Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diagnosticar el escenario actual de la tramitación electrónica en Chile, luego de la entrada en vigencia de la Ley nº 20.886 que Modifica el Código de Procedimiento Civil para establecer la tramitación digital de los procedimientos judiciales, mejor conocida como la Ley de Tramitación Electrónica. Lo primero es definir qué se entiende por Tecnologías de la Información y Comunicación, y cómo dichas herramientas han sido acogidas en el derecho, y en específico en la tramitación de los procedimientos judiciales, a través de la utilización de los llamados eservices. El análisis que le sigue parte por el contexto existente con anterioridad a la Ley de Tramitación Electrónica, para luego adentrarse en el desglose de ésta a la luz de su discusión en el Congreso Nacional, sus fundamentos, sus principios y sus normas, tanto legales como los auto acordados. Finalmente, realiza un análisis comparado con los mejores exponentes en esta materia tanto a nivel latinoamericano como mundial, El resultado arroja que Chile se encuentra en un proceso de implementación de una reforma mayor, como lo significará la Reforma Procesal Civil, y más allá de los aportes concretos de la Ley de Tramitación Electrónicas y las Instituciones que puedan adoptarse del análisis comparado, el verdadero desafío se encuentra en la concreción de dicha reforma.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Desde principios de la primera década del 2000, los avances tecnológicos han tenido una escalada progresiva, lo que se ha traducido en grandes cambios en los diversos sectores de nuestra moderna sociedad. Por citar algunas experiencias, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, e incluso el mismo poder Legislativo, han implementado sus diversos servicios a los cuales es posible acceder a través de cualquier servidor con acceso a Internet. Los sistemas judiciales no se han mantenido ajenos a estos avances, y en concordancia con la legislación internacional, han experimentado una fuerte y sostenida tendencia a la digitalización de sus procesos, permitiendo que la tramitación se realice mediante sistemas computacionales y procedimientos electrónicos. Es así que, como anticipo a una futura reforma al sistema procesal civil, la Ley N° 20.886 (que implementa la tramitación digital de los procedimientos judiciales) introduce precisamente la tramitación electrónica a nuestros procedimientos. Lo anterior tiene, entre muchas otras consecuencias, una incidencia significativa en el sistema recursivo de nuestros juicios, ya que al existir revisión por los tribunales superiores el expediente en el cual consta el proceso ‘cambia de tribunal’, lo que genera cargas para las partes (como la de comparecencia en segunda instancia o la consignación de fondos suficientes para la confección de compulsas). Éstas no se justifican a la luz de este cambio legislativo que busca darle aplicación a la economía procesal y reducir lo más posible los costos en la litigación. Un cambio tan importante significa un desafío para los usuarios y operadores del sistema judicial. Se expondrán, a la luz de la reforma señalada, las modificaciones a la estructura recursiva de nuestro país, tomando como punto clave las modificaciones al Código de Procedimiento Civil, por ser el cuerpo normativo que más cambios experimenta y su aplicación subsidiaria respecto del resto de los procedimientos. / 16/10/2018

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La sana crítica como sistema de valoración de la prueba ha ido avanzando progresivamente en nuestro ordenamiento jurídico hasta tal punto que la próxima reforma procesal civil pretende que este método de ponderación sea la regla general, en desmedro del sistema de prueba legal tasada vigente en nuestro ordenamiento jurídico civil. Es debido a lo anterior que nos surge la siguiente pregunta: ¿Los tribunales de justicia nacionales estarán cumpliendo con todos los requisitos que establece la sana crítica? Por lo anterior, hemos decidido investigar de qué forma los tribunales nacionales han aplicado la sana crítica en diversos procedimientos, llegando a la conclusión de tales no cumplen con los requisitos pertinentes al sistema referido.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La investigación se centra en la relevancia de la introducción de nuevas tecnologías en materia probatoria. Siguiendo el método descriptivo se analizan los aspectos esenciales de la propuesta de reforma procesal civil cuya tramitación legislativa se inició en 20121, tanto en sus normas positivas como principios fundantes para dotar a la investigación de un marco que permita analizar el tratamiento de los modernos medios de prueba en la propuesta. Luego, se analizan los modernos medios de prueba, su tratamiento en la ley vigente y la situación en derecho comparado. Se relevan los medios de fijación de hechos en soportes inmateriales y la captación, tratamiento y transmisión de datos o de rasgos biométricos, analizados desde la óptica normativa y de impacto procesal, sin referirnos en forma alguna a la cadena de certificación, tratamiento y custodia forense de cualquiera de ellos. Las instituciones probatorias a analizar en detalle son: libertad probatoria, forma de incorporación de los medios de prueba al proceso, carga de la prueba y sujetos probatorios. Finalmente realizamos propuestas que se ajusten a los estándares e imperativos que constituyen nuestro sistema civil (tanto sustantivo como procesal).

En el presente trabajo académico nos adentraremos en analizar el medio impugnatorio más importante en el Arbitraje, el recurso de anulación. De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1071, el recurso de anulación es el único medio de impugnación del laudo arbitral; sin embargo, cuando revisamos el procedimiento de dicho procedimiento y evaluamos las características que se la atribuyen a la anulación de laudo, podemos advertir que, en un primer momento, estuviéramos hablando de un recurso, pero, de otro lado, también podríamos estar refiriéndonos a una demanda. La finalidad de este trabajo consiste en desarrollar, en primer lugar, el marco teórico respecto de la anulación de laudo y los medios impugnatorios según las normas peruanas. En segundo lugar, presentar cuáles son las posturas respecto de la naturaleza jurídica de la anulación de laudo; es decir, si se trata de un recurso o una demanda. En tercer lugar, se realizará un análisis crítico sobre estas posturas para determinar finalmente que la anulación de laudo es una demanda. Finalmente, el presente trabajo examinará propuestas a fin de poder mejorar las normas que regulan el arbitraje y uniformizarlas a fin de que se presenten acordes a la teoría de la impugnación que se aplica en el Perú.

Tal y como sigue vigente en la Reforma del Código Procesal Civil, nuestros jueces aún deben aplicar el iura novit curia, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pero deben saber cómo y cuándo aplicarlo. En efecto, la aplicación del iura novit curia se debe adecuar a tres límites que propongo: (i) iniciativa de parte; (ii) congruencia procesal; y, (iii) contradictorio. De ese modo, la decisión final no afectará ningún derecho de las partes. Asimismo, la práctica judicial advierte que los jueces se decantan por aplicarlo en la sentencia, en la calificación de la demanda y en la fijación de puntos controvertidos. Lo ideal es que nuestros jueces lo aplique, correctamente, en la fijación de puntos controvertidos, pues, en esta etapa del proceso, los jueces ya conocerán claramente de qué trata el caso y, por ende, las partes obtendrían una decisión final que resuelva el mérito de la controversia y, a la vez, que no trasgreda ninguno de sus derechos

El presente trabajo académico de investigación tiene como objetivo general: identificar cual es el mecanismo procesal adecuado en virtud del cual se puede cuestionar la falta de acta de conciliación extrajudicial en el proceso civil a su vez poder analizar la idoneidad del cuestionamiento de las excepciones procesales y proponer una fórmula de solución. El método de estudio empleado es el Hermenéutico, se utilizó la técnica del análisis documental. Se formuló como pregunta de investigación ¿Cuál es el mecanismo procesal adecuado en virtud del cual se puede cuestionar la falta de acta de conciliación extrajudicial en el proceso civil? Se arribo como principal conclusión que: El mecanismo procesal adecuado en virtud del cual se puede cuestionar la falta del acta de conciliación en el proceso civil, es una excepción procesal debiendo de denominarse “excepción de falta de interés para obrar por falta de conciliación extrajudicial”, ubicándolo en el artículo 446 inciso 11 del código procesal civil y Se determino que también debe existir una excepción denominada “excepción de falta de interés para obrar” para poder cuestionar en su modalidad genérica al interés para obrar. / The general objective of this academic research work is to identify the appropriate procedural mechanism by virtue of which the lack of an extrajudicial conciliation act in the civil process can be questioned, while being able to analyze the suitability of the questioning of the procedural exceptions and propose a solution formula. The study method used is the Hermeneutic, the technique of documentary analysis was used. It was asked as an investigative question. The main conclusion is that: The appropriate procedural mechanism by virtue of which the lack of the act of conciliation in civil proceedings can be questioned, is a procedural exception and must be called "exception of lack of interest to act due to lack of extrajudicial conciliation", placing it in article 446, paragraph 11, of the Code of Civil Procedure and It is determined that there must also be an exception called "exception of lack of interest to act" in order to be able to question in its generic form the interest to act.

La presente tesis consiste en la delimitación de los presupuestos procesales que habilitan a la configuración de las medidas cautelares previas, conforme al artículo 56° del Código Tributario, desde lo establecido en dicha norma, así como a partir de los principios del derecho administrativo y civil, entendiendo a dicho instrumento como una herramienta de la teoría general del derecho que manifiesta la facultad de aseguramiento otorgada a la Administración Tributaria por parte del legislador, esto es, de la autotutela de la cobranza de la deuda tributaria; por lo que resulta necesario establecer los límites en la aplicación de la citada medida dentro del respeto de los derechos fundamentales de los contribuyentes, en especial del derecho de defensa y al debido procedimiento. De este modo, la presente investigación tiene como objetivo principal establecer la naturaleza del instituto procesal “medidas cautelares previas” y la finalidad para la que ha sido establecida, con la intención de determinar cuáles son los presupuestos procesales que configuran su aplicación. A tal efecto, se detalla la forma en que la SUNAT, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial vienen entendiendo de dicha medida, al tratarse de los entes que aplican la citada medida y quienes velan por el correcto cumplimiento de lo establecido en las normas tributarias. De dicho análisis se detecta la existencia de problemas en cuanto a la correcta verificación de los presupuestos procesales de medidas cautelares previas, en sede administrativa, así como la dificultad de solucionar el problema generado en sede judicial, por lo que se plantean una serie de medidas legislativas y reglamentarias para su solución. / Trabajo de investigación

En el Perú, la anticipación de tutela cautelar efectiva en los procesos de familia, sobre todo en los de alimentos por constituir uno de los elementos básicos de subsistencia de la persona humana, la legislación nacional siempre ha visto la importancia de acudir a los menores de edad con una asignación anticipada de oficio, pero sin embargo también nos olvidamos de las personas mayores de edad sin recursos económicos, así como de las otras instituciones familiares que bien también se deben otorgar de oficio. En el presente artículo se va analizar la problemática actual de la anticipación de la tutela cautelar efectiva en los procesos de familia, teniendo en cuenta que no solo puede otorgarse de oficio la asignación anticipada de alimentos únicamente a los menores, sino que también a las personas mayores de edad en estado de vulneración, así como en las otras instituciones jurídicas como, la patria potestad y tutela. Teniendo en consideración los puntos precedente, el objetivo del presente artículo es demostrar que la anticipación de tutela cautelar efectiva, no solo debe otorgarse de oficio para este único sector que son los niños, sino que también debe de abarcar para los padres, cónyuges incluso para los hermanos, puesto que quien lo pretende dicho otorgamiento es por la necesidad en que se encuentra en ese momento; asimismo, los órganos jurisdiccionales deben actuar de oficio otorgando la tutela cautelar, como en el caso de la tenencia pese a que la norma lo prohíbe porque tiene que cumplir con una serie de diligencias, sin embargo son dilatorias que muy bien podrían efectuarse posterior a la medida cautelar otorgada de oficio, por cuanto urge esa necesidad del hijo o hija de estar con el padre o la madre a quien más confianza, cariño y amor le tiene, y no frustrar el desarrollo del menor, ante procesos latos.