¿Existe incertidumbre en el administrado respecto del reconocimiento de la aplicación de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad administrativa en nuestro ordenamiento jurídico peruano? Esta es la interrogante que motivó el presente trabajo y para esbozar una respuesta se desarrolla la siguiente estructura: Primero, se analiza la vinculación que existe entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, en específico entre las figuras excusa exculpatoria y la subsanación como eximente de responsabilidad administrativa. Precisándose, el análisis de la naturaleza de los eximentes para entender cómo operan y cómo debería ajustarse su regulación. Segundo, se explica los presupuestos que comprende la figura de subsanación como eximente de acuerdo con la disposición legal prevista en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). Tercero, analizar algunas disposiciones reglamentarias, emitidas por algunos organismos reguladores, donde se puede constatar que se crean “condiciones” o “limitaciones” no previstas en la norma general, LPAG. En síntesis, luego del análisis que se desarrolla en este trabajo, se ha podido concluir que la subsanación voluntaria como eximente se encuentra desnaturalizada y en ese sentido si genera incertidumbre en su procedencia cuando el administrado lo formule ante la autoridad administrativa

A través del Decreto Legislativo N° 1272, se introdujo la subsanación voluntaria como condición eximente de responsabilidad administrativa en la Ley de Procedimiento Administrativo General, norma común para las actuaciones de la función administrativa del Estado. Si bien la inclusión de un nuevo eximente representa un cambio importante para el ejercicio de la potestad sancionadora, poco se ha dicho sobre su contenido y alcance. En ese sentido, el presente trabajo académico es una primera aproximación para el estudio de este nuevo eximente de responsabilidad administrativa. Por ello, se tiene como objetivo delimitar los alcances y fundamentos de la subsanación voluntaria. Del desarrollo y análisis de la investigación, se concluye que, la subsanación voluntaria es un eximente de carácter especial, en tanto se diferencia del resto de condiciones eximentes de responsabilidad administrativa que regula la Ley de Procedimiento Administrativo General, al basarse en la afectación de la punibilidad. Así, se evidencia que, en el caso de la subsanación voluntaria, pese a haberse configurado una infracción administrativa típica, antijurídica y culpable, por razones de política legislativa, se reguló que esta esta no sea punible. Además, se identificó que, para que se configure la subsanación voluntaria, se requiere el cumplimiento de tres requisitos: temporalidad, voluntariedad y acción de reparación del mal o daño causado producto de la comisión de la infracción administrativa. Finalmente, al analizar la figura de la subsanación voluntaria desde un enfoque responsivo, se evidenció que esta actúa como una estrategia de enforcement; en la medida que implica la priorización de la acción reparadora espontánea, antes que la realización de diligencias preliminares e inicio de procedimiento administrativo sancionador.

La Ley 30424 entró en vigor en el año 2016 declarando una llamada “responsabilidad administrativa” de la persona jurídica. Los juristas peruanos, en su mayoría, se han decantado por atribuirle una naturaleza penal y no una administrativa, por lo que, para ellos, entonces se trataría de un fraude de etiquetas. Llama la atención que se haya decidido regular dichas medidas contra la persona jurídica cuando ya existían otras aplicables a esta, aunque de distinta naturaleza. En efecto, con el Código Penal de 1991 se incorporó un sistema contra las personas jurídicas y que, al igual que la Ley 30424, opera en el marco de un proceso penal. Nos referimos a las consecuencias accesorias reguladas en los artículos 105 y 105-A del Código Penal. Estas contienen medidas muy similares a las “sanciones” que se han instaurado en nuestro ordenamiento con la Ley 30424. En atención a ello, el objetivo de la presente investigación consiste en determinar si la responsabilidad que declara la Ley 30424 realmente posee una naturaleza administrativa o penal y, además, esclarecer su ámbito de aplicación, en contraste con las consecuencias accesorias del mencionado artículo 105 del Código Penal. La tesis inicia con un recorrido histórico acerca de los antecedentes legislativos de las consecuencias accesorias y de la Ley 30424. Se describe cómo se dio su incorporación en la legislación peruana y se analiza la actual regulación de ambas formas de reacción frente a la persona jurídica. De manera posterior, se realizará un análisis acerca de los fundamentos que sustentan una “responsabilidad penal” de la persona jurídica y se determinará que ninguna de las razones brindadas en la doctrina logra justificar la existencia de tal responsabilidad en un Derecho Penal antropocéntrico, es decir uno en el que solo la persona natural es sujeto del delito y de la pena. Los argumentos provenientes del Derecho Comparado, del que se desprenden varias formulaciones de una responsabilidad “penal” de las personas jurídicas, resultan ineficientes en nuestro ordenamiento jurídico, pues conducirían a desligarnos de los principios del Derecho Penal y a trivializar conceptos dogmáticos, como los que contiene la teoría del delito, pensada única y exclusivamente para la persona natural. La publicación de la Ley 30424 no ha zanjado los debates acerca de la vigencia o no del principio societas delinquere non potest, sino que más bien los ha reforzado, debido a que cada vez se hace más notoria la verdadera razón de haber decidido incorporar la responsabilidad “administrativa” de la persona jurídica en el ordenamiento jurídico peruano: el cumplimiento de ciertos requisitos para poder acceder a la OCDE. / Law 30424 became effective in 2016 declaring a so-called "administrative liability" of the legal person. Peruvian jurists, for the most part, have opted for attributing to it a "criminal" nature and not an administrative one, because for them it would be a label fraud. It is striking that it has been decided to regulate such measures against the legal entity when there were already others applicable to it, although of a different nature. In fact, with the Criminal Code of Peru of 1991, a system against legal persons was incorporated which, like Law 30424, operates in a criminal proceeding. We refer to the accessory consequences regulated in articles 105 and 105-A of the referred Criminal Code. These contain measures very similar to the "sanctions" that have been established in our legal system with Law 30424. In view of this, the objective of this thesis is to determine whether the liability declared by Law 30424 really has an administrative or criminal nature and, in addition, to clarify its scope of application, in contrast with the accessory consequences of the aforementioned article 105 of the Criminal Code. The thesis begins with a historical review of the legislative background of the Accessory Consequences and of Law 30434. It describes how they were incorporated into Peruvian legislation and analyzes the current regulation of both forms of reaction against the legal person. Subsequently, an analysis will be made on the grounds that support a "criminal liability" of the legal person and it will be determined that none of the reasons provided can justify the existence of such liability in an anthropocentric criminal law, that is, in a system in which only the natural person is the subject of the crime and the penalty. The arguments coming from Comparative Law, from which several formulations of a "criminal" liability of legal persons are derived, are inefficient in our legal system, since they would lead us to detach ourselves from the principles of Criminal Law and to trivialize dogmatic concepts such as those contained in the Theory of Crime, thought only and exclusively for the natural person. The publication of Law 30424 has not settled the debates about the principle societas delinquere non potest, but rather has reinforced them because the real reason for having decided to incorporate it into our legal system, that is, to comply with certain requirements to be able to access the OCDE, is becoming more and more evident.

Esta investigación tiene como objetivo demostrar que la aplicación del principio Valor por Dinero en cada etapa de la contratación pública, especialmente durante la elaboración de los documentos del procedimiento de selección, permite a las Entidades públicas seleccionar al postor que se encuentra en mejor capacidad de cumplir con el requerimiento de forma eficiente. Si bien es cierto que el principio Valor por Dinero puede ser aplicado en cualquier modalidad de contratación, esta investigación se enfoca en el concurso oferta debido a que, en esta contratación, el postor que obtenga la Buena pro deberá realizar el Expediente Técnico de Obra y ejecutar la obra sobre la cual ha elaborado dicho Expediente. En consecuencia, la Entidad debe emplear todas las herramientas disponibles para seleccionar de forma informada al postor con mayor idoneidad para cumplir con ambas obligaciones. En ese sentido, se desarrollarán las características de la modalidad concurso oferta, el concepto propuesto por la doctrina sobre el principio valor por dinero y el marco normativo que recoge dicho principio en el ordenamiento peruano; así como la interpretación propuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado al respecto. Finalmente, se plantean algunas alternativas que las Entidades Públicas podrían tomar en cuenta al elaborar las Bases del procedimiento; específicamente, al establecer los Factores de Evaluación, de forma que se garantice que la selección del postor se ha realizado de forma informada, diligente y de acuerdo al principio valor por dinero

A propósito de la Ley N° 30424 – la cual regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la misma que ha sido modificada por el Decreto Legislativo N° 1352 y la Ley N° 30835, los cuales amplían los delitos por los cuales puede ser sancionada la persona jurídica, entre ellos y para efectos del presente trabajo, el soborno – el Estado ha promovido la implementación de programas de prevención por parte de las empresas, otorgando el beneficio de atenuación o exención de responsabilidad penal en el caso de que la empresa asuma un modelo de prevención ante la eventual comisión de un delito. Por otro lado, tenemos que, dadas las características propias del desarrollo de sus actividades, las empresas del rubro de la construcción son las más propensas a actos de corrupción y están más expuestas al riesgo del soborno. Ahora bien, la forma como está planteado este incentivo pervierte su finalidad, que es preventiva, toda vez que, en realidad se fomenta el uso de compliance paper o makeup compliance, esto es, las empresas adoptan un modelo de prevención únicamente para verse beneficiadas, ya sea con la atenuación o exención de responsabilidad penal, dado que sólo se exige el cumplimiento de ciertos requisitos, sin que se mida su eficacia ni verifique su operatividad. Es por ello que, en el presente trabajo de investigación analizamos los incentivos que podría crear el Estado para que las empresas constructoras implementen protocolos eficaces de prevención del delito de colusión. Para tal efecto hemos distinguido los incentivos de manera externa, esto es, por parte de Estado, e interna, por parte de la misma empresa

Este trabajo busca reflexionar respecto al rol que ocupa el principio de buena administración en el ejercicio del control gubernamental, el Sistema Nacional de Control y la Contraloría General. Como dicho principio se encuentra presente en el desarrollo de la función de control, entendido su ejercicio en el marco de la interpretación de los artículos 39 y 82 de la Constitución Política del Perú. De tal manera que se pueda entender el papel que cumple en el adecuado funcionamiento de la administración pública bajo parámetros de legalidad y resultados en la gestión, a través de la supervisión que la Contraloría General de la República hace de los actos de las entidades públicas. Permitiendo el desarrollo del contenido del principio de buena administración y la conexión con sus subprincipios. A la vez esta función de supervisión consolida el cumplimiento de los fines que la buena administración propugna en el desarrollo de la actividad estatal, los cuales no son otros que la consolidación de un Estado social y democrático de Derecho, que no es otra cosa que el bienestar general.

El objetivo general establecer el impacto de la ausencia de catálogo de infracciones por responsabilidad administrativa funcional en la corrupción de funcionarios, 2019 a 2021. La metodología utilizada fue cualitativa. Se concluye que hubo un impacto social pues la ciudadanía percibió la normalización de la corrupción e incluso el inadecuado actuar del TC, así como mermo la iniciativa a denunciar estos hechos. Es decir, existió una percepción negativa de la ciudadanía respecto a la imposibilidad de procesar y sancionar a funcionarios que no actúan conforme a ley. Así también impactó en la ineficacia de los informes de control pues no conllevarían a la identificación de sanciones. Así mismo, conllevó a que únicamente a través del procedimiento disciplinario se determinaron sanciones por conductas sancionadas en función a la potestad disciplinaria de las entidades como empleadores, pero no permitió excluir a funcionarios corruptos de la administración pública. Finalmente se afirma que ocasionó un impacto institucional en la corrupción de funcionarios, pues no se pudo cumplir con los fines del control gubernamental. / The general objective was to establish the impact of the absence of a catalogue of offences for functional administrative responsibility on the corruption of civil servants, 2019 to 2021. The methodology used was qualitative. It is concluded that there was a social impact as citizens perceived the normalisation of corruption and even the inadequate action of the TC, as well as a decrease in the initiative to denounce these facts. In other words, there was a negative perception among citizens regarding the impossibility of prosecuting and sanctioning officials who do not act in accordance with the law. It also had an impact on the ineffectiveness of control reports, as they would not lead to the identification of sanctions. It also meant that only through the disciplinary procedure were sanctions determined for conduct sanctioned in accordance with the disciplinary powers of the entities as employers, but it did not allow corrupt officials to be excluded from the public administration. Finally, it is affirmed that it had an institutional impact on the corruption of civil servants, as it was not possible to fulfil the purposes of governmental control. / Trabajo académico

La autora del presente informe jurídico efectúa el análisis de la argumentación empleada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA en la Resolución N° 443-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, mediante la cual se establece la responsabilidad administrativa de la empresa Cervecería San Juan S.A. por haber superado los límites máximos permisibles. Es así que, mediante la interpretación del régimen general previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, el régimen especial contenido en los dispositivos ambientales, las fuentes jurisprudenciales y doctrinales, la autora proporcionará una perspectiva clara sobre la conceptualización y alcances de la figura de la subsanación voluntaria, el tratamiento de los límites máximos permisibles en el ordenamiento peruano, la naturaleza de la infracción de la superación de los LMP, el cuestionamiento acerca de la posibilidad de subsanación de dicha conducta y el consecuente o no acogimiento a la eximente de subsanación voluntaria contenida en el literal f) del numeral 1 del artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. En base a dicho análisis, se podrá concluir que la empresa San Juan S.A. es responsable administrativamente por haber cometido la conducta infractora de exceder los Límites Máximos Permisibles establecidos para el parámetro Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). Que los argumentos de los administrados sobre que habrían subsanado la conducta infractora y que, por ende, se encontrarían exonerados bajo el eximente de responsabilidad, son inviables toda vez que la naturaleza de la infracción la hace insubsanable, con lo cual, su presunta corrección no podría ser amparada bajo la eximente de responsabilidad administrativa de subsanación voluntaria. / The author of this legal report analyzes the arguments used by the Environmental Supervision Court of OEFA in Resolution No. 443-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, through which the administrative responsibility of the company Cerveceria San Juan S.A. is established for having exceeded the maximum permissible limits. Thus, through the interpretation of the general regime provided under the Law of General Administrative Procedure, the special regime contained in the environmental devices, the jurisprudential and doctrinal sources, the author will provide a clear perspective on the conceptualization and scope of the figure of voluntary correction, the treatment of the maximum permissible limits in the Peruvian legal system, the nature of the infraction of exceeding the MPL, the question about the possibility of correction of said conduct and the consequent or non-use of the defense of voluntary correction contained in literal f) of numeral 1 of article 255 of the Single Ordered Text of the Law of General Administrative Procedure. Based on this analysis, it can be concluded that the company San Juan S.A. is administratively responsible for having committed the offending conduct of exceeding the Maximum Permissible Limits established for the Biochemical Oxygen Demand (BOD5) parameter. That the arguments of the administrators that they would have corrected the offending conduct and that, therefore, they would be exonerated under the defense of liability, are unviable since the nature of the infraction makes it insurmountable, therefore, its alleged correction could not be protected under the exemption from administrative liability of voluntary correction.

La presente tesis busca evidenciar los diversos problemas que se generan con el derecho de defensa de la persona jurídica y sus derechos instrumentales a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 30424, lo cual nos permitirá afirmar que ésta no ofrece una regulación procesal suficiente para garantizar el adecuado ejercicio de defensa de la persona jurídica en el proceso penal en un régimen de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. La ley ha establecido como reglas procesales a aquellas que han fueron diseñadas para el régimen de las consecuencias accesorias contra la persona jurídica, en donde la responsabilidad de la persona jurídica es accesoria (se requiere la previa condena de la persona física) y su estatuto jurídico procesal no es el de sujeto procesal imputado, sino de sujeto pasivo del proceso penal. En ese orden de ideas, expondremos los problemas que genera la ley con el derecho de defensa, el derecho a la autodefensa material y el derecho a la no autoincriminación de la persona jurídica, a partir de lo cual se advierte que se ha han suscitado una antinomia normativa, lagunas legales y normas procesales que vulneran el derecho de defensa e instrumentales de la persona jurídica en el régimen de responsabilidad administrativa. Finalmente, ofreceremos propuestas de solución frente a los problemas identificados consistentes en criterios de interpretación a la luz de principios del Derecho Procesal penal, la regulación de nuevos preceptos procesales inspirados en la experiencia procesal comparada y la modificación de normas vigentes que no garantizan el derecho de la persona jurídica en el proceso penal. / This thesis seeks to show the different problems generated with the right of defense of the legal person and its instrumental rights since the entry into force of Law No. 30424, which will allow us to affirm that it does not offer a sufficient procedural regulation to guarantee the adequate exercise of the defense of the legal person in the criminal process in a regime of autonomous liability of the legal person. The law has established as procedural rules those that have been designed for the regime of accessory consequences against the legal person, where the liability of the legal person is accessory (the prior conviction of the natural person is required) and its procedural legal status is not that of an imputed procedural subject, but of a passive subject of the criminal proceeding. In this order of ideas, we will expose the problems generated by the law with the right of defense, the right to material self-defense and the right to non-self-incrimination of the legal person, from which it is noticed that a normative antinomy has arisen, legal gaps and procedural rules that violate the right of defense and instrumental rights of the legal person in the administrative liability regime. Finally, we will offer proposed solutions to the problems identified, consisting of interpretation criteria in light of the principles of criminal procedural law, the regulation of new procedural precepts inspired by comparative procedural experience and the modification of existing norms that do not guarantee the right of the legal person in criminal proceedings.

En el presente informe, la autora analiza la Resolución No. 496-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, mediante la cual el Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) revocó la sanción impuesta a SAN FERNANDO S.A. por un accidente de trabajo con consecuencias fatales. El análisis se centra en evaluar si dicha decisión, fundamentada en la ausencia de motivación en el Acta de Infracción y en la inexigibilidad del empleador de capacitar sobre actividades prohibidas y que eran visiblemente inseguras, se ajusta a los principios de prevención y responsabilidad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La autora analiza la relevancia del Acta de Infracción en el curso de un procedimiento sancionador originado de una inspección por SUNAFIL. Asimismo, analiza los alcances del deber de prevención y responsabilidad del empleador en el marco de las obligaciones en SST y los medios probatorios pertinentes para acreditar su cumplimiento. La autora concluye que, si bien la revocación por insuficiencia de motivación es procedente conforme a los principios administrativos, la postura del TFL respecto a la no obligación de capacitar en actividades prohibidas contraviene los principios fundamentales de SST. Se argumenta que persiste la obligación del empleador de informar sobre los riesgos inherentes a conductas prohibidas, independientemente de su aparente peligrosidad. / In this report, the author analyzes Resolution No. 496-2023-SUNAFIL/TFL-First Chamber, through which the Labor Inspection Tribunal revoked the sanction imposed on SAN FERNANDO S.A. for a work accident with fatal consequences. The analysis focuses on evaluating whether this decision, based on the lack of motivation in the Infraction Report and the non-enforceability of the employer to provide training on prohibited activities that were visibly unsafe, adheres to the principles of prevention and responsibility in Occupational Health and Safety (OHS). The author analyzes the relevance of the Infraction Report in the course of a sanctioning procedure originating from a SUNAFIL inspection. Additionally, she examines the scope of the employer's duty of prevention and responsibility within the framework of OHS obligations and the pertinent evidence to prove compliance. It is concluded that, while the revocation due to insufficient motivation is appropriate according to administrative principles, the Labor Inspection Tribunal 's position regarding the non-obligation to provide training on prohibited activities contravenes the fundamental principles of OHS. It is argued that the employer's obligation to inform about the risks inherent in prohibited behaviors persists, regardless of their apparent danger.