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El presente Proyecto de tesis tiene como principal objetivo determinar cuáles con las cusas y por qué no se da un adecuado tratamiento penitenciario a los internos por violación sexual para una eficiente resocialización e inserción a la sociedad. Las fuentes bibliográficas han sido recabadas vía internet y contrastada con el título del presente proyecto. El proyecto presenta cuatro capítulos en lo que se ha desarrollado en capítulos, pudiendo ser estos: el capítulo I está conformado por el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y la importancia de la investigación, el segundo capítulo los antecedentes, tercer capítulo enfoca los temas de hipótesis y variables y el último capítulo la metodología utilizada para la investigación.

La presente memoria ha sido dividida en tres partes para hacer más comprensible y práctico su objeto. La primera parte abraza una exposición detallada de los principios generales del sistema penitenciario, esto es, su origen, sus progresos, sus ventajas, la base fundamental en que estriba, su régimen interior, y por último sus resultados generales respecto del individuo y de la sociedad. La segunda parte trata de la aplicación en Chile del sistema penitenciario, considerando en general y con relación a los obstáculos que le han opuesto las costumbres nacionales y la leyes vigentes del país. La tercera parte trata de su planteación práctica e inmediata en el país con referencia a nuestra actual Casa Penitenciaria.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el presente trabajo de investigación, se realiza un análisis crítico del Tribunal de Conducta, órgano penitenciario establecido por el Reglamento de la Ley de Libertad Condicional (Decreto Supremo Nº 2.442). Con ese objetivo, se analiza preliminarmente la llamada relación jurídica penitenciaria, vínculo jurídico existente entre las personas privadas de libertad y el Estado .En el segundo acápite, se establece el carácter administrativo del Tribunal de Conducta, para luego indicar las normas que serían aplicables al mismo teniendo en cuenta esa naturaleza jurídica. A continuación, el tercer capítulo se centra en las normas del Tribunal que regulan aspectos orgánicos del mismo, mientras que en el cuarto acápite, se efectúa un análisis en detalle de las distintas funciones del Tribunal de Conducta, las que se encuentran directa o indirectamente vinculadas al acceso por parte del interno a beneficios penitenciarios. En el quinto apartado se postula la posibilidad de aplicar supletoria o directamente las disposiciones y los principios de la ley Nº 19.880 a las normas que regulan al Tribunal de Conducta. En el sexto capítulo, se exponen los puntos críticos detectados al examinar la regulación del Tribunal de Conducta. Por último, se efectúan algunas reflexiones finales en torno a las interrogantes inicialmente planteadas. Específicamente, se concluye que en su estado actual, la regulación referida al Tribunal de Conducta es inadecuada teniendo en cuenta la importancia del órgano analizado, razón por la cual se hace necesaria y urgente una reforma en la materia

La naturaleza humana en determinados momentos declina al ámbito negativo. La vida y el tiempo desarrollan a la persona hasta determinado punto, luego del cual, éste es el encargado de velar por su propio destino, y es que de acuerdo a la labranza que haga de su vida, podrá encontrar el bienestar o la desdicha, la felicidad o el devenir de un futuro sin buenos augurios. Los que optan por vivir al margen de lo determinado por la sociedad, obtendrán como resultado que esta se aparte de ellos o en determinado momento decida apartarlos de su seno. / Tesis

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014 / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La actual doctrina mayoritaria, no vacila en señalar que el sistema de categorías del derecho penal, debe ser complementado con principios orientadores, extraídos de la política-criminal y que sean acordes con los postulados fundamentales de todo Estado de Derecho democrático, en contraposición al positivismo decimonónico que “destierra de la esfera de lo jurídico las dimensiones de lo social y de lo político”, siendo “este axioma, aceptado por Liszt como evidente” , y sirviendo de base a esa aparente oposición y antigua creencia entre derecho penal y política criminal . Las consecuencias de esta metodología producen un doble criterio de análisis del conflicto penal “de tal manera que puede ser dogmáticamente cierto lo que desde el punto de vista político-criminal es equivocado, y a la inversa” , vinculándose de tal manera que no produzcan una contradicción sino una síntesis, evitando que los intereses político-criminales queden “difuminados, a capricho y sin fuerza de convicción científica, cuando se les concibe con el sentimiento jurídico o con finalidades momentáneas, sin encontrar su apoyo en una relación valorativa comprobable en la ley.” . En suma “el camino acertado sólo puede consistir en dejar penetrar las decisiones valorativas político-criminales en el sistema del Derecho penal, en que su fundamentación legal, su claridad y legitimación, su combinación libre de contradicciones y sus efectos no estén por debajo de las aportaciones del sistema positivista formal proveniente de Liszt.” . Profundizando, una inconexión entre el sistema lógico-abstracto del derecho penal y las valoraciones de la política-criminal es inadmisible “y también pierde su sentido el voluble procedimiento de aprovecharse de la rivalidad entre la labor criminológica y la dogmática jurídico-penal: pues el transformar los conocimientos criminológicos en exigencias político-criminales y éstas, a su vez, en reglas jurídicas de lege lata o ferenda, es un proceso, cuyos estadios concretos son de igual manera importantes y necesarios para el establecimiento de lo socialmente justo.” . Por lo demás cierto sector de la doctrina nacional, ha comenzado en las últimas décadas, ha desarrollar el olvidado ámbito de la ejecución de la pena, poniendo especial atención y énfasis respecto de una de sus partes , denominada derecho penitenciario, logrando otorgar coherencia al sistema del derecho penal, debido a que en el cumplimiento de la pena privativa de libertad, se materializan y quedan expuestas al escrutinio público las finalidades-valorativas de la sanción penal, asignadas por las diversas doctrinas existentes al particular, que encontramos en todos los manuales de la parte general del derecho penal, posibilitando de esta forma la necesaria vinculación entre estas materias, y por lo demás, revitalizando de este modo los intereses sociales que motivaron al marqués de Beccaria cuando escribió su famosa e influyente obra de “Los delitos y las penas” , la cual dio inició al movimiento de reforma carcelaria en el viejo continente, y que hasta el día de hoy sigue vigente

El sistema penitenciario peruano se encuentra en crisis. Los centros penitenciarios hoy día son vistos como lugares donde se mantienen a los reos para castigarlos y rebajarlos a categorías infrahumanas. Los brotes de violencia al interior de los establecimientos penitenciarios dejan al descubierto serias inconsistencias y problemas profundos que ameritan una pronta solución por parte del Estado y la sociedad en su conjunto, con gran incidencia de población juvenil recluida por el delito de robo agravado. Para el análisis y estudio de la actual situación carcelaria en nuestro país se requiere un estudio y propuesta integral y multidisciplinaria, que nos permitirá establecer los presupuestos básicos del sistema científico individualizado de la pena, acorde con el respeto a los derechos fundamentales del reo y a su dignidad como persona, en un régimen abierto y con la implementación de programas más cercanos al tratamiento penitenciario. / Tesis

Memoria (arquitecto) / Históricamente han existido variados mecanismos mediante los cuales se enfrentan y condenan los actos delictivos que se dan en la sociedad. Tuvo su origen en el Imperio Romano, que fue la cuna del código penal y que generó las bases para el futuro desarrollo de los sistemas penales de las culturas occidentales y occidentalizadas, en que se establece la secuencia y consecuencia entre acto delictivo, proceso judicial y sentencia. Si bien el acto de sentenciar tuvo distintas formas de manifestarse, concretarse e incluso relacionarse con las ciudades, recién a finales de la Edad Media es que dicho acto nace como un proyecto arquitectónico conocido como CÁRCEL (lugar donde se cumplen condenas). A partir de aquel momento hay un desarrollo evolutivo tanto de los procesos judiciales como de los recintos penales propiamente tal. En éstos, tal desarrollo se ha manifestado mediante distintas dimensiones, como lo son los modelos arquitectónicos, los sistemas y tecnologías constructivas y de vigilancia, y, las dinámicas y programas de reclusión, que van desde el encierro propiamente tal como mecanismo punitivo y privativo de la libertad a una implementación progresiva de programas destinados a la rehabilitación social de los internos o penados. Este último aspecto permite reconocer que dentro del sistema penal en la actualidad se encuentran mecanismos y regímenes prácticamente antagónicos a los que son dispuestos quienes cumplen condenas o bien, medidas alternativas a éstas. Por medio de los programas de reinserción social se tiene como objetivo asistir a los penados en el proceso de readaptación social, junto con entregar las herramientas básicas para que puedan enfrentar con mayor facilidad su readaptación en el medio cívico o libre y disminuir o evitar cualquier susceptibilidad a la reincidencia. Tales programas tienen una incidencia física, tanto al interior de los establecimientos, como en relación a los contextos de localización para los distintos tipos de recintos penales, y que va a depender del régimen o sistema bajo el cual se estén aplicando.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El presente trabajo tiene por objeto presentar una propuesta normativa que dé cuenta de una categorización en cuanto a la naturaleza jurídica de la reinserción social en el sistema penitenciario de adultos. A fin de satisfacer tal objetivo, se comenzará advirtiendo sobre las dificultades que ha suscitado, tanto la falta de una definición legal y doctrinal unívoca del término resocialización, como la multiplicidad de conceptos y acepciones que han surgido respecto de él, revelando la evolución de éste y delimitando un contenido acorde a la legislación nacional. Seguidamente, se presentarán dos discusiones doctrinarias que dan cuenta de tales inconvenientes, referidas al grado de intervención estatal en el tratamiento penitenciario, y a su efectividad. Luego, se dará paso al análisis, tanto de la regulación nacional y su concreción fáctica, como de los diversos Tratados Internacionales que versan sobre la materia, especificando el alcance jurídico de éstos una vez incorporados al ordenamiento jurídico nacional. Enseguida, se desarrollará una “valoración de las normas” dentro del ordenamiento, permitiendo identificar aquellos preceptos que se vinculan con la reinserción social dotándola de un significado coherente con la normativa coexistente. Tras lo anterior, y con el propósito de identificar si la resocialización constituye o no un derecho, se procederá a efectuar una interpretación sistemática de los diversos principios, estándares, derechos y normas que conforman el ordenamiento jurídico nacional, observando la noción de “Bloque Constitucional de Derechos” y “Estado Constitucional ampliado”, donde la normativa nacional e internacional se conciben de forma holística, dando una armonía que posibilita la configuración de una respuesta certera. Finalmente, se procederá a exponer sobre los efectos derivados del resultado de la interpretación, especificando cuál es la posición del Estado en su rol de garante del penado, para posteriormente señalar también los lineamientos que promuevan esta interpretación y las consecuencias que de ello derivan