La procedencia de la acción de garantía constitucional, hoy calificada de proceso constitucional de hábeas corpus, constituye un tema clave del Derecho contemporáneo. Sin embargo, el hábeas corpus durante la fase de la investigación preliminar del proceso penal peruano es uno de los problemas más acuciantes en la práctica constitucional penal de nuestros días. La procedencia o improcedencia del hábeas corpus contra actos de investigación preliminar es una cuestión no sólo importante para los derechos subjetivos de las personas sino también para el propio sistema jurídico. Esto por cuanto que, al afirmar derechos objetivos y valores, se apuesta por la consolidación del Estado Constitucional de Derecho. Actualmente asistimos a la vigencia de dos sistemas procesales penales. El nuevo sistema procesal penal, de corte acusatorio, se sustenta en la clara diferenciación de los roles de las partes y del juzgador. El Fiscal acusará, la defensa rechazará dicha acusación, y el Juez actuará en calidad de tercero o árbitro del conflicto penal. El antiguo sistema procesal penal, sobre la base del Código de Procedimientos Penales de 1940 –de clara inspiración inquisitiva–, y normas modificatorias de corte acusatorio, han generado un sistema procesal penal mixto. La etapa de la investigación preliminar en este sistema mixto está a cargo del Fiscal, según el diseño constitucional de la Carta Política de 1993. El Juez carece de control jurisdiccional de los actos de investigación directos, mas interviene cuando se trata de actos de investigación indirectos, a petición del fiscal. En buena cuenta, en la investigación preliminar del antiguo sistema procesal penal, no se configura control jurisdiccional de todos los actos de investigación preliminar, sino de actuaciones en estricto excepcionales.

Con la presente Tesis se han identificado diversas críticas a la labor del Tribunal Constitucional, las cuales lo califican como un ente jurisdiccional esencialmente formalista al momento de resolver los procesos de inconstitucionalidad contra ordenanzas regionales y locales que fueron expedidas para proteger el derecho al medio ambiente, toda vez que antes de apelar al principio de protección a los derechos humanos se sirve del principio de competencia para declarar la invalidez de las mismas. Frente a ello, la presente Tesis identifica el problema implícito en lo señalado, bajo la siguiente pregunta:¿Debe el Tribunal Constitucional tutelar el derecho al medio ambiente declarando la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscan proteger el mencionado derecho pero que contravienen el principio de competencia? Ante tal pregunta, la hipótesis del presente trabajo es que el Tribunal Constitucional ejerce un rol de tutela del derecho al medio ambiente, al declarar la invalidez de las ordenanzas regionales y/o locales viciadas de incompetencia que buscan proteger el mencionado derecho cuando –adicionalmente- exhorta a las entidades competentes para actuar a favor del mismo. Para demostrar la referida hipótesis, bajo una visión jurídica y de las ciencias políticas, con la presente Tesis se desarrolla el correspondiente Objetivo General, el cual consiste en demostrar que el Tribunal Constitucional debe ejercer el rol de garante del derecho al medio ambiente al declarar la invalidez de ordenanzas regionales y/o locales que buscaban proteger el referido derecho pero que se encontraban viciadas de incompetencia, siempre y cuando exhorte a los entes competentes para que cumplan con su labor de tutela del derecho al medio ambiente en el marco de sus competencias. Para llegar a tal fin general, en el desarrollo del presente trabajo se abordan los siguiente Objetivos Específicos: Específico 1: Demostrar que los pronunciamientos del Tribunal Constitucional tienen repercusiones en la resolución de conflictos sociales al resolver controversias relacionadas al derecho al medio ambiente. Específico 2: Demostrar que el Tribunal Constitucional, al tomar conocimiento de los procesos de inconstitucionalidad iniciados entre los años 2005 al 2016 contra ordenanzas regionales y/o locales expedidas para proteger derechos humanos en general y, en específico, el derecho al medio ambiente, en algunos casos resolvió la controversia únicamente apelando al principio de competencia y en otros apelando también al principio de garantía de los derechos humanos. Específico 3: Demostrar que el hecho que el Tribunal Constitucional haya apelado al principio de competencia al analizar la validez de las ordenanzas regionales y locales que buscan proteger el derecho al medio ambiente tiene tanto una justificación jurídica como también una explicación política. Específico 4: Demostrar que resulta correcto que el Tribunal Constitucional no deje de aplicar el principio de competencia, por más que la norma viciada de incompetencia busque proteger el derecho al medio ambiente. Específico 5: Demostrar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha desarrollado diversos criterios que permiten hacer compatible el principio de garantía de los derechos humanos con el principio de competencia tanto a nivel argumentativo como a nivel decisorio. Sobre esto último, se busca demostrar que las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una ordenanza regional o local también podrán proteger el derecho al medio ambiente si es que se exhorta a los entes a cumplir con sus competencias sobre la materia.

El objetivo del presente trabajo es analizar el despido fraudulento considerándose como un tipo de despido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Al respecto, se evalúa si nos encontrábamos frente a un despido fraudulento hechos que sustentan la imputación, son inexistentes, falsos o incluso fabricados por el propio empleador y si en este tipo de despido evaluar el cuestionamiento del demandante referido a la (i) la falta de gravedad de los hechos; y, (ii) la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, en relación a las causales objetivas de incumplimiento de reglamento interno de trabajo y el faltamiento de palabra verbal en agravio de otros trabajadores. Se concluye que no se trató de un despido fraudulento; sin embargo, se es posible identificar la existencia un despido arbitrario en el subtipo de injustificado. Asimismo, se evaluará la actuación de la Corte Suprema en procesos abreviados, donde la reposición se debe presentar como pretensión principal única, y la posibilidad de un pronunciamiento de fondo sobre el despido distinto injustificado, en priorización del principio de oralidad cuando las demandas adolecen de claridad en la motivación. Se concluye que la Corte Suprema pudo advertir una vulneración al debido proceso toda vez que el juez de primera instancia debió priorizar el esclarecimiento de las pretensiones de la demanda en la audiencia única, y que, al no poder efectuarse una valoración de fondo sobre pretensiones subordinadas en el proceso abreviado, correspondía a la Corte realizar la reconducción del caso a la vía ordinaria para evitar la vulneración al debido proceso

En las últimas décadas hemos sido testigos que las sociedades actuales han venido evolucionado y se ha producido la trascendencia de los intereses colectivos por sobre los individuales. Es así que se ha producido la aparición de los denominados derechos de tercera generación dentro de los cuales se encuentran los derechos de los consumidores. El presente Informe nos permite analizar un asunto que continua vigente en nuestros días y que cada vez va adquiriendo mayor importancia, nos referimos a la tutela judicial de los derechos de carácter difuso. En el caso materia de análisis, el cual se desarrolla en el marco de un proceso de amparo, nos permite abordar sobre la protección de los derechos de los consumidores desde una óptica procesal. A través del caso planteado se pretende analizar los principales institutos procesales y demás mecanismos existentes en el modelo de proceso del proceso de amparo para efectos de verificar si estos resultan eficaces y/o suficientes para brindar una adecuada protección a los derechos los consumidores. De igual manera, en la búsqueda por un mejor resolver plantearemos nuestra posición sobre cómo debió haber resuelto el Tribunal Constitucional el presente caso, en ausencia de mecanismos procesales idóneos para el desarrollo de un proceso colectivo

El estándar de Protección y Seguridad Plenas (PSP), cuyo contenido es de fuente consuetudinaria, se encuentra establecido en los distintos Acuerdos Internacionales de Inversión suscritos por el Perú; asimismo, en el caso Bear Creek se establece que la obligación de debida diligencia del Estado constituye un elemento de este estándar. En ese sentido, la presente tesis desarrolla cómo se debe interpretar esta obligación de debida diligencia para su aplicación en la gestión de conflictos sociales en los proyectos mineros. Para ello, se parte de una aproximación teórica del estándar PSP así como de su elemento de debida diligencia y su concepción en el Derecho Internacional de Inversiones y otras ramas del Derecho Internacional. Luego, revisamos el panorama general sobre la gestión de conflictos sociales en el Perú lo que nos permite analizar el conflicto social en el caso Bear Creek tomando en consideración la tipología de conflictos sociales definida. Finalmente, revisaremos la aplicación del estándar PSP para la prevención de conflictos donde resaltamos los aportes del caso Bear Creek en cuanto a la interpretación de la debida diligencia para prevenir y solucionar conflictos sociales en proyectos mineros. Se concluye que la obligación de debida diligencia debiera interpretarse como la obligación que tiene el Estado a fin de brindar protección y seguridades plenas al inversionista. Si cumple ello, se debe entender que el Estado cumple con el estándar de Nivel Mínimo de Trato y, por lo tanto, con sus compromisos internacionales. Por ello, conforme a la obligación de debida diligencia y tomando en consideración la interpretación del Tribunal Arbitral en el fallo sobre Bear Creek, el Estado peruano se encontraría obligado internacionalmente a implementar un efectivo marco regulatorio de prevención de conflictos que propicie el apoyo y equilibrio entre las políticas de protección de inversiones y el desarrollo de su población. / The Full Protection and Security Standard (FPS), whose content is of a consuetudinary source, is established in the various international investment agreements signed by Peru; Similarly, in the case Bear Creek establishes that the State’s due diligence obligation is an element of this standard. In this sense, this thesis develops how this obligation of due diligence should be interpreted for its application in the social conflict management in mining projects. This is based on a theoretical approximation of the PSP standard as well as its element of due diligence and its conception in International Investment Law and other areas of International Law. Then, we reviewed the general overview on the social conflict management in Peru which allows us to analyze the social conflict in the Bear Creek case taking into consideration the typology of social conflicts defined. Finally, we will review the application of the PSP standard for conflict prevention where we highlight the contributions of the Bear Creek case regarding the interpretation of due diligence to prevent and resolve social conflicts in mining projects. In conclusion the due diligence obligation should be interpreted as the obligation of the State in order to provide full protection and security to the investor. If this is done, it must be understood that the State complies with the International Minimum Standard of Treatment and therefore with its international commitments. Therefore, in accordance with the obligation of due diligence and taking into consideration the interpretation of the Arbitral Tribunal in the Bear Creek case, the Peruvian State would be under an international obligation to implement an effective regulatory framework for conflict prevention that fosters support and a balance between investment protection policies and the development of population.

El presente trabajo tiene por finalidad desarrollar la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto al caso de devolución de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que tiene como asunto la demanda de inconstitucionalidad planteada contra la Ley N° 31083, Ley que establece un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Con ello se busca profundizar las disposiciones emitidas por la Ley en controversia, asimismo, se desarrolla los fundamentos y pronunciamiento emitidos por el TC en función de la referida Ley y finalmente de manera paralela se realiza un análisis comparativo con las normativas de disponibilidad de fondos de pensiones emitidas en el marco del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Conforme al análisis realizado considero que el Tribunal ha buscado preservar la naturaleza del SNP, no obstante la justificación con los fundamentos abordados y el fallo han dejado de lado diversos aspectos como el desarrollar las consecuencias que generan cada medida establecida por la cuestionada ley, asimismo no se profundiza con mayor detalle la fuente de financiamiento y tampoco se evalúa si la propuesta del Poder Ejecutivo pudo haber sido más beneficiosa, menos aún se valora las medidas adoptadas en función al contexto de la pandemia y finalmente no se fortalece el concepto del fin pensionario. A razón de ello con el presente trabajo se ahonda en los puntos mencionados y se plantea otros argumentos que el TC no tuvo en consideración para resolver fundada la demanda de inconstitucionalidad

El presente informe jurídico tiene como finalidad analizar cómo es que los gobiernos locales buscan emitir Ordenanzas con el objetivo de beneficiar a la sociedad; sin embargo, ello no necesariamente es correcto, ya que en muchas oportunidades estas entidades van más allá de las competencias que la Constitución y las leyes le han permitido, porque consideran que tienen autonomía para ejercer dicha potestad. Incluso, no solo los gobiernos locales cometen ciertos errores, sino también los Reglamentos que son emitidos por la administración pública, quien a través de las facultades normativas que la Ley les ha encomendado para complementar lo regulado; trae como consecuencia que se desnaturalice y transgreda la Ley; en ese sentido, veremos los límites de esta facultad con la finalidad de hacer de conocimiento hasta dónde debe actuar la administración pública al ejercer esta facultad. Para ello, hacemos un análisis crítico a través de la Resolución Nº 0199-2013/SDC-INDECOPI, en donde observaremos los temas mencionados en el párrafo anterior a la luz de las diversas leyes, como la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y Ley Nº 26842, Ley General de Salud; así también, usaremos doctrina, jurisprudencia y comparación con otros casos parecidos para ver cómo es que estas entidades no cumplen con lo establecido en las normas jurídicas

El presente informe jurídico analiza la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente STC Nº 06040-2015-PA/TC, referida al caso de Ana Romero Saldarriaga, una mujer transgénero que solicita a través de una demanda de amparo que Reniec modifique su nombre y sexo en sus documentos nacionales de identificación. Este fallo es emblemático puesto que deja sin efecto la doctrina jurisprudencial que concebía al sexo como una categoría biológica o cromosómica. En este trabajo se desarrolla el contenido del derecho a la identidad de género, a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional peruano y los estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, se procede a analizar si el proceso sumarísimo es una vía específica e igualmente satisfactoria para tutelar el derecho a la identidad de género. Finalmente, el informe concluye que el Tribunal Constitucional omitió tutelar adecuadamente el derecho a la identidad de género de Ana Romero, al rechazar su demanda argumentando que debió tramitar su solicitud a través del proceso sumarísimo. Esta sentencia revela cómo el Supremo intérprete de la Constitución deja de lado su rol de garante último de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico

La presente investigación tiene como objetivo identificar las vulneraciones a los derechos fundamentales de la Comunidad Nativa Tres Islas a través de los actos administrativos que fueron expedidos por el Gobierno Regional de Madre de Dios y a Autoridad Nacional del Agua, afectando el territorio, dañando la autonomía comunal, medio ambiente sano de sus integrantes, entre otros. Se enunciará cuáles fueron los fundamentos de la primera y segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios para resolver la demanda de amparo interpuesta, en virtud de la interpretación de unidad de la Constitución y el principio in dubio pro homine. Del mismo modo, se buscará comprobar la viabilidad de un proceso de amparo como la vía pertinente constitucional interpuesta para la protección de los derechos debido a un latente peligro de irreparabilidad. Ello, ante un análisis dificultoso debido a la omisión normativa del derecho a la consulta previa existente por responsabilidad estatal excluyente, al no elaborar una regulación interna oportuna para la implementación de procedimientos adecuados, viéndose perjudicados, a su vez, los derechos de los miembros de esta. Finalmente, como conclusión principal obtenida se visualiza las consecuencias de las competencias conferidas en materia de minería al Gobierno Regional de Madre de Dios al no haber sido adecuados, así como se identifica y sostiene la preponderancia del autogobierno comunal frente a los derechos de los mineros en virtud de la libertad de empresa del caso en concreto. / The objective of this research is to identify the violations of the fundamental rights of the Comunidad Nativa Tres Islas through the administrative acts that were issued by the Gobierno Regional de Madre de Dios and the Autoridad Nacional del Agua affecting its territory, damaging its community autonomy, healthy environment of its members, among others. It will state what were the grounds of the first and second instance of the Corte Superior de Justicia de Madre de Dios to resolve the petition for amparo filed, by virtue of the interpretation of the unity of the Constitution and the principle in dubio pro homine. Likewise, it will seek to verify the viability of an amparo process as the ideal constitutional path interposed for the protection of rights due to the danger of irreparability. This ocurred, facing a difficult analysis due to the existing normative omission of the right of prior consultation due to an exclusive responsibility of the State, by failing to draw up a timely internal regulation for the implementation of adequate procedures, which led to harm the rights of the native community members. Finally, as the main conclusion obtained, the consequences of the competences conferred on mining matters to the Gobierno Regional de Madre de Dios are visualized as they were not adequate, as well as the preponderance of communal self-government over the rights of miners in virtue of the freedom of enterprise of the specific case.

La protección jurídica de los animales es un tema que cada vez se hace más visible a nivel internacional y nacional; ya sea a través de la normativa o la jurisprudencia. La categoría jurídica de los animales y, los derechos o principios asignados para estos seres vivos son algunos temas de debates que tienen en cuenta un aspecto en común: el bienestar animal. Pero, ¿qué sucede cuando la protección y el bienestar animal se confronta con otros derechos fundamentales que tienen las personas? En este informe jurídico se analizará la sentencia recaída en el Expediente N° 00022-2018-PI/TC en el cual se solicita la inconstitucionalidad de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30407 - Ley de Protección y Bienestar Animal. En esta disposición se realiza una excepción, porque los animales que participan en la tauromaquia, gallística y demás actividades que sean declaradas culturales por el Ministerio de Cultura quedan fuera de su protección legal. De esta manera, se analizará la normativa constitucional y legal relacionada a la protección jurídica de los animales, se interpretará diferentes pronunciamientos jurisprudenciales y se utilizará doctrina para determinar si dicha excepción es o no inconstitucional. Específicamente, se abordarán temas sobre (i) el status jurídico de los animales en el Perú, (ii) el desarrollo del derecho a la identidad cultural como sustento de la excepción de la Ley N° 30407, y (iii) el desarrollo normativo de la tauromaquia y gallística para determinar si existe compatibilidad y relación con el bienestar animal. / The legal protection of animals is a topic that is becoming more and more visible at the international and national level; either through regulations or jurisprudence. The legal status of animals and the rights or principles assigned to these living beings are some of the subjects of debates that have a common aspect in count: animal welfare. But, what happens when animal protection and welfare is confronted with other fundamental rights that people have? This legal report will analyze the judgment handed down in Case No. 00022-2018-PI/TC in which the unconstitutionality of the First Final Complementary Provision of Law No. 30407 - Animal Protection and Welfare Law is requested. An exception is made in this provision, because animals participating in bullfighting, cockfighting and other activities that are declared cultural by the Ministry of Culture are excluded from its legal protection. In this way, the constitutional and legal regulations related to the legal protection of animals will be analyzed, different jurisprudential pronouncements will be interpreted and doctrine will be used to determine whether or not such exception is unconstitutional. Specifically, we will address issues on (i) the legal status of animals in Peru, (ii) the development of the right to cultural identity as a basis for the exception of Law No. 30407 and, (iii) the regulatory development of bullfighting and poultry to determine whether there is compatibility and relationship with animal welfare.