El presente trabajo de investigación busca otorgar una guía jurídica de los aspectos sustanciales y procedimentales implicados en el procedimiento de interpretación a cargo del OSITRAN en el ámbito de los contratos de concesión bajo su competencia, y además, exponer una serie de problemáticas que se han identificado a lo largo del tiempo en el desarrollo normativo y práctico de este procedimiento. Para poder conseguir esto se realiza un minucioso estudio del marco normativo del procedimiento de interpretación y de cada uno de sus elementos que en conjunto componen a su estructura jurídica, además, también se acudirá al análisis de precedentes administrativos y de otras resoluciones emitidas por el regulador. En este sentido, mediante el estudio de la Ley N° 26917, el Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, los Lineamientos aprobados mediante Acuerdo N° 557-154-04-CDOSITRAN, la Ley del Procedimiento Administrativo General, y múltiples resoluciones emitidas por el OSITRAN se construye de la manera más clara posible la composición jurídica del procedimiento de interpretación. En esta se han podido identificar una serie de complicaciones que se pueden clasificar en dos planos de estudio, uno sustancial, y el otro, procedimental. Entre estas complicaciones se encuentran la forma jurídicamente válida de inicio del procedimiento, los límites a su desarrollo procedimental, el alcance de las resoluciones y los efectos de las mismas en relación a las partes involucradas. / The article seeks to provide a legal guide regarding material and procedural aspects involved in the interpretation procedure performed by OSITRAN in concession contracts matter under its competence, and, also, expose multiple problems that have been identified over time in the regulatory and practical development of this procedure. To achieve this, it has been made a meticulous study of the interpretation procedure regulatory framework and every one of its elements that together compose its legal structure, and also, an analysis of administrative precedents and previous resolutions issued by the regulator will also be used. In this order, through the study of Ley N° 26917, Decreto Supremo N° 044-2006-PCM, Lineamientos approved by Acuerdo N° 557-154-04-CD-OSITRAN, Ley del Procedimiento Administrativo General and multiple resolutions issued by OSITRAN, the legal composition of the interpretation procedure is constructed as clearly as possible. Have been identified multiple complications that can be classified into two levels of study, one material, and the other, procedural. Some of these complications are the legally valid way to initiate the procedure, the limits to its procedural development, the resolution’s range of effect and their effects on the parties involved. / Trabajo académico

El presente trabajo me permite identificar como la Administración en algunos casos no actua de acuerdo a la legalidad que rige al Derecho Administrativo Sancionador, esta actuación de Osinergmin no se encuentra acorde a la normativa de la LPAG, donde sus actuaciones debieron estar sujetas a las garantías que le son inherentes al administrado, derechos que deben estar contenidos en el respeto a los principios, la jerarquía de normas, la competencia, donde la aplicación de sanciones de primera instancia debe seguir un cauce previo y formal antes de imponer una sanción, donde el administrado debe saber porque se le sanciona para ejercer su derecho de defensa y ofrecer pruebas que demuestren el grado de veracidad de sus afirmaciones. La determinación de la responsabilidad administrativa debe ser aplicada como un medio, no como un fin, es un medio para la protección de principios y otros derechos, en el caso concreto el administrado considera vulnerados los principios de legalidad, tipicidad, debido procedimeinto administrativo, el derecho de defensa y el principio del non bis in ídem, los mismos que en el informe se demostrará como éstos han sido vulnerados. Finalmente, la Constitución, la LPAG, el Tribunal Constitucional a traves de jurisprudencia, en doctrina y otros documentos que han servido de sustento para demostrar que el ius punendi que impone el Estado através de sus instituciones estarán sujetas a control y posterior revisión de sus actuaciones, los mismos que de considerarse vulnerados podrán agotar la via administrativa y ser impugnados en la vía judicial.

El presente estudio se encuentra enfocado en la Plataforma Virtual de Declaraciones Juradas, como implementación de reforma en la gestión del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, plataforma operativa desde el 01 de enero de 2016, fecha en la cual entró en vigencia el Reglamento del Aporte por Regulación al OSIPTEL (en cuanto al lineamiento de la presentación de las declaraciones de ingresos gravados), aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 085-2015- CD/OSIPTEL. La pregunta que se pretende resolver está centralizada en conocer, si ¿La reforma en el proceso de implementación de la Plataforma Virtual de Declaraciones Juradas del Aporte por Regulación al OSIPTEL genero realmente Valor Público? La hipótesis que argumenta el trabajo de investigación demostrará que la Implementación de la Plataforma Virtual de Declaraciones Juradas del Aporte por Regulación al OSIPTEL constituye una reforma institucional dirigida en simplificar tareas propias del Regulador, no generando Valor Público al Ciudadano. Lo que resume que dicha mejora no significa una política pública en simplificación adoptada por dicha entidad. Con la interrogante matriz y con la hipótesis presupuestada se deberán analizar colateralmente las iniciativas adoptadas, así como las limitaciones y los problemas existentes en las etapas del proceso. Describiendo que la reforma fue una iniciativa conceptualizada desde un enfoque mixto, el mismo que se argumentó estar realizado con miras de abajo hacia arriba (bottom–up), pero paralelamente necesitaba de la recepción y la aprobación del enfoque de arriba hacia abajo (top–down), por lo cual se aseveraba que esta vertiente mixta fortaleció el proceso. También se tratarán los problemas y los desperfectos del sistema, como la falta de acceso del OSIPTEL a la Plataforma de Interoperabilidad del Estado y la imposibilidad de asociar el pago virtual de los aportes desde la plataforma, como mecanismos tecnológicos de soporte a la simplificación administrativa del Ente Regulador. Esquematizándose y cuestionándose, si efectivamente este sistema constituye una Política de Gestión de Simplificación Administrativa, analizando las características de los procesos y los componentes de toda Política Pública. En efecto, la investigación discute si la Plataforma Virtual obedece a una Política Pública de Simplificación Administrativa, cuestionándose si su formalización está dotada o no de Valor Público al haberse evidenciado que el principal factor y la motivación de la implementación fue la premura en facilitar las funciones del propio personal de la Institución, relacionadas con el trabajo operativo de registrar manualmente todas las Declaraciones Juradas del Aporte, proponiéndose acciones impulsadas por los trabajadores, enfoque de abajo hacia arriba, es decir, para la aprobación de la Alta Dirección del OSIPTEL. Sin embargo, es cuestionable determinar si ciertamente este sistema constituye una Política de Gestión de Simplificación Administrativa, analizando las características de los procesos y los componentes de toda Política Pública; siendo que en el análisis resulta la evidencia de un proceso de mejora de una herramienta que agiliza los trámites vinculados al cumplimiento tributario entre el OSIPTEL como Administrador Tributario (sujeto-activo) y las Empresas Operadoras como Contribuyentes (sujeto-pasivo); delimitándose que corresponde a las acciones del ente regulador para modernizar, simplificar y reformar los trámites y las diligencias regulares; creando sistemas virtuales que permitan la implementación de una herramienta de fácil acceso a disposición de las empresas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo. Las evidencias fueron obtenidas de la información recolectada de las entrevistas realizadas a los trabajadores involucrados en la creación y la implementación de la Plataforma Virtual, aplicando un enfoque cualitativo con un diseño no experimental orientado al estudio de una Política de Gestión de un organismo. Asimismo, se realizaron encuestas al personal del OSIPTEL y a las empresas operadoras con autorización para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.

El presente trabajo analiza la declaración de la aplicación de penalidades por parte de OSITRAN en el marco de la ejecución de los contratos de concesión de infraestructura de transporte de uso público. Así, se establece que OSITRAN cuenta con facultades legales para imponer penalidades en el ejercicio de su función sancionadora. Asimismo, desde el lado contractual, los contratos de concesión lo habilitan a imponer penalidades en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, se señalan las diferencias entre las penalidades contractuales y las sanciones administrativas a fin de determinar que el tratamiento jurídico de ambas es diferente en atención de su naturaleza. Así, se concluye que OSITRAN, en ejercicio de su función sancionadora, emite actos administrativos contractuales cuando impone penalidades por cumplimientos defectuosos o incumplimientos. Se desarrollan las características del acto administrativo contractual y sus diferencias con el acto administrativo. / This paper analyzes the declaration of the application of penalties by OSITRAN in the framework of the execution of public transport infrastructure concession contracts. Thus, it is established that OSITRAN has legal powers to impose penalties in the exercise of its sanctioning function. Likewise, from the contractual side, the concession contracts enable it to impose penalties on behalf of the Ministry of Transportation and Communications. Likewise, the differences between contractual penalties and administrative sanctions are pointed out in order to determine that the legal treatment of both is different according to their nature. Thus, it is concluded that OSITRAN, in the exercise of its sanctioning function, issues contractual administrative acts when it imposes penalties for defective compliance or non-compliance. The characteristics of the contractual administrative act and its differences with the administrative act are developed. / Trabajo académico

Tras las modificaciones incorporadas a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, tras la publicación del Decreto Legislativo N° 1272 a finales del 2016, se ha producido un cambio de enfoque por parte de la Administración Pública, en la cual se privilegia un enfoque de prevención orientado a que los administrados cumplan con sus obligaciones, por sobre la imposición de sanciones administrativas las mismas que solo buscan castigar al infractor administrativo. Lo señalado se encuentra reflejado con la incorporación de la posibilidad de imponer medidas correctivas, dado que, en la actualidad, tras la detección de incumplimientos y la determinación de la responsabilidad del infractor, se ha señalado que, en el mismo marco del procedimiento administrativo, la Administración puede optar por imponer medidas correctivas que busquen corregir la conducta de los administrados en atención al cumplimiento normativo y el interés general, siendo estas medidas compatibles con las sanciones administrativas. Sin embargo, la norma ha establecido requisitos para la aplicación de dichas medidas correctivas, siendo el principio de tipificación el abordado en el presente trabajo. Asimismo, se abordará la tipificación de las medidas correctivas realizadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), por lo que se realizaran algunas críticas sobra la aplicación de medidas correctivas realizada por el organismo regulador de las telecomunicaciones, para lo que se realizaran comparaciones respecto a la obligación de tipificar las medidas correctivas a ser aplicadas en otros sectores y entidades de la Administración Pública. Las conclusiones del presente trabajo consisten en evidenciar la tipificación insuficiente de las medidas correctivas por parte del organismo regulador de las telecomunicaciones, y como este incumplimiento del mandato de tipificación pone en riesgo los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.

La Administración Pública cuenta con una serie de herramientas para procurar el cumplimiento por parte de los agentes económicos, como: la actividad de fiscalización, la adopción de medidas administrativas y la aplicación de sanciones administrativas. A través de estas herramientas se busca direccionar su actuar a la adopción de lo prescrito en la normativa. El enfoque dominante en nuestro ordenamiento para cautelar el cumplimiento tiene una orientación sancionadora; sin embargo, existe un enfoque menos punitivo que privilegia la persuasión para salvaguardar lo dispuesto. Ahora bien, existe un enfoque que no privilegia ninguno de los antes mencionados, sino más bien se vale de ambos, así este enfoque adopta la persuasión, educación, incentivos y castigo en función a la respuesta de los agentes regulados, el mismo que se denomina regulación responsiva. La presente investigación tiene como propósito analizar si el mecanismo alternativo al procedimiento administrativo sancionador, aplicado por Osinergmin, en los Grifos y Estaciones de Servicio, ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones referidas a las condiciones técnicas y de seguridad consideradas de criticidad alta (riesgo alto), se encuentra vinculado con el enfoque responsivo y si este resulta efectivo para lograr el cumplimiento normativo (enforcement). En ese sentido, se ha realizado un análisis al cambio normativo establecido por Osinergmin, la recepción de esto por parte de los agentes económicos, su cambio de comportamiento y se propone una estrategia para aplicar propiamente un enfoque responsivo.

Durante el contexto de pandemia, los servicios públicos de telecomunicaciones cobraron gran importancia al punto de ser equiparados con los servicios básicos de agua o luz. Dicho reconocimiento social generó que tanto el Congreso de la República como OSIPTEL emitieran diversas normas con miras a fiscalizar la adecuada provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones. En ese contexto de intenso ejercicio normativo, cabe preguntarnos si las entidades estatales analizan el impacto regulatorio de sus propuestas previo a la emisión de las mismas. El propósito del presente trabajo es analizar uno de los proyectos normativos de OSIPTEL más cuestionados, a fin de identificar si la entidad prioriza la utilización de medidas alternativas al ejercicio de la potestad normativa para regular la provisión de servicios. En el presente trabajo utilizaremos la teoría del impacto regulatorio concluyendo que OSIPTEL, en aras de “proteger a la sociedad”, puede llegar a perder de vista cuándo es necesario imponer normas gravosas.

La controversia en el expediente se origina a partir de la solicitud de arrendamiento de material tractivo y rodante de Ferrocarril Santuario Inca Machupicchu S.A.C. (Fersimsac), nuevo operador de servicios de transporte ferroviario. Fersimsac solicita a Ferrocarril Trasandino S.A. (Fetrans) el arrendamiento del material tractivo y rodante que este había recibido como parte de la concesión del Ferrocarril Sur Oriente. No obstante, Fetrans alegó que este material había sido arrendado en su totalidad a su empresa vinculada Perurail, quien prestaba los servicios de transporte ferroviario de acuerdo con lo previsto en su contrato de concesión. Lo anterior fue analizado por la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a raíz de una denuncia de Organismo Supervisor de la Infraestructura de Transporte (OSITRAN) y Fersimsac en contra de Fetrans por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad de negativa injustificada de trato y discriminación. Esta es la controversia que da origen al presente Expediente y cuyos aspectos controvertidos comprenden materias la interpretación del Contrato de Concesión, el análisis de competencia sobre el material tractivo y rodante, así como la participación de OSITRAN en el procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, considero que INDECOPI no realizó una correcta interpretación del Contrato de Concesión, la misma que tuvo impacto en una incorrecta delimitación del mercado relevante. Finalmente, OSITRAN no fue incorporado en el procedimiento como correspondía, lo cual fue corregido por el Tribunal. Finalmente, es importante notar que esta controversia se mantiene a nivel judicial. Esta controversia fue materia de pronunciamiento de la justicia constitucional, debido a una acción de amparo presentada por Perurail en la cual cuestionaba la admisión de la apelación de OSITRAN y que tuvo como consecuencia permitir a la Sala conocer la controversia. Si bien ya se contaba con un pronunciamiento de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaraba nula la admisión de la apelación y firme la decisión de la Comisión, todo lo actuado fue declarado nulo por el Tribunal Constitucional en la sentencia del 18 de agosto de 2020 recaída en el Expediente No. 1484-2015-PA/TC. Así, el Tribunal Constitucional ha ordenado volver a la etapa de admisión de la demanda y la controversia sobre la admisión de OSITRAN en el procedimiento sigue pendiente

En el presente trabajo de investigación se busca analizar cuándo corresponde someter una controversia derivada de alguna decisión o actuación del OSITRAN durante la ejecución de los Contratos de Concesión que supervisa, a la vía arbitral o, en su defecto, a la vía judicial, mediante un proceso contencioso administrativo. Se busca identificar aquellos criterios que permitan realizar una adecuada determinación de las materias o controversias relacionadas con el quehacer del OSITRAN, actuales o potenciales, susceptibles de ser resueltas a través del arbitraje. Se plantea la hipótesis de que los conflictos o controversias que derivan de actuaciones o decisiones del OSITRAN durante la etapa de ejecución de los Contratos de Concesión únicamente pueden ser dilucidados en la vía arbitral si tales actuaciones o decisiones del organismo regulador tienen naturaleza contractual, no pudiendo ser sometidos a la competencia arbitral aquellos conflictos o controversias vinculados a decisiones adoptadas en el marco del ejercicio de facultades administrativas. Asimismo, en cuanto al supuesto referido a la autorización derivada de la ley, de los tratados o convenios internacionales para someter a la vía arbitral determinado conflicto o controversia, se sustentará que en estos casos será posible someter a arbitraje las decisiones del OSITRAN, independientemente de que la materia califique como de libre disponibilidad o no. Este tema es relevante por cuanto en la doctrina y jurisprudencia no se cuenta con un criterio uniforme sobre qué tipo de materias y controversias pueden resolverse en la vía arbitral, situación que tiene repercusiones prácticas en la realidad que ocasionan un grado de incertidumbre y desconfianza entre los inversionistas privados que se encuentran vinculados o que pretenden vincularse contractualmente con el Estado, por lo que el presente trabajo pretende brindar un aporte en ese sentido. Se aborda el estudio del tema propuesto desde varios ámbitos: el doctrinario, normativo, el contenido de las cláusulas arbitrales y la jurisprudencia arbitral. En ese sentido, se realiza una clasificación de dichas cláusulas arbitrales atendiendo a su contenido y un análisis crítico de criterios arbitrales adoptados por tribunales nacionales e internacionales (CIADI) sobre la materia. Se concluye que las controversias referidas a la aplicación de penalidades por parte del regulador pueden ser planteadas en la vía arbitral y que las controversias relacionadas con la interpretación de los Contratos de Concesión, la caducidad de la Concesión y aplicación de tarifas no pueden ser resueltas en dicha vía, sino que deben ser dilucidadas en la vía judicial. / This research work seeks to analyze when it is appropriate to submit a dispute arising from any decision or action of OSITRAN during the execution of the Concession Contracts that it supervises, to arbitration or, failing that, to the judicial way, through a contentious-administrative process. It seeks to identify those criteria that allow an adequate determination of the matters or controversies related to the work of OSITRAN, current or potential, that can be resolved through arbitration. The hypothesis is raised that the conflicts or controversies that derive from actions or decisions of OSITRAN during the stage of execution of the Concession Contracts can only be elucidated through arbitration if such actions or decisions of the regulation organism have a contractual nature, not being able to those conflicts or controversies linked to decisions adopted within the framework of the exercise of administrative powers should be submitted to arbitral jurisdiction. Likewise, regarding the assumption referred to the authorization derived from the law, from international treaties or conventions to submit a certain conflict or controversy to arbitration, it will be argued that in these cases it will be possible to submit OSITRAN's decisions to arbitration, regardless of whether the material qualifies as freely available or not. This issue is relevant because in the doctrine and jurisprudence there is no uniform criterion on what type of matters and controversies can be resolved through arbitration, a situation that has practical repercussions in reality that cause a degree of uncertainty and mistrust between private investors who are linked or intend to be contractually linked with the State, so this paper aims to provide a contribution in this regard. The study of the proposed topic is approached from several areas: the doctrinal, normative, the content of the arbitration clauses and the arbitral jurisprudence. In this sense, a classification of said arbitration clauses is carried out according to their content and a critical analysis of arbitration criteria adopted by national and international courts (ICSID) on the matter. It is concluded that the controversies related to the application of penalties by the regulator can be raised in arbitration and that the controversies related to the interpretation of the Concession Contracts, the expiration of the Concession and the application of tariff cannot be resolved in said way, but must be elucidated in judicial way.

No description available.