El presente informe contiene un análisis de cómo debe interpretarse la publicidad comercial en general y si resulta correcto utilizar el famoso criterio de la parte captatoria. A opinión de la autora este tipo interpretación resulta incorrecto, por lo cual se debe utilizar únicamente un análisis integral y superficial de la publicidad, tal como lo dispone la Ley de la Represión de la Competencia Desleal. De manera complementaria, una vez identificado el mensaje publicitario en el caso materia de discusión, la autora propone que el análisis de una publicidad alusiva que contiene una afirmación no veraz respecto de la oferta del anunciante debe analizarse dentro del marco de la excepción de veracidad recogida en la citada Ley, pues resulta que dicho requisito de licitud contiene un principio de veracidad reforzado, el cual permite evaluar el mensaje del anuncio publicitario para determinar que sea ajustado a la realidad

El presente caso versa sobre un acto de discriminación denunciado por la señorita Godfrey Arbulú lo cual constituye una infracción a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. El objetivo del presente informe es determinar si efectivamente la discoteca, Gótica, cometió un acto de discriminación en perjuicio de la señorita Arbulú. Para ello, se analizará la pertinencia de los medios probatorios aportados durante el procedimiento a efectos de determinar la existencia de la misma, teniendo en consideración que muchas veces resulta de difícil probanza para los consumidores acreditar un trato diferenciado. Asimismo, se analizará si las medidas correctivas y la sanción impuesta resultan idóneas para evitar que en el futuro se cometan actos de discriminación. Las conclusiones están detalladas en el acápite 7 del presente informe. / This case deals with an act of discrimination denounced by Ms. Godfrey Arbulú, which constitutes a violation of Law No. 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. The purpose of this report is to determine if indeed the discotheque, Gótica, committed an act of discrimination to the detriment of Ms. Arbulú. To this end, the relevance of the evidence provided during the proceeding will be analyzed in order to determine the existence of such discrimination, taking into consideration that it is often difficult for consumers to prove that they have been treated differently. Likewise, it will be analyzed whether the corrective measures and the sanction imposed are suitable to prevent future acts of discrimination. The conclusions are detailed in section 7 of this report

El presente informe versa sobre la controversia que por varios años se ha presentado respecto al tratamiento de la continuidad de cobertura de las enfermedades preexistentes y si la misma puede ser aplicada cuando se migra de un plan de salud brindado por una Entidad Prestadora de Salud (EPS) a un seguro de salud, otorgado por una empresa de seguros, y viceversa. Respecto a ello, se presentan los argumentos de la compañía de seguros, quien señala que dicho tratamiento no se encuentra regulado por la legislación vigente durante el trámite de la denuncia y por el contrario existirían dos sistemas de aseguramiento independientes; por un lado el dispuesto a través Ley N° 29561, la misma que dispone la continuidad en la cobertura de preexistencias (enfermedades preexistentes) en los planes de salud emitidos por las EPS; y por otro lado, la Ley N° 28770, la misma que regulaba la utilización de preexistencias en la contratación de un nuevo seguro de enfermedades y/o asistencia médica con una compañía de seguros. No obstante ello, se concluye que la compañía de seguros cometió una infracción al deber de idoneidad, en tanto que denegar la contratación del seguro de salud en los términos requeridos por la denunciante contravendría las disposiciones del Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley del Contrato de Seguro, debido a que, de una lectura sistemática y finalista de ambas normas queda establecido que el artículo 118º de la Ley del Contrato de Seguro sí regula el tratamiento de las preexistencias cruzadas (migración de EPS a empresa de seguros y viceversa).

El presente artículo versa sobre las complicaciones que tienen las personas invidentes para acceder a páginas web que ofertan productos a consumidores (B2C), en el denominado e-commerce o comercio electrónico. De este modo observamos cómo este grupo de personas se encuentra marginado de poder acceder adecuadamente al disfrute de las ofertas on line, desprotegiendo sus derechos como pasibles consumidores, al no medirse el grado de accesibilidad de las páginas web que ofrecen estos productos (WCAG). En las líneas posteriores se realiza un análisis normativo comparado entre dos legislaciones distintas a la nuestra, se ahonda entre los estándares internacionales de la Accesibilidad Web (W3C), entre otros métodos. Del mismo modo, advertimos la necesidad de legislar el derecho de desistimiento para el comercio electrónico en nuestro ordenamiento, dado que esta carencia tiene desprotegido al grueso de consumidores en nuestro país y, con mayor razón al grupo de personas señalados en las primeras líneas del presente ítem.

Los cambios de criterio en las resoluciones emitidas por el Indecopi, entorno al deber de idoneidad, fueron determinantes para la elección de la resolución para mi examen de grado. Las resoluciones desarrolladas fueron la Resolución 2221-2012/SC2 (Caso Hiraoka) y la Resolución 1008-2013/SPC (Caso Claro), durante la elaboración del informe pude revisar ambos expedientes, y optar por uno de los criterios aplicados, para luego advertir que un adecuado programa de cumplimiento evitaría de una manera apropiada infracciones al deber de idoneidad, así como la atenuación de sanciones. El presente trabajo de investigación académica aborda los controvertidos criterios interpretativos del deber de idoneidad, y, además, busca demostrar que se debe priorizar el comportamiento del Proveedor frente a un problema. Además, busca analizar el concepto, funciones, beneficios, principios y factores de los programas de cumplimiento, y como estos últimos serían adecuados para evitar infracciones a las normas y, en especial, al deber de idoneidad, implementando mecanismos para evitar posibles infracciones mucho antes de que estas ocurran, así como dar una solución adecuada y oportuna si llega a producir, y aprender de lo acontecido para asegurarse que en un futuro no vuelvan a ocurrir.

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar y desarrollar los conceptos más comunes que las universidades privadas peruanas cobran como parte de la prestación de servicios educativos, a fin de descubrir si la forma y el cobro en sí mismo de tales conceptos son legales, en el marco de la normativa de protección al consumidor. Para ello, se desarrolla el concepto de servicio educativo en la regulación constitucional y sectorial, así como sus principales características y tipos, para aterrizar en los alcances del servicio educativo universitario, desarrollando además su regulación a nivel de protección al consumidor. Finalmente, se identifican cuáles son los conceptos que se cobran adicionalmente a aquellos directamente vinculados a la prestación de un servicio educativo universitario privado: intereses moratorios, penalidades y gastos administrativos, desarrollándose su naturaleza y límites, a fin de verificar su legalidad y las consecuencias que se derivan de ello.

El presente trabajo versa sobre la publicidad de productos cosméticos en los países de la Comunidad Andina (CAN). En este contexto, se ha revisado la normativa interna que tienen los países miembros de la CAN sobre este tema y se corroboró de que no incluyen pautas o parámetros comunes que debería adoptar todo aquel agente económico que realice publicidad sobre dichos productos. Asimismo, se revisó la Decisión 516 de la Comunidad Andina con la finalidad de verificar si contenía dichos parámetros, lo cual permitiría uniformar la legislación de los diferentes países miembros. Sin embargo, se comprobó de que no hay ningún artículo dentro de esta normativa que contemple esta materia; y, por tanto, existe un vació a nivel andino. Es por ello, que se considera la importancia que tendría que se incluya un capítulo sobre este tema en la Decisión 516, teniendo en cuenta que, toda infracción que se realice a través de la publicidad de productos cosméticos podría incidir directamente en la salud de los consumidores.

En la última década del siglo XX el Estado pasó de ser uno prestado a ser uno de tipo subsidiario; generando que su rol sea ahora supervisor y fiscalizador de las actividades que ahora se habían encomendado al sector privado. Como consecuencia de este cambio, se crearon organismos reguladores de los servicios públicos y otras entidades supervisoras de sectores como la regulación del mercado que garantizaran el adecuado tratamiento técnico de la regulación, fiscalización y resolución de reclamos de los usuarios. Es así que, con la finalidad de propiciar el buen funcionamiento del mercado mediante la defensa de los consumidores surgió el Indecopi; para lo cual, se facultó a dicha entidad para, entre otras cosas, ordenar medidas correctivas a los administrados. Sin embargo, nos surge la duda de si es correcto que en el marco de un procedimiento de protección al consumidor el Indecopi ordene como medida correctiva reparadora la devolución de los costos en los que incurrió el consumidor para reparar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas por la infracción cometida; creemos que, en casos como los antes mencionado se generan supuestos en los que las medidas correctivas se configuran como una indemnización, dándose escenarios en las que esta entidad sobrepasa sus facultades.

El presente trabajo académico tiene por objeto entender la línea argumentativa del INDECOPI en los temas de protección al consumidor en el sector salud, observando cuatro casos respecto a los servicios médicos brindados por entidades prestadoras del referido servicio. En este sentido, primero se ubica el concepto de “libertad de empresa” dentro del contexto constitucional económico, resaltando su importancia para el desarrollo de las diversas actividades económicas que posibilitan el desarrollo empresarial de una determinada entidad prestadora del servicio de salud. En forma posterior, y especificando el marco teórico, conceptual y normativo, se procedió con el estudio de cada una de las siguientes resoluciones: la Resolución Final N° 0749-2013/SPC-INDECOPI (Expediente N° 0554-2011/CPCINDECOPI), la Resolución Final N° 3791-2014/SPC-INDECOPI (Expediente N° 0337-2009/CPC-INDECOPI), la Resolución Final N° 0217-2014/CCDINDECOPI (Expediente N° 0097-2013/CCD-INDECOPI) y la Resolución Final N° 2916-2014/SPC-INDECOPI; en las cuales se revisó los argumentos señalados por el INDECOPI que respaldan su decisión, observando si estas transgredían el derecho a la “libertad de empresa” de las entidades prestadoras del servicio de salud. En atención a lo señalado, y conforme se observará, las referidas resoluciones fueron emitidas vulnerando el derecho a la “libertad de empresa”, debido a que no están acorde con la normativa de protección al consumidor que regula el sector salud, tales como la valoración de la prueba, las cláusulas abusivas, etc. Finalmente, es necesario tener presente que, si bien las cuatro resoluciones materia de estudio no representan una muestra representativa de todas las resoluciones emitidas por el INDECOPI sobre el tema materia de estudio, si nos permite tener un indicio de algunas posibles fallas que se pueden corregir para un mejor actuar del INDECOPI.

La finalidad que tiene el artículo es no únicamente explicar qué es la publicidad de tono excluyente desde un punto de vista doctrinario sino que a raíz de ello, analizamos jurisprudencia reciente de INDECOPI sobre criterios que se hayan establecido respecto de este tema. En ese sentido, el presente artículo jurídico presenta, luego de haber definido claramente tanto a la publicidad comercial como a la publicidad de tono excluyente y sus aristas, una opinión crítica de los criterios establecidos por la Administración Publica sobre la publicidad de tono excluyente, dentro de los cuales se encuentran tanto aciertos como desaciertos. En base al análisis realizado, se llega a diversas conclusiones y se sugieren ciertos cambios que se podrían dar con la finalidad de que exista una mejora en distintos puntos en concreto, todo ello en búsqueda de una leal competencia en el mercado y una mejor armonía de los agentes inmersos en ella.