Grandes fraudes inmobiliarios se venían dando en el país debido a que una organización delictiva basándose en los vacíos legales los utilizo con el fin de apropiarse de manera ilegal de predios tanto públicos como privados. Ante esta realidad, la Ley 30313 fue la respuesta inmediata del estado para paralizar dichos actos, pero no previno lo que generaría a futuro esta ley ya que las distintas modificatorias de la misma cambiaron de manera sustancial la actividad registral y el procedimiento el cual fue, a todas luces, desnaturalizado. / Trabajo académico

El presente trabajo es un análisis de las normas que actualmente regulan los actos de disposición de las tierras comunales por parte de la Comunidades Campesinas de la Costa con el objetivo de identificar los factores que han permitido la aparición de las comunidades campesinas fraudulentas o fantasmas, las cuales son protagonistas del tráfico de terrenos en las periferias de Lima. En ese sentido, se evalúa si nuestra Constitución vigente regula o no a las comunidades campesinas de la Costa y cuál es la relevancia de la Ley Nº 26845 - Ley de Titulación de las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa. Frente a estas normas se busca identificar si existen razones objetivas que permita justificar por qué la Ley Nº 26505 regula presupuestos distintos para la toma de acuerdos cuando se trata de disposición de las tierras comunales de la Comunidad Campesina de la Costa. Del mismo modo, se analizan estudios de campo realizado por la INEI, según las actividades agrícolas y ganaderas que las comunidades campesinas de la Costa desempeñan para que puedan ser compradas con las actividades económicas que realizan la comunidades de la Sierra. Con ello se pretende demostrar si existen una dependencia entre las comunidades de la Costa y sus tierras; dado que la definición de comunidad campesina desarrollada por la Constitución y por el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales enfatizan la relación entre la comunidad y sus tierras. Por último, se analizara resoluciones del Tribunal Registral que han desarrollado los requisitos a nivel administrativo para que se pueda llevar a cabo la inscripción de los actos de disposición de las Comunidades Campesinas de la Costa, para así identificar si estos han ocasionado una mayor carga para el administrado, o caso contrario, si han flexibilizado los actos de disposición por parte de estas personas jurídicas. Entre los puntos sobre los cuales e Tribunal Registral ha desarrollado se encuentran los presupuestos adicionales desarrollado por el mismo y que, posteriormente, han sido incorporados en la Directiva Nº 10-2013-SUNARP-SN. Tales requisitos que ahora los registradores califican son, en primer lugar, que se otorgue poderes para los actos de disposición de forma indubitable a terceros ajenos a la comunidad campesina, y, en segundo lugar, que el bien objeto de disposición sea identificable, siendo necesaria la descripción de sus características. Dichas exigencias desarrolladas por el Tribunal Registral aparentemente son requisitos adicionales para la inscripción del acto de disposición por parte de la comunidad campesina de la Costa; pero en realidad, el efecto es todo lo contrario, pues se exige que los poderes otorgados a terceros no sean precisos y permitir que se otorgue poderes a personas ajenas a la comunidad campesina, promueve que se use de forma contraria a la naturaleza de dicha persona jurídica. Esto es, la aparición de las comunidades campesinas fantasmas que utilizan a la persona jurídica de carácter no lucrativa para actividades lucrativas como es el participar en el mercado inmobiliario. / Trabajo académico

El presente trabajo pretende realizar un análisis del procedimiento administrativo de cierre de partidas, aplicado en los casos de superposición en el Registro de la Propiedad Inmueble. Investigación que estará enfocada en analizar el procedimiento en sí, regulado en el Capítulo II del Título V, específicamente en los artículos 56º al 63º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de los Registros Público, siendo la Unidad Registral el órgano competente para disponer el cierre de partidas y no las instancias registrales, tal como así lo reconoce el propio Tribunal Registral, mediante Resolución Nro.316-2017-SUNARP-TR-A de fecha 30.05.2017. Asimismo, estoy adhiriéndole mi experiencia profesionales, basado en la misma práctica, por lo que analizaré el procedimiento iniciado en mérito de la Hoja de Trámite Nº 2014-114476-ZRNºIX/SC-TD del 29.12.2014. Por ello, he tratado de hacer una aproximación y análisis a un caso en concreto, el cual también tendrá como unidad de análisis los Informes Técnicos emitidos por el área catastral y Resoluciones expedidas tanto por la Unidad Registral y Dirección Técnica Registral de la SUNARP, quienes son los competentes para resolver este tipo de procedimiento. Asimismo, abarcaré los conceptos de lo que se le denomina “duplicidad registral” y “superposición registral”, como sus efectos e implicancias a fin de poder determinar las causas que provocan esta patología registral, en el registro de la propiedad inmueble. Origen que se encuentra estrechamente relacionado con las carencias técnicas del sistema catastral de la SUNARP. Problemática que hoy se encuentra muy latente en diversas zonas de nuestro país. Es por ello, que es necesario poder ahondar en este procedimiento de cierre de partida, creado por la SUNARP, y ver en que medida lo soluciona. / Trabajo académico

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El presente proyecto de investigación se justifica por el escaso aporte doctrinal en materia registral de las personas, lo cual ha provocado la existencia de una regulación poco técnica en nuestro ordenamiento jurídico nacional (Registro Único de Identificación de Personas Naturales y Registro de Estado Civil), debido a que no se cuenta con presupuestos medulares o columnas vertebrales sobre las cuales se sostenga su legislación principal y vinculada. Aún cuando no ha sido determinada la naturaleza jurídica del RUIPN, los operadores del sistema consideran el RUIPN como un auténtico “Registro Jurídico”, lo cual ha provocado la dispersión en las decisiones administrativas, esto es, la presencia de soluciones distintas respecto del mismo caso, así como la indefensión e incertidumbre en los administrados. El proyecto se dirige a la unificación y ordenamiento de la jurisprudencia administrativa en materia del registro de personas mediante el cual se exterioriza el Documento nacional de Identidad, DNI. Estamos en un mundo jurídico en el que el aporte concreto y preciso de la jurisprudencia (administrativa o jurisdiccional), es fundamental para estructurar el sistema jurídico como un todo, y hacerlo funcional para la sociedad que regula. Finalmente, el presente estudio permitirá aportar patrones de análisis que permitirán calificar las deficiencias o virtudes de la actual regulación en uno de los mas importantes registros que administra el RENIEC, como es el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, y a partir de ello, erigirlo como un verdadero registro jurídico. / Tesis

El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Aborda una problemática aun no resuelta en nuestro ordenamiento jurídico vigente; esto es la vulneración de los principios registrales en la calificación de las resoluciones judiciales, cuando el asiento de inscripción o anotación preventiva se extiende bajo apercibimiento del Juez. Para ello, se tiene que recurrir a la misma fuente de los hechos, es decir mediante el estudio de los títulos archivados sobre un universo de 122 títulos dentro del periodo 2012 al 2014 y que fueran inscritos bajo apercibimiento del juez en el Registro de Propiedad Inmueble, Registro de Personas Jurídicas y Registro Personal. El problema se ha convertido en uno de tipo normativo, que va más allá de la interpretación del segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil y que trae como consecuencia las múltiples inscripciones efectuadas por mandato reiterativo del juez vulnerando los principios registrales. Es por ello que la finalidad de la presente tesis es propiciar que las calificaciones de las resoluciones judiciales, se efectúen dentro de un marco normativo, meridianamente claro, sin forzar la inscripción o anotación de las mismas; para lo cual se concluye, tomando como referencia la legislación comparada que enriquece la tesis; que es necesario el cambio normativo propuesto, con lo cual se evitara que la excepcionalidad del artículo 2011 del Código Civil, se convierta en una puerta abierta a la arbitrariedad del Juez en la aplicación del derecho. / Tesis

La investigación se encuentra dentro del marco del análisis de políticas públicas en la década de 1990, en una de las organizaciones del Estado: La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. El problema público investigado es: “La utilización de las tecnologías de la información y comunicación y su relación con un mejor servicio registral y la determinación de los factores que permitieron la utilización de estas tecnologías en los servicios registrales”. Su importancia radica en documentar y conocer la evolución de una organización estatal en el rubro de servicios públicos, en un marco de avances tecnológicos y crecimiento de la sociedad de la información. El tipo de investigación es explicativa, a partir del uso de siete marcos proporcionados por la ciencia política: Procesamiento de la información, marco gerencial, enfoque del institucionalismo, análisis de la determinación de políticas públicas, marco explicativo, los contextos de la definición del problema y de la tipología de la política pública. Se parte de un marco conceptual basado en cuatro temas: Servicio Público, Administración y Gestión Pública, Reforma del Estado, Gobierno Electrónico y el uso de las TIC. Se determina que el problema público es originado por las siguientes causas: Excesiva duración de procedimientos, falta de interconexión entre oficinas registrales, sistema inadecuado de procesamiento de información, falta de registro de información fundamental, inadecuada manipulación e inseguridad de la información, fragilidad de los sistemas de información. Concluyéndose que a partir de 1990 se incorporan nuevos servicios y técnicas en la forma de brindar el servicio, basadas en tecnología de la información, cuyas causas de estos cambios son: Haberse dado en un contexto de modernización del Estado, con una necesidad creciente de buscar mecanismos de aseguramiento de la información, en la búsqueda de ampliación de la cobertura del servicio y mejora de los niveles de calidad del servicio.

El Sistema Nacional de los Registros Públicos - SINARP tiene la obligación de garantizar la intangibilidad de las inscripciones registrales y la seguridad jurídica de los derechos de quienes se amparan en la fe de los Registros Públicos. Sin embargo, hace algunos años se ha conocido con mayor fuerza el problema de las inscripciones registrales fraudulentas o fraude registral en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, el cual se configura cuando dichas inscripciones registrales se realizan en base a documentos falsos, falsificados, con suplantación de identidad o fraude a la ley, anomalía que muchas veces ocasiona que algunas personas sean injustamente despojadas de sus derechos y titularidades válidamente inscritas, situación que precisamente afecta en forma directa a las mencionadas garantías de intangibilidad de las inscripciones y de seguridad jurídica de las personas que confían en la publicidad que otorga el Registro. La presente investigación tiene como objetivo principal identificar los espacios y fallas del SINARP que están permitiendo la ocurrencia del fraude registral en la SUNARP en el marco de algunos pilares y ejes de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, encontrándose que estos son: la inexistencia o deficiencia de algunos insumos esenciales para el correcto desarrollo del proceso de producción del servicio de inscripción (procedimiento registral), la desvinculación de actores claves dentro del diseño institucional y organizacional, la inexistencia de lineamientos de coordinación interinstitucional, el mayor desarrollo y uso de tecnologías de la información y su adecuada implementación, así como la inexistencia de una verdadera política pública registral y la ineficiente priorización de objetivos institucionales, razones por las cuales se considera que en la actualidad la SUNARP carece de la capacidad institucional para prevenir el fraude registral.

Desde el año 2004 el Tribunal Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos ha “regulado”, a falta de norma expresa, las transformaciones de asociaciones a sociedades, exigiendo seguir un procedimiento previo de liquidación y transferencia del patrimonio remanente para luego exigir a los socios (antes asociados) que realicen nuevos aportes a la persona jurídica – ahora sociedad - con la finalidad de configurar su capital social. Esta “regulación” ha generado que la doctrina se vea divida respecto a dos preguntas, las cuales son: (i) ¿Se puede transformar una asociación en sociedad?; y, (ii) ¿Cómo debería llevarse a cabo el procedimiento para la adopción del acuerdo de transformación de asociaciones a sociedades y su posterior inscripción en los Registros Públicos?. El presente artículo busca analizar el criterio establecido por el Tribunal Registral desde varios enfoques como: (i) El Derecho Mercantil, (ii) el Derecho Registral, (iii) el Derecho Civil, (iv) El Derecho Societario, (v) transformación de personas jurídicas, etc. A fin de demostrar todas las falencias que esta “regulación”, dada por el Tribunal Registral, con el objeto de que deje de aplicarse

El presente trabajo versa respecto al análisis de las implicancias tanto jurídicas como prácticas del acuerdo adoptado en el Pleno CCXLIII, según el cual sí procedería la independización de aires sobre aires siempre que se hayan asignado porcentajes de participación para las secciones exclusivas futuras y se presente un plano de las áreas y su altura. Es preciso un análisis respecto al mencionado acuerdo, pero también en relación a un acuerdo adoptado en el Pleno CXLIX, según el cual, el Tribunal considera que, según la legislación peruana, aires y azotea son conceptos equivalentes. En ese sentido, el análisis de las premisas anteriormente expuestas, se realizan en función a la Resolución N° 200-2020-SUNARP-TR-T, en donde lo que se solicita la inscripción de la independización de 3 secciones proyectadas sobre encima de la azotea que, a entender del Tribunal Registral, sería los aires de la edificación. Al finalizar el presente trabajo, se expondrá la situación jurídica incierta y la falta de garantías que genera la nueva figura registral instaurada a través del mencionado acuerdo de independización de aires sobre aires, ya que se estaría generando un nuevo bien sobre el cual se estaría con la posibilidad de ejercer derechos, situación que no encuentra asidero de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico