Las masculinidades violentas no son subjetividades aisladas, están imbricadas en dinámicas de poder económicas, políticas, culturales y sociales, por lo tanto, es importante considerar las lógicas de poder que las producen. Esta investigación, de carácter cualitativo con enfoque etnográfico, explora la construcción de masculinidades violentas, a partir de las historias de vida de siete hombres que cometieron actos de violencia contra sus parejas y que acuden al Centro de Atención Institucional (CAI-Breña) para reeducarse. El análisis parte de la intersección de sus prácticas cotidianas y las lógicas socioeconómicas y de consumo cultural, específicamente el juego y la televisión, usando tres campos conceptuales: la masculinidad hegemónica, la violencia y el modelo ecológico de la violencia, el cual permite reconocer múltiples factores relacionales. Lo hallado pone el foco en que no son solo actos de violencia cometidos por sujetos, son actos de violencia cometidos, en primer lugar, por un sistema económico y social que precariza el trabajo, acorta el tiempo libre y produce sujetos individualistas. Esto se evidencia en una figura central, la del padre, sobre el cual pesa el “fantasma” del padre proveedor, que no comparte con la pareja la crianza integral de sus hijos y no propone proyectos colectivos. En segundo lugar, son sujetos expuestos, desde edades tempranas, a una industria del entretenimiento que sigue poniendo como objeto de deseo a la mujer y fomentando prácticas violentas y consumistas. Esta estructura violenta produce sujetos violentos que construyen vínculos de pareja y parentales hegemónicos y frágiles, lo cual manifiesta que estos hombres padecen el amor y a la vez lo necesitan.

El artículo 108-B del Código Penal tipifica el delito de feminicidio indicando que la persona “que mata a una mujer por su condición de tal” será reprimida con pena privativa de la libertad. La redacción de aquel artículo ha suscitado controversia respecto a cómo entender la configuración del tipo penal. Luego de que el Fiscal cierra la etapa preparatoria con la formulación de la acusación, emite un requerimiento al juez, el cual corre traslado a las partes para que cuestionen la acusación y después de diez días el juez cita a una audiencia en donde se efectuará, en primer lugar, un control formal de la acusación. De no necesitarse subsanación formal de la acusación, el juez realizará un control sustancial de la acusación. Es en el marco del control sustancial de la acusación en donde el juez evaluará los elementos fácticos (debate sobre los hechos), jurídicos (tipificación) y probatorios (admisibilidad) para determinar si dictará un auto de sobreseimiento o de enjuiciamiento. De la presente evaluación es que se desprenden las interrogantes frente a lo que debe probar el fiscal en su acusación para crear convicción en el juez y así emita un auto de enjuiciamiento en los casos referentes a la comisión del delito de feminicidio o en su grado de tentativa.

La relación de pareja es un tema que en las últimas décadas ha ganado especial interés dentro de las ciencias sociales, en general, y en la sociología, en particular, ya que se ha develado que en ella se reproducen las desigualdades de género presentes en nuestra sociedad. El actual trabajo explorará el aspecto de la relación que ha sido denominado como la dimensión emocional, e identificará si el grado de esfuerzo que el estudiante asume en este campo tiene alguna vinculación con sus roles de género. El caso elegido es el de las relaciones de pareja de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quienes se les realizó una encuesta virtual, y donde se empleó la técnica de la muestra autoseleccionada. Los resultados señalan que tanto los estudiantes hombres como mujeres se esfuerzan con similar intensidad en el aspecto de la dimensión emocional de sus relaciones de pareja, por lo que se plantea que las relaciones de los estudiantes de la PUCP no son emocionalmente desiguales; sin embargo, sí identificamos que los roles de género de los estudiantes tienen una influencia en aquellas. La conclusión del trabajo es que no se reproducen necesariamente las desigualdades de género de nuestra sociedad en el caso de las relaciones de pareja de los estudiantes de la PUCP

El presente artículo pretende abordar el hostigamiento sexual desde una perspectiva de género. De esta manera, se evidencia que el acoso sexual en el centro de labores es una manifestación de la violencia contra la mujer, lo cual resulta incompatible con el trabajo decente. En ese sentido, se analiza el marco normativo actual, a fin de verificar cuáles son las acciones de prevención que se plantean. Finalmente, se desarrollan puntos importantes en la búsqueda de un trabajo decente libre de acoso sexual, esto es una modificación normativa, desarrollo jurisprudencial y considerar el impacto en el desarrollo sostenible de la sociedad.

La presente tesis, desde el enfoque de la «criminología crítica feminista», identifica y analiza los imaginarios y las subjetividades que son (re)producidos, justificados y legitimados por el tipo penal de violación sexual regulado en el artículo 170 del Código Penal de 1991. La apuesta de este estudio es feminista, interseccional y decolonial. Así, tiene por finalidad visibilizar las limitaciones de la ley penal; cuestionar su efectividad para garantizar una «justicia de género – feminista-» y; evidenciar que, contrario a lo que se pretende, su utilización recrudece la situación de vulnerabilidad de las mujeres –especialmente, y de manera diferenciada, sobre aquellas cuyas vivencias se encuentran atravesadas por una serie de estructuras de opresión-. Por ello, la pregunta que guía este estudio es: ¿cómo la apuesta punitiva en torno al delito de violación sexual reproduce, legitima y refuerza estructuras, subjetividades e imaginarios que agravan la situación de vulnerabilidad de las mujeres en Perú? La hipótesis que se desarrolla en esta investigación es que es no es posible alcanzar una «justicia feminista» por medio de herramientas del poder punitivo que son per se excluyentes, racistas, coloniales, clasistas y patriarcales. Por el contrario, la utilización de estrategias punitivas refuerza las estructuras de opresión –cimentadas en el orden de género y el orden de raza- que (re)producen la violencia en primer lugar.

La presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis feminista e interseccional del modelo jurídico actual de la prostitución en el Perú. Para ello, exploramos el problema de la política criminal internacional y nacional en materia de prostitución empleando los estudios de género, la evidencia criminológica reciente y los métodos jurídicos feministas. Atendiendo a la tendencia normativa que sigue la legislación interna, la pregunta que orienta nuestra investigación es ¿Son las fórmulas criminales y/o prohibitivas legítimas y válidas para abordar la prostitución en el Perú? La hipótesis que planteamos es que este tipo de fórmulas no son compatibles con una perspectiva feminista e interseccional en la medida en que no contribuyen a la mejora de la experiencia de las mujeres que se dedican a la prostitución, además de no ser útiles para revertir los problemas estructurales que suscitan en torno al trabajo sexual. En esa medida, se requiere de una mejor comprensión del trabajo sexual, así como de un enfoque transformativo de derechos que permita construir una política sobre el trabajo sexual que realmente mejore las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales en nuestro país.

En el año 2019 me incorporé al Ministerio Público como Asistente del Sistema Fiscal, específicamente en la sede de la provincia de Huamalíes-Huánuco a cargo de delitos comunes. Dos años más tarde, es decir en el año 2021, fui rotada a la Fiscalía Provincial Penal de Amarilis-Huánuco, con competencia en delitos que comprende el artículo 122-B. Durante mi estancia allí, fui testigo de la frecuencia con la que se recibían denuncias de personas que, pese a contar a estar protegidas, pues contando con medidas de protección a su favor por haber sido víctimas de agresión antes, fueron agredidas nuevamente por la persona denunciada. En la mayoría de casos se trató de actos cometidos en contra de mujeres por su condición de tal o contra un integrante del grupo familiar. Cuando estos hechos eran evaluados por el Ministerio Público, percibí que no se tenía claro sobre cual tipo penal debía aplicarse, pues en principio la conducta denunciada aparentemente, calzaba dentro de dos delitos: el artículo 122°-B, numeral 6 que sanciona los actos de violencia contra la mujer con infracción de órdenes dictadas por un juez a favor de una agraviada y el artículo 368° del Código Penal, tercer párrafo que regula la desobediencia de las medidas de protección derivadas de un hechos que configuran violencia familiar. / Trabajo académico

La investigación busca ser un aporte informativo y referente en el sector minero nacional. Aporte informativo porque no solo sistematiza la principal información proveniente desde el Estado vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible #5 (en adelante ODS #5) en general y el sector minero nacional en particular; sino, también, de nuestro país vecino Chile. Y busca ser referente porque utiliza por primera vez, en las industrias extractivas del país, la herramienta encuesta para recabar información sobre la mujer a partir de ellas mismas. Además, a raíz de la sistematización realizada se comparte las páginas digitales y distinta información que podrá ser utilizada en nuevas y futuras investigaciones vinculadas al ODS #5; así también, en los anexos se comparte la matriz de la encuesta, la cual podrá ser utilizada como punto de partida para las nuevas investigaciones. Entre las diecisiete conclusiones en el trabajo, destacan cuatro: 1. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible generan la posibilidad de desarrollar nuevos temas vinculados con la industria minera nacional, 2. Existe la percepción que el sector minero es una industria masculinizada y se confirma cierta, 3. Promover la igualdad de la mujer es un requerimiento mundial y una necesidad nacional impostergable; y, 4. Más allá del compromiso estatal con la Agenda 2030, el ODS #5 es un derecho. / Research seeks to be an informative contribution and a reference in the national mining sector. It is an informative contribution because it not only systematizes the main information from the State related to the Sustainable Development Goal #5 (hereinafter SDG #5) in general, and to the national mining sector in particular, but also from our neighboring country Chile. On the other hand, it seeks to be a reference because, for the first time, it uses the survey tool in the extractive industries of the country to collect information about women from the women themselves. In addition, following the systematization carried out, the websites and different information that may be used in new and future research linked to SDG #5 are shared; also, the survey matrix which may be used as a starting point for new research is shared in the appendices. Among the seventeen conclusions drawn in the work, four stand out: 1. The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals generate the possibility of developing new topics linked to the national mining industry, 2. There is a perception that the mining sector is a masculinized industry and this is confirmed to be true, 3. Promoting women's equality is a global requirement and a national necessity that cannot be postponed; and 4. Beyond the state commitment to the 2030 Agenda, the SDG #5 is a right.

El objetivo del presente estudio fue explorar el modo en el que las jugadoras vivencian los diferentes tipos de violencia contra ellas en videojuegos MOBA online y explorar las creencias en torno a esas vivencias. Para ello, se elaboró un estudio cualitativo con un diseño de análisis temático, en el cual participaron nueves jugadoras peruanas, cuyas edades oscilan entre 18 a 25 años. Como técnica de recolección de información, se utilizó la entrevista semiestructurada. Los resultados mostraron que las jugadoras han experimentado violencia psicológica, acoso sexual, violencia estructural y violencia simbólica en los videojuegos MOBA que suelen jugar. Ante ello, las jugadoras han desarrollado una serie de estrategias para hacerle frente a estas violencias. No obstante, algunas de estas manifestaciones de violencia se encuentran normalizadas a través de las creencias que ellas poseen en torno a estas experiencias. Las jugadoras reconocen que mucha de esta normalización se debe al contexto machista en el que se encuentran insertas. Por último, las participantes reconocen aspectos positivos en su experiencia jugando como el apoyo entre jugadoras y la creación de un espacio de sanación a través de sus testimonios. / The goal of this study was to explore the way in which female gamers experience different types of violence against them in online MOBA video games and their beliefs about these experiences. For this purpose, a qualitative study was conducted with a thematic analysis design, in which nine Peruvian female gamers between the ages of 18 and 25 participated. A semi-structured interview was used as the data collection technique. Results showed that female gamers have experienced psychological violence, sexual harassment, structural violence, and symbolic violence in the MOBA video games they usually play. In response, female gamers develop a series of strategies to confront these forms of violence. However, some of these manifestations of violence are normalized through the beliefs they hold about these experiences. Female players recognize that much of this normalization is due to the sexist context in which they are inserted. Finally, participants recognize positive aspects of their experience playing, such as the support among female players and the creation of a space for healing through their testimonies.

El presente trabajo centra su análisis en el Caso Hermanas Cieza y la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (Exp.00853-2015-PA/TC). A partir de ello, se abordan los problemas de forma y, en mayor medida, los de fondo, donde se concentra la complejidad del caso. Los derechos cuestionados en el caso son igualdad y educación. Respecto al primero, se afirma que el Tribunal no debió aplicar el test de igualdad, pues, con respecto a la demandada UGEL-Utcubamba, se trata de un caso de discriminación por indiferenciación, así como indirecta. Asimismo, el déficit de accesibilidad y disponibilidad del servicio educativo rural identificado en la sentencia se debió explicar a partir de un análisis sobre discriminación interseccional y estructural. Por tanto, la UGEL-Utcubamba vulneró el derecho a la igualdad de las recurrentes. En consecuencia, el Tribunal debió evaluar en el fondo este principio-derecho. Respecto a la educación, la UGEL-Utcubamba vulneró este porque su rechazo a la solicitud de las demandantes de reconocer sus matrículas en un CEBR, en lugar de un CEBA, impidió su acceso al servicio educativo. Además, el caso da cuenta de que las instituciones estatales no han cumplido con asegurar las condiciones mínimas del servicio educativo rural. Finalmente, en el trabajo se afirma que la declaración del ECI por parte del Tribunal fue correcta, porque se cumplieron los requisitos para su dictado y porque sirve como una medida de reconocimiento. / This paper focuses its analysis on the Cieza Sisters Case and the judgment issued by the Constitutional Court (Exp.00853-2015-PA/TC). From this, it addresses the problems of form and, to a greater extent, those of substance, where the complexity of the case is concentrated. The rights challenged in the case are equality and education. Regarding the former, it is argued that the Court should not have applied the equality test, since, with respect to the defendant UGEL-Utcubamba, it is a case of discrimination by indifference, as well as indirect discrimination. Likewise, the deficit of accessibility and availability of the rural educational service identified in the judgment should have been explained on the basis of an analysis of intersectional and structural discrimination. Therefore, the UGEL-Utcubamba violated the appellants' right to equality. Consequently, the Court should have evaluated this principle-right on the merits. With respect to education, the UGEL-Utcubamba violated this right because its rejection of the plaintiffs' request to recognize their enrollment in a CEBR, instead of a CEBA, prevented their access to educational services. In addition, the case shows that state institutions have failed to ensure the minimum conditions for rural educational services. Finally, the paper affirms that the Court's declaration of the ECI was correct, because the requirements for its issuance were met and because it serves as a measure of recognition.