Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En todos los sistemas en que se encuentra consagrada la institución del abono de las medidas cautelares personales a la pena, ésta apela a la reducción de la extensión de una pena impuesta cuando el condenado ya ha sido afectado por providencias cautelares que han limitado o restringido los mismos bienes jurídicos que serán limitados o restringidos como consecuencia del castigo penal. Siendo indiscutible que tal reducción debe tener por fundamento, al menos, la existencia de medidas adoptadas en el mismo proceso en que se impone la respectiva pena, se ha defendido la operatividad del “abono en causa diversa”, vale decir, del cómputo procedente en virtud de privaciones de libertad decretadas en procesos diversos de aquel en que se impone la pena susceptible de reducción en su extensión. La presente tesis pretende abordar la figura del abono en causa diversa, con el fin de determinar si es procedente su operatividad en el ordenamiento nacional, limitando nuestro análisis al abono sobre penas, amén de temporales y divisibles, privativas de libertad. Para lograr tal objetivo, junto con un tratamiento general de la institución del abono, abordaremos la recepción del abono en causa diversa en la jurisprudencia y doctrina nacional y en algunas legislaciones extranjeras, representativas de las principales tendencias existentes a su respecto. Se concluye que dicho abono sí es procedente en nuestro derecho, a la luz de la interpretación extensiva del artículo 26 del Código Penal. Este precepto, al tener incidencia en la vigencia de un derecho fundamental como es la libertad personal, debe interpretarse de un modo acorde a su mayor extensión y vigencia, como lo exige el respeto por la dignidad humana. Es esta interpretación extensiva la que permite incluir en el cómputo toda aprehensión cautelar padecida previamente por el sujeto, independientemente del proceso en que ha sido decretada.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La tesis aborda la eficacia de la medidas cautelares y accesorias aplicadas en contexto de violencia intrafamiliar, en particular respecto de la violencia contra la mujer. El tema es actual y de particular relevancia en estos días en que se visibiliza cada vez más un conflicto que permanecía subyacente en las estructuras sociales y normativas. Ahora, las demandas sociales exigen un régimen más estricto y eficiente que brinde una real protección a la mujer. En este orden de ideas es que los mecanismos de protección que ofrezca el sistema deben ser suficientes. No sirve la medida cautelar o accesoria que llega tarde o que simplemente no se materializa. En primer lugar, y para efectos de contextualizar la problemática, se expondrá el marco criminológico y normativo en que tiene lugar. Posterior a ello se analizará la idoneidad y fundamento de las medidas cautelares y accesorias en particular. Finalmente se atenderá al cumplimiento e incumplimiento de las medidas, los problemas procesales existentes al respecto, así como también las nefastas consecuencias ante el incumplimiento de las mismas.

Tal y como sigue vigente en la Reforma del Código Procesal Civil, nuestros jueces aún deben aplicar el iura novit curia, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero deben saber cómo y cuándo aplicarlo. En efecto, la aplicación del iura novit curia se debe adecuar a tres límites que propongo: (i) iniciativa de parte; (ii) congruencia procesal; y, (iii) contradictorio. De ese modo, la decisión final no afectará ningún derecho de las partes. Asimismo, la práctica judicial advierte que los jueces se decantan por aplicarlo en la sentencia, en la calificación de la demanda y en la fijación de puntos controvertidos. Lo ideal es que nuestros jueces lo aplique, correctamente, en la fijación de puntos controvertidos, pues, en esta etapa del proceso, los jueces ya conocerán claramente de qué trata el caso y, por ende, las partes obtendrían una decisión final que resuelva el mérito de la controversia y, a la vez, que no trasgreda ninguno de sus derechos

La presente tesis consiste en la delimitación de los presupuestos procesales que habilitan a la configuración de las medidas cautelares previas, conforme al artículo 56° del Código Tributario, desde lo establecido en dicha norma, así como a partir de los principios del derecho administrativo y civil, entendiendo a dicho instrumento como una herramienta de la teoría general del derecho que manifiesta la facultad de aseguramiento otorgada a la Administración Tributaria por parte del legislador, esto es, de la autotutela de la cobranza de la deuda tributaria; por lo que resulta necesario establecer los límites en la aplicación de la citada medida dentro del respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes, en especial del derecho de defensa y al debido procedimiento. De este modo, la presente investigación tiene como objetivo principal establecer la naturaleza del instituto procesal “medidas cautelares previas” y la finalidad para la que ha sido establecida, con la intención de determinar cuáles son los presupuestos procesales que configuran su aplicación. A tal efecto, se detalla la forma en que la SUNAT, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial vienen entendiendo de dicha medida, al tratarse de los entes que aplican la citada medida y quienes velan por el correcto cumplimiento de lo establecido en las normas tributarias. De dicho análisis se detecta la existencia de problemas en cuanto a la correcta verificación de los presupuestos procesales de medidas cautelares previas, en sede administrativa, así como la dificultad de solucionar el problema generado en sede judicial, por lo que se plantean una serie de medidas legislativas y reglamentarias para su solución. / Trabajo de investigación

En el Perú, la anticipación de tutela cautelar efectiva en los procesos de familia, sobre todo en los de alimentos por constituir uno de los elementos básicos de subsistencia de la persona humana, la legislación nacional siempre ha visto la importancia de acudir a los menores de edad con una asignación anticipada de oficio, pero sin embargo también nos olvidamos de las personas mayores de edad sin recursos económicos, así como de las otras instituciones familiares que bien también se deben otorgar de oficio. En el presente artículo se va analizar la problemática actual de la anticipación de la tutela cautelar efectiva en los procesos de familia, teniendo en cuenta que no solo puede otorgarse de oficio la asignación anticipada de alimentos únicamente a los menores, sino que también a las personas mayores de edad en estado de vulneración, así como en las otras instituciones jurídicas como, la patria potestad y tutela. Teniendo en consideración los puntos precedente, el objetivo del presente artículo es demostrar que la anticipación de tutela cautelar efectiva, no solo debe otorgarse de oficio para este único sector que son los niños, sino que también debe de abarcar para los padres, cónyuges incluso para los hermanos, puesto que quien lo pretende dicho otorgamiento es por la necesidad en que se encuentra en ese momento; asimismo, los órganos jurisdiccionales deben actuar de oficio otorgando la tutela cautelar, como en el caso de la tenencia pese a que la norma lo prohíbe porque tiene que cumplir con una serie de diligencias, sin embargo son dilatorias que muy bien podrían efectuarse posterior a la medida cautelar otorgada de oficio, por cuanto urge esa necesidad del hijo o hija de estar con el padre o la madre a quien más confianza, cariño y amor le tiene, y no frustrar el desarrollo del menor, ante procesos latos.

El presente trabajo busca dar a conocer la existencia de una corriente que actualmente viene influenciando en gran medida al desarrollo del derecho procesal constitucional en el Perú: el constitucionalismo “pro demandante”, el cual ha venido siendo utilizado jurisprudencialmente para quebrar diversos conceptos de la teoría general del proceso. Primero, se realizará un análisis histórico para verificar cómo es que este fenómeno fue evolucionando a partir de la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales hasta llegar al Código Procesal Constitucional de 2021. Sucesivamente, la investigación se concentrará en las medidas cautelares del proceso constitucional peruano, pues estas representan en gran medida al constitucionalismo “pro demandante”, y se explicará por qué su regulación es inconstitucional. Finalmente, se dará respuesta a los argumentos de quienes defienden la regulación de estas medidas cautelares bajo la idea de la especial naturaleza del derecho procesal constitucional

La presente investigación es un breve análisis sobre la aplicación del artículo 97° del código penal en el marco de un proceso cautelar seguido dentro de la Resolución N° 1, del Expediente N° 00243 -2017-88-5001-JR-PE-01. Al respecto el citado dispositivo normativo ofrece una interesante aproximación al derecho a la reparación y la efectividad de las resoluciones judiciales, ofreciendo una aplicación similar a la acción pauliana del código civil. En dicho contexto esta investigación aborda la relación del derecho a la reparación, la presunción de inocencia, estándares probatorios y el derecho de motivación de las resoluciones judiciales. En dicho sentido, a través del análisis de la Resolución N° 1 se ha pretendido pretendemos aportar de alguna manera al adecuado entendimiento de las pretensiones civiles en sede penal, su correcta aplicación dentro de la tutela cautelar y como el derecho de inocencia requiere que se superen ciertos estándares probatorios mínimos con el objeto de no dejar en estado de indefensión a los particulares, o hacerlos soportar cargas que resulten arbitrarias / This investigation is a brief analysis of the application of Article 97 of the penal code in the framework of a precautionary process followed within Resolution No. 1, of File No. 00243 -2017-88-5001-JR-PE-01. In this regard, the aforementioned normative device offers an interesting approach to the right to reparation and the effectiveness of judicial decisions, offering a similar application to the Paulian action of the civil code. In this context, this research addresses the relationship of the right to reparation, the presumption of innocence, evidentiary standards and the right to motivate judicial decisions. In this sense, through the analysis of Resolution No. 1 it has been intended that we intend to contribute in some way to the proper understanding of civil claims in criminal courts, their correct application within the precautionary protection and how the right of innocence requires that it be exceed certain minimum evidentiary standards in order not to leave individuals defenseless, or make them bear arbitrary burdens

Submitted by Filipe dos Santos (fsantos@pucsp.br) on 2017-02-22T11:43:08Z No. of bitstreams: 1 Fernando Bertolotti Brito da Cunha.pdf: 773732 bytes, checksum: 1c6dbf87cbe7024460b54243e625f5e0 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-22T11:43:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernando Bertolotti Brito da Cunha.pdf: 773732 bytes, checksum: 1c6dbf87cbe7024460b54243e625f5e0 (MD5) Previous issue date: 2017-02-17 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / In this work, we intend to present the outlines of the new paradigm of the Brazilian criminal process that emerged after the advent of the Federal Constitution of 1988, and the main characteristics and theoretical references of what we will call constitutional criminal procedure. In this context, we will try to rethink the idea of efficiency in criminal proceedings taking into account, in particular, the studies conducted by the Law and Economics School. Lastly, we will present the precautionary criminal proceeding as a possible route to an efficient constitutional criminal procedure / No presente trabalho, pretendemos apresentar os contornos do novo paradigma do processo penal brasileiro surgido a partir do advento da Constituição Federal de 1988 e as principais características e referenciais teóricos daquilo que chamaremos de processo penal constitucional. Nesse contexto, trataremos de repensar a ideia de eficiência no âmbito do processo penal, levando em conta, especialmente, os estudos conduzidos pela escola da Law and Economics. Por fim, apresentaremos o processo penal cautelar como possível caminho para o processo penal constitucional eficiente

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:22:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cristiane Goulart Cherem.pdf: 643822 bytes, checksum: 434ea2c769e6c1d7df15697961e73d14 (MD5) Previous issue date: 2013-10-21 / The present work aims to analyze the law 12.403/11, especially in view of the personal protective measures, others than prison, that became part of the criminal justice system. To achieve this purpose, was used the deductive methodology and technical literature, employing books, doctrines, scientific articles in journals, case law and legislation that involves knowledge and the subject's development. The study of the proposed topic is justified to the extent that the said law changes the paradigm of criminal procedure which focused primarily on the precautionary arrest and provisional freedom, with or without bail, setting several measures of none-jail which, if implemented effectively, tend to vent the Brazilian prison system, as well better suit the Criminal Procedure Code to the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil. The precaution in criminal proceedings remains invigorated with legislative innovation, which also identifies the importance of the topic. Through the studies, it is seek to establish an overview about the possibility of efficiency of criminal procedure being adopted in the new precautionary measures. During the survey, it was found that, in general, the new law provides criminal procedural mechanisms compatible with a constitutional criminal procedure, allowing the realization of a just outcome. On the other hand, evince the need to implement the new law by the judiciary operators, otherwise, like so many other pieces of legislation become forgotten, providing a gap between theory and practice, losing great opportunity to perform a prosecution with proportionality / O presente trabalho tem como objetivo analisar a Lei 12.403/11, especialmente em vista das medidas cautelares pessoais diversas da prisão que passaram a integrar o sistema processual penal. Para a consecução de tal finalidade, utilizou-se o procedimento metodológico dedutivo e a técnica de pesquisa bibliográfica, com emprego de livros, doutrinas, artigos científicos de revistas especializadas, jurisprudências e a legislação que envolve o conhecimento e o desenvolvimento do assunto. O estudo do tema proposto justifica-se na medida em que a referida Lei altera o paradigma processual penal que se concentrava basicamente na prisão cautelar e na liberdade provisória, com ou sem fiança, estabelecendo várias providências descarcerizadoras, as quais, se efetivamente aplicadas, tendem a desafogar o sistema carcerário brasileiro, bem como melhor adequar o Código de Processo Penal à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A cautelaridade no processo penal resta revigorada com a inovação legislativa, o que também identifica a relevância do tema. Por meio dos estudos realizados, busca-se estabelecer um panorama quanto à possibilidade de eficiência do processo penal, em sendo adotadas as novas medidas cautelares. Durante a verificação, detectou-se que, de modo geral, a nova Lei oferece mecanismos processuais penais compatíveis com um processo penal constitucional, propiciando a efetivação de um resultado justo. De outro lado, registra-se a necessidade de aplicação da nova Lei pelos operadores do Direito, sob pena de, como tantos outros textos legislativos, tornar-se esquecida, propiciando um abismo entre a teoria e a prática, perdendo-se grande oportunidade de realizar-se o processo penal com proporcionalidade

Made available in DSpace on 2016-04-26T20:22:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Guilherme Pereira Gonzalez Ruiz Martins.pdf: 1696028 bytes, checksum: 0eb63fa55c0752422075a1994a4abdcd (MD5) Previous issue date: 2013-10-23 / This dissertation intends to help the understanding of the Law of Money Laundering under an innovative approach, treating the context of a democratic state founded on the dignity of the human person and the influence of the criminal policy of emergency in the legislative process, which ultimately help to create with eminently repressive laws, drawing upon the misrepresentation of criminal procedural instruments to achieve the purposes of criminal prosecution, perpetrating a maneuver within the limits of the law to punish the state. The Money Laundering Act, from the standpoint of international treaties and conventions that Brazil is committed to meeting reaches the constriction and its confiscation of property as a means of containment of organized crime, however, imposed the most authoritarian procedural schemes among existing in the Brazilian law, allowing the constriction of goods through to transform the preservative measures in an early and objectively punishment to the accused of money laundering. The law allows the State to remain in possession of the goods of the accused, independently of the stoppage of business activities and the consequent bankruptcy, just to facilitate the forfeiture of assets. Engenders the accused in true Kafkaesque process, where shall prevail the imbalance of the procedure in favor of the State, removing of the accused their Fundamental Rights and Guarantees. In this model, we revealed a critical analysis of the preservative measures in the Money Laundering Law, emphasizing some discrepancies capable of unconstitutionality of the current system, inconsistent with the Federal Constitution, concluding appeal for criminalization and prosecution of organized criminal activity, however, respecting the law and the Federal Constitution / A presente dissertação busca auxiliar a compreensão da Lei de Lavagem de Capitais sob um enfoque inovador, tratando o contexto do Estado Democrático de Direito pautado na dignidade da pessoa humana e a influência da política criminal da emergência no processo legislativo, que acaba por auxiliar a criação de leis com caráter eminentemente repressivo, valendo-se da deturpação de instrumentos processuais penais para atingir os fins de repressão criminal, perpetrando uma manobra nos limites ao Direito de punir do Estado. A Lei de Lavagem de Capitais, sob o enfoque dos tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir, atinge a constrição dos bens e seu confisco como meio de contenção da criminalidade organizada, contudo, impôs um dos regimes processuais mais autoritários dentre os existentes na Legislação brasileira, permitindo que a constrição dos bens por intermédio das medidas assecuratórias convole em imposição de punição de maneira objetiva e antecipada ao acusado de lavagem de capitais. Permite a lei que o Estado permaneça na posse dos bens do acusado, independentemente da paralisação de atividades comerciais e a consequente falência, visando facilitar o perdimento dos bens. Engendra o Acusado em verdadeiro processo kafkiano, onde prevalece o desequilíbrio da relação processual em prol do Estado, retirando do acusado seus principais Direitos e Garantias Fundamentais. Nesse modelo, desvelamos uma análise crítica das medidas assecuratórias na Lei de Lavagem de Capitais, pontuando algumas discrepâncias passíveis de declaração de inconstitucionalidade do sistema atual, desconforme com a Constituição Federal, concluindo pela necessidade criminalização e da repressão penal da atividade criminosa organizada, porém, respeitando a Lei e a Constituição Federal