La presente Tesis para optar el grado de Magíster en Derecho está referida al estudio del Título Preliminar del Código Penal de 1991 y cada uno de sus principios y garantías, que estatuye límites concretos al poder de sanción del Estado, como respuesta legislativa incardinada en el programa de Derecho penal material establecido en la Ley Fundamental. La misma que consagra una legislación penal en el marco de un Estado social y democrático de Derecho, consiguiendo la creación de un Derecho penal de hombres y para hombres, a través del establecimiento de principios y garantías, evitando, por el contrario, que el Leviatán al momento de realizar la labor de criminalización instrumentalice y aplaste al ser humano. La “Filosofía de la Ilustración” surgida durante el Siglo de las Luces, sin desconocer sus precedentes históricos, y, en particular, el “Derecho penal liberal” conllevaron al reconocimiento jurídico de la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado y, en ese sentido, a la fijación de límites a la potestad de sanción. En gran parte, gracias al pensamiento de juristas como BECCARIA, BENTHAM y LEIBNIZ, el Derecho penal dejó de ser un instrumento basado únicamente en el castigo y la marginación al delincuente, visto como portador del “congénito” mal del delito y, en lugar de ello, se fue reestructurando asimismo como un instrumento legítimo de protección al individuo, a la sociedad y a las estructuras esenciales para su supervivencia. Lo que se traduce en la consagración de los denominados principios limitadores del ius puniendi.

Con docto acierto decía García Rada (en una definición que no pierde actualidad), que si el individuo quebranta la ley penal, el Estado tiene la obligación de sancionarlo debidamente (constituyendo ello una relación Estado-persona), siendo que el medio legal para la aplicación de la ley penal, está contenido en el Derecho Procesal Penal, que tiene como finalidad establecer la existencia del delito y la persona de su autor como el agente que realmente cometió el delito (1984, p. 9). Pero la realidad actual demuestra una creciente sensación de impunidad que ha penetrado hondamente la conducta social, y la violencia en gran medida es fruto de la impunidad y a ella se aúna y contribuye la inexistencia de un sistema judicial razonable. La crisis del sistema procesal penal en nuestro país no es un fenómeno nuevo, ni puede atribuirse exclusivamente a la crisis o a la inadecuación de un sistema procesal como el mixto. Esta crisis es mucho más compleja y el mantenimiento de un proceso penal obsoleto sólo ha contribuido a agravarlo. Es esta la realidad actual, en la que se enfrenta un proceso de reforma procesal penal, apreciada por algunos y duramente criticada por otros. De esta manera, las disfunciones que presenta el sistema procesal penal peruano, ha obligado al legislador a optar por otros mecanismos más expeditivos y viables, para amenguar la imposibilidad material de que todas las causas criminales que ingresan al sistema procesal, penal puedan ser objeto de aceptables y garantistas procesos comunes lineales. Surge así, en el contexto de una pretendida reforma procesal penal integral, la legitimación de ciertos “mecanismos procesales simplificadores”, orientados a la búsqueda de soluciones anticipadas de naturaleza consensuada. Al efecto, manifiesta Brousset Salas, sea que se trate de institutos procesales insertables o insertados en el proceso común (como la confesión sincera o la conformidad introducida por la Ley 28122, bajo la denominada “conclusión anticipada del juzgamiento”), o de procesos especiales alternativos a este (como el proceso de terminación anticipada, el proceso inmediato o el proceso por colaboración eficaz), las fórmulas de simplificación procesal, concebidas modernamente, no son otra cosa que mecanismos basados en criterios de especialidad, necesidad y razonabilidad, que propenden a la eficacia y celeridad del procesamiento penal, dentro del marco de un debido proceso, que sin vulnerar los derechos procesales del imputado, se orienta a la búsqueda de una solución consensuada, donde las partes legitimadas (entiéndase el fiscal, el procesado y su abogado defensor) convengan dentro de ciertos límites, no solo la extensión de la pena a imponerse, sino eventualmente también, los términos fácticos y jurídico penales de la condena (2009, p. 82). Pero el problema radica en que si esta forma de justicia transaccional y expeditiva, podría estar debilitando la seguridad jurídica y la legalidad del proceso penal, al casi obligarse al imputado, sujeto a medida de detención o en su caso formalizado contra él la investigación preparatoria conforme a los artículos 468 y 336 del C.P.P., a aceptar no sólo su culpabilidad sino la pena y la reparación civil, so pretexto de una “benignidad” en la pena a aplicarse. Al efecto, se ocupa del estudio de los fundamentos, legitimación y problemas, que pueda presentar en su inserción al sistema procesal penal peruano la terminación anticipada. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Analiza el artículo 23 del Código penal de 1991, que recoge de forma expresa, la figura de los que realizan el hecho conjuntamente que se identifica tanto por la doctrina como por la jurisprudencia con la tradicional "coautoría". El derecho penal al reconocer la coautoría está extrayendo la consecuencia lógica de que sea posible la división de trabajo. La coautoría concurre cuando, según el plan de los intervinientes, se distribuyen las aportaciones necesarias para la ejecución, sean en todos los estadios del delito, sean entre los distintos estadios, de manera que también personas no participantes en la ejecución codeterminan la configuración de esta, o el que se lleve a cabo o no a cabo. El dominio material del hecho, e incluso el formal, están distribuidos, el resultado es un hecho de varios intervinientes, que son plenamente responsables de la obra total en concepto de autores, siempre y cuando ostenten las cualificaciones de autor específicas del delito. Como el legislador ha preferido evitar una delimitación un poco más precisa de esta figura, caracterizándola únicamente por la concurrencia de una pluralidad de sujetos que realizan el hecho de forma conjunta, sin especificar en qué debe consistir formal o materialmente la intervención de cada uno de ellos, permite realizar una labor de interpretación por parte del operador jurídico. Existen diferentes interpretaciones sobre el concepto de autor entre las defendidas por la doctrina. Se demuestra en la investigación que el criterio delimitador entre la coautoría y otros supuestos distintos de intervención plurisubjetiva en el delito, como serían la autoría accesoria o supuestos de autoría y participación, no puede hacerse depender en ningún caso de elementos exclusivamente de carácter subjetivo, a riesgo de volver a conceptos subjetivos de autoría ya abandonados y el menoscabo a la seguridad jurídica que conllevan. Y, sin embargo, el elemento que en mayor medida parece otorgar entidad propia a la coautoría, el que parece caracterizarla más claramente, es la existencia de un acuerdo de voluntades entre los coautores. Por ello creemos que la problemática del acuerdo como elemento subjetivo de la coautoría no puede explicarse sino dentro de la "teoría de la imputación objetiva del comportamiento", conectada a través del principio de "prohibición de regreso", ya que la teoría del dominio del hecho, no es de gran utilidad en la jurisprudencia para resolver problemas en el orden de autoría y participación y tiende a complicar las decisiones judiciales con apoyo de esta teoría. El problema de delimitación de la tipicidad en los casos de coautoría debe realizarse a través de una labor de interpretación, por parte del operador jurídico, a efectos de no excederse en subsumir las conductas con criterios subjetivos en el ámbito de la participación delictiva. Se tiene que en la coautoría y debido a su peculiar estructura, el coautor debe, en principio, realizar menos de lo que realiza el autor individual en relación con la responsabilidad que finalmente le va a corresponder; en otro caso, la regulación expresa de la coautoría carecería de sentido, pues en todos los supuestos de coautoría podría ser directamente aplicable la autoría inmediata individual. Luego de haber demostrado lo importante que resulta regular en la coautoría la exclusión de conductas neutrales o estereotipadas, recomiendo su incorporación de estas en un segundo párrafo del art. 23° de nuestro CP, con la finalidad de salvaguardar la seguridad jurídica frente a pronunciamientos judiciales incorrectos, sustentados en apreciaciones subjetivas y erróneas y en interpretaciones teórico-dogmáticas en las formas de intervención en el delito. En tal sentido, la regulación total de la coautoría debería ser la siguiente: CAPITULO IV-(código penal-1991)-AUTORÍA Y PARTICIPACIÓNAutoría, autoría mediata y coautoría. Artículo 23°.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción. / Agregar al art-23 del CP-un segundo párrafo: “Se excluye la imputación objetiva del hecho cuando la participación se limite a una conducta neutral o estereotipada carente de sentido delictivo”. / Tesis

El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la forma en que la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz vulnera el derecho de defensa del coimputado sindicado. El estudio se realizó en función a la legislación nacional, esto es, conforme al Nuevo Código Procesal Penal y a las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1301, que dota de eficacia al proceso por colaboración eficaz, en concordancia con el Decreto Supremo N° 007-2017-JUS, que aprueba su reglamento. Además, se examinó la doctrina nacional y extranjera, que tratan sobre el referido proceso y la importancia del derecho defensa que le asiste al imputado en el proceso penal. Los resultados más relevantes que se obtuvieron con el estudio fueron, en primer lugar, que el proceso por colaboración eficaz lleva a cabo actos de investigación en contra de una persona sin que esta tenga la posibilidad de conocer ni intervenir en ellos; en segundo lugar, que el derecho de defensa es la garantía procesal por excelencia para asegurar el debido proceso y; finalmente, que existen serios cuestionamientos a la constitucionalidad del proceso por colaboración eficaz. Como conclusiones, se advierte que, producto de la reserva de los actos de investigación recabados en la fase de corroboración del proceso por colaboración eficaz, se vulnera flagrantemente el derecho de defensa del coimputado sindicado, al no permitirle tener conocimiento ni participar en los mismos a fin de que pueda oportunamente contradecirlos, como normalmente sucede en el proceso penal común. / Tesis

El objeto del presente trabajo de investigación es emitir una propuesta de distinta de sistema penal integral, la cual considere que tanto la dogmática sustantiva como el proceso penal, al encontrarse dentro del mismo nivel, han de responder necesariamente a la función asignada al sistema que los engloba. Son los principios y reglas contenidos en el sistema penal quienes finalmente determinarán la función de los subsistemas derivados. Es preciso advertir que el estudio de la función del sistema penal tradicionalmente ha venido siendo abarcado por la dogmática sustantiva en las primeras enseñanzas de la parte general, aunque -como demostraremos- no es propiamente una parte exclusiva de la dogmática sustantiva. Todo lo contrario forma parte de una nueva categoría de estudio: el estudio autorreferencial del sistema penal. Asimismo, el referido sistema no se fundamenta en sí mismo, sino que presupone una fundamentación derivada de la norma básica de nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución Política del Esta o, pues no se debe perder de vista que a su vez el sistema penal es un subsistema más del ordenamiento jurídico en general. Por ello, son los postulados que se encuentran en la Ley fundamental quienes le van a dar legitimidad y/o validez tanto al sistema penal como a las instituciones que lo conforman, razón por la cual es preciso partir de ellos para definir los contornos del sistema a estudiar. / Tesis

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise da jurisdição penal brasileira, a partir de referenciais extraídos da obra de Michel Foucault. Para cumprir tal intento, preocupa-se incialmente com as discussões existentes no âmbito jurídico a respeito do próprio conceito de jurisdição, sem deixar de estabelecer uma crítica às visões que abordam o tema a partir da Teoria Geral do Direito Processual e, consequentemente, a partir de uma posição privatista. Aliás, essas críticas tornam evidente a necessidade de estabelecer uma nova definição que seja capaz de traduzir de maneira mais adequada o atuar da jurisdição na esfera penal. Não por outro motivo, resolve-se ir além do olhar estrito da dogmática jurídica para buscar elementos aptos a engendrar um conceito que imprima um novo sentido ao poder jurisdicional. Neste momento, são utilizados os escritos do filósofo Michel Foucault sobre o poder para explicar como atualmente a jurisdição se concretiza por meio de práticas normalizadoras, que não têm outro intuito senão vigiar, controlar, separar, classificar e governar os corpos de acordo com certos princípios e procedimentos que se constituem como hegemônicos numa dada sociedade. Demonstra-se, inclusive, como os atuais mecanismos processuais brasileiros efetivam essas práticas, sem deixar de dar o devido destaque as inovadoras formas de justiça consensual. Por fim, o que se propõe é um novo conceito de jurisdição penal que leva em consideração a necessidade de um constante questionamento das práticas que a concretizam, bem como de sua transformação em práticas que não normalizam ou se deixam normalizar.

Made available in DSpace on 2014-09-19T02:01:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000461387-Texto+Parcial-0.pdf: 520983 bytes, checksum: fac4b3aee812f6e0bbda4da3b8df24d1 (MD5) Previous issue date: 2014 / Esta investigación tiene como objetivo analizar la forma en la que debe construirse, sistematizarse y definirse el concepto de dolo y dolo eventual en el derecho penal, en especial, para distinguirlo de la imprudencia (consciente), cuestión que genera controversia entre los estudiosos. Se observó en el análisis del debate actual sobre el concepto de dolo, la existencia de dos tendencias para la solución de los problemas que este concepto genera. La primera, que es marcadamente de acentuacción material, trata de resolverlos mediante la identificación del concepto de dolo con ciertos datos empíricos, físicos o psíquicos, que sirven también para nombrar las diferentes teorías desarrolladas (teoría de la voluntad, representación, consentimiento, probabilidad, etc). La segunda tendencia, que es notablemente de acentuación procesal, intenta establecer los criterios para la resolución del problema de la prueba de los estados mentales relevantes al concepto de intención en el proceso penal. Esta tendencia se divide en dos líneas metodológicas: una que funciona a partir de reglas de atribuición y otras a partir de reglas de constatación empírica.El análisis de la actual discusión sobre el concepto de dolo concluyó que, dada la dificultad de resolver los casos-límites de dolo mediante la absolutización de un solo dato empírico, la propuesta de construcción de un concepto normativo de dolo parece ser prometedor porque ofrece desde razones metaconceptuales la oportunidad de edicción de parámetros de selección y valoración de los datos empíricos sin identificarse con los mismos o normativizarlos. También concluyó que dado el déficit de legitimidad que presentan las teorías que atribuyen o presumen estados mentales a los acusados en lo proceso penal, la propuesta de aplicación de una metodología operacional para la comprobación empírica de hechos dispocionais parece más adecuado al principio de in dubio pro reo. spa / A presente pesquisa tem como finalidade analisar a maneira pela qual deve ser construído, sistematizado e delimitado o conceito de dolo e dolo eventual em direito penal, especialmente para diferenciá-lo da culpa (consciente), questão que gera controvérsia entre os doutrinadores. Verificou-se, a partir da análise do atual debate sobre o conceito de dolo, a existência de duas tendências para a solução dos problemas que este conceito impõe. A primeira delas, de acento marcadamente material, tenta solucioná-los a partir da identificação do conceito de dolo com um determinado dado empírico, físico ou psíquico, os quais servem também para nomear as diversas teorias elaboradas (teoria da vontade, representação, consentimento, probabilidade, etc). A segunda, de acento marcadamente processual, intenta estabelecer critérios para a resolução do problema da comprovação dos estados mentais, relevantes ao conceito de dolo, no processo penal. Essa tendência divide-se em duas linhas metodológicas: uma que trabalha com regras de atribuição e outra com regras de constatação empírica.A análise da atual discussão sobre o conceito de dolo permitiu concluir que, diante da dificuldade de solucionar os casos-limites de dolo mediante a absolutização de um único determinado dado empírico, a proposta de construção de um conceito normativo de dolo revela-se promissora, pois oportuniza, desde razões metaconceituais, a edição de parâmetros de seleção e valoração de dados empíricos sem identificar-se com os mesmos nem normativizá-los. Permitiu concluir também que, diante do déficit de legitimidade que apresentam as teorias que pretendem atribuir ou presumir estados mentais aos acusados no processo penal, a proposta de aplicação de uma metodologia operacional para comprovação empírica de fatos dispocionais mostra-se mais adequada ao princípio do in dubio pro reo.

Made available in DSpace on 2013-08-07T18:44:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000438998-Texto+Completo-0.pdf: 733946 bytes, checksum: 5918d4407bf1988803507aec7f6d2d23 (MD5) Previous issue date: 2012 / This dissertation prepared for completion of the course Postgraduate - stricto sensu - Master in Criminal Science, Faculty of Law, Catholic University of Rio Grande do Sul, has for its object the study of launching an interdisciplinary Pedophilia. The goal includes the evaluation of the phenomenon in the field of Criminal Law and Criminal Procedure, Psychology, Psychotherapy and more specifically of Medicine Psychiatry. Part of understanding the history of crime and the right to punish. It seeks to identify the concept of guilt and faces criminal sexual crimes against children and adolescents. Absence of the Penal Law, behavior typical of pedophilia, there is a need to employ the standard pedophile crimes that could be attributed to offenders for acts committed against their victims. Includes research the figure of the pedophile, intending to discuss the legal Brazilian Pedophilia in the absence of a criminal offense and its possible inclusion in the sex crimes against children and adolescents. Included in this research pedophilia crimes involving the Internet and the Statute of Children and Adolescents. Because it is important to bring recurring theme that reflection has been treated as today. In addition, this study seeks to enter on the concept of guilt entered Brazilian crime, and you see a crime that is part of the guilt, enter the necessary accountability, incapacity or semi-imputability agent pedophile. The survey covers mental illness, incomplete or delayed mental development measure, and includes the handling of the pedophile. It is concluded that there currently conclusive studies and research on the subject, and not only their scientific and legal confrontation is peaceful, so it is essential as a rereading penalty imposed by the pedophile issue of justice for children. / A presente Dissertação elaborada para conclusão do curso de Pós-Graduação - Stricto Sensu - Mestrado em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tem por objeto o estudo da Pedofilia lançando um olhar interdisciplinar. O objetivo compreende a avaliação do fenômeno no campo do Direito Penal e Processual Penal, da Psicologia, da Psicoterapia e da Medicina mais especificamente da Psiquiatria. Parte da compreensão da história do delito e o direito de punir. Busca identificar culpabilidade no conceito de crime e enfrenta os crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. Não havendo no Direito Penal, a conduta típica da Pedofilia, havendo a necessidade de empregar ao padrão pedófilo os crimes que poderão ser imputados aos agressores sexuais pelos atos praticados contra suas vítimas. Compreende a investigação a figura do pedófilo, pretendendo discorrer sobre a Pedofilia no ordenamento jurídico brasileiro, a ausência do tipo penal e seu possível enquadramento nos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Inclui-se nesta investigação os crimes envolvendo Pedofilia pela Internet e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por tratar-se de tema bastante recorrente importante trazer a reflexão conforme vem sendo tratada na atualidade. Além disso, busca o presente estudo adentrar acerca da culpabilidade inserida no conceito brasileiro de crime, e uma vez que faz parte do crime a culpabilidade, imprescindível adentrar na imputabilidade, inimputabilidade ou ainda semi-imputabilidade do agente pedófilo. A pesquisa abrange doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e medida de segurança, além de incluir o tratamento dispensado ao pedófilo. Conclui-se não haver na atualidade estudos e pesquisas conclusivas sobre o tema, e nem ao menos o seu enfrentamento científico e jurídico é pacífico, de modo que é imprescindível uma releitura quanto à penalidade aplicada ao pedófilo por questão de justiça para com as crianças.

Made available in DSpace on 2013-08-07T18:44:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000401122-Texto+Parcial-0.pdf: 150968 bytes, checksum: 45e8e6691a395cf7f29a2b7a46bc5bef (MD5) Previous issue date: 2008 / All’interno della linea di ricerca “Sistemi Giuridici-Penali Contemporanei”, nell’area di concentrazione “Sistema Penale e Violenza”, del Programa de Dopo Graduazione in Sciense Criminali da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, la presunta tesi investiga l’esecuzione della pena privativa di libertà e la individualizzazione della pena, in particolare la realizzazione dei lodi periziali e la sua (in)esigibilità nel processo giudiziale di esecuzione criminale. Inizia per narrare lo storico della pena privativa di libertà, delimitando le forme e le finalità, cercando di dimonstrare le garanzie costituzionali previste per l’esecuzione delle pene. La ricerca delimita la forma attuale della esecuzione della pena di prigione ed investiga i fondamenti per giustificare l’intervenzione dell’Stato, analizando le responsabilità dei suoi soggetti, e la struttura ed essenza della individualizzazione della pena. Sucessivamente, si dedica al trattamento penale e la sua finalità ressocializante, identificandoli come veri miti, con le sue procedure processuali. Dopo questo abbordo teorico, arriva l’apice della ricerca, che riguarda la discussione della esigibilità o no dei lodi tecnici per la concezione dei benefici legali, affrontando la polemica nata dall’alterazione recente del articolo 112 della Legge di Esecuzioni Penali - LEP. La ricerca sul campo, a sua volta, investiga la (in)esistenza dell’individualizazione della pena e la sua forma di implementazione nei processi della Sezione delle Esecuzioni Criminali de Porto Alegre. Alla fine, il presente studio conclude che i lodi saranno legittimi, quindi esigibili, soltanto quando il Principio Costituzionale della Individualizzazione della Pena sarà implementato nella sua integralità. ita / Dentro da linha de pesquisa “Sistemas Jurídico-Penais Contemporâneos”, na área de concentração “Sistema Penal e Violência”, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, a presente dissertação investiga a execução da pena privativa de liberdade e a individualização da pena, especialmente a realização dos laudos periciais e a sua (in)exigibilidade no processo judicial de execução criminal. Inicia narrando o histórico da pena privativa de liberdade, delimitando suas formas e finalidades, buscando explicitar as garantias constitucionais previstas para o cumprimento das penas. Na seqüência, a pesquisa delimita a forma atual da execução da pena de prisão, investigando os fundamentos para justificar a intervenção do Estado, analisando as responsabilidades dos seus sujeitos, bem como a estrutura e essência da individualização da pena. Posteriormente, dedica-se ao tratamento penal e sua finalidade ressocializadora, identificando-os como verdadeiros mitos, com seus ritos processuais. Após esse aporte teórico, chega-se ao ápice da pesquisa, que é a discussão da exigibilidade ou não dos laudos técnicos quando da concessão dos benefícios legais, enfrentando a polêmica gerada pela alteração recente da redação do artigo 112 da LEP. A pesquisa de campo, por sua vez, investiga a (in)existência da individualização da pena e a sua forma de implementação em processos da Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre. Por fim, o presente estudo conclui que os laudos somente serão legítimos, portanto exigíveis, quando o Princípio Constitucional da Individualização da Pena for implementado na integralidade.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / Ofreceremos una conceptualización que intente reflejar la verdadera fisonomía de lo que debiera entenderse por “Derecho Penal de autor” y, en función de ella, analizaremos sistemáticamente nuestro Código Penal. El itinerario de la exposición comienza con el concepto de Derecho Penal, generalidad que nos lleva al encuentro con la especificidad del tema de nuestra obra. En segundo lugar, abordaremos de lleno las concepciones de “Derecho Penal de acto” y “Derecho Penal de autor”, conceptualizando en detalle esta última de acuerdo a la noción de “condición personal” y atendiendo a la amplitud del sistema penal que abarca tipos, agravantes, atenuantes, eximentes, etc., para así comprender que tales expresiones no son necesariamente excluyentes sino que pueden ser, incluso, constitutivas de una relación de interdependencia, apreciándose como complementarias en algunas figuras penales. Luego, se someterá esta noción de “Derecho Penal de autor” a un examen a la luz de la teoría del delito, el cual consistirá en un análisis del comportamiento del concepto en cada uno de los elementos del delito. Por último, se pasará una revista sistemática a nuestro Código Penal, descubriendo en él la presencia de un “Derecho Penal de autor” de acuerdo a los aportes conceptuales entregados en esta obra respecto de él.