EI SOAT es un seguro vehicuIar obIigatorio cuyo objetivo es garantizar Ia atención inmediata de Ias víctimas, sean ocupantes o terceros de vehícuIo coberturado, ante Ia ocurrencia de un siniestro. AI respecto, existe una controversia entre Ias compañías de seguros y Ios accidentados respecto de si eI SOAT debe cubrir a Ios ocupantes de un vehícuIo que no cuenta con dicho seguro. Por un Iado, Ios accidentados señaIan que eI SOAT cubre a todas Ias personas, independientemente de Ia caIidad que estas posean; mientras que Ias compañías de seguros sostienen que su póIiza únicamente deberá ser apIicada a Ios ocupantes deI vehícuIo asegurado, así como a Ios terceros no ocupantes deI mismo, restringiendo este término para Ios peatones. Bajo esta úItima interpretación, no podrá ser posibIe que se brinde Ia cobertura deI SOAT a Ios ocupantes de un vehícuIo sin SOAT, Ios mismos que potenciaImente quedarían a su suerte. Sin embargo, desde nuestra óptica, cuaIquier disposición normativa que haga referencia aI SOAT debe interpretarse, considerando eI propósito sociaI bajo eI cuaI fue concebido. En consecuencia, a Ia Iuz deI cuarto párrafo deI artícuIo 17 deI Decreto Supremo 024-2002-MTC, Ias compañías de seguro se encuentran obIigadas a indemnizar a Ios ocupantes deI vehícuIo sin SOAT, teniendo Ia posibiIidad de repetir Io pagado contra Ios responsabIes soIidarios. / The SOAT is a mandatory vehicIe insurance whose objective is to guarantee the immediate attention of the victims, whether they are occupants or third parties of the covered vehicIe, in the event of an accident. In this regard, there is a controversy between insurance companies and accident victims as to whether the SOAT shouId cover the occupants of a vehicIe that does not have said insurance. On the one hand, the injured parties point out that the SOAT covers aII peopIe, regardIess of their quaIity; whiIe insurance companies maintain that their poIicy shouId onIy be appIied to the occupants of the insured vehicIe, as weII as to third parties who do not occupy it, restricting this term to pedestrians. Under this Iast interpretation, it may not be possibIe for SOAT coverage to be provided to the occupants of a vehicIe without SOAT, the same ones who wouId potentiaIIy be Ieft to their own devices. However, from our point of view, any reguIatory provision that refers to SOAT must be interpreted, considering the sociaI purpose for which it was conceived. ConsequentIy, in Iight of the fourth paragraph of articIe 17 of Supreme Decree 024-2002-MTC, the insurance companies are obIiged to indemnify the occupants of the vehicIe without SOAT, having the possibiIity of repeating what was paid against the joint and severaI responsibIe.

El deber de idoneidad alude a la correspondencia entre la expectativa que tiene el consumidor con lo que en efecto recibe. De tal manera, en el sector de transporte aéreo, los consumidores que adquieren un pasaje para transportarse a un destino determinado en un horario concreto, lo hacen porque tienen un interés previo de que el viaje se realice conforme lo contratado. Sin embargo, existe una práctica comercial realizada por muchas aerolíneas llamada overbooking o sobreventa de pasajes, la cual consiste en aceptar una cantidad de reservas superior al número de asientos de un vuelo. Si bien, existen diversas posiciones respecto a si se debería permitir el overbooking, la realidad es que en el ordenamiento jurídico peruano esta práctica comercial no se encuentra prohibida, sino solo determina los remedios legales que las aerolíneas tienen que desplegar para compensar al consumidor afectado. Siendo esto así, en el presente artículo se realizará un análisis respecto a si la práctica comercial del overbooking vulneraría la idoneidad que debe cumplir todo producto o servicio contratado. Asimismo, se plantean una serie de recomendaciones con el objetivo de poder otorgar una mejor protección a los derechos que tiene todo consumidor en el sector de transporte aéreo. / The duty of suitability refers to the correspondence between the expectations that the consumer has with what he actually receives. In this way, in the air transport sector, consumers who purchase a ticket to travel to a specific destination at a specific time, do so because they have a prior interest that the trip be carried out as contracted. However, there is a commercial practice carried out by many airlines called overbooking or overselling tickets, which consists of accepting a number of reservations greater than the number of seats on a flight. Although there are different positions regarding whether overbooking should be allowed, the reality is that in the Peruvian legal system this commercial practice is not prohibited, but only determines the legal remedies that airlines have to deploy to compensate the affected consumer. This being the case, in this article an analysis will be carried out regarding whether the commercial practice of overbooking would violate the suitability that any contracted product or service must comply with. Likewise, a series of recommendations are proposed with the aim of being able to grant better protection to the rights of every consumer in the air transport sector.

El presente trabajo se enfoca en analizar el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor, circunscrito al sector financiero y conexos, desde la autorregulación empresarial; además, de tomar en consideración, la importancia del Compliance como buena práctica corporativa. En ese sentido, se plasma como objetivo, determinar el impacto que ha tenido el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor, en el sector económico mencionado, ya que, su adecuada implementación, sirve como atenuante frente a la posible imposición de multas, por parte del Indecopi. Para ello, se partirá por explicar las nociones básicas del Compliance, y de la autorregulación como mecanismo voluntario, por parte de las empresas, de autosometerse a reglas determinadas. Dichos conceptos, se enmarcan en la normativa referente a la protección al consumidor en el sistema financiero. Seguidamente, se propone, además de los documentos requeridos por la norma, la realización de una matriz de riesgo y el establecimiento de controles internos para la ejecución del programa de cumplimiento, producto del análisis de varias Resoluciones del Indecopi, que permiteron identificar los lineamientos y parámetros establecidos por la autoridad competente, sobre el sector económico desarrollado. Ello, sin dejar de abordar lo límites normativos y de ejecución que aún enfrenta el programa de cumplimiento en materia de protección al consumidor. Finalmente, tomando como referencia las premisas desarrolladas, se logra evidenciar que, a pesar del beneficio adyacente al programa de cumplimiento estudiado, éste no ha tenido un gran impacto en el sector financiero y conexos, debido a que aún no hay claridad en los criterios de evaluación del programa cumplimiento por parte del Indecopi, según la jurisprudencia desarrollada en el trabajo.

A propósito del caso del señor Andrés Flores por la compensación que el Banco del Crédito realiza en la cuenta de ahorros en la que recibía su pensión, el presente informe abarca el debate sobre las normas que rigen sobre dicha práctica comercial muy usual por parte de los bancos. En específico, la discusión, que incluso ha estado presente entre los órganos resolutivos del INDECOPI, se centra en determinar si a aquella compensación autorizada por el usuario debe realizarse considerando el límite establecido en el artículo 648 del Código Procesal Civil, el cual declara como inembargables las remuneraciones y pensiones. Además, ante la falta de uniformidad en cuanto a los criterios aplicados por la autoridad administrativa, se analiza la posible vulneración del principio de confianza legítima como contenido esencial del principio de seguridad jurídica y sus implicancias dentro del procedimiento sancionador en curso respecto de la entidad bancaria denunciada. Por su parte, en el marco del recurso de revisión interpuesto, se desarrollan los principios que rigen sobre el procedimiento sumarísimo que subyace, a fin de evaluar la congruencia con el pronunciamiento de la Sala Especializada en Protección al Consumidor. / Regarding the case of Mr. Andrés Flores for the compensation made by Banco del Crédito in the savings account in which he received his pension, this report covers the debate on the rules governing this very common banks business practice. In particular, the discussion focuses on determining whether the compensation authorised by the consumer should be made considering the limit established established in the Code of Civil Procedure, which declares remunerations and pensions to be unseizable. In addition, in view of the lack of uniformity in the standards applied by the administrative authority, the application of the principle of legitimate expectations and its implications within the sanctioning procedure will be analyzed.

El presente informe tiene como objetivo poder analizar los principales problemas jurídicos de la Resolución N.º 2070-2020/SPC-INDECOPI, la cual halló responsable a Peruvian Air Line S.A.C por infracción al deber de información y deber de idoneidad, señalados en los artículos 2 y 19, del Código de Protección y Defensa al Consumidor respectivamente, por los hechos suscitados frente a la cancelación de vuelos realizados por dicha aerolínea a partir del 30 de setiembre de 2019. De esta manera, se realiza un análisis jurídico a fin de determinar si, en primer lugar, la medida de embargo a las cuentas de Peruvian Air Line por la Administración Tributaria se considera una ruptura del nexo causal al ser un hecho de fuerza mayor y, por tanto, la aerolínea no sería imputable de la cancelación de vuelos como consecuencia del embargo. En segundo lugar, se analiza si siendo imputable a Peruvian Air Line la cancelación de vuelos habría cumplido con alguno de los supuestos que indica la Decisión 619 para quedar liberado de responsabilidad. En tercer lugar, se analiza si la aerolínea otorgó las medidas de protección a los usuarios afectados, de acuerdo con lo señalado por la Ley de Aeronáutica Civil y los artículos 7 y 8 de la Decisión antes mencionada. Por último, se analiza si Peruvian Air Line brindó información de manera suficiente, apropiada y oportuna en relación al estado de los vuelos que fueron cancelados y/o las medidas de protección a adoptar como resultado de la suspensión de sus operaciones. / The purpose of this report is to analyze the legal problems of Resolution No. 2070- 2020/SPC-INDECOPI, which found Peruvian Air Line S.A.C. liable for breach of the duty of information and duty of suitability, as set forth in articles 2 and 19 of the Code of Consumer Protection and Defense, respectively, due to the facts arising from the cancellation of flights made by such airline as of September 30, 2019. Whereby, a legal analysis is carried out in order to determine if, in the first place, the seizure of Peruvian Air Line' accounts by the Tax Administration is considered a rupture of the causal link as it is a force majeure event and, therefore, the airline would not be liable for the cancellation of flights as a consequence of the seizure. Secondly, it is analyzed whether the cancellation of flights being attributable to Peruvian Air Line, it would have complied with any of the assumptions indicated in Decision 619 in order to be released from liability. Thirdly, it is analyzed whether the airline provided the protection measures to the affected users, based on the provisions of the Civil Aeronautics Law and articles 7 and 8 of the Decision. Finally, it is analyzed whether Peruvian Air Line provided sufficient, appropriate and timely information regarding the status of the cancelled flights and/or the measures to be adopted as a consequence of the suspension of its operations.

En la actualidad, la publicidad es una herramienta clave para el ingreso de cualquier agente económico al mercado, ya que nos encontramos frente a una sociedad consumista; por tal motivo, no resulta ajeno encontrar piezas publicitarias que, además de tan sólo mencionar los atributos o beneficios del producto o servicio a contratar, recurran al empleo de otros elementos que persuadan a su público objetivo al consumo de lo ofrecido. Es en este contexto que sale a la luz la denominada publicidad sexista, caracterizada por la presencia de la figura femenina, cuyo principal objetivo es generar la atracción del género masculino, objetivizando así a las mujeres o estereotipándolas en un rol social que no representa la realidad de muchas de ellas. De este modo, en el presente trabajo se buscará evidenciar no sólo las deficiencias de la fiscalización de la publicidad sexista por parte del Estado, sino también respecto de la autorregulación; ello, con la finalidad demostrar que existe una necesidad de (i) elaborar un concepto normativo de publicidad sexista; y, (ii) establecer criterios base a tenerse en cuenta al momento de evaluar una publicidad de este tipo.

El presente artículo tiene como objetivo explicar por qué un acto administrativo emitido bajo la potestad sancionadora de una entidad administrativa no puede ser analizado desde la perspectiva de un procedimiento de eliminación de barreras burocráticas; es decir, por qué una sanción o medida correctiva no podría contener una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad. Para ello, se analizará la Resolución N° 0147-2015/CEB-INDECOPI emitida en el año 2015 por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, sobre la cual se hará una breve crítica que nos llevará a resaltar la importancia de la precisión establecida en el Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, al señalar que, entre otros, no se consideran barreras burocráticas a la imposición de sanciones.

En el presente trabajo se evaluó la medida consistente en la prohibición de ingreso a locales comerciales a no vacunados contra el Covid-19 a la luz de la normativa peruana de protección al consumidor a iniciativa de los proveedores, con el fin de determinar si esta incurría o no en un supuesto de discriminación. En ese sentido, se tomó en consideración si esta medida se encontraría o no justificada por un motivo razonable y objetivo, conforme lo requiere nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor. Así pues, se evalúa que nos encontramos atravesando una pandemia global que, como país nos afecta en diversos ámbitos, teniendo una especial incidencia en el ejercicio del derecho a la salud de las personas, siendo que el Estado Peruano se encuentra en la obligación de garantizarlo en concordancia con los compromisos internacionales asumidos y su normativa nacional. Dado el nivel de afectación que tiene la enfermedad del Covid-19 es necesario que se adopten todas las medidas posibles para procurar controlarlo y/o combatirlo, siendo que los privados también pueden contribuir desde su ámbito de control. Ahora bien, en tanto que la vacuna contra el Covid-19 tiene estudios que demuestran que, a la fecha, es el mejor método que como sociedad tenemos para reducir el contagio e, incluso, evitar que aquellos que enfermen lo hagan gravemente, se vuelve evidente que la medida se encuentra justificada. / In the present investigation, the main topic is evaluate the prohibition of entering to business premises for those who are not vaccinated against Covid-19. This measure was studied from the perspective of Peruvian consumer protection regulations, in order to determine if this was incurred or not in a case of discrimination. In this sense, it was taken into consideration whether or not this measure would be justified for a reasonable and objective reason, as required by our Consumer Protection and Defense Code. Thus, it is appreciated that we are going through a global pandemic that, as a country affects us in various areas, having a special impact on the exercise of the right to health of people, being that the Peruvian State is under the obligation to guarantee it in accordance with the international commitments assumed and their national regulations. In this sense, given the level of affectation that the Covid-19 disease has, it is necessary that all possible measures be adopted to try to control and combat it, since private parties can also contribute from their scope of control. Now, while the Covid-19 vaccine has studies that show that, to date, it is the best method that we as a society have to reduce contagion and even prevent those who become seriously ill from doing so, it becomes obviously the measure is justified.

El Indecopi, en el ejercicio de sus funciones, realiza diversas acciones con el objetivo de proteger los derechos de las y los consumidores. Para ello, a través de la Dirección de Fiscalización (DFI), ejecuta acciones de fiscalización respecto del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a proveedores de actividades económicas bajo su competencia. Debido a que estas acciones de fiscalización coadyuvan al objetivo del Indecopi, se configuran como intervenciones públicas sujetas de ser evaluadas. En el presente Trabajo de Suficiencia Profesional se expone mi experiencia profesional como apoyo especializado en Economía en la DFI, en la evaluación de impacto de las fiscalizaciones realizadas durante el año 2019.1 En específico, se tuvo por objetivo evaluar el impacto de las fiscalizaciones orientativas sobre el nivel de incumplimiento de las obligaciones fiscalizadas. De la evaluación se evidenció que las fiscalizaciones orientativas tienen un impacto efectivo en la disminución del nivel de incumplimiento, es decir, del comportamiento infractor por parte de los proveedores.

Las transacciones bancarias conllevan a una diversidad de escenarios que ponen a prueba la suficiencia de las medidas adoptadas por las empresas y los reguladores para mantenerse alineadas a la regulación existente en materia de protección al consumidor financiero. Por ello, se debe analizar si las técnicas de autorregulación, como las prácticas de buen gobierno corporativo y, a través de éstas, los programas de “compliance” voluntarios, pueden cumplir dicho objetivo. Al respecto, el presente trabajo pretende demostrar la necesidad de que las empresas bancarias cuenten con programas de cumplimiento normativo en materia de protección al consumidor, más allá de los sistemas de control de riesgos legales que puedan tener para la generalidad de la legislación; ello, atendiendo a los incumplimientos en los que incurren dichas empresas en el desarrollo de sus actividades, lo cual se encuentra evidenciado en los reportes emitidos por la entidad fiscalizadora y sancionadora en materia de consumo. La propuesta hace, especial énfasis en identificar las contingencias a las que se enfrentan las empresas por el incumplimiento de las normas de protección al consumidor en el ámbito pecuniario, esto es, por imposición de sanciones, como a nivel cualitativo en lo referido a la pérdida reputacional frente a otros competidores del mercado. Al mismo tiempo, se busca elaborar un mapa de riesgos en materia de protección al consumidor, a raíz de la normativa vigente y los pronunciamientos del Indecopi en los que dicha entidad haya dado a conocer sus criterios sobre el cumplimiento del deber de idoneidad, cuyo conocimiento puede permitir implementar y reforzar las políticas de cumplimiento ya existentes. Finalmente, se sostiene la hipótesis que el registrar tales políticas y programas de cumplimiento ante la autoridad de consumo, bajo un esquema de incentivos, puede mostrar como resultado la reducción de contingencias entre las empresas bancarias y consumidores. / Trabajo de investigación