La ineficacia del procedimiento de ejecución coactiva en la Ley N° 26979 para garantizar el crédito público, consecuencia de las capitales modificaciones introducidas por la Ley N° 28165, es el resultado de una política legislativa que ha relativizado el principio de ejecución inmediata de los actos administrativos, regla de carácter general conforme a la Ley N° 27444 y la Ley N° 27584, además de que condiciona la autotutela administrativa a su aceptación por parte del deudor, en perjuicio de un eficaz servicio del interés público. Entonces, se alteró el modelo administrativo de ejecución forzosa de obligaciones de dar suma de dinero, el cual por principio se configura como un procedimiento de oficio, sumario y garantía del crédito público. Como consecuencia de la ineficacia en el cobro de estos créditos públicos es que surge la tendencia a legislar en favor de procedimientos sectoriales diferenciados para facilitar la ejecución coactiva de sanciones administrativas del Indecopi, Oefa y para la ejecución de papeletas de tránsito. Todo con el objeto de asegurar la recaudación, intentando restaurar sectorialmente el equilibrio perdido desde las capitales modificaciones introducidas por la Ley N° 28165.

El propósito del presente trabajo académico es mostrar cómo requiere y no establece absolutamente medidas, ni excepciones, para cumplir con los requisitos específicos el artículo 565-A del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, esto es “acreditar estar al día en el pago de la pensión alimentaria”, de cualquier persona que alegue que el órgano jurisdiccional extinguida una obligación de carácter alimentaria al cual se está obligado, en violación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, a los efectos de preparar este acto para determinar que debe ser interpretado sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el marco legal en el que se construye. También se analiza que debemos entender por derecho a alimentos y los que están obligados a otorgarlos, al hacer un análisis específico de causas específicas en las que se estableció la transferencia de exenciones de impuestos sobre los alimentos, se estableció en el artículo 483° del Código Civil, lo siguiente; por la incapacidad material de seguir cumpliendo dicha obligación por parte del obligado, de manera tal que exigirle dicho cumplimiento ponga en riesgo su propia subsistencia; por haber desaparecido el estado de necesidad del alimentista y por ultimo cuando el alimentista alcanza la mayoría de edad. Una vez que se determine cada causal, los parámetros o excepciones a la aplicación de una solicitud especial al momento de calificar la demanda, llegando a la conclusión de que el juzgador en todo caso vía control difuso, debe aplicar la ley constitucional a un comportamiento legal efectivo, comparable a un requisito oficial para limitar el acceso a la justicia, incluso una declaración de sustancias en una justicia de proceso donde se hace la garantía mínima para verificarse y establecerse sobre la fundabilidad de la pretensión.

La atención oportuna e inmediata de los reclamos en las relaciones de consumo, dio lugar a la creación de un mecanismo de solución de reclamos alternativo a la tutela jurisdiccional, dado que la vía ordinaria, debido al tráfico jurídico procesal, no garantizaba una pronta solución a los derechos conculcados de los consumidores. No obstante, la posibilidad que las resoluciones del Tribunal del Indecopi sean revisadas por un juez judicial, más allá de garantizar la autonomía e independencia con la que serán juzgados las partes, impiden acceder a una auténtica tutela efectiva. En todo caso, dejemos que el consumidor decida en qué vía ejercerá su acción defensiva, pero exigir agotar la vía administrativa, para transitar por la vía ordinaria, vulnera el derecho de acceder a una tutela efectiva, ello si consideramos que para llegar a la tutela jurisdiccional debemos acudir al Indecopi. En ese sentido, si por un lado, la decisión determinante y definitiva la tiene la tutela jurisdiccional, exigir transitar por la vía administrativa constituye una barrera de acceso a la justicia. Por el contrario, si revestimos de mayor utilidad e importancia a la tutela administrativa, no será necesario la vía ordinaria. En ese sentido, dejemos que compitan ambas vías, ya que cuentan con las mismas garantías del debido proceso. Solo así estaremos ante un derecho eficiente y predecible, pues en la medida que se desburocratice la tutela jurisdiccional, habrá menos reclamos frustrados que no pudieron llegar a la última instancia debido al costo de transacción que ello implica. / Timely and immediate attention to claims in consumer relations is undoubtedly one of the concerns that motivated the creation of an alternative claims resolution mechanism to judicial protection, which is designed within the protective horizon established in the article. 65° of our Constitution, since the ordinary way due to the procedural legal traffic, would not guarantee a prompt solution to the rights violated in consumer relations. Under this scenario, the possibility that the resolutions of the Indecopi Court are reviewed by a judicial judge, beyond guaranteeing the autonomy and independence with which they will be judged, prevent access to an authentic effective protection. This, if we start from the premise that the same guarantees of due process developed in the ordinary way will be those guarantees with which the final resolutions will be issued. In any case, we let the consumer decide in which way he will exercise his defensive action, but demanding to exhaust the administrative route, to transit through the ordinary route, violates the right to access effective protection, this if we consider that to reach the protection jurisdiction we must go to Indecopi. In this sense, if on the one hand, the decisive and definitive decision is held by the jurisdictional guardianship, demanding to go through the administrative route constitutes a barrier to access to justice. On the contrary, if we make administrative protection more useful and important, the ordinary route will not be necessary. In that sense, let both ways compete, since they have the same guarantees of due process. Only then will we be faced with an efficient and predictable law, because to the extent that judicial protection becomes less bureaucratic, there will be fewer frustrated claims that could not reach the last instance due to the transaction cost that this implies. / Trabajo académico

El presente informe es parte del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Procesal, es por ello que se analiza la Casación N° 241-2019/ANCASH; la cual aborda los siguientes temas: prueba por indicio, el estándar probatorio y tipo penal colusión, los cuales serán parte del análisis en conjunto. La presente Resolución resolvió declarar FUNDADO el recurso de casación por inobservancia del precepto constitucional y quebrantamiento de precepto procesal interpuesto por la Fiscalía de Ancash contra la sentencia de vista de fecha 20 de noviembre de 2018, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 25 de junio de 2018, absolviendo así a los investigados de los cargos por colusión agravada en perjuicio del Estado. La Corte analizó si resulta determinante para el ejercicio del derecho de defensa, que el Ministerio Público mencione expresamente que probará los hechos mediante prueba por indicios y si la falta de tal mención significa la no valoración de los medios de prueba. Al analizar la casación, se concluye que la Corte correctamente señala que la fiscalía no vulneró el derecho de defensa al no postular expresamente la prueba por indicios y por ende estos pueden ser valorados. Sin embargo, la Corte ha excedido sus funciones al analizar los detalles de la acusación, sentencia de primera y segunda instancia concluyendo que la sentencia de vista no realizó una explicación suficiente y por el contrario la de primera instancia tenía una lógica trama argumentativa que atribuye responsabilidad penal –materias que no eran objetivos casacionales

Con el fin de concurrir en un determinado mercado, los agentes económicos se valen de distintas estrategias comerciales dinámicas para que su oferta sobresalga por encima de la de sus competidores. Sin embargo, dicha actuación tiene como límite el respeto a los derechos de los consumidores, quienes conforman la demanda de los productos y servicios que ofrecen los proveedores. En el presente trabajo se tiene como objetivo analizar uno de los derechos que, a pesar de ser protagónico, no tiene un concepto definido en el Código de Defensa y Protección al Consumidor ni en la línea resolutiva seguida por el INDECOPI: el derecho a la libre elección de los consumidores. Por dicho motivo, el punto de partida será una aproximación a un concepto de dicho derecho y sus alcances, para luego analizar cómo es que se evalúa su vulneración en nuestro ordenamiento jurídico, el cual la sanciona mediante cláusulas abusivas de ineficacia absoluta conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 50 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Por ello, será importante reflexionar si es necesario contar con criterios determinados para evaluar las infracciones derivadas de la disposición antes mencionada, ya sea por medio de su incorporación en la motivación realizada por los órganos resolutivos competentes del INDECOPI (las Comisiones de Protección al Consumidor o la Sala Especializada en Protección al Consumidor) o a través de una modificación del tipo infractor para hacerlo más específico. / Economic agents employ a variety of dynamic commercial techniques to differentiate their offers from those of their rivals in order to compete in a particular market. However, this action is limited by respect for the rights of consumers, who constitute the market for the goods and services provided by suppliers. This study aims to analyze the right to free choice of consumers, which is a fundamental right but lacks a defined concept in the Code of Defense and Consumer Protection or in the resolution line that INDECOPI follows. For this reason, the beginning will be an approximation to a concept of this right and its scope, after which an analysis of how its infringement is assessed in our legal system—which penalizes it with abusive clauses of total ineffectiveness in line with paragraph e) of article 50 of the Code of Consumer Protection and Defense—will take place. It will be crucial to consider whether specific standards for judging the violations resulting from the aforementioned abusive clause are required, either by including them in the justification provided by INDECOPI's competent resolution bodies (Commissions for Consumer Protection and the Coutroom Specialized in Consumer Protection of the Defense of Competition Tribunal) or by changing the infringing type to make it more precise. / Trabajo académico

En la presente tesis se aborda la institución de la actuación de sentencia impugnada regulada en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional Peruano, cuyos presupuestos fueron fijados por el Tribunal Constitucional en el expediente No. 607-2009-PA/TC. A partir de un análisis de las características propias e implicancias de la institución, se corroborará que una adecuada aplicación de la misma, conlleva a que se otorgue una tutela jurisdiccional oportuna a las situaciones jurídicas y se respete el derecho a la efectividad de las sentencias. La hipótesis de la que parte la presente tesis es que la actual regulación de la institución de la actuación de sentencia impugnada en el Perú es deficiente. Al contrastar la regulación de la institución en nuestro país con la de ordenamientos jurídicos extranjeros, corroboraremos que existen distintas posibilidades de mejora. Así, al ratificar que, después de los presupuestos fijados por el Tribunal Constitucional para la aplicación de la institución en sede constitucional, la institución viene siendo aplicada por distintos jueces constitucionales de Lima; en la presente tesis se propone ampliar el ámbito de aplicación de la institución al proceso civil peruano, estableciendo en cuales procesos civiles resulta beneficiosa su aplicación y en cuales procesos sería un riesgo. Asimismo, se establecerán una serie de lineamientos que los órganos jurisdiccionales deberán tener en cuenta al momento de aplicar la institución objeto de estudio y se propondrán modificaciones normativas que sean acordes y complementen la propuesta de aplicación la institución en el proceso civil peruano. Frente a una población peruana que desconfía cada vez más de su sistema de justicia, resulta necesario implementar cambios y analizar distintos caminos dirigidos a otorgar una verdadera tutela jurisdiccional efectiva a la población peruana. Sostenemos que esta propuesta es uno de los caminos.

El proceso civil peruano no proporciona suficientes herramientas para garantizar una tutela específica de los derechos materiales. Muchas veces, la tutela por equivalente se configura como la solución a todos los males y se olvida uno de los fines principales del proceso: otorgar al titular de un derecho, el mismo resultado o uno equivalente al que se hubiese producido si no habría surgido el conflicto de intereses. No obstante, la realidad actual demuestra que el proceso es instrumental al derecho material y la doctrina es unánime en afirmar ello. Así, para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y, consecuentemente, una protección específica de los derechos, se hace necesario que, frente a una situación en la que haya que recurrir al proceso, se posean instrumentos que otorguen al titular de la situación de ventaja, la más específica y adecuada tutela. En ese sentido, este trabajo tiene como propósito analizar y profundizar en el estudio de las medidas coercitivas como actos ejecutivos, y su papel en la obtención de tutela específica, evaluando su posible implementación en el proceso civil peruano. Para ello, la investigación aborda la necesidad preponderante de reformar la ejecución civil peruana, con el objetivo de incorporar medidas coercitivas que respondan a las exigencias contemporáneas de una tutela jurisdiccional efectiva y adaptada a las situaciones materiales. A través de un análisis dogmático y comparativo, se evidencia la importancia de una adopción gradual y contextual de estas herramientas, que armonice la efectividad de la tutela jurisdiccional con las particularidades del contexto peruano. / The Peruvian civil process does not provide enough tools to guarantee specific protection of material rights. Often, equivalent protection is configured as the solution to all problems, forgetting one of the main purposes of the process: to grant the holder of a right the same outcome or one equivalent to what would have occurred if the conflict of interest had not arisen. However, current reality shows that the process is instrumental to material rights, and the doctrine unanimously affirms this. Thus, to guarantee the right to effective judicial protection and, consequently, specific protection of rights, it is necessary that, when faced with a situation where the process must be invoked, there are instruments that grant the holder of an advantageous situation the most specific and appropriate protection. In this regard, the present work aims to analyze and delve into the study of coercive measures as executive acts, and their role in obtaining specific protection, evaluating their possible implementation in the Peruvian civil process. To this end, the research addresses the overriding need to reform Peruvian civil execution, with the main goal of incorporating coercive measures that meet contemporary demands for effective judicial protection adapted to material situations. Through a dogmatic and comparative analysis, the importance of a gradual and contextual adoption of these tools is highlighted, harmonizing the effectiveness of judicial protection with the particularities of the Peruvian context.

Los programas de televisión, actualmente, destinan importantes espacios a la difusión de información que, en muchas de las veces, atañen al ámbito personal y familiar de las personas; en ese contexto surge la necesidad de tutelar en forma preventiva al derecho a la intimidad y evitar así la configuración de un daño derivado del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Este es el problema que se cierne sobre el derecho a la intimidad; frente a él, corresponde estudiar el mecanismo que permita obtener una tutela preventiva. Siendo así, en el presente trabajo analizamos el derecho a la intimidad y su tutela a través de la acción inhibitoria frente al ilícito derivado del ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información; para ello, determinamos su génesis y su desarrollo en la experiencia nacional y comparada, con principal énfasis en el Common Law y en el Derecho italiano, ordenamientos en los que se forjó y desarrolló el derecho a la intimidad. Ello nos permite determinar que: 1. La tutela del derecho a la intimidad no sólo es resarcitoria, 2. En el ámbito nacional no existen estudios referidos a la tutela inhibitoria y 3. La jurisprudencia nacional no ha desarrollado los fundamentos que permitan tutelar en forma preventiva el derecho a la intimidad. La ausencia de análisis, por parte del formante jurisprudencial, sobre el tipo de tutela que requiere el derecho a la intimidad ha generado que frente a la amenaza de su vulneración se espere la configuración del daño, quedando la tutela resarcitoria como único medio de protección. A fin de estudiar la tutela inhibitoria del derecho a la intimidad, se hace necesario recurrir al método dogmático, a fin de conocer el desarrollo doctrinal que ha presentado. Asimismo, para el análisis de la viabilidad de la aplicación de la tutela inhibitoria en el escenario jurídico nacional, es menester valerse del Derecho comparado. Se recurrirá también al método funcional mediante la revisión de jurisprudencia, a fin de conocer y de dar solución a la problemática descrita en el presente trabajo

The purpose of this research is to analyse, from an economic perspective, whether it is efficient to grant extraordinary legitimacy to act in proceedings on behalf of a collective group when claims for damages are sought. In this sense, the hypothesis formulated is that not all collective protection proceedings should have the same regulation in relation to the representative person of the community. In collective rights proceedings or in proceedings where homogeneous it may be more efficient for a member of the class, who is one of the affected parties, to represent the group. After the investigation, it is concluded that the regulation of collective protection is a challenging task and precisely because of its difficulty, the legal system should allow the affected group to determine, from an effectiveness point of view, who should represent them. / Trabajo académico

En este artículo, el autor busca evaluar la validez constitucional de los convenios arbitrales no sinalagmáticos, mediante la determinación sobre la compatibilidad de estos con el debido proceso arbitral. Para esto, a la luz del principio de concordancia práctica y de la ponderación, se problematizan tres derechos constitucionales: la libertad contractual, la igualdad y el debido proceso arbitral. El autor dota de contenido los conceptos centrales, definiendo a los convenios arbitrales no sinalagmáticos y abordando las disquisiciones sobre los contenidos de estos tres derechos constitucionales. Para alcanzar una conclusión válida, se evalúa el peso abstracto de estos derechos en el arbitraje en base a la naturaleza jurídica de este. El autor concluye que, en abstracto, no hay motivos para invalidar constitucionalmente a los convenios arbitrales no sinalagmáticos y plantea un test de tres pasos para determinar, en cada caso concreto, si un determinado convenio arbitral es constitucionalmente válido. Este test consiste en determinar (i) su campo de aplicación del convenio arbitral no sinalagmático y la existencia de conflicto, (ii) la presencia de contenido esencial del debido proceso arbitral y (iii) la existencia de una justificación razonable para la ausencia del sinalagma. Finalmente, el autor propone la aplicación de la nulidad parcial del extremo desigual, ya sea de ventaja o de desventaja, como remedio ante la invalidez constitucional. / In this article, the author pursues to evaluate the constitutional validity of the nonmutual arbitration agreements, through the determination of its compatibility with arbitral due process. To achieve this, in accordance with the concordancia práctica principle and the constitutional weighing, three constitutional rights will be problematized: contractual freedom, equality and arbitral due process. The author fills with content the key concepts, defining the non-mutual arbitration agreements and approaching the discussions regarding the content of the three constitutional rights. To reach a valid conclusion, the abstract weight of these three rights is evaluated against the legal nature of arbitration. The author reaches to the conclusion that there are no abstract reasons to constitutionally invalidate the nonmutual arbitration agreements and proposes a three steps test to determine, in each case, if an arbitration agreement is constitutionally valid. This tests consists in determining (i) the scope of application of the non-mutual arbitration agreement and the existence of a conflict of rights, (ii) the presence of essential content of the right to arbitral due process, and (iii) the existence of a reasonable justification for the non-mutuality. Finally, the author proposes the application of partial voidance to the unequal extent, regardless of its nature as a benefit or as a burden, as a remedy for the constitutional invalidity