En el presente informe, la autora analiza la Resolución No. 496-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, mediante la cual el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) revocó la sanción impuesta a SAN FERNANDO S.A. por un accidente de trabajo con consecuencias fatales. El análisis se centra en evaluar si dicha decisión, fundamentada en la ausencia de motivación en el Acta de Infracción y en la inexigibilidad del empleador de capacitar sobre actividades prohibidas y que eran visiblemente inseguras, se ajusta a los principios de prevención y responsabilidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La autora analiza la relevancia del Acta de Infracción en el curso de un procedimiento sancionador originado de una inspección por SUNAFIL. Asimismo, analiza los alcances del deber de prevención y responsabilidad del empleador en el marco de las obligaciones en SST y los medios probatorios pertinentes para acreditar su cumplimiento. La autora concluye que, si bien la revocación por insuficiencia de motivación es procedente conforme a los principios administrativos, la postura del TFL respecto a la no obligación de capacitar en actividades prohibidas contraviene los principios fundamentales de SST. Se argumenta que persiste la obligación del empleador de informar sobre los riesgos inherentes a conductas prohibidas, independientemente de su aparente peligrosidad. / In this report, the author analyzes Resolution No. 496-2023-SUNAFIL/TFL-First Chamber, through which the Labor Inspection Tribunal revoked the sanction imposed on SAN FERNANDO S.A. for a work accident with fatal consequences. The analysis focuses on evaluating whether this decision, based on the lack of motivation in the Infraction Report and the non-enforceability of the employer to provide training on prohibited activities that were visibly unsafe, adheres to the principles of prevention and responsibility in Occupational Health and Safety (OHS). The author analyzes the relevance of the Infraction Report in the course of a sanctioning procedure originating from a SUNAFIL inspection. Additionally, she examines the scope of the employer's duty of prevention and responsibility within the framework of OHS obligations and the pertinent evidence to prove compliance. It is concluded that, while the revocation due to insufficient motivation is appropriate according to administrative principles, the Labor Inspection Tribunal 's position regarding the non-obligation to provide training on prohibited activities contravenes the fundamental principles of OHS. It is argued that the employer's obligation to inform about the risks inherent in prohibited behaviors persists, regardless of their apparent danger.

El presente informe gira en torno al análisis de la posición de la Sala Especializada de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (Indecopi) respecto al hecho de no prestar auxilio a un consumidor tras sufrir un accidente en el local comercial de un proveedor. Este órgano resolutivo indica que dicho hecho debe ser abordado bajo el deber de idoneidad, ya que se busca garantizar las expectativas que tiene el consumidor de recibir ayuda ante esa situación. Sin embargo, ¿realmente debe analizarse bajo ese criterio? La autora considera que no, dado que el hecho en cuestión contraviene el deber general de seguridad, pues al no asistir al consumidor genera en sí un riesgo injustificado para su salud, lo cual debe ser prioritario en cualquier evaluación. Asimismo, en la medida que los denunciados suscribieron un contrato de asociación en participación, resulta importante desarrollar en detalle lo que abarca dicho contrato. Al profundizar sus términos y condiciones, permite determinar con mayor precisión cómo se distribuyen los riesgos y beneficios, y cuál es el alcance de las responsabilidades de cada uno de los involucrados. Esto es fundamental para asegurar una evaluación justo y completa de las circunstancias del caso. / The present report revolves around the analysis of the position of the Specialized Consumer Protection Chamber of the National Institute for the Defense of the Consumer (Indecopi) regarding the failure to assist a consumer after suffering an accident at the commercial premises of a provider. This decision-making body indicates that such an event should be addressed under the duty of suitability, as it seeks to guarantee the consumer's expectations of receiving help in such a situation. However, should it really be analyzed under that criterion? The author considers that it should not, given that the event in question contravenes the general duty of safety, as failing to assist the consumer generates an unjustified risk to their health, which should be a priority in any evaluation. Furthermore, as the respondents entered into a partnership agreement, it is essential to elaborate on what this contract entails. Delving into its terms and conditions allows for a more precise determination of how risks and benefits are distributed and the extent of each party's responsibilities. This is fundamental to ensuring a fair and comprehensive evaluation of the circumstances of the case

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación tiene como propósito efectuar un análisis normativo, dogmático y jurisprudencial sobre la manera en que el ordenamiento jurídico chileno responde al problema de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado, en el contexto del Derecho Administrativo Sancionador. En efecto, es un problema que ha suscitado diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que han intentado resolverlo. Para ello, analizaremos cuál ha sido el origen de la discusión, las posturas doctrinales en cada caso, las diferencias e implicancias prácticas de cada una y qué ha dicho la jurisprudencia a partir de la regulación administrativa para este problema. Al respecto, comenzaré explicando los aspectos relevantes de la discusión que se ha dado en torno a la relación entre Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionador. En este punto, se van a señalar las principales posturas doctrinales además de realizar un análisis crítico de las mismas a efectos de mostrar los aspectos prácticos y jurídicos sobre los que tiene incidencia la discusión. Otro aspecto a analizar es la fundamentación y fines de la sanción administrativa, lo cual nos dará aún más luces para determinar qué ocurre con la responsabilidad administrativa. Posteriormente, a partir de lo expuesto en el punto anterior, se entrará de lleno en la discusión jurídica acerca de la extinción de la responsabilidad administrativa por la muerte del regulado. Al efecto, se revisará doctrina y la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico entrega a la luz de esta investigación. Así, se analizará, principalmente, lo dispuesto en la Constitución Política de la República, El Código Penal y la Ley N° 19.880, entre otras. Finalmente, se analizará lo resuelto por la jurisprudencia nacional, específicamente la Corte Suprema respecto de los únicos tres casos en que se ha referido al problema de la extinción de responsabilidad administrativa por muerte del regulado.

El estudio abarca diferentes aspectos jurídicos de las sociedades cooperativas que desarrollan sus actividades económicas en el ámbito del transporte de mercancías por carretera. Como entidades cooperativas, participan de las características inherentes a este tipo societario, quedando sometidas a la normativa cooperativa aplicable en función de la distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Como empresas que realizan actividades de transporte o auxiliares y complementarias del mismo, les es de aplicación, por un lado, la normativa de ordenación de los transportes terrestres y, por otro, el régimen del contrato de transporte terrestre de mercancías. Desde ambas perspectivas, surgen cuestiones variadas acerca de distintos aspectos de estas cooperativas, en sus diferentes modalidades: entre otras, respecto de la problemática resultante de la aplicación de la normativa cooperativa autonómica y la normativa estatal de transportes; de los requisitos previos para el ejercicio de las actividades de transporte; de la contratación del transporte en nombre propio y la asunción de la condición de porteador; de las relaciones jurídicas internas y de la actividad típica cooperativa desarrollada entre la entidad y sus socios; de las operaciones con terceros no socios; y de la responsabilidad jurídico privada y administrativa tanto de la entidad cooperativa como de sus miembros.

This article analyzes the essential obligations arising on safety and health at work with regard to the parent company in a scheme of productive decentralization, which is characterized in our midst by the widespread use of labor intermediation and outsourcing services both modalities recognized and regulated by Peruvian law. / El presente artículo analizará las obligaciones esenciales que surgen en materia de seguridad y salud en el trabajo respecto de la empresa principal en un esquema de descentralización productiva, el cual se caracteriza en nuestro medio por el empleo difundido de la intermediación laboral y la tercerización de servicios, ambas modalidades reconocidas y reguladas por la legislación peruana.

Constitutional doctrine has little addressed on the General Comptroller of the Republic and its controlling function of public resources execution and management. Efforts have been made to explain this situation in other realities, regarding high budgetary, accounting and auditing content needed to carry out auditing activities constitutionally assigned to this kind of entities. Nevertheless, identifying competences of the General Comptroller of the Republic and its nature of autonomous constitutional body shapes an important expression of Constitutional State and the principle of powers division. This entity controls State’s Public Budget execution contributing to constitutional property protection, legality of budget implementation and the appropriate management of public resources, also the «efficiency» of social needs, proper functioning of public administration and prevention of corruption, among others duties. This article analyzes the constitutional mission of the General Comptroller in a Constitutional State promoting the process of given a constitutional status to the legal system in its area of influence, also optimizing constitutional properties protected. For such purpose, the 29622 recent law («Law that modifies the 27785 Organic Law of National Control System and the General Comptroller of the Republic extending powers in order to sanction in accordance of functional administrative responsibility») shall be used as object of constitutional analysis. / La doctrina constitucional se ha ocupado poco de la Contraloría General de la República y de su función de control sobre la ejecución y gestiónde recursos públicos en el Estado. Esta situación se ha tratado de explicar enotras realidades en función del alto contenido presupuestario, contable y de auditoría de la actividad fiscalizadora atribuida constitucionalmente a esta clase de entidades. No obstante, la delimitación competencial de la Contraloría General de la República y su condición de organismo constitucional autónomo configuran una manifestación importante del Estado constitucional y su principio de división de poderes. Dicho organismo controla la ejecución del presupuesto público del Estado y contribuye a la protección de bienes constitucionales, como la legalidad de la ejecución presupuestal y la adecuada gestión de recursos públicos, la «eficiencia de las necesidades sociales», el buen funcionamiento de la administración estatal y la prevención de la corrupción, entre otros. El presente artículo se propone analizar la misión constitucional de la Contraloría General de la República en el Estado constitucional, con el fin de contribuir a la promoción del proceso de «constitucionalización del ordenamiento jurídico» en el ámbito de la actuación e influencia de dicha entidad y la optimización de los bienes constitucionales que protege. Para tal efecto, se utilizará como objeto de análisis constitucional la reciente ley 29622, «Ley que modifica la ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional».

Este artículo tiene como objetivo principal analizar la posibilidad de que mediante la imposición de medidas correctivas se pueda trastocar el modelo de negocio previamente estructurado por el proveedor para satisfacer la demanda de sus consumidores. Las medidas correctivas al igual que las sanciones, pertenecen a las medidas de policía administrativa que la Administración Pública puede imponer a los administrados. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por la normativa administrativa y doctrina aplicable, su finalidad difiere, mientras que las sanciones tienen un objetivo punitivo, las medidas correctivas buscan reparar las situaciones generadas a propósito de la comisión de la infracción, así como procurar que estas no vuelvan a pasar, es decir, en teoría el fin punitivo queda de lado (aunque a lo largo del texto veremos que existen muchas situaciones grises que nos pueden llevar a cuestionar esta diferencia). En ese sentido, la imposición de medidas correctivas no implica las garantías del procedimiento sancionador que sí resguardan la imposición de sanciones, no obstante, podrían llegar a ser incluso más gravosas que las propias sanciones, como es en el caso que trastoquen la estructura más valiosa de cualquier empresa, es decir, su modelo de negocio. Por otro lado, es importante resaltar que el modelo de negocio responde a un cuidadoso análisis e inventiva del empresario para concurrir en un mercado y lograr la preferencia del consumidor. En este sentido, es de suma importancia preservarlo de la forma en la que éste lo planteó, sobre todo si es que dicha configuración de negocio no implica la vulneración de ninguna disposición normativa

En el presente artículo, la autora ha desarrollado un análisis de la actual normativa sobre contrataciones públicas (Ley No. 30225), incluyendo sus predecesoras (Ley No. 26850 y Decreto Legislativo No. 1017), a fin de determinar si el legislador ha otorgado la calidad de acto administrativo a las decisiones de las entidades de la Administración Pública sobre la ejecución de los contratos suscritos con privados. Asimismo, realiza un recuento de tres (3) normas extranjeras sobre contratación pública, las cuales presentarán respectivamente particularidades desde la presencia o no de una definición de contrato administrativo hasta disposiciones en las que se hará referencia expresa a actos administrativos respecto a distintas decisiones emitidas durante el proceso de contratación administrativa; es decir, durante la etapa precontractual (proceso de selección) y la de ejecución contractual. Finalmente, profundiza en el análisis sobre la naturaleza de las decisiones de ejecución contractual, haciendo referencia a las posturas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE y de los árbitros encargados de resolver las controversias sobre contrataciones públicas, concluyendo que tales manifestaciones son actos administrativos, por lo que las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General resultan aplicables, lo que a su vez significará un mecanismo de control sobre las actuaciones de las entidades contratantes a favor del contratista o proveedor

La Contraloría General de la República, es una de las entidades que impone las sanciones más gravosas en nuestro país, como es el caso de inhabilitaciones de hasta 5 años por responsabilidad administrativa funcional, por lo que resulta indispensable que durante el procedimiento sancionador se apliquen los principios establecidos, para así garantizar un debido procedimiento, pues de lo contrario, su no aplicación estaría afectando los derechos de los administrados. Lo que se pretende con el presente trabajo académico es realizar en primer lugar un análisis del principal medio probatorio en este procedimiento, el Informe de Control, pues a raíz de este se decidirá el inicio o no de un procedimiento administrativo sancionador en materia de responsabilidad administrativa funcional. Asimismo, determinar si la naturaleza del informe de control y su carácter de prueba preconstituida, podría vulnerar las garantías que tiene el administrado de tener un debido procedimiento. El carácter de prueba preconstituida y la presunción de veracidad que tiene el informe de control, pone en situación de desventaja al administrado, pues finalmente, la única forma de desvirtuar los cargos imputados será acreditando su inocencia o actuar diligente. A ello se suma el sustento técnico y legal con el que debe contar el informe. Estas características que tiene el Informe se encuentran en conflicto con principios que constituyen garantía del debido procedimiento, como lo son el impulso de oficio, presunción de licitud, verdad material y motivación, por lo que es obligación de la Contraloría General de la República hacer cumplir todos los parámetros establecidos para la elaboración del Informe de Control, así como la aplicación de las garantías que implican el debido procedimiento.

El caso “Pura Vida” impactó en la sociedad peruana y sigue estando presente en la memoria de muchos peruanos. Muchos hasta el día de hoy escuchamos frases como “leche que no es leche” o “chocolate que no es chocolate” ya que, este tipo de noticias calan en la mente de los consumidores y es difícil cambiar tales concepciones. En el presente Informe, voy a realizar un análisis sobre, si la publicidad del producto “Pura Vida Nutri Max” es engañosa o si, de lo contrario, este producto sí califica como leche y cumple con el Principio de Veracidad. Para lo cual, se revisará la norma de la represión de la competencia desleal para determinar si es que se cometieron actos de engaño, las normas sectoriales que regulan los productos alimenticios y las bebidas, y los principios del procedimiento administrativo, el Principio de Confianza Legítima, para llegar a una respuesta a si dicho producto contenía publicidad engañosa, y si la imposición de la sanción que la autoridad administrativa aplicó a la empresa Gloria S.A. fue correcta, o si es que existía un eximente de responsabilidad administrativa. De la misma forma, también se tendrá en cuenta la jurisprudencia del Indecopi y doctrina. / The "Pura Vida" case impacted Peruvian society and continues to be present in the memory of many Peruvians. To this day, many of us hear phrases such as "milk that is not milk" or "chocolate that is not chocolate" since this type of news penetrates the minds of consumers and it is difficult to change such conceptions. In this article, I am going to analyze whether the advertising of the "Pura Vida Nutri Max" product is misleading or if, on the contrary, this product does qualify as milk and complies with the principle of truth. For which, the rule for the repression of unfair competition will be reviewed to determine if misleading practices were committed, the sectoral rules that regulate food products and beverages, and the principles of administrative procedure, the principle of legitimate expectations, to arrive at an answer to whether said product contained misleading advertising, and if the imposition of the sanction that the administrative authority applied to the company Gloria S.A. was correct, or if there was a defense of administrative responsibility. In the same way, the Indecopi jurisprudence and doctrine will also be taken into account.