Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Nuestro ordenamiento jurídico cumple con un requisito básico de una democracia, esto es, que las normas sean publicadas en forma previa, de modo tal que los ciudadanos puedan saber cuales son las nuevas disposiciones que los rigen, contra las cuales no cabe alegar desconocimiento alguno. Toda la tramitación que se exige para la obligatoriedad de una ley parece ser perfecta en cuanto a su aspecto formal, pero en su sustancialidad la situación inevitablemente dista mucho en la realidad. Resulta impensable en nuestra sociedad que el ciudadano común conozca la normativa que día a día se actualiza, ello se debe a dos motivos, en primer lugar las nuevas disposiciones solo se pueden conocer a través del Diario Oficial, del cual poco o nada se sabe, y en segundo lugar, las disposiciones contenidas en el mismo son de una complejidad y diversidad tal, que resulta inverosímil su comprensión para el ciudadano medio. De acuerdo a lo expuesto es posible señalar que la publicación de una ley es un requisito sine qua non para la exigibilidad de una norma, pero es desde luego insuficiente para producir un sistema que permita el acceso y conocimiento ciudadano a nuestro ordenamiento jurídico. Lógicamente resulta impensable crear un sistema que permita a los ciudadanos alcanzar el mismo nivel de comprensión que los profesionales del Derecho, duchos en la ciencia jurídica; por tanto, lo que se requiere es crear un mecanismo que permita al lego conocer el ordenamiento jurídico de acuerdo a sus necesidades, mientras que para los abogados y estudiosos de la ciencia jurídica se requerirá un sistema ideado de acuerdo a sus requerimientos. De lo dicho se concluye que sería necesario para nuestra sociedad crear dos sistemas diversos, uno destinado a la socialización del ordenamiento jurídico y otro destinado a los entendidos en la materia. Ahora bien, la creación de estos sistemas requiere la asistencia de una ciencia, la cual permitirá la labor de recopilar y almacenar un inmenso caudal de información. Para ello resultaría inconcebible realizar tal tarea a través de un simple soporte físico, tal tarea resultaría inverosímil, por lo mismo, la ciencia informática será la encargada de desempeñar dicha importante labor, pues considerando su enorme capacidad de almacenamiento, como la facilidad con la cual permite llegar a la información requerida, es la ciencia más idónea para tales fines.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Primero hemos de tratar el tema de la libre competencia, intentando someramente delimitar esta materia, así como trazar su relación con otras ramas y sobre todo con otras nociones y derechos. Siguiendo la misma línea, hablaremos del derecho de la libre competencia, la norma que lo contiene, el bien jurídico que tutela y como éste no es bien jurídico apartado y separado del ordenamiento jurídico, sino que tiene una relación muy estrecha con otros. Se procederá a revisar el órgano encargado de la tutela de la libre competencia y de las facultades, tanto jurisdiccionales como administrativas, que el legislador recientemente le ha conferido a fin de resguardarla, adentrándonos sobre una de ellas en particular y como ésta, si bien en principio es una potestad que tiene una gran potencia, tiene igualmente una importante falencia. En segundo término se analizará el recurso de inaplicabilidad, y subsecuente declaración de inconstitucionalidad, el que se modificó tras la reforma Constitucional del año 2005, la que fue posteriormente sistematizada con la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional introducida el año 2009. También se expondrán las características de la acción de inaplicabilidad, sus requisitos y sus efectos, para posteriormente tratar someramente la declaración de inconstitucionalidad. Realizadas ambas exposiciones procederemos a mostrar ambas alternativas de modo contrapuesto, produciendo que la conclusión, y propuesta que se pretende, caiga de modo lógico y consecuencial

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La normativa sobre Libre Competencia en nuestro país faculta a un Tribunal especial a conocer de las actuaciones de organismos públicos y privados de actos contrarios a la Libre Competencia. Este órgano es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Junto con ello, la normativa faculta al Tribunal a imponer “multas a beneficio fiscal” las que han ido aumentando en su consagración legal. Pretendemos analizar qué fundamentos ha tenido el Tribunal (y en su momento la Comisión Resolutiva Central) para aplicar las multas cuando han determinado que existen actuaciones contrarias a la libre competencia. Para ello se torna indispensable una pequeña referencia a la evolución histórica de la imposición de multas (y en su momento de tipos penales a efectos de precaver conductas antimonopólicas), cómo han sido tratadas doctrinalmente y qué relevancia tiene ese tratamiento. Las multas fueron sustituyendo las respuestas que el Estado había impuesto a los ciudadanos, trasladando desde el ámbito penal al pecuniario su poder de reacción, considerando factores de eficiencia y otras finalidades, que incluso escapan al estudio de la Libre Competencia y se acercan al Derecho Punitivo. Para lo anterior hemos reunido las sentencias desde el año 2004 a 2012. Como hipótesis preeliminar creemos que esa fundamentación de las multas no ha sido siempre igual y que, atendida la mayor especialización en el conocimiento de la disciplina antimonopólica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia iría motivando cada vez más sus sentencias. Ello en razón de la importancia de su función para el mercado y sus agentes, pero además, porque estando sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, la posibilidad de enmendar sus planteamientos están latentes, máxime aun si este Tribunal Supremo constituye un Tribunal de derecho y con interpretaciones cargadas de formalismo y observancia de la ley. Discurre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en un sistema procesal altamente especializado, con análisis de prueba rendida sometida a las reglas de la sana crítica y con integrantes que no son abogados, mientras que la Corte Suprema es un Tribunal de Derecho, letrado y permanente, cuya función actual corre por dos cauces, la observancia de los derechos fundamentales y el cumplimiento del principio de legalidad y de igualdad ante la ley como Tribunal de Casación

El artículo presenta una revisión panorámica de la conformación histórica del Tribunal Constitucional peruano y los diferentes modelos de jurisdicción constitucional, los precedentes constitucionales y los controles constitucionales.

A preocupação com os recursos hídricos é mundial, devido principalmente ao seu grave estado atual. Esta tese aborda a atuação do estado brasileiro quanto à gestão de suas águas internas, compreendidas nessa gestão as principais normas jurídicas materiais existentes e verificação de sua aplicabilidade pelos tribunais nacionais, através das ações judiciais. O contributo deste trabalho é pesquisar onde reside o problema. Para isso, foi estudada a principal lei aplicável aos recursos hídricos, Lei 9.433/97, para conseqüente constatação da existência, no Brasil, de boas leis disciplinadoras da atuação do homem em relação aos recursos hídricos e cujas sanções não estão sendo devidamente aplicadas pelos tribunais tradicionais, através das ações judiciais existentes. Residindo o problema na forma como essas normas jurídicas são aplicadas, foram estudados quais são os meios judiciais atualmente existentes e suas eficiências. Assim, mostrou-se ser possível a utilização de outros métodos, como a criação de uma Justiça especializada em meio ambiente; a arbitragem tradicional após algumas alterações legislativas; e a efetiva participação de câmaras técnicas para solução de controvérsias, no seio dos comitês de bacia, junto ao Ministério Público a fim de que se consiga chegar a um termo de ajustamento de conduta mais eficaz; e apresentaram-se justificativas jurídicas destinadas a uma alteração do sistema atual. Este trabalho identificou os dispositivos legislativos que têm de ser alterados de maneira a dar legalidade aos novos métodos de solução das controvérsias propostas. / The concern with the water resources is a world-wide concern, mainly because of its serious current condition. This thesis approaches the performance of the brazilian state on the management of its internal waters. This management comprehends the main existing material rules of law as well as the verification of its application by national courts, through legal actions. The contribution of this work is to find out exactly where the problem is. For this, it was studied the main brazilian law applied to water resources, the law 9.433/1997. This legal tool demonstrated that Brazil has a good disciplinarian law about the performance of human beings in relation to water resources. It was also evidenced however, that the sanctions it brings are not being duly applied by the traditional courts, through the existing legal actions. Considering that the problem is on the way that these rules of law are applied, the currently existing judicial means and their efficiencies were analysed. Thus the use of other methods was shown to be possible, as the mediation, and legal justifications were presented for an alteration of the current system. This work identified the legislative devices that have to be modified with the means of conferring legality to the new proposed method of solution of controversies.

Memoria para optar al Grado Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La presente memoria efectúa un análisis de la jurisprudencia producida por el Excmo. Tribunal Constitucional al conocer -de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República- las acciones de inaplicabilidad deducidas en contra de la norma establecida en el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil que limita la interposición del recurso de casación en la forma en contra de las sentencias de segunda instancia dictadas en el procedimiento de reclamación tributaria (contenido en el Título II del Libro Tercero del Código Tributario) por corresponder a un procedimiento de los regidos por leyes especiales en los términos del artículo 766 del Código de Procedimiento Civil

Extant transitional justice literature examining processes and functions of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia have traditionally looked at the output and outcomes from an institutional level of analysis and have neglected to examine how the witness feels about his or her own participation in the process. This project provides deeper perspective from the individual level of analysis based on sequential phases of the testimony process lifecycle: the reason the witness decided to participate with the tribunal, the psychological effect of the testimonial process, and the satisfaction the witness had about their own contribution to the ICTY. I expound upon existing findings and confirm survivors of sexual assault testify more from personal reasons than out of altruistic motivations. I further examine the two competing theories that dominate the discussion of how the testimonial process normatively effects a witness and find demonstrable evidence to confirm either. I create and confirm an explanatory theory that addresses patterns of emotional states both prior to and after completion of testifying, providing a theoretical explanation of negative emotions reported by witnesses both before and after testifying. I also confirm that witnesses who identified being motivated to testify out of an obligation reported a stronger belief that their testimony helped contribute to finding justice while witnesses who participated seeking internal or personal closure believed their participation helped the tribunal establish the truth about the wars in the former Yugoslavia. These findings and information can help to inform best practices for future tribunal services as well as assist victim and witness policies.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La ausencia de un efecto especifico a la declaración de nulidad de un acto dictado en un procedimiento licitatorio, ha permitido al Tribunal de Contratación Publica sostener que es posible que no se apliquen los efectos de la declaración de nulidad, en específico el retroactivo. Para negar la aplicación de este efecto ha recurrido al interés público, los derechos adquiridos, la protección de las situaciones jurídicas consolidadas, la buena fe y la seguridad jurídica. Estos fundamentos se obtuvieron del análisis de un conjunto de fallos compuestos por aquellos en que específicamente el tribunal negaba la posibilidad de aplicar el efecto retroactivo de la declaración de nulidad. Formo parte del análisis no solo lo sostenido en los considerandos de las sentencias, sino que también la fecha de dictación del acto y la fecha de redacción del fallo. Además, se estudió la doctrina nacional e internacional para explicar cómo puede ser posible el uso de los distintos conceptos. Lo obtenido en la jurisprudencia del Tribunal de Contratación Pública fue contrastado con un estudio de derecho comparado, en el que se investigó como funciona un sistema en el que existen efectos específicos para la declaración de nulidad, los que no deberían poder ser soslayados. La elección recayó sobre España, quienes, a pesar de tener una norma expresa, durante bastante tiempo hicieron caso omiso de ella, por tanto, al igual que nuestro tribunal no aplicaban los efectos retroactivos de la nulidad. La manera en que el Tribunal de Contratación Pública ha esgrimido las distintas causales no tiene reproche jurídico alguno. Sin embargo, se pudo apreciar a lo largo del estudio que la razón última para su uso se debe tardanza en que son dictadas las sentencias, debiendo recurrir a estas causales como un salvavidas.