Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / El ensayo en cuestión tiene como finalidad explicar cuál ha sido el trabajo del Tribunal Constitucional, como garante de la supremacía de la Constitución, y en específico de la Objeción de Conciencia tanto particular como Institucional. En este sentido se analiza al respecto la Sentencia Rol 3729-2017 en virtud del requerimiento de inconstitucionalidad de los honorables diputados y senadores sobre al proyecto de ley de la despenalización del aborto en tres causales. Luego se aborda el pronunciamiento de la Contraloría General de La República, determinando si el derecho a invocar la objeción de conciencia institucional que se contempla en el artículo 119 ter del Código Sanitario, corresponde sólo a las instituciones de salud privada de carácter confesional o si puede ser ejercido por cualquier persona jurídica de derecho privado. Finalmente nos referiremos al requerimiento de Inconstitucionalidad del Decreto Supremo N°67 del Ministerio de Salud, para invocar objeción de conciencia, acogido en causa ROL 5572-2018 y 5650-2018 ambas acumuladas, ponderando todos los argumentos esgrimidos y determinando así si la regulación de objeción de Conciencia en Chile es suficiente para los estándares nacionales e internacionales.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad o “cuestión de inaplicabilidad” es una de las herramientas fundamentales de control concreto de constitucionalidad de la ley en nuestro ordenamiento actual. Una de las particularidades del modelo de control concreto de constitucionalidad chileno es que los jueces tienen legitimación para interponer la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a las causas que conocen. El presente trabajo se centra en el estudio de las cuestiones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad promovidas por jueces durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2017. Del tratamiento estadístico y análisis de cada una de estas causas es posible extraer importantes conclusiones respecto a la naturaleza jurídica de esta particular acción y a la forma en que los jueces han ejercido esta potestad / 30 junio de 2020

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / Bajo la hipótesis de incertidumbre y vacío normativo en materia de acuerdos conciliatorios en sede de libre competencia, este trabajo busca examinar la institución de la conciliación en el marco del procedimiento contencioso en el cual se aplica, poniendo especial énfasis en el análisis jurisprudencial del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (“TDLC” o “el Tribunal”) y la importante función que el TDLC cumple en estos procedimientos. Con este objetivo, se explorará el carácter de equivalente jurisdiccional de la conciliación en sede de libre competencia, sus características y clasificaciones. Desarrollando, por último, un estudio destallado y crítico de las diversas interpretaciones y criterios que el TDLC ha formulado al examinar las propuestas de acuerdos conciliatorios presentados para su aprobación en este procedimiento, para enfrentar con ello, el vacío normativo existente en esta materia

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis ha sido realizada a través del estudio y análisis de las 21 sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en relación a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2331 del Código Civil, así como también en relación a la resolución que da cierre al procedimiento iniciado de oficio para observar la constitucionalidad de la norma consideraba en abstracto, todo ello dentro del periodo comprendido entre los años 2008 y 2017. A través de dicho estudio se definen concretamente los distintos argumentos expuestos por los ministros, así como también la integración en cada caso particular del Tribunal Constitucional, con el fin de poder observar si ha existido o no un cambio en la línea argumentativa del Tribunal en general y de los ministros considerados individualmente, en relación al artículo 2331 del Código Civil y su constitucionalidad. Finalmente, los resultados obtenidos nos muestran que la línea argumentativa se ha mantenido constante dentro de este gran periodo de tiempo, observándose en todas las distintas instancias la misma clase de razonamientos. A ello tan sólo se presenta una excepción, cual es la instauración del argumento que dice relación con observar al artículo 2331 del Código Civil como uno compuesto de dos normas distintas, siendo tan sólo inconstitucional la primera de ellas que establece la prohibición a priori y absoluta de la reparación por daño moral cuando se ha materializado una imputación injuriosa. Es en torno a este gran argumento, única transformación en el razonamiento del Tribunal Constitucional, que se dan las grandes discusiones tanto cuando se inicia de oficio el procedimiento para observar la constitucionalidad de la norma, así como en los distintos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Asimismo, solo dos del total de los ministros integrantes entre los años 2008 y 2017 demuestran haber dado un giro radical en sus consideraciones en relación al artículo 2331 del Código Civil y su constitucionalidad.

La presente tesis de doctorado titulada “La interdisciplinaridad del Derecho centrada en la moralidad política como a base de la decisión judicial: la opinión pública en las decisiones consideradas importantes por el STF”. El objetivo institucional del presente trabajo científico es la obtención del Título de Doctor en Ciencia Jurídica por el Curso de Doctorado en Ciencia Jurídica - CDCJ vinculado al Programa de Postgrado Stricto Sensu en Ciencia Jurídica - CPCJ - de la Universidad del Valle del ltajaí - UNIVALI y el título de Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, como resultado del convenio firmado entre ambas instituciones. La investigación busca como objetivo general proponer límites para la invocación de argumentos interdisciplinares de moralidad política, especialmente los derivados de la opinión pública, como criterios de fundamentación de decisiones jurídicas, específicamente en las decisiones consideradas de tema relevante por el Tribunal Supremo Federal, identificados así debido a la fuerte repercusión que tienen en la sociedad y los medios de comunicación. Los objetivos específicos se distribuyen en cuatro, cada uno desarrollado en un capítulo específico, de la siguiente manera: el primer objetivo específico es investigar el fraccionamiento de las Teorías del Derecho, a la vista de la dualidad entre el Positivismo Jurídico y el Post-Positivismo, para explicar la crisis del Derecho unidimensional. El segundo objetivo específico es estudiar el Derecho y su interdisciplinaridad con la moral y la política. Lo que se pretende es analizar la apertura que las teorías jurídicas post-positivistas al conocimiento interdisciplinario al justificar la decisión judicial. El tercer objetivo específico es analizar la decisión judicial a partir de criterios unidimensionales y multidimensionales, para comprender cómo el juzgador construye la decisión mediante factores intrínsecos y extrínsecos, y también entender el contexto de descubrimiento y justificación de la decisión jurídica. El cuarto objetivo específico consiste en aportar datos jurisprudenciales de la Corte Superior brasileña relativos a las interferencias de la moralidad política en las decisiones judiciales, especialmente de la opinión pública, a través del cribado de procesos rubricados por el Tribunal Supremo Federal con sello "tema relevante" debido a su fuerte repercusión social y en los medios de comunicación, esto con el fin de estudiar la incidencia de contenidos morales en los fundamentos y proponer límites en la aplicación del conocimiento interdisciplinario como criterios de fundamentación de decisiones jurídicas. Para lograr estos objetivos, la tesis se divide en cuatro capítulos. En respuesta a los problemas investigados, los resultados apuntan a que hoy la decisión judicial está en el nivel pluridimensional y los valores axiológicos de casos cargados de moral deben incorporar la moralidad política en la construcción decisoria y aplicar conscientemente el conocimiento interdisciplinario como fuente jurídica en la decisión judicial. La tesis se ocupa de la aceptación de la interdisciplinariedad del Derecho y propone límites para la inserción del conocimiento interdisciplinario en la decisión judicial para resguardar la seguridad jurídica a través de cinco premisas. Para ello, se proponen como premisas limitadoras: 1. El respeto a las competencias de los poderes y la legalidad; 2. La deconstrucción del escepticismo Moral en el centro evocador de la deliberación judicial y la comprensión del papel creativo del juez; 3. La deliberación sobre el contexto del descubrimiento integrado con el contexto de justificación en la construcción de la decisión judicial; 4. El aumento de la previsibilidad decisoria dentro del dualismo teórico entre Positivismo Jurídico y Post-Positivismo Jurídico; 5. El ideal de la acción comunicativa en la era tecnológica, que busca la creación de un espacio social consultivo de la opinión pública mediante una base de datos digital con acceso gratuito, a través de aplicaciones de dispositivos móviles, para analizar con eficacia la respuesta Ética a los debates jurídicos cargados de contenido axiológico. En cuanto a la Metodología fue utilizado el Método Inductivo.

In the decades after attaining independence from its colonial masters, Rwanda’s two principal ethnic groups, the Hutus and the Tutsis, suffered worsening tensions which often resulted in the perpetration of atrocities. Peace agreements brokered by the international community did not ease these ethnic tensions. In April 1994, the ethnic crisis took a different dimension following the assassination of the Presidents of Rwanda and Burundi. A full-blown genocide was committed by the Hutus who targeted their Tutsi and Hutu-moderates victims because of their ethnic identity and tolerant political views respectively. In a hundred days, about a million Tutsis and Hutu-moderates were massacred. Gross violations of human rights had been committed. The planning, preparation and execution of these atrocities were done by almost everyone within the Hutu majority: the leadership (both civilian and military), business men, the clergy, artists, professors, journalists, militias, the commoners, and other civil society actors. The Rwandan Patriotic Front (RPF) under the leadership of General Paul Kagame overthrew the Rwandan Armed Forces (RAF) and brought the genocide to an end. In an effort to build a government of national unity, the Government of Rwanda under the leadership of President Paul Kagame requested the United Nations Security Council to establish a tribunal for the trial of persons who bear responsibility for the atrocities committed in Rwanda. In response to this request, the United Nations Security Council passed Resolution 955 (8 November 1994) creating the second United Nations’ ad hoc international criminal tribunal, the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Annexed to Resolution 955 was the Statute of the ICTR. The Statute gave the Tribunal jurisdiction over three crimes: genocide, crimes against humanity and violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II. Amongst other things, it also defined on which individuals it would impose criminal responsibility. The definition of genocide and the punishable acts as contained in the Statute of the ICTR (Article 2) were simply imported from the United Nations’ Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948 (Article III). One of these punishable acts is direct and public incitement to commit genocide (Article 2(3)(c) of the Statute of the ICTR). As seen in Article 6(1) of the Statute of the ICTR, there are five different modes of participation that would lead to the imposition of criminal responsibility: planning, instigating, ordering, committing or otherwise aiding and abetting. Instigation is one of these modes of participation. An examination of the jurisprudence of both the Trial and Appeal Chambers of the ICTR reveals that there is an overlap between direct and public incitement to commit genocide under Article 2(3)(c) and instigation as a mode of participation under Article 6(1). The Trial and Appeal Chambers have contributed enormously to the development of the jurisprudence of direct and public incitement to commit genocide under Article 2(3)(c). Now settled as an inchoate crime in international criminal law, criminal responsibility is imposed irrespective of whether the direct and public incitement successfully results in the commission of genocide. On the other hand, instigation is one of the modes of participation which would lead to the imposition of criminal responsibility. Participation under Article 6(1) is not limited to any particular crime, but extends to all the crimes over which the ICTR has jurisdiction – genocide, crimes against humanity and violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II. The jurisprudence of the Trial and Appeal Chambers on Article 6(1) states that criminal responsibility can only be imposed where it is proved that the accused’s mode of participation substantially contributed to the commission of the crime. Therefore, instigation, which is one of the modes of participation, must be shown to have substantially contributed to the commission of the crime for criminal responsibility to be imposed. In my opinion, this requirement of substantial contribution for the imposition of criminal responsibility is wrong. It emanates from a poor understanding of Article 6(1) and the construction of the words therein. It is a judicial invention which does not square with established principles of criminal responsibility in general and inchoate crimes in particular. This thesis critiques the jurisprudence of the ICTR on instigation as a mode of participation under Article 6(1). Instigation is a recognised mode of participation in international crimes. Under the common law system, it is also an inchoate crime. International instruments and the jurisprudence of the Trial and Appeal Chambers have recognised the inchoate nature of incitement. However, in the construction of Article 6(1) wherein instigation features as a mode of participation, the Trial and Appeal Chambers erred. I illustrate in this thesis that a correct construction and understanding of Article 6(1) shows its inchoate and bifurcated character: first, any of the modes of participation must lead to any of the stages of any of the crimes (planning, preparation or execution). These modes of participation are not limited to any particular crime. Therefore, if instigation leads to the planning or preparation of any of the crimes, that renders it inchoate (which is understood to mean a criminal activity that is incomplete, still at its initial stage). Second, the imposition of criminal responsibility is bifurcated. In other words, it must go through two stages: first, there must be a mode of participation, and second, it must lead to any of the stages of the crimes. Third, the substantial contribution requirement does not square with a strict construction of Article 6(1). In articulating the different stages that a mode of participation must lead to, it states ‘planning, preparation or execution’ of any of the crimes. The use of a disjunctive word ‘or’ rather than a conjunctive word ‘and’ suggests that any of the modes of participation that leads to any of these stages (planning, preparation or execution) of any of these crimes (genocide, crimes against humanity, violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II) would suffice. Therefore, to require that there must be a substantial contribution to commission of a crime before criminal responsibility can be imposed under Article 6(1) is a clear limitation to the last stage of the crime, which is execution (or commission). As evidenced by the cases tried at the Tribunal, Article 2(3)(c) which addresses the inchoate crime of direct and public incitement to commit genocide and Article 6(1) which deals with the imposition of criminal responsibility, do overlap. In other words, incitement that qualifies as direct and public incitement to commit genocide under Article 2(3)(c) may as well qualify as instigation to any of the crimes over which the ICTR has jurisdiction under Article 6(1). From the delivery of its first judgment in the case of The Prosecutor v Jean-Paul Akayesu,1 the Trial Chambers did not recognise the confluence 1 Judgment, Case No. ICTR-96-4. T. Ch. I, 2 September 1998. between these two Articles. However, in the case of The Prosecutor v Callixte Kalimanzira,2 the Trial Chambers made this observation, and outlined a set of guidelines on how to resolve cases of overlap. Though a colossal step in fixing this problem, the guidelines are faulted because they repeat the same mistakes made by previous Trial Chambers: first, they limit instigation only to genocide even under Article 6(1); second, they still hold that criminal responsibility can be imposed under Article 6(1) only when it is proved that the mode of participation substantially contributed to the commission of the crime. While it resonates with conventional wisdom today that incitement, synonymous with instigation, is limited to the crime of genocide, this thesis critiques the jurisprudence of both the Trial and Appeal Chambers of the ICTR and argues that instigation is a mode of participation in crimes against humanity following a strict construction of Article 6(1). Furthermore, incitement that qualifies as ‘direct and public incitement’ to commit genocide under Article 2(3)(c) may also qualify as instigation to commit genocide, crimes against humanity, or both under Article 6(1). Third, ‘direct and public incitement’ to commit genocide under Article 2(3)(c) is limited to the crime of genocide, and must fulfil the caveats of ‘direct’ and ‘public’. Meanwhile, instigation under Article 6(1) does not need to meet any requirement as long as it leads to the ‘planning, preparation or execution’ of any of the crimes over which the ICTR has jurisdiction. The poor construction of Article 6(1) has resulted in huge controversies about instigation as a mode of participation in crimes over which the ICTR has jurisdiction under Article 6(1). More specifically, instigation, which is one of the modes, overlaps with the wording of Article 2(3)(c) which deals with the inchoate crime of direct and public incitement to commit genocide. The substantial contribution requirement is a judicial invention which does not align squarely with established principles of criminal responsibility for inchoate crimes. It is the unfortunate outcome of a poor construction of Article 6(1) and has orchestrated a confused understanding of instigation as a mode of participation. It has blurred and obfuscated instigation as a mode of participation in crimes against humanity; stagnated the evolution of the jurisprudence on instigation to 2 Judgment, Case No. ICTR-05-88-T, T. Ch. III, 22 June 2009. commit crimes against humanity; and above all, propelled international criminal law on an ambitious and controversial mission from which it must retreat

En el marco del caso de la “barrera electoral” (un tema de derecho electoral) el presente trabajo tiene los siguientes principales objetivos: 1) analizar cuál ha sido el razonamiento del Tribunal Constitucional por el que llega a la conclusión que la barrera electoral establecida por la Ley N° 28617, no es inconstitucional; 2) precisar los conceptos que maneja el Tribunal Constitucional sobre un cierto número de instituciones jurídicas centrales (necesarios para la resolución de este tipo de casos), como son, inter alia: el principio democrático, el principio de soberanía popular, la democracia representativa, el sistema de representación proporcional, y el derecho fundamental a la participación política; 3) demostrar que el Tribunal Constitucional estaría manejando conceptos restrictivos sobre estas materias constitucionalmente relevantes debido, en parte, a una singular concepción que ha desarrollado sobre el principio de soberanía popular, que no corresponde a la significación usualmente atribuida a este principio, también establecido por la Constitución, de la que se aparta; y 4) determinar que, bajo una redefinición de conceptos, en particular, tomando en cuenta la concepción más amplia, y generalmente aceptada, del derecho fundamental a la participación política, la barrera electoral de 5%, sí sería inconstitucional.

El presente artículo de investigación tiene como objetivo proponer una definición legal uniforme y pertinente del contrato a tiempo parcial para garantizar los derechos de los trabajadores y sus intereses, la misma que en nuestros días se ve afectada por la inexistencia de un concepto en nuestra legislación nacional. Para ello, fue necesario realizar un análisis de los pronunciamientos emitidos por los magistrados del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, a efectos de determinar la vulneración de derechos laborales en los trabajadores a tiempo parcial, así como el análisis de la recepción normativa, tanto a nivel nacional como internacional. De ese modo, el método de investigación utilizado es el de análisis síntesis que permite definir el contrato a tiempo parcial en atención al examen normativo, jurisprudencial y doctrinal; el mismo que permitió arribar a la conclusión que los problemas en los derechos laborales generados por los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en materia de contrato a tiempo parcial, se derivan del error interpretativo de los artículos 4 del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y en el artículo 12° del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo, aprobado por Decreto Supremo 001- 96-TR. Esta interpretación errónea de los magistrados se debe principalmente a la falta de una definición del contrato a tiempo parcial.

La revisión constitucional de los casos judiciales comprende el ejercicio de los derechos y garantías procesales de las personas. En nuestro país, el Tribunal Constitucional -como una alta corte- procura otorgar una tutela objetiva y subjetiva de derechos fundamentales a partir del uso de la herramienta jurídica del derecho procesal constitucional. Sin embargo, la tutela constitucional enfrenta diversos desafíos que ameritan el uso de otras herramientas jurídicas por parte del máximo ente constitucional. A partir de la presente investigación, se puede concluir que la introducción de la sentencia interlocutoria denegatoria -a través del precedente Vásquez Romero- a nuestro sistema jurídico significa la plena vigencia y el correcto ejercicio del orden constitucional en nuestro país. / The constitutional review of judicial cases includes the exercise of the rights and procedural guarantees of individuals. In our country, the Constitutional Court -as a high court- seeks to grant an objective and subjective protection of fundamental rights from the use of the legal tool of constitutional procedural law. However, constitutional protection faces various challenges that warrant the use of other legal tools by the highest constitutional entity. From the present investigation, it can be concluded that the introduction of the refusal interlocutory sentence - through the precedent Vásquez Romero- to our legal system means the full validity and the correct exercise of the constitutional order in our country. / Trabajo académico

The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC) have been tasked with bringing justice to the survivors of the Khmer Rouge genocide. Almost ten years later, three people have been sentenced to life imprisonment. This study examines the perceptions of justice and opportunities of reconciliation from somewhat neglected perspective of Chinese-Cambodian genocide survivors. Through the unique tool of non-judicial measures (NJMs), I am exploring opportunities and chances that might arise for a broader victim support in the future. I have conducted two focus groups in Kampot and Battambang, as well as eleven semi-structured interviews in Battambang and Phnom Penh with Chinese-Cambodian survivors of the Khmer Rouge. As a bridge to the quantitative research, I additionally have conducted a Qualitative Comparative Analysis (QCA) with existing surveys and studies.