El informe tiene como objetivo analizar la Sentencia del Tribunal Constitucional referente a una acción de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, en lo concerniente a la aplicación de la calificación cultural de espectáculos públicos no deportivos, en tanto que la ciudadanía dispone que el beneficio tributario no puede estar condicionado a un acto emitido por una entidad pública. Asimismo, los demandantes sostienen que no es viable otorgar la calificación cultural a un espectáculo no previsto en la citada norma. Por ello, la posición desarrollada en el presente informe es a favor de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en relación al análisis en materia tributaria; sin embargo, se crítica el desarrollo constitucional del tribunal en materia cultural, debido a que para mantener el beneficio fiscal dentro del ordenamiento, el Tribunal establece criterios para su aplicación, los cuales contravienen los principios de un Estado de Cultura. De esta forma, el informe sustenta su desarrollo principalmente a través de la sistematización de doctrina y realiza un análisis normativo del desarrollo y las referencias a los conceptos de Estado de Cultura, Constitución Cultural y derechos culturales. Es así como, se concluye que el Tribunal Constitucional emitió un fallo donde reconoce implícitamente la función cultural de los poderes públicos; sin embargo, debido a un intento de unificar los conceptos del valor cultural, se estableció la obligación de no promover ciertos tipos de espectáculos que devienen en espacios de interpretación que podrían generar mecanismos de censura previa. Finalmente, el informe busca brindar una reflexión sobre el desarrollo del valor de cultura a nivel de todos los poderes públicos.

El informe tiene como objetivo analizar la sentencia del Tribunal Constitucional respecto del “Caso Régimen Laboral de las MYPE”, recaído en el expediente N° 00021-2014-PI/TC. En el cual el Colegio de Abogado de Arequipa interpone la Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 7,8,9 y 10 del Decreto Legislativo 1086; y contra el Articulo 11 en la medida que modifica los artículos 5 y 42 del TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (D.S 013-2003-PRODUCE) y a la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley 30056. Siendo admitida por el Tribunal solo lo concerniente a la Ley 30056. El Tribunal declara infundada la demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, Asimismo, se exhorta al congreso que en el marco de sus atribuciones modifique el sentido de los art 5 y 51 del TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (D.S 013-2003-PRODUCE). El presente informe se analiza si resulta suficiente esta sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional, partiendo de definir si el régimen MYPE no vulnera el principio - derecho de igualdad de los trabajadores sujetos al mismo frente a los trabajadores del régimen laboral general. Asimismo, si la ponderación de derechos de los artículos 2.2 y 59 de la Constitución Política que realiza el Tribunal fue adecuada. Finalmente, se analiza si el régimen MYPE ha cumplido con el objetivo para el que fue creado

La presente investigación es relevante y se encuentra plenamente justificada en la medida que el principio de igualdad cobra particular importancia cuando, específicamente, se analiza si el Supremo Intérprete de la Constitución de un país lo respeta al aplicar la ley a través de las sentencias que emite. En el caso del Tribunal Constitucional peruano se plantea como hipótesis que el principio constitucional de igualdad en materia tributaria desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020 no ha tenido, por parte del Tribunal Constitucional, un desarrollo predictible, congruente, consistente ni coherente. Por ello, se propone como Objetivo principal establecer si el Tribunal Constitucional ha desarrollado de manera predictible, congruente, consistente y coherente, desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020, el principio constitucional de igualdad en materia tributaria. Como objetivo secundario se considera destacar las oscilaciones manifestadas en criterios disímiles desarrollados y consagrados por el Tribunal Constitucional en casos de relevancia, como investigación exploratoria para un análisis causal jurídico-científico ulterior. Irradia esta investigación la teoría sobre el principio de igualdad en materia tributaria que han desarrollado reconocidos académicos nacionales y extranjeros. La investigación es correlacional, sincrónica, analítica y explicativa, bajo el método de investigación de análisis-síntesis. Los resultados son los esperados ya que se ha podido establecer que el desarrollo, por parte del Tribunal Constitucional, del principio constitucional de igualdad en materia tributaria desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020, en sus jurisprudencias relevanes, ha sido oscilante. Finalmente, la conclusion principal es que el principio constitucional de igualdad en materia tributaria desde el 24 de junio de 1996 hasta el 30 de junio de 2020 no ha tenido, por parte del Tribunal Constitucional, un desarrollo predictible, congruente, consistente ni coherente, a tal punto que se han podido aislar varios caso en los cuales, a mi criterio, a través de sus sentencias oscilantes, ha vulnerado el principio de igualdad en la aplicación de la ley.

En este trabajo examino diversas controversias suscitadas dentro un proceso constitucional de hábeas corpus promovido contra la formalización de denuncia penal ejercida por un Fiscal contra un árbitro por actos ejercidos durante el desempeño de su cargo. La relevancia jurídica apreciada en los diversos actuados del presente expediente – el cual culmina con una sentencia del Tribunal Constitucional – nos permite abordar un abanico de aspectos relacionados al Arbitraje, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional. Al haber identificado cuatro problemas jurídicos, en primer lugar, analizo cuáles son los derechos del investigado que le asisten en la etapa prejurisdiccional y los mecanismos de tutela con los que cuenta frente a una eventual transgresión del Fiscal en dicha fase. Asimismo, abordo el caso en concreto para determinar si el hecho denunciado contra el árbitro era lícito o no, y si durante la investigación fiscal se afectó el debido proceso del investigado. En tercer lugar, planteo que en el presente caso no correspondía amparar la demanda de hábeas corpus, partiendo de una evaluación previa en cuanto a la posibilidad de procedencia de dicha garantía constitucional contra los actos del representante Ministerio Público. Finalmente, procedo a valorar si es trascendente la teoría sobre la naturaleza del arbitraje que sea adoptada en nuestro ordenamiento para determinar la procedencia de una demanda de amparo contra un laudo arbitral. La conclusión alcanzada en este último punto es que la teoría que sea recogida no tiene repercusión respecto a la posibilidad de que un laudo pueda ser sometido a control constitucional.

El presente informe tiene como materia de análisis la Casación Laboral N° 2283-2017-Lima1 , expedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, en la cual decidió determinar la configuración de un despido fraudulento basándose en la incapacidad del empleador de acreditar la causa justa de despido y la desproporcionalidad de la sanción, lo cual resulta controversial, considerando que no se detiene a analizar los presupuestos configurativos incorporados por el Tribunal Constitucional. Asimismo, la Ejecutoria Suprema aborda la problemática de un tratamiento diferenciado injustificado del despido fraudulento respecto al despido nulo, principalmente respecto al otorgamiento de las remuneraciones devengadas, pese a que ambos resultan lesivos de derechos constitucionales, y las repercusiones que acarrea a la esfera del trabajador y del empleador. Finalmente, de manera tangencial, la sentencia presentada ofrece la posibilidad de discutir si las indemnizaciones por daños y perjuicios otorgadas a los trabajadores víctimas de un despido fraudulento, resultan una medida idónea para sustituir a las remuneraciones devengadas, para lo cual se tendrá en cuenta el V Pleno Jurisdiccional Laboral, para una mejor apreciación de su tratamiento. En ese sentido, nuestra posición se fundamentará en sustentar que la Corte Suprema efectuó un análisis que devino en una calificación errónea de un despido como fraudulento, argumentando que no consideró los elementos configurativos desarrollados por el Tribunal Constitucional, así como el otorgamiento de una indemnización de daños y perjuicios no es una medida adecuada para sustituir a las remuneraciones devengadas, dado su impacto negativo tanto en las esfera del trabajador como del empleador, como el tratamiento diferenciado injustificado entre los despido fraudulento y el despido nulo.

Los altos tribunales como parte de su política jurisdiccional, emplean mecanismos normativos, jurisprudenciales y administrativos a fin de gestionar de manera adecuada su carga procesal y elevar su productividad. Sin embargo, dichas medidas no pueden establecerse en menoscabo del cumplimiento de sus funciones, más aun cuando dicha función es la de tutelar en última instancia derechos fundamentales. Por lo que cobra especial relevancia el análisis del impacto del precedente Vásquez Romero en la producción jurisdiccional y la fundabilidad de sus resoluciones al ser un aspecto no explorado por las investigaciones precedentes, las cuales se han remitido a un análisis dogmático y normativo del mismo. En el trascurso de la presente investigación hemos llegado a la conclusión que el precedente Vásquez Romero, es formal y materialmente inconstitucional al violar los parámetros propios del principio de autonomía procesal, y jerarquía normativa; mientras que como mecanismo de descarga procesal, se ha determinado que no ha cumplido con incrementar significativamente el índice neto de productividad del Tribunal Constitucional, reduciéndose hasta en un tercio el porcentaje promedio de sentencias fundadas emitidas antes de su vigencia. / The high courts, as part of their jurisdictional policy, use normative, jurisprudential and administrative mechanisms in order to adequately manage their procedural burden and raise their productivity. However, these measures can not be established to the detriment of the fulfillment of their functions, especially when this function is to ultimately protect fundamental rights. Therefore, the analysis of the impact of the previous Vásquez Romero on jurisdictional production and the foundability of its resolutions is relevant because it is an aspect not explored by previous investigations, which have been referred to a dogmatic and normative analysis of it. In the course of this investigation we have come to the conclusion that the precedent Vásquez Romero, is formally and materially unconstitutional by violating the parameters of the principle of procedural autonomy, and normative hierarchy; while as a procedural unloading mechanism, it has been determined that it has not complied with significantly increasing the net productivity rate of the Constitutional Court, reducing the average percentage of well-founded judgments issued before its validity by up to one third.

El presente informe busca responder a tres problemas jurídicos identificados a raíz de la resolución emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente N.° 07009-2013- PHC/TC. El primer problema jurídico pretende dar a conocer los alcances jurisdicciones de las Comunidades Indígenas. Así, como atestiguarán a lo largo del presente informe, la adopción de un modelo social intercultural permitirá desplegar un mayor campo de protección, mediante el diálogo entre culturas. Asimismo, sostengo que el operador jurídico mediante el uso mesurado de la hermenéutica analógica, realizará una interpretación intercultural de los derechos fundamentales, dejando atrás el marcado carácter universal-tradicional. El segundo problema jurídico plantea un análisis atendiendo a las condiciones peculiares de las niñas indígenas, mediante una evaluación a partir del derecho colectivo de las comunidades y las relaciones de poder en las que se encuentran inmersas. Por último, el tercer problema jurídico brindará los alcances normativos del artículo 15° del Código Penal Peruano, sobre el cual pueden presentarse soluciones divergentes, siendo necesaria una aplicación cuidadosa de la referida eximente/atenuante de responsabilidad penal.

La pesca se considera una actividad económica de gran importancia en nuestro país, ya que contribuye significativamente al desarrollo económico nacional. Los recursos hidrobiológicos son reconocidos como patrimonio de la nación, y su gestión sostenible recae en la responsabilidad del Estado, el cual debe garantizar su manejo integral. No obstante, en los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante incremento de la pesca ilegal y otros delitos relacionados con esta actividad. En respuesta a esta problemática, en el año 2018, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo 1393, el cual regula la interdicción de las actividades ilegales de pesca. Su objetivo fue implementar acciones para combatir la ilegalidad en el sector pesquero y asegurar el uso sostenible de los recursos. Este decreto se realizó en el marco de la delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República (en adelante, el Congreso) mediante la ley autoritativa 30823 al Poder Ejecutivo. En este contexto, el presente informe tiene como objetivo detallar los alcances de la sentencia 265/2021 emitida por el Tribunal Constitucional. la cual resuelve la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto Legislativo 1393. Dicha demanda fue interpuesta por un grupo considerable de pescadores artesanales, quienes alegaron que dicho decreto vulneraba sus derechos fundamentales. / The fishery is considered an economic activity of great importance in our country, as it contributes significantly to national economic development. Hydrobiological resources are recognized as patrimony of the nation, and their sustainable management falls under the responsibility of the State, which must guarantee their integral management. However, in recent years, we have witnessed a worrying increase in illegal fisheries and other crimes related to this activity. In response to this problematic, in 2018, the Government promulgated the Legislative Decree 1393, which regulates the interdiction of illegal fishing activities. Its objective was to implement actions to combat illegality in the fishing sector and ensure the sustainable use of resources. This decree was made in the delegation of powers granted by the Congress of the Republic through the authoritative law 30823 to the Government. In this context, the purpose of this report is to detail the implications of sentence 265/2021 emitted by the Constitutional Court, which resolves the unconstitutionality lawsuit filed against Legislative Decree 1393. This lawsuit was filed by a considerable group of artisanal fishermen, who alleged that the decree violated their fundamental rights.

Las comunidades Chila Chambilla y Chila Pucará interpusieron un Recurso de Amparo Constitucional (RAC) frente a las concesiones mineras otorgadas a la empresa Cemento Sur S.A, sin haberse realizado el proceso de consulta previa. El Tribunal Constitucional (TC) lo declaró improcedente, debido a que, en su opinión, la consulta previa no es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de 1993. Asimismo, en sus votos singulares, los magistrados Miranda Canales y Ferrero Costa, señalaron que el derecho a la consulta previa no comprende el otorgamiento de concesiones mineras, debido a que no representa riesgo para las comunidades involucradas. Frente a ello, se analizó si es que, según los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha establecido en su jurisprudencia y lo dispuesto en diferentes instrumentos jurídicos internacionales (Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenio 169 de la OIT, entre otros), la consulta previa aplicaba para este caso. Asimismo, se examinó por qué los magistrados del TC, en virtud del control de convencionalidad, estaban obligados a aplicar dichos estándares en su fallo interno, y si es que el actual planteamiento de la consulta previa en Perú cumple los estándares señalados. Como resultado se estableció que dicho planteamiento vulnera los estándares planteados por la CoIDH en relación con la consulta previa, y obstaculiza casos como el de las comunidades Chila Chambilla y Chila Pucara, cuya aplicación se demandó desde la concesión de su territorio. Asimismo, se evidenció la deficiente aplicación del control de convencionalidad en el caso. / The Chila Chambilla and Chila Pucará communities filed a writ of Amparo (constitutional protection) against the mining concessions granted to Cemento Sur S.A, without the prior consultation process. The Constitutional Court (TC) declared it inadmissible, stating that prior consultation is not a fundamental right enshrined in the 1993 Political Constitution. Additionally, in their individual votes, magistrates Miranda Canales and Ferrero Costa stated that the right to prior consultation does not include the granting of mining concessions, as it does not pose a risk to the communities involved. Therefore, it was analyzed whether, according to the standards established by the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) in its jurisprudence and the provisions of different international legal instruments (American Convention on Human Rights, ILO Convention 169, among others), prior consultation applied to this case. Likewise, it was examined why the TC magistrates, under the control of conventionality, were obligated to apply these standards in their internal ruling, and whether the current approach to prior consultation in Peru meets the standards indicated. As a result, it was established that this approach violates the standards set by the IACHR regarding prior consultation and obstructs cases such as those of the Chila Chambilla and Chila Pucara communities, whose application has been demanded since the granting of their territory. Additionally, deficient application of conventionality control was evidenced in the case.

Este informe tiene como finalidad analizar la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente No. 03525-2021-PA/TC, a través de la cual, declara improcedente la demanda de amparo de Maxco S.A. sobre el inconstitucional cobro de intereses moratorios por supuestamente existir una vía específica igualmente satisfactoria para la tutela de la pretensión del accionante; y a su vez, se establece un precedente vinculante. A tal efecto, evaluaremos las instituciones jurídicas de vía previa, vía específica, vía igualmente satisfactoria y precedente vinculante; y aplicaremos el Código Procesal Constitucional y la Ley No. 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso, con la finalidad de determinar si para el caso concreto el amparo resultaba ser la vía idónea; o si por el contrario, el accionante debió acudir al proceso contencioso administrativo como lo ha señalado el Tribunal Constitucional. A su vez, determinaremos si la regla procesal del precedente vinculante establecida en la sentencia sublitis es constitucional, o si, por el contrario, vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. / This report analyzes the ruling issued by the Constitutional Court in Case N° 03525- 2021-PA/TC, in which it declared the amparo lawsuit filed by Maxco S.A., regarding the unconstitutionality of the collection of late payment interest by the administrative tax entity, inadmissible and issued a substantive and procedural rule in this regard. This report analyzes the Constitutional Court's decision and whether the administrative litigation process was a specific and equally satisfactory remedy for the specific case as the amparo process. For this purpose, the Constitutional Procedural Code and Law N° 27584, Law that Regulates the Contentious-Administrative Process, are applied. Likewise, this report will analyze the constitutionality of the procedural rule established by the Constitutional Court, and whether or not it violates the effective jurisdictional protection of the plaintiffs.