El presente trabajo académico analiza la importancia de la facultad de solución de controversias a cargo de los organismos reguladores como instrumento de regulación y como mecanismo que busca armonizar los intereses privados con el interés público. En ese sentido, el trabajo académico reconoce a la facultad de solución de controversias como una auténtica función pública al servicio del interés general. Como consecuencia de lo anterior, el trabajo académico cuestiona el retroceso que se viene experimentando en el ejercicio de la facultad de solución de controversias debido, principalmente, a la creciente popularidad del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias. En esa línea, en el trabajo se abordan las posibles causas que habrían derivado en el retroceso en el ejercicio de la facultad de solución de controversias. Finalmente, el trabajo académico contiene una propuesta normativa que busca reafirmar la naturaleza de la facultad de solución de controversias como función pública y garantizar su ejercicio efectivo por parte de los organismos reguladores. Como se indica en el presente trabajo académico, la implementación de una mejora normativa resulta indispensable para evitar el ocaso de la facultad de solución de controversias frente al avance de la jurisdicción arbitral.

El presente trabajo de investigación busca analizar el nuevo mecanismo de solución de controversias conocido como Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas (en adelante, JRD) que ha sido recogido en la actual Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Se parte de la hipótesis que la JRD nació como un mecanismo de solución de controversias que busca cubrir las desventajas del arbitraje, dado que los que intervienen en la JRD son especialistas que conocen la controversia desde antes de su surgimiento formal, por lo que tienen mayor alcance del problema. Este tema resulta sumamente relevante de investigar en tanto se trata de un nuevo mecanismo en el cual las controversias son resueltas durante la ejecución de la obra, significando así aparentemente una prontitud en la decisión. En esta investigación, se parte del análisis del sector de la construcción y del contrato de obra pública para posteriormente analizar la experiencia de la JRD en el ámbito internacional y de cómo este mecanismo ha sido recogido en el ámbito nacional. Se concluye que pese a todos los beneficios propios de la JRD, éste resulta ser solo un mecanismo pre-arbitral, toda vez que la decisión de la Junta no tiene carácter de cosa juzgada como sí lo tiene el laudo arbitral, por lo que como está diseñada la JRD, se obtendrá una decisión susceptible de ser examinada y revisada en un arbitraje, lo que podría significar un efecto contrario al que se busca con la aplicación de la JRD.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En esta tesis se analizan las reformas introducidas por la Ley N°20.600, que crea los Tribunales Ambientales, y su aporte como vehículo de acceso a la justicia ambiental, en comparación con los organismos que con anterioridad dirimían materias ambientales. Tomando en cuenta este objetivo, se estudian tanto las instituciones previas a la entrada en funcionamiento de los Tribunales Ambientales, que resolvían los casos atingentes y el modo por el cual impartían la justicia ambiental, como las instituciones que actualmente tienen competencia en la resolución de los conflictos ambientales. Posteriormente, se describen los elementos más relevantes de los Tribunales Ambientales: su composición, competencia y procedimientos. Una vez hecho lo anterior, se detallará si la introducción de los Tribunales Ambientales ha sido un aporte en el acceso a la justicia ambiental y si responde a las necesidades ciudadanas. Finalmente, se examinan otros modelos de solución de controversias ambientales a nivel de derecho comparado, sistematizando los mecanismos que eventualmente podrían ser utilizados en nuestro ordenamiento jurídico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento / El nuevo sistema de justicia penal introdujo vías alternativas de solución a los conflictos penales. En este sentido, las salidas alternativas son herramientas que tiene el Estado para suspender la función persecutora, renunciando al juicio penal respectivo. La acogida de estas salidas por parte de los Tribunales se ha evidenciado en la aplicación de estos mecanismos en un sinnúmero de casos de diversa naturaleza, tales como aquellos que dicen relación con delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, en causas relacionadas con delitos económicos y de corrupción, entre otros. Así las cosas, las salidas alternativas se constituyen como una solución rápida y eficaz del conflicto penal. En general, la aplicación de las salidas alternativas resulta pertinente e idónea en un gran número de casos, sin embargo ha sido ampliamente discutido su uso en cierto tipo de delitos en atención a la gravedad y trascendencia de los hechos y personas involucradas. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en el ámbito de los delitos de corrupción; este tipo de ilícitos ha adquirido gran relevancia en los últimos años por la cantidad, complejidad y exposición pública que traen aparejados los mismos, además, por sus características particulares, y a pesar de no ser un fenómeno exclusivo del sector público, estos hechos no sólo menoscaban las bases del sistema político imperante, sino que también producen un gran impacto en la sociedad y socavan las instituciones que sustentan el régimen democrático. El objetivo por tanto de este trabajo es analizar la utilización de cada salida alternativa en los distintos tipos de delitos relacionados a la corrupción y el rol que cumplen en su aplicación ciertos intervinientes procesales, desde una perspectiva crítica

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Capítulo I “La sociedad, el conflicto y sus formas de solución” brinda las nociones básicas para comprender cómo los conflictos inciden en el comportamiento de la sociedad. En este sentido, se hace indispensable determinar cuándo las controversias adquieren una relevancia tal que obligan al cuerpo social a adoptar medidas de solución que propendan al respeto de los derechos particulares y a la debida observancia del ordenamiento jurídico. Por ello, se estudian los tres métodos de solución de conflictos, a saber, la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. El Capítulo II “El Conflicto Ambiental” aborda el estudio de esta clase de controversias desde una perspectiva sociológica. Se trata entonces de una delimitación de su análisis a la generalidad de las controversias en que se suscitan en el seno de la sociedad, sin analizar su contenido desde el ámbito jurídico. De esta forma, se ve qué rol cumplen el Estado, la comunidad y los sectores productivos en la génesis, desarrollo y solución en lo que se denomina “conflictos socioambientales”. Finalmente, se analiza cómo el Sistema Normativo Ambiental vigente en nuestro país se hace cargo de estas controversias, determinando en qué momento éstas son jurídicamente trascendentes. El Capítulo III “El Litigio Ambiental” estudia los conflictos ambientales desde una perspectiva jurídica. El objetivo es establecer qué características lo diferencian de los conflictos ambientales, pues entre éstos y aquellos existe una relación de género a especie. En consecuencia, y valiéndome de la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, se establece cuál es el objeto de la pretensión y quiénes son los sujetos activos y pasivos de estos litigios. Seguidamente, se proponen tres funciones que deberá ejercer la Judicatura Ambiental en el conocimiento de los litigios ambientales: la función revisora, la función contralora y la función instructora. Para cada una de ellas se presenta su forma de ejercicio, así como sus consecuencias en la tramitación de estos procedimientos. Finalmente, se analizan los mecanismos de solución de conflictos que prescribe la LTA. En lo que respecta a la conciliación en los procedimientos de reparación del medio ambiente dañado, se recurrirá a lo dispuesto ii en el Código de Procedimiento Civil, pues la naturaleza de esta institución procesal como trámite esencial de primera instancia en los juicios ordinarios de mayor cuantía le es aplicable a la conciliación tratada en la Ley 20.600, habida consideración del carácter general y supletorio del procedimiento contemplado en el Código Adjetivo. En cuanto a los demás procedimientos que estatuye la ley en comento, su estudio se aborda desde los Principios Formativos del Procedimiento, entregando al lector una visión acabada de las principales normas aplicables a la sustanciación de la litis. El Capítulo IV “La Independencia y la Imparcialidad de la Judicatura Ambiental” examina cómo la Ley 20.600 recoge los derechos y garantías que emanan del Debido Proceso. Para ello, se revisa el catálogo de facultades que propone la doctrina estableciendo cuál es el artículo que la recoge. Luego, se estudia la Independencia de los Tribunales Ambientales en su triple acepción, es decir, la independencia orgánica, funcional y personal de los órganos jurisdiccionales, con el objeto de determinar si la Ley que crea los Tribunales Ambientales tiene la aptitud suficiente para asegurar la independencia de esta judicatura especializada. Finalmente, se analiza la imparcialidad de los Tribunales Ambientales y qué actitud debiesen tomar sus Ministros en el conocimiento de los litigios ambientales. El Capítulo V “Los Ministros de la Judicatura Ambiental” pretende analizar desde una perspectiva práctica los estándares de independencia e imparcialidad contemplados en la Ley 20.600, y comprobar su aptitud para asegurar, en la labor jurisdiccional, los principios señalados. Para ello, se examinan los requisitos para acceder al cargo de Ministro, su sistema de nombramiento, las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que deben observar en su ejercicio, así como las causales de cesación en el cargo. En base a este estudio, se determinan los aciertos y las falencias del modelo regulatorio escogido

El presente informe jurídico analiza el expediente Nº 20513/ASM el cual versa respecto a la controversia suscitada entre el Programa Nacional de Saneamiento y el Consorcio Nippon Koei- OIST. Se realiza con la finalidad de reafirmar la naturaleza de los conceptos de liquidación de contrato de consultoría de obra, certificado de conformidad y carta fianza; así como, cuestionar las decisiones por las cuales el Tribunal Arbitral opto como convenientes para la resolución de la controversia. Del análisis de los actuados en el expediente de la controversia se identifican tres problemas: el primer problema, refiere a la obligatoriedad de las formalidades para emitir la liquidación de contrato de prestación de servicios de obra. El segundo problema se encuentra relacionado con los efectos del certificado de conformidad y, si su entrega, limita el reclamo de penalidades. Finalmente, la posibilidad de solicitar indemnización posterior al consentimiento de la liquidación. En ese sentido, los mencionados problemas jurídicos se analizan utilizando jurisprudencia, doctrina y normas jurídicas. Principalmente se concluye que la liquidación del contrato de prestación de servicios debe de realizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 43º de la Ley de Contrataciones y Adquisidores con el Estado debido a la obligatoriedad normativa. Asimismo, la entrega del Certificado de Conformidad manifiesta la idoneidad de las obligaciones realizadas y solo la manifestación contraria podría realizarse si existen vicios ocultos en la y prestación, lo cual no sucede en la controversia. De igual forma, la naturaleza de la carta fianza ratifica la adecuación de las obligaciones cuando se devuelva corroborando las prestaciones. Por tal, el consentimiento de la liquidación refiere a la culminación del contrato y de todas sus obligaciones las cuales son reconocidas como idóneas al entregar el Certificado de Conformidad y devolver la Carta Fianza.

Durante cientos de años el Derecho ha propuesto un guion de ficción, según el cual las decisiones legales se basan únicamente en los hechos y la ley aplicable. El objetivo de este trabajo es enfrentar dicha creencia popular. Las decisiones de jueces, árbitros y jurados se ven influenciadas por emociones, atajos cognitivos, el ambiente que los rodea, entre otros factores. Así, buscamos demostrar que la inserción de aspectos de la psicología cognitiva y biología a los modelos de comportamiento humano logra mayor capacidad predictiva, comprobar la existencia de heurísticas, sesgos y emociones que afectan la toma de decisiones de los individuos y reflexionar sobre las herramientas otorgadas a los jueces para cumplir con su función. Para ello, nos valemos de los instrumentos desarrollados por la Psicología Cognitiva y Psicología Evolucionista, con énfasis en el Appraisal Tendency Framework, para indagar, a través de estudios propios y de terceros, en la influencia de atajos cognitivos en las decisiones legales (y, específicamente, el impacto del enojo en las decisiones de responsabilidad civil). A partir de ello concluimos que el enojo es un catalizador de justicia; una emoción asociada a la tendencia a responsabilizar al infractor, compensar a la víctima y, en general, brindar el impulso necesario para luchar contra lo que consideramos injusto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En materia de libre competencia, se encuentra establecido como medio de solución de controversias, entro otros, el acuerdo extrajudicial; que es una convención que se negocia y celebra fuera del proceso judicial entre la Fiscalía Nacional Económica y uno o más agentes económicos, y que requiere de la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para producir sus efectos. Sin embargo, no existe claridad en la doctrina en cuanto a si el acuerdo produce o no efecto de cosa juzgada, a causa de una cláusula incorporada por este Tribunal en su resolución aprobatoria, que señala que no existe pronunciamiento sobre los hechos que lo motivaron. Con objeto de proponer que el efecto de cosa juzgada que emana del acuerdo extrajudicial recae sobre el acuerdo extrajudicial en sí mismo y no sobre los hechos de fondo, en la presente memoria de prueba para optar al grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, se analiza en primer lugar el contenido normativo del acuerdo. Luego, se analizan los equivalentes jurisdiccionales, sus presupuestos y características con el fin de establecer si el acuerdo es uno de ellos. Posteriormente, se analiza exhaustivamente la cosa juzgada en cuanto a su concepto, fundamento, con especial énfasis en la triple identidad existente en el proceso civil. Para luego revisar de manera específica la naturaleza jurídica y regulación de la cosa juzgada en el procedimiento de libre competencia. Finalmente, a partir de las nociones expuestas en los capítulos I y II, en la parte final de éste último se realiza una exposición de la discusión doctrinaria acerca de si el acuerdo extrajudicial produce o no cosa juzgada, junto con una apreciación de las distintas posturas, para luego entregar los argumentos que permitan justificar la tesis propuesta.