómo se desarrollará el proceso, ya que hoy en día las farmacias no están capacitadas para dicha labor (infraestructura, capacitación del personal)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Uno de los aspectos que se encuentran pendientes de desarrollo normativo en nuestra legislación, es aquel que dice relación con la creación de tribunales especializados en el conocimiento y solución de controversias entre particulares y la Administración, mediante la implementación de una jurisdicción contencioso-administrativa. Esta aspiración, postergada durante años, se ha concretado parcialmente, a propósito de ciertas materias, tal como acontece con la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos y Prestación de Servicios, que crea el Tribunal de Contratación Pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La Ley 17.336 incorporó, en su última modificación, un nuevo catálogo de excepciones. Destacan aquellas cuyo objeto es promover y legitimar la actividad de bibliotecas y archivos. En particular, la excepción del artículo 71 K se refiere a la posibilidad de apoyar el quehacer de las bibliotecas y archivos con las nuevas tecnologías de la información, permitiendo que el acceso a las obras aumente de forma significativa. El presente trabajo busca como conjugar estas excepciones con las últimas posibilidades que nos presenta la biblioteconomía, como la utilización de bibliotecas virtuales, de forma de convertirse en un medio capaz de potenciar y elevar el nivel de acceso de las obras que hasta ahora existe. Palabras clave: Bibliotecas, Bibliotecas Virtuales, Derecho de Autor, Excepciones al Derecho de Autor, Acceso a la Cultura, Modificaciones a la Ley 17.336

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)