El Estatuto de Roma, en vigor desde el 01 de julio del 2002, es el instrumento que prevé la creación de una Corte Penal Internacional, ante la necesidad de juzgar a quienes cometen delitos contra la comunidad internacional. El Estado peruano al ratificar este instrumento internacional se obligó a adecuar su legislación interna de acuerdo a estas normas internacionales, por ello el Congreso de la República mediante Ley Nº 27837 creó una comisión especial revisora del Código Penal encargada de revisar entre otras cosas, la adecuación a los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esta comisión concluyó la propuesta de adecuación de la legislación nacional al Estatuto, la cual dio mérito al proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR que a su vez se recogió en el proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR. A pesar de la importancia de este proyecto, consideramos que éste contiene errores sustanciales en la tipificación de los delitos que contradice lo estipulado en el Estatuto de Roma, en especial en los delitos de lesa humanidad; asimismo es posible mejorar el proyecto al incluir normas que hagan factible la materialización de la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de estos delitos, así como la aplicación del principio aut dedere et aut iudicare y la mejora de la tipificación del delito de genocidio y su instigación. Por otro lado, respecto a los delitos contra el DIH es necesario incluir definiciones del DIH que faciliten su aplicación e interpretación.

El presente artículo jurídico comprende como objetivo proponer criterios normativos para la derogación del artículo que tipifica el delito de feminicidio, utilizando la metodología cualitativa, sirviéndose de la técnica del fichaje y la observación y los instrumentos realizados fueron las fichas resumen, textuales y guías de observación. En cuanto a los resultados, se obtuvo la existencia de una imperiosa necesidad de derogar el artículo 108-B del Código Penal Peruano, debido a que es considerado como un tipo penal discriminatorio hacia el varón, el mismo que vulnera principios fundamentales que serían la no discriminación e igualdad ante la ley. Del mismo modo, es sumamente importante sustentar los criterios normativos que serán tomados en cuenta para nuestra propuesta de derogación.

La pornografía infantil es un problema real que a pesar del transcurso del tiempo sigue vigente en la actualidad no solo en nuestro país sino también en todas partes del mundo causando diversas consecuencias que pueden ser mortales para sus víctimas, este problema se ha acrecentado debido al aumento desmedido del uso del internet, pues este se ha convertido en el medio principal mediante el cual se transmite, comparte, difunde, descarga este tipo de material debido a su rapidez y gran alcance de transmisión. Ahora bien, así como la pornografía sigue presente en nuestras sociedades perjudicando a menores vulnerables, en adición a ello se han creado nuevas y diversas modalidades para este tipo de accionar, debido a que también, los sujetos delictivos han llegado a utilizar a menores discapacitados para llevar a cabo dicha acción, razón por la cual resulta necesario revisar y realizar algunos ajustes al artículo 129-M de nuestro código penal vigente.

Con la presente investigación se propone la inclusión de una cuantía mínima en el Delito de Peculado, regulado por los artículos 337° y 338° del Código Penal, para evitar que los operadores de justicia decidan arbitrariamente cuándo un monto es suficiente para configurar el delito; aunque existen pronunciamientos de la Corte Suprema que intentan solucionar este problema, es decir, con la aplicación de principios del ius puniendi, empero no existe un límite claro a la cuantía mínima; además, la falta de un límite va en contra del Principio de Economía Procesal; toda vez que, el Estado estaría gastando recursos en casos que no son de trascendencia. Por lo tanto, se propone modificar los artículos 337° y 338° del Código Penal para incluir una cuantía mínima, que podría ser una remuneración mínima vital; de esta manera, si la apropiación de caudales o efectos es menor o igual a dicho monto, las conductas no serían vistas por el Derecho Penal, sino por mecanismos menos lesivos como el Derecho Administrativo Disciplinario, sin perjuicio de la devolución del monto apropiado.

En el Perú existe una insuficiente definición de tortura en el Código Penal y la aplicación de esta afecta los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ. Mediante el análisis del reciente caso de Azul Rojas Marín ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se busca demostrar cómo el Estado no ha tomado las medidas correctas con respecto al tratamiento del delito de tortura a la población LGTBIQ al interpretar este delito de manera limitada y no acorde a las normas del Derecho Internacional, omitiendo principalmente el enfoque de no discriminación. / In Peru, there is an insufficient definition of torture in the Peruvian Criminal Code and its application affects the fundamental rights of LGTBIQ people. Through the recent analysis of the Azul Rojas Marín case at the Inter-American Court of Human Rights, we seek to demonstrate how the State has not taken the correct measures with regard to the treatment of the crime of torture to the LGTBIQ population by interpreting this crime in a restrictive way and not in line with the regulations of International Law, mainly omitting the non-discrimination perspective.

En esta investigación se aborda el fenómeno de la criminalización de la corrupción privada y el análisis de los artículos 241-A y 241-B del Código Penal peruano. Con ello, se busca analizar la legitimidad de la sanción penal en ambos tipos penales, así como su adecuada interpretación dogmática, toda vez que la corrupción privada es un tema de especial trascendencia para el correcto funcionamiento del mercado. Para ello, la presente tesis consta de tres capítulos. En el primero, se aborda cómo la corrupción ha dejado de ser percibida como un asunto exclusivo de funcionarios públicos para convertirse en un problema que también involucra a los particulares. Por su parte, en el segundo capítulo, se desarrolla la necesidad político criminal de sancionar como delito la corrupción privada en el ordenamiento jurídico peruano y, finalmente, en el tercer capítulo se analizan los artículos 241-A y 241-B y se propone una interpretación jurídico penal que pueda ser aplicada por los operadores de justicia. De este modo, se llega a la conclusión de que político criminalmente es viable incorporar tipos penales dirigidos a sancionar actos de soborno realizados en el sector privado debido a las graves consecuencias económicas que se generan para la competencia leal y para el patrimonio de las personas jurídicas. No obstante, para una correcta aplicación de estas figuras, por ejemplo, se analiza cuál es el bien jurídico protegido y se cuestiona la incorporación del socio y accionista como sujetos cualificados en ambos tipos penales, entre otros importantes temas.

La responsabilidad civil es entendida como una fórmula dirigida al resarcimiento del daño irrogado por el actuar antijurídico de una persona. No obstante, el rol de esta institución parece entrar en cuestión cuando la misma tiene su tratamiento por parte de las entidades encargadas de establecer su determinación en sede penal, a partir de la interpretación que se tiene de ella, en base al Código Penal de 1991: No solo a satisfacer el resarcimiento del daño; sino, también, como una fórmula para sancionar y prevenir delitos de especial consideración social, a manera de una figura afín a ordenamientos de orden anglosajón: Los punitive damages . Existe una necesidad de establecer las causas de este tratamiento para determinar la responsabilidad civil en sede penal; puesto que, a partir de ello: Se podrá establecer las principales causas que han permitido la aplicación inconsciente de los punitive damages, en el ordenamiento jurídico peruano; y, si la aplicación de esta figura resulta una opción válida o una posibilidad de respuesta para la comisión de delitos de especial relevancia social. Es necesario indicar que, para el presente trabajo, el tipo de investigación realizado resultó principalmente de orden teórico, siendo que, no solo se hizo la posición de la doctrina y de los pronunciamientos de las autoridades encargadas de la determinación de la reparación civil, en sede penal; sino, también, sobre el entendimiento de los punitive damages por parte de la doctrina y experiencia extranjera.