El presente trabajo se traza como objetivo contribuir en el quehacer práctico de los operadores jurídicos que aplican y/o cuestionan la aplicación del acto que decide ampliar el plazo de caducidad regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General, haciendo especial énfasis en la motivación que se exige de este y su impugnación dentro del procedimiento sancionador. Sobre el particular, se advierte que, al estar frente a una potestad discrecional de la Autoridad Administrativa, a la cual su regulación le atribuye un carácter excepcional, le corresponde al órgano competente fundar su decisión en argumentos objetivos y razonables, según las circunstancias del caso en concreto, de los que se advierta la necesidad de extender el plazo primigenio previsto en la norma cuando se advierte su inminente incumplimiento. Arribado a lo anterior, se plantea que su cuestionamiento, en tanto acto de trámite que no imposibilita continuar con el procedimiento o produzca la indefensión del administrado, debe realizarse a través de una alegación dentro del procedimiento o al finalizar el mismo junto con la impugnación que se haga de la resolución final. De esta manera, se descarta también que la motivación contenida en este acto de ampliación pueda objetarse a través de una queja, en tanto vía descartada para cuestionar actos administrativos

El presente informe tiene como objetivo analizar los problemas jurídicos de la Resolución N° 0264-2019/SPC-INDECOPI, la cual halló responsable a Lan Perú S.A. por la infracción del deber de idoneidad, en tanto se habría acreditado que canceló sin justificación objetiva el vuelo 2383 en la ruta Iquitos – Lima programado para el día 5 de noviembre de 2015. Para ello, el informe jurídico evalúa la competencia de Indecopi para pronunciarse sobre infracciones que se encuentran reguladas en la Ley de Aeronáutica Civil. En segundo lugar, se desarrolla el contenido del deber de idoneidad y garantías, así como las causas objetivas que configuran la fractura del nexo causal y liberan de responsabilidad administrativa al proveedor. De esta manera, haciendo uso de la doctrina y jurisprudencia, se analiza si Lan Perú S.A. infringió el deber de idoneidad o si se configuró una falla técnica ajena al mantenimiento programado de la aeronave, circunstancia imprevista que está reconocida en la Decisión 619 de la Comunidad Andina y eximiría de responsabilidad a la administrada. Finalmente, se evalúa la pertinencia de que la Dirección General de Aeronáutica Civil tome posición sobre controversias de protección al consumidor relacionadas al servicio de transporte aéreo. / The objective of this paper is to analyze the legal problems of Resolution N° 0264-2019/SPC-INDECOPI, which blamed Lan Perú S.A. for the violation of the duty of suitability, as it would have been proven that flight 2383 on Iquitos – Lima route scheduled for 5th of November 2015 was canceled without justification. For that, the legal report evaluates Indecopi's competence to rule on infractions that are regulated in the Civil Aeronautics Law. Secondly, the content of the duty of suitability and the guarantees is discussed, as well as the objective causes that structures the rupture of the causal nexus and exempt the company from administrative responsibility. Thereby, using the doctrine and jurisprudence, it is analyzed if Lan Perú S.A. breached the duty of suitability or if it was a technical failure unrelated to the scheduled maintenance of the aircraft, which is an unforeseen circumstance that is recognized in Decision 619 of the Andean Community and would exempt the company from liability. Finally, is discussed the relevance of the General Directorate of Civil Aeronautics taking a position on consumer protection controversies related to the air transport service.

En la Exposición de Motivos de la Ley N° 30225 se señaló que la justificación de la incorporación de la multa como sanción contra los proveedores que incurran en algunas de las infracciones señaladas en la Ley, recae en la necesidad de asegurar el efecto disuasivo de la sanción administrativa respecto de determinados proveedores, puesto que el volumen de contratos con el Estado que tenían los sancionados era reducido respecto de la cantidad total de operaciones que realizaban. En el presente trabajo tratará de dar alcances para sostener si es eficiente o no la imposición de multas en el nuevo sistema de sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado.

El presente trabajo de investigación se enfoca a analizar el estado de necesidad justificante como un eximente de responsabilidad administrativa en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra municipalidades de zonas rurales o de preferente interés social, por la prestación ilegal del servicio de radiodifusión en el Perú en el contexto de desastres naturales y estados de emergencia, pues al no haber operadores privados de radiodifusión en las citadas zonas son las municipalidades las que se ven obligadas a operar de manera “ilegal” en determinados frecuencias y canales para poder comunicar a su población sobre temas de seguridad y prevención.

En el ordenamiento constitucional peruano, la Contraloría General de la República es un organismo constitucional autónomo y órgano superior del Sistema Nacional de Control, encargado de la supervisión de la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control (artículo 82º de la Constitución Política del Perú). Por su naturaleza institucional la Contraloría General corresponde a la figura de una Entidad Fiscalizadora Superior, definida como el organismo público que, con independencia de su designación, constitución u organización, ejerce en virtud de su competencia jurídica, la más importante función de auditoría pública en el Estado1 No obstante la existencia de este marco institucional, la Contraloría General de la República consideró, en su oportunidad, que las facultades con las que contaba para el y rectoría del control gubernamental

El reconocimiento del medio ambiente como un bien jurídico protegido ha significado que, en nuestro ordenamiento a nivel del Derecho Administrativo, se establezca un régimen especial a fin de determinar la responsabilidad administrativa en el marco de un procedimiento administrativo sancionador: el régimen de responsabilidad administrativa objetiva. No obstante, la implementación de este régimen ha generado un debate en relación con el principio de culpabilidad. La cuestión es si dicho régimen vulnera el mencionado principio. Cabe recordar que el principio de culpabilidad es considerado como un límite importante al ius puniendi del Estado, aplicable tanto en sede administrativa como penal. Por tanto, la vulneración de esta significaría que la Administración tenga el camino libre para determinar la responsabilidad de un administrado eximiéndose de determinar la culpa o dolo de este. En relación con dicha cuestión, también existen posiciones a favor que consideran que, mientras no se afecte los derechos fundamentales, como la vida o la salud, y si se trata de un bien jurídico constitucionalmente protegido, estaría justificada su implementación. Teniendo en cuenta la controversia sobre este asunto, resulta necesario también revisar experiencias comparadas a fin de conocer el tratamiento, específicamente del régimen de responsabilidad administrativa en materia ambiental, de manera que se pueda tener una idea más amplia de nuestra situación. / The recognition of the environment as a protected legal asset has meant that, in our legal system at the level of Administrative Law, a special regime has been established in order to determine administrative liability in the framework of an administrative sanctioning procedure: the regime of strict administrative liability. However, the implementation of this regime has generated a debate regarding the principle of culpability. The question is whether such a regime infringes that principle. It should be recalled that the principle of guilt is considered an important limit to the State's ius puniendi, applicable in both administrative and criminal proceedings. Therefore, the violation of this law would mean that the Administration has a free hand to determine the liability of a person subject by exempting itself from determining the fault or intent of the latter. In relation to this issue, there are also positions in favour that consider that, as long as fundamental rights, such as life or health, are not affected, and if it is a constitutionally protected legal good, its implementation would be justified. Taking into account the controversy on this issue, it is also necessary to review comparative experiences in order to understand the treatment, specifically of the regime of administrative liability in environmental matters, so that a broader idea of our situation can be obtained. / Trabajo académico

En el presente trabajo analizamos la responsabilidad administrativa de los empleadores por el incumplimiento de nuevas obligaciones o mejoras en materia de facilidades sindicales introducidas por convenio colectivo, a partir de la reflexión de la tipificación como infracción grave del incumplimiento de las disposiciones normativas sobre las facilidades sindicales y de la finalidad del sistema de inspección de trabajo, como una tutela adicional para la garantía de los derechos fundamentales laborales del trabajador. La naturaleza dual de los tipos de cláusula del convenio colectivo nos lleva a la conclusión que la tipificación de la infracción administrativa referida al incumplimiento de las facilidades sindicales puede ser llenada o complementada por las cláusulas normativas de los convenios colectivos, mas no, por las cláusulas obligacionales. / In this paper, we analyze the administrative responsibility of employers for non compliance with new obligations or improvements related to the granting of facilities for the exercise of union activity introduced by collective agreement, based on the study of the clasification as a seriuos infracctionof non-compliance with the normative provisions related to the granting of facilities for the exercise of union activity and the purpose of the labor inspection system, as an dditional protection for the guarantee of the fundamental rights of the worker. The dual nature of the types of clause in the collective agreement leads us to the conclusion that the classificaction of administrative infraction referring to the failure to comply with union facilities can be complemented by the normative clauses of the collective agreements, but not by the obligatory clauses. / Trabajo académico

El presente Informe tiene como objetivo exponer y analizar la resolución N°1648- 2017-TCE-S1, expedida por el Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante TCE), por la comisión de la infracción tipificada en el literal j) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado; la misma que es de vital importancia al exponer un impreciso análisis sobre la valoración de los medios probatorios (sobre documentos presuntamente falsos) y la indebida aplicación de los principios del procedimiento administrativo. Al respecto, el TCE otorga valor probatorio suficiente, para verificar la falsedad de los documentos, a las declaraciones contenidas en cartas simples; y aplica el artículo 220 del decreto Supremo N°056-2017-EF, sin considerar el estándar probatorio que se fija en el articulado para realizar un análisis de la validez de dichas cartas. Este análisis es incompleto porque no aborda la necesidad de verificar de manera técnica si las firmas suscritas en los documentos presuntamente falsos son reales o no, vulnerando diversos principios administrativos. Los fundamentos de la resolución N°1648-2017-TCE-S1 y las actuales resoluciones no solucionan los problemas jurídicos cuando el TCE quiere analizar y demostrar la falsedad de los documentos. En contraposición a ello, únicamente expone a las empresas en ser desacreditadas por simples declaraciones de los suscribientes (que posteriormente se desdicen, obedeciendo a intereses ajenos), sin mediar antes una prueba técnica como la pericia grafo-técnica sobre los documentos cuestionados, con lo que habría una mayor seguridad jurídica en las contrataciones públicas.

Este trabajo expone los problemas que afronta una S.A.C. sin directorio y una S.R.L. cuando el gerente general cesa o se ve imposibilitado temporalmente para ejercer sus funciones y la junta general no puede instalarse con carácter de universal por la inasistencia de la totalidad de sus integrantes, en ese escenario, los accionistas tienen que recurrir a la vía notarial o judicial para convocar válidamente a una junta general con el objeto de nombrar al nuevo gerente general, sin embargo, estas vías suelen ser muy costosas y demandan mucho tiempo, en ese lapso, la sociedad corre el riesgo de paralizar sus operaciones al encontrarse acéfala por la falta de un representante con facultades suficientes que le permita desarrollar con normalidad su objeto social. Estudiaremos los distintos tipos de representación, expondremos la forma en la que se encuentra regulada en la LGS y en el ALGS la administración y representación en una S.A., S.A.C. sin directorio y una S.R.L., analizaremos legislación comparada sobre la materia, los precedentes de observancia obligatoria y resoluciones del Tribunal Registral, y dos casos prácticos. Finalmente, sustentaremos la necesidad de implementar una estrategia de política legislativa tendiente a lograr la modificación de la LGS y del DS N° 006-2013-JUS, a efectos de permitir que los socios o accionistas otorguen a uno o más apoderados las mismas facultades que al gerente general.

El tránsito de un Estado interventor a uno de corte liberal y regulador trajo consigo la conveniencia de instalar esquemas de supervisión de las sociedades, a través de la instauración de obligaciones y reglas de comportamiento para todas las personas. Con ello se buscaba mantener la armonía y la convivencia pacífica entre todas las personas, pero sin perder de vista que se trata de un escenario ideal, el cual constantemente será infringido por el ánimo de los individuos de superar los límites permitidos o configurar conductas prohibidas. Para ello, el Estado dotó de potestad sancionadora a sus instituciones con el fin de que puedan prevenir, disuadir, pero también castigar las infracciones cometidas. La variedad de las manifestaciones de esta potestad sancionadora hizo posible su aplicación en diversos ámbitos, siendo uno de ellos el régimen disciplinario. Sin embargo, este poder sancionador no estuvo exento de límites marcados por los principios y garantías constitucionales instituidos como mecanismo de protección y tutela de las personas sometidas al efecto del poder punitivo. En el presente informe procederemos a evaluar si estos límites aplicables también al régimen disciplinario fueron respetados por un gobierno regional contra sus servidores, quienes fueron destituidos luego de finalizado un procedimiento disciplinario. El objetivo es examinar si los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad, presunción de inocencia y debido procedimiento fueron cumplidos o si, por el contrario, fueron afectados ocasionando la nulidad de la sanción disciplinaria.