El principal objetivo, del presente trabajo de investigación, es elaborar una propuesta de mejora en cuanto a los procesos de reclutamiento - selección e inducción, que lleva a cabo el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, para personas que cuenten con alguna discapacidad física. En esta vez fue necesario evaluar cada uno de los procesos que se manejan en la institución, observándose que cuenta con un sistema estandarizado y a su vez con un personal no calificado, para hacerse responsable de la gestión que se requiere. Para la presente investigación se utilizó como técnica de recolección de datos, una encuesta autoaplicada de 14 preguntas en donde engloba todas las interrogantes necesarias para evaluar dicho proceso. Como conclusión principal encontramos que los procesos son lentos y estandarizados, es decir no son debidamente específicos para las personas con discapacidad. A partir de esta información, se generó una propuesta de mejora para implementar en el área de recursos humanos del hospital.

El aislamiento solitario es una práctica antigua que se ha extendido hasta formar parte de los sistemas penitenciarios del mundo, ha sido parte de los orígenes de la rehabilitación a través del aislamiento en los modelos penitenciarios y se le puede encontrar en los modelos de Auburn y Pennsylvania. Esta medida es utilizada en distintos escenarios de reclusión, tales como centros penitenciarios, hospitales psiquiátricos, instituciones para niños, niñas y personas adultas mayores; centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas, indocumentados y en campos de prisioneros de guerra. La presente tesis expone los fundamentos y críticas del empleo de esta práctica a nivel global, se enfoca en el uso del régimen en prisioneros de guerra con discapacidad mental o psicosocial en los conflictos armados internacionales. Para ello, plantea si la interpretación del primer párrafo del artículo 30 del Tercer Convenio de Ginebra de 1949, que permite el empleo del régimen del aislamiento solitario en los prisioneros de guerra con discapacidad mental, es válida a la luz de los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). El artículo 30 del III Convenio de Ginebra de 1949, desde su entrada en vigor, ha sostenido una interpretación que permite el empleo del régimen de reclusión en la modalidad de aislamiento solitario en prisioneros de guerra con enfermedades mentales o –denominada hoy en día por el modelo social— discapacidades mentales. Esta disposición normativa está basada en un modelo médico de discapacidad que tenía como finalidad ser una medida de protección hacia terceros. A partir del surgimiento del modelo social de discapacidad y de los estándares de la CDPD, el modelo en el que estuvo basada la norma y su interpretación se encuentra desfasado; y, la propia interpretación no responde a los estándares de derechos humanos actuales. Sin embargo, esto no implica que el artículo 30 sea suprimido, sino al contrario, la disposición normativa seguirá siendo la misma, pero es necesaria una reinterpretación y actualización de la norma conforme a los criterios establecidos en la interpretación dinámica de la norma conforme al nuevo corpus juris de las personas con discapacidad y de los valores protegidos de la norma humanitaria, el principio pro persona (aplicación la interpretación más favorable, extensiva, amplia, a la hora de proteger a los derechos humanos que se encuentran de manera implícita al interpretar el artículo 30 del CG III), el criterio de sentido común de los términos o coherencia terminológica (criterio para interpretar los valores protegidos de la norma humanitaria) y el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949 (la prohibición de las distinciones de índole desfavorable, el trato inhumano, degradante e inhumano y la tortura

Los estudios que abordan el turismo accesible no son recientes, sin embargo, aquellos que abordan los efectos de la accesibilidad sobre la competitividad de los destinos turísticos y, en particular, aquellos que vinculan la accesibilidad con la innovación son escasos y relativamente nuevos. La accesibilidad se entiende como las condiciones con las que deben disponer los entornos, productos y servicios para ser disfrutados por todos, incluyendo a las personas con alguna discapacidad transitoria, permanente, personas con obesidad o mayores, entre otras. De este modo, la accesibilidad es un derecho, un tema de agenda pública para garantizar la inclusión plena de las personas con algún requerimiento de accesibilidad en la sociedad, y también se considera como un eje de las ciudades y destinos inteligentes. La existencia de accesibilidad turística supone la eliminación de barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, entre otras, las cuales afectan la participación de las personas con requerimientos de accesibilidad y sus núcleos familiares en los destinos turísticos. Diversos estudios indican que las personas con requerimientos de accesibilidad no viajan debido a la ausencia de condiciones en los destinos, la ausencia de información confiable y disponible sobre los servicios accesibles y las malas experiencias previas. Sin embargo, cuando viajan, los turistas con requerimientos de accesibilidad suelen gastar más de la media; viajan en temporada baja evitando los lugares masificados; prefieren viajan dentro del país y a los destinos de sol y playa. De este modo, la accesibilidad se vuelve un determinante en la elección del destino para las personas con requerimientos de accesibilidad y sus núcleos familiares, y una oportunidad para los destinos de convertir esa accesibilidad en una ventaja competitiva frente al resto de los destinos. En este marco, esta tesis por compendio de publicaciones partió de la hipótesis, por un lado, de considerar a la accesibilidad como un factor de competitividad de los destinos turísticos y, por otro, a la relación entre la accesibilidad y la innovación y su efecto en la competitividad turística. Para ello, se ha realizado una amplia recolección de datos tanto a nivel de países (Argentina, Brasil, Australia y Nueza Zelanda) como de sitios turísticos de España; se han elaborado diferentes medidas de accesibilidad e innovación que caractericen a los destinos turísticos; se han diseñado metodologías que permitan captar el efecto de accesibilidad en diversas medidas de competitividad turística; y se han medido esos efectos. Los resultados obtenidos de esas mediciones muestran que, si bien la accesibilidad importa tanto en las normativas y en los estudios sobre las personas con discapacidad, en estos estudios no parecería tener efectos positivos en la competitividad turística de los destinos. No obstante, la innovación sí. Con todo, estos resultados coinciden con los escasos estudios existentes entre la accesibilidad y la competitividad y de éstos con la innovación y Destinos Turísticos Inteligentes. Las contribuciones de esta tesis permiten realizar recomendaciones no solo a los administradores de destinos y otros tomadores de decisiones, sino también al sector académico ya que la temática requiere seguir profundizándose.

El principal motivo para la realización de este Trabajo Académico fue investigar lo concerniente a los derechos de las personas con discapacidad en las respectivas relaciones de consumo que puedan establecer dentro del mercado y estudiar el marco de protección que estas gozan dentro del ámbito constitucional, supranacional y normativo. De esta manera, se tomará en cuenta para el desarrollo del mismo, jurisprudencia no solamente emitida por el ordenamiento jurídico peruano sino también jurisprudencia emitida por el ordenamientos jurídico español con la finalidad de realizar y establecer similitudes en cuanto al desarrollo y protección de los derechos de las personas con discapacidad en materia de protección al consumidor. No obstante lo señalado, otro motivo importante para la realización del presente artículo fue estudiar e investigar la discriminación hacia las personas con discapacidad. Vale decir, que dichas personas históricamente han sido discriminadas por diversos motivos, índoles trayendo como consecuencia el no disfrute pleno de los derechos que tenemos todas las personas reconocidas en nuestro marco constitucional, contenido en la Constitución Política del Perú. Teniendo en cuenta, resulta importante profundizar en el estudio de este tema tan importante con la finalidad de que a través del mismo poder brindar algunas posibles reflexiones sobre lo trascendente que resulta la debida protección y reconocimiento de las personas con discapacidad. Asimismo, mencionar que las personas con discapacidad gozan de un régimen especial de protección de sus respectivos derechos conforme se desarrollará a lo largo del presente Trabajo Académico. Finalmente, el presente Trabajo Académico abordará y desarrollará lo concerniente a la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, como tema medular y cómo esta ha sido aplicada en las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional del Perú. De esta manera, se podrá tener en cuenta dos ámbitos, dos aspectos muy importantes en la comprensión del estudio de la eficacia horizontal, ya que se desarrollará el concepto e implicancias tanto a nivel doctrinario como a nivel jurisprudencial sobre su importancia en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, con especial énfasis en personas con discapacidad.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si una persona con discapacidad intelectual, específicamente una que presente un retardo mental leve, tiene indemnidad o libertad sexual para los fines del derecho penal. Para ello, desde un enfoque de derechos humanos, se procederá a realizar un análisis de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad intelectual, para que a partir de ello se pueda concluir que, atendiendo al derecho internacional de los derechos humanos, toda persona con discapacidad tiene capacidad jurídica para ser titular de derechos, y ejercer los mismos, en cualquier aspecto de su vida, y en igualdad de condiciones que el resto de la población. En ese sentido, se señalará que, dependiendo del caso en concreto, una persona con retardo mental leve, al tener mayor independencia y bajo la noción de autonomía que postula el Modelo Social de Discapacidad, sí ostenta una libertad sexual. De esta manera, lo anteriormente mencionado contribuirá a una mejor interpretación y aplicación del artículo 172° del Código Penal, estableciéndose que no por el hecho de ser una persona con discapacidad intelectual, se le puede restringir sus derechos sexuales y reproductivos, toda vez que tiene la capacidad jurídica para poder disponer sobre su propia esfera sexual

El presente artículo académico tiene como finalidad analizar el derecho a la educación y las limitaciones que acarrean en cuanto a la disponibilidad de instituciones educativas y la accesibilidad no solo a través de normas (aunque claramente estas significan una contribución y un avance significativo en el enfoque que le damos), sino también en políticas públicas que aseguren a nuestras personas el pleno ejercicio de este derecho y no solo el derecho, sino el desarrollo de capacidades y destrezas que los alejen de la ignorancia y los acerquen a su realización personal y de la sociedad. Da cuenta al problema estructural que vivimos en nuestro país y abre un debate enriquecedor en el que se pueden cuestionar desde el acceso a instituciones educativas hasta las prácticas sociales que nos hacen vivir en situaciones de desigualdad sistémica. Para explicar este problema nos basamos en la concepción de justicia e igualdad que nos presenta la filósofa política Nancy Fraser entendiendo la justicia igualitaria en dos dimensiones: reconocimiento y redistribución. La intención y el propósito del Estado en cuanto al derecho a la educación deberá ser el de alentar desde la edad más temprana hasta el final de la educación formal a analizar y aprender los valores que como sociedad queremos construir

El presente trabajo académico versa sobre el análisis de la protección de los sujetos laborales protegidos en la Constitución, y su compatibilidad con el periodo de prueba dentro de las relaciones laborales, por ello el enfoque del estudio del tema radica en la necesidad de determinar la importancia de ponderar el derecho de la libertad de empresa en aplicación del periodo de prueba y la estabilidad laboral de la madre, el menor de edad y el impedido, en conjunto con el derecho al trabajo. Así, para tal efecto, el punto de partida es conocer las principales características que determinan la situación de vulnerabilidad de los tres sujetos laborales, a fin de optar por una protección reforzada, partiendo de la noción legal del periodo de prueba regulada en nuestra legislación; para así terminar concluyendo la cuestión principal, mediante la creación o implementación de un procedimiento en la relación laboral que permita al empleador motivar la no superación del periodo de prueba, a efectos de no incurrir en la arbitrariedad del despido aplicados a los sujetos laborales protegidos por la Constitución, cuyo objeto radicaría en el libre ejercicio de su derecho al trabajo sin que medie cualquier acto de discriminación en la primera fase de la relación laboral de parte del empleador.

El caso materia del Informe versa sobre el delito de violación cometido contra una adolecente con discapacidad intelectual. En el momento de ocurridos los hechos el tipo penal vigente, contenido en el artículo 172 del Código Penal, no contenía de forma literal el consentimiento por lo que se entendía que el bien jurídico protegido era la indemnidad sexual de las personas con discapacidad intelectual y, en ese sentido, con la sola acreditación del acto sexual y la existencia de la deficiencia, se daba por configurado el delito. Esta lectura era contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que entró en vigor para el Estado peruano en el año 2008, por lo que era imperativo que se aplique dicho tipo penal a la luz del mencionado instrumento. Sin embargo, en el caso analizado no ocurrió ello y, todo lo contrario, se entendió que la adolescente con iniciales A.M.A.G. no era titular de su libertad sexual. A partir del año 2018, con la publicación de la ley Nº 30838 que introduce el consentimiento como un elemento central, se abre una nueva ventana de oportunidad para la lectura, interpretación y aplicación de este tipo penal, a la luz de los mandatos internacionales asumidos por el Perú a través de la CDPD, generando un balance entre la autonomía sexual de la que son titulares las personas con discapacidad intelectual, y la protección de este colectivo frente a la violencia sexual, desde un enfoque interseccional. En suma, debe partirse del reconocimiento pleno de la capacidad jurídica y autonomía sexual de este colectivo, sin dejarles en desprotección frente a las diversas barreras sociales, actitudinales y legales que recaen sobre ellas

El estudio explora los factores que explican los avances en la inclusión educativa para estudiantes con discapacidad en Lima Metropolitana ante el contexto nacional de ausencia de una política educativa clara referida a la educación inclusiva. Para ello se investigó las dinámicas dentro de las instancias estatales (Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y la Unidad de Gestión Educativa Local) y la dinámica de las propias instituciones educativas en dos estudios de caso. Todo ello con el propósito de determinar los marcos de acción de las instancias, actores y agentes educativos en relación a los avances, resultados favorables, en sus áreas correspondientes y cómo ello repercute en las buenas prácticas de inclusión en las instituciones educativas de educación básica regular. La investigación tiene como hallazgos principales que el contexto internacional y el debate en torno al enfoque de inclusión educativa determinó el cambio del modelo de integración hacia el modelo de inclusión en el contexto nacional, para lo cual se dieron las normativas necesarias para su aplicación en las diversas áreas competentes del sector de educación. Ésta adopción del enfoque de inclusión educativa para estudiantes con discapacidad fue promovida por organizaciones clave de la sociedad civil, quienes, mediante la presión hacia el Estado, conjuntamente con la presencia de actores estatales en el ministerio propiciaron la aplicación del nuevo enfoque de inclusión. Las instituciones educativas inclusivas se enfrentan a diversas barreras para la inclusión. La primera es la exigencia de presentación de un certificado de discapacidad o diagnóstico del estudiante ante el colegio, lo cual impide una temprana y oportuna atención educativa al estudiante. De la misma manera, se evidencia la poca dotación de recursos económicos, de materiales educativos o de mobiliario a las instituciones educativas inclusivas, lo cual contradice lo que está contemplado en el Programa Presupuesta 0106. Las diferencias encontradas en ambos casos de estudio se relacionan a: (1) el apoyo pedagógico especializado a la institución educativa (docentes de aula y estudiantes inclusivos). El personal del servicio de apoyo especializado SAANEE no se da abasto para atender a todos los estudiantes inclusivos, docentes e instituciones y, en muchos casos, se ha observado que las orientaciones hacia los docentes están sujetas a la voluntad de estos para ejecutarlas; es decir, no siempre se ponen en práctica las orientaciones brindadas en aspectos metodológicos para el aprendizaje de los estudiantes inclusivos en el aula. (2) El compromiso de los directivos y docentes determina la adopción y adecuada práctica de inclusión de estudiantes con discapacidad que favorece su aprendizaje. Se evidencia que el manejo del discurso de inclusión educativa no es suficiente para llevar a cabo la inclusión educativa, si no se trabajan acciones concretas para garantizar un adecuado aprendizaje. Estos resultados se explican, en un marco general, por la presencia y acción de las coaliciones promotoras; principalmente, por las alianzas establecidas entre las comunidades epistémicas con sociedad civil para incidir en el Estado.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito informar de la situación estadística actual de los trabajadores con discapacidad en el sector privado y cuál es el procedimiento vigente para implementar los ajustes razonables en este sector. En atención a esta información se analiza si, luego de los cambios legislativos que propician mejoras y facilidades para los trabajadores con discapacidad, se ha evidenciado en la realidad un aumento en la contratación de estos trabajadores y de sus salarios, siendo la respuesta negativa en ambos escenarios. Siendo esto así, la investigación realiza una revisión detallada de los derechos y especial protección de las personas con discapacidad y del procedimiento de ajustes razonables con el fin de evidenciar que es necesario la existencia de un tercero que determine la carga indebida de los ajustes razonables, concluyendo que es crucial que sea la autoridad administrativa la encargada de fiscalizar dicho procedimiento, toda vez que la revisión de los documentos y estados financieros que acreditarían la supuesta carga indebida no debe ser de evaluada únicamente por una de las partes involucradas.