Memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Esta tesis consistirá en una exposición y análisis del procedimiento civil de Quebec, en Canadá. A través de este análisis, se buscará evidenciar que el sistema legal de Quebec contiene influencias tanto de la tradición legal francesa como aquella proveniente de Inglaterra, lo que permiten reconocer a este sistema legal como uno mixto. Se proporcionará un contexto histórico y se analizarán los cuerpos legales, las instituciones y las diferentes etapas del procedimiento, las resoluciones, sus recursos, entre otros. Además, se identificarán aquellos elementos que permiten distanciar este procedimiento de sus influencias originales. Finalmente, se podrá visualizar como este sistema legal mixto es una manifestación de la cultura híbrida de Quebec.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito del presente trabajo consiste en el análisis del sistema probatorio a la luz del Código de Procedimiento Civil vigente en nuestro país, el cual se remonta al año 1902 y que hasta el día de hoy no ha tenido importantes modificaciones. Al respecto, nos avocaremos específicamente al tratamiento de la confesión como medio de prueba. Con este objetivo, analizaremos el tratamiento de la confesión en nuestro actual procedimiento civil y en otros procedimientos, como los de familia y laboral, para terminar, particularizando en los sistemas de valoración que rigen a cada uno. Lo anterior, aportará elementos importantes a la discusión a propósito de la relación que existe entre la confesión y su transformación en una declaración de parte, considerando si el sistema de valoración que rige al procedimiento es el de prueba legal o tasada o sana crítica. Analizaremos cuál ha sido la regulación de este medio de prueba en legislaciones de otros países para dar cuenta de la evolución de la confesión a una declaración de parte sustentada en procedimientos orales, donde rige el principio de la inmediación y en los cuales la prueba se valora conforme a las normas de sana crítica como un sistema racional y que busca la mayor certeza para alcanzar una decisión justa del juez. En base a lo anterior, nos detendremos en el procedimiento laboral, realizando un estudio de su normativa y a la vez un análisis jurisprudencial para comentar algunas de las problemáticas que lleva consigo la confesión y ix por lo tanto, dar cuenta de las críticas que pueden verificarse respecto de este medio de prueba. Finalizaremos la investigación con ciertas consideraciones respecto al Proyecto de Nuevo Código Procesal Civil en Chile que se encuentra en el Congreso Nacional desde el año 2012. Analizaremos brevemente los cambios que conllevará para el procedimiento civil y los nuevos principios que lo regirán, deteniéndonos a la vez, en la consagración de la declaración de parte como medio de prueba: una declaración voluntaria, oral, valorada conforme a la sana crítica y donde no solo se considerarán los hechos perjudiciales declarados por la parte para la valoración de la prueba, sino también aquellos que le favorezcan, apartándose de esta forma, de la anacrónica confesión.

En el presente trabajo desarrollaré el tema del interés para obrar, la legitimidad para obrar y la posibilidad jurídica en la pretensión de cambio de nombre en el ordenamiento jurídico peruano. A través de este estudio se establecen los criterios por los cuáles una persona puede realizar el cambio de nombre, esto es, a quién hubiere sido conocido con nombre distinto al que aparece en su acta, cambiar o adicionar tanto el nombre propio como los apellidos para adecuarlos a la realidad social y hacer posible la identificación de la persona, en base a lo establecido en los fundamentos de nuestra normativa y jurisprudencia. Finalmente es necesario reconocer que el sujeto que posee el nombre es el único con la legitimidad para iniciar la acción de cambio de nombre y en caso se trate de un menor de edad, actuarán quienes posean la representación legal o judicial sin vulnerar el interés superior del niño o adolescente. Respecto del interés para obrar, es necesario determinar de modo genérico los motivos causantes de daño moral para determinar la procedencia de la demanda y realizar el cambio de nombre para ajustarlo a la realidad social, incluyendo nombre propio y apellidos.

El proceso de alimentos ha sido diseñado legalmente como un proceso célere y eficaz que tiene como finalidad que los beneficiarios en esta caso, los menores en estado de necesidad obtengan lo indispensable para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda y educación dentro de la sociedad sin que se vulnere ninguno de sus derechos, por tal razón, este proceso es tomado además como un mecanismo de defensa rápido que le permite al menor alimentado, que uno de sus padres en representación del menor en estado de necesidad acuda ante el órgano competente para solicitar una pensión alimenticia que le permita solventar sus necesidades económicas de manera rápida, debido a que este proceso esta categorizado como un procedimiento rápido y ágil que trabaja conjuntamente con los principios de celeridad y tutela rápida a favor del menor o el sujeto en estado de necesidad. No obstante, en base al estudio generado en la presente investigación se ha logrado determinar que el proceso de alimentos no está cumpliendo con la objetivo de brindar un pensión rápida y proporcional al menor en estado de necesidad por la falta viabilidad en el procedimiento por parte de los jueces; Lo que ha generado un que en la práctica no se cumpla con los plazos cortos que brinda este proceso, generando así una grave vulneración al menor en estado de necesidad. Por ello, es importante precisar que este problema se ha generado por la sobrecarga procesal que existe en los juzgados de paz letrado, afectando notable al Principio del interés superior del niño, es decir, del menor alimentado por lo que es necesario crear lineamientos mínimos de solución normativo en base a una Simplificación del Proceso de Alimentos, en base al principio de oralidad en el Proceso procesal civil en la Audiencia Única, el formado de Conciliación y la Unificación de la Audiencia Única en el Traslado de la Demanda del Artículo 168° código del niño y del adolecente, con la finalidad de disminuir la carga procesal de los juzgados Paz Letrado y evitar que se siga vulnerado el Principio del interés superior del niño.

Esta tesis aborda el asunto de la desnaturalización de la medida cautelar sobre el fondo y la afectación al derecho a un debido proceso; pues una medida cautelar sobre el fondo, que deja de lado su naturaleza reversible y temporal, puede conllevar a que los efectos de lo otorgado sean de difícil reversión y en su caso afectar al proceso principal. Creando una situación jurídica, que vulneraría las garantías procesales que conforman el derecho a un debido proceso. Por ello, ante el supuesto se tiene como objetivo el establecer un mecanismo de protección procesal, distinto a la oposición, que actúe de manera inmediata para el supuesto de la desnaturalización de la medida cautelar sobre el fondo. Brindando la posibilidad, que, ante la falta de oposición por parte del demandado, se pueda de oficio dejar sin efecto la resolución cautelar que contiene la medida cautelar sobre el fondo desnaturalizada.

En el presente trabajo académico se aborda el cuestionamiento realizado en el recurso de Casación N° 4260-2017, respecto de la aparente obligación del Juez de solicitar pruebas de oficio ante la falta de convicción de elementos de prueba que acrediten la falta de manifestación de voluntad de la vendedora Juana Rodríguez Salas, la cual se fundamenta en la actuación de una Pericia Dactiloscópica, la cual determinó que la huella dactilar presente en el contrato era una mancha. Se plantea, como problema principal, si persiste la facultad del juez de incorporar pruebas de oficio al proceso ante la presencia de un informe pericial dactiloscópico ante una posible falta de convicción, y como problema secundario, si es suficiente para el juez alegar que mantiene plena convicción de las pruebas incorporadas para omitir la disposición de medios de prueba de oficio. Como resultado, se ha realizado una apreciación conjunta del artículo 194° del Código Civil Peruano y el X Pleno Casatorio Civil, así como los fundamentos de las garantías del debido proceso relativos al derecho a probar y la motivación de resoluciones judiciales, para concluir que es posible incorporar pruebas de oficio ante las circunstancias descritas, siempre y cuando se haya realizado una valoración racional de la prueba respecto del informe dactiloscópico, y se pueda emitir pronunciamiento pleno sobre los puntos controvertidos. Asimismo, es necesario que la convicción del juez que no incorpora pruebas de oficio esté debidamente motivada. / In the present academic work, the questioning made in the Cassation appeal No. 4260- 2017 is addressed, regarding the apparent obligation of the Judge to request ex officio evidence due to the lack of conviction of evidence that proves the lack of expression of will of the seller Juana Rodríguez Salas, which is based on the performance of a Fingerprint Expertise, which determined that the fingerprint present in the contract was a stain. The main problem is whether the judge's power to incorporate ex officio evidence into the process persists in the presence of a dactyloscopic expert report in the event of a possible lack of conviction, and as a secondary problem, if it is enough for the judge to allege that he maintains full conviction of the evidence incorporated to omit the disposition of means of evidence ex officio. As a result, a joint assessment of article 194 of the Peruvian Civil Code and the X Pleno Casatorio Civil has been carried out, as well as the foundations of the guarantees of due process related to the right to prove and the motivation of judicial decisions, to conclude that it is It is possible to incorporate ex officio evidence in the circumstances described, as long as a rational assessment of the evidence has been made with respect to the dactyloscopic report, and a full pronouncement can be issued on the controversial points. Likewise, it is necessary that the conviction of the judge who does not incorporate ex officio evidence is duly motivated.

Permítannos compartir con ustedes algunas inquietudes que motivaron el desarrollo de esta investigación, formulándonos en principio la siguiente interrogante, ¿Por qué resulta relevante el tratamiento de la competencia judicial internacional, y particularmente si la vinculamos a temas de familia? Al respecto, pueden invocarse argumentos como los siguientes: 1.- La diversidad de tratamiento legislativo: Existen dificultades y severas discrepancias en las legislaciones mundiales en cuanto a la regulación de la familia matrimonial y no matrimonial, encontrándose divergencias en varios de sus institutos y particularmente en el divorcio, apreciándose que los ordenamientos se desplazan entre los regímenes restrictivos de carácter sancionador, los mixtos que contemplan causales específicas inculpatorias, admitiendo la convención de los cónyuges para relajar o liquidar el vínculo matrimonial, los que suscribiéndose a modalidades remedio, establecen causales objetivas de resquebrajamiento de la unión matrimonial, incorporando los más atrevidos la denominada causal de divorcio quiebre o de matrimonios desquiciados que de modo genérico pueden consentir cualquier supuesto como amparable para declarar la disolución del vínculo matrimonial, así como incluso el divorcio unilateral. Ello más allá de la iniciativas que admiten divorcios privados, acordados por autoridades públicas no judiciales “ Se trata de divorcios acordados por notarios (Cuba, Marruecos, Egipto y recientemente el Perú por Ley 29227 del 15 de mayo de 2008), alcaldes(Japón, Perú Ley 29227), gobernadores civiles(Noruega), autoridades administrativas (Dinamarca), Ministerio de Justicia y Asuntos Eclesiásticos (Islandia), autoridades registrales (Méjico)”1 Esta diversidad también se refleja en las normas conflictuales de Derecho Internacional Privado estatales cuya opción por los factores de conexión es distinta, así como ante la insuficiencia de normas supranacionales de Derecho Procesal Civil Internacional que determinen criterios de competencia comunes, que posibiliten la internacionalidad de los derechos válidamente adquiridos, y que en el caso que estudiaremos conduzcan a la estabilidad del estado civil y familiar de las personas, y no permitan que hayan ciudadanos que desde el punto de vista de un Estado estén por ejemplo divorciados y desde otros ordenamientos jurídicos permanezcan casados, con todos los efectos negativos que importa para los demás miembros de la familia, así como para la seguridad de sus relaciones económicas y jurídicas.

Se investigará la necesidad de establecer un marco procesal propio para los derechos transindividuales (derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos) en materia de legitimidad, a fin de brindar tutela procesal efectiva, dado que la dispersión en nuestro ordenamiento no permite un correcto tratamiento de la legitimación y puede incitar a confusiones, creando con ello una tutela jurisdiccional efectiva de eficacia horizontal y vertical. La importancia de este proyecto es evitar la pérdida de los derechos transindividuales mediante la dotación de un marco procesal adecuado en materia de legitimidad, el cual debo advertir desde ya, que representa una herramienta más, pero muy útil, a fin de acercarnos a la tutela procesal efectiva, garantizando un amplio acceso a la justicia y evitando la falta de predictibilidad.

En la película “Corre, Lola, corre” del director alemán Tom Tykwer, dos amantes disponen tan sólo de unos minutos para cambiar el curso de sus vidas. Lola, la protagonista de la película, recibe una llamada desesperada de su novio Manni, quien acaba de perder una pequeña fortuna que pertenece a un jefe de la mafia para el que trabaja. Si Lola no consigue el dinero en veinte minutos, Manni sufrirá las consecuencias. Desde ese momento, Lola empieza (literalmente) una incesante y desesperada carrera en búsqueda del dinero que le permitirá salvar a su novio de la muerte.

El articulo busca brindar un enfoque acerca de la aplicación del artículo cinco de la Ley N° 30313, Ley de Oposición al Procedimiento de Inscripción Registral en Trámite y cancelación del Asiento Registral por Suplantación de Identidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los Artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los artículos 4 y 55 y la quinta y sexta Disposiciones complementarias, transitorias y finales del decreto legislativo 1049, su contexto histórico y la esencia de la mencionada Ley. Se brinda al lector una opinión acerca de las implicancias de la entrada en vigencia de la Ley N° 30313 y al mismo tiempo se otorga una serie de críticas que son relevantes para entender porque se considera que es Ley no es la solución idónea para los problemas de fraudes inmobiliarios.