El presente trabajo de suficiencia profesional, versa sobre la Casación Nº 1177-2019- Cusco. El método utilizado se basa en la determinación de los hechos relevantes del caso, seguido del desarrollo de los problemas jurídicos, luego, se realiza el análisis de cada uno de estos problemas, la posición de la Bachillera, conclusiones y recomendaciones. Asimismo, se observa que la Señora Gregoria habría sido víctima de agresiones físicas y psicológicas en un contexto de violencia basada en género por parte de su conviviente; sin embargo, no encontró justicia, ya que los operadores de justicia le imputaron al agresor el delito de agresiones contra las mujeres y no el delito de feminicidio en grado de tentativa. En este sentido, se concluye una insuficiencia para valorar los elementos del tipo penal de feminicidio, ya que la Corte solo se habría centrado en valorar la idoneidad del arma y el nivel de las lesiones ocasionadas por parte del agresor como problema principal, ya que el análisis del caso carece de una debida argumentación y falta de motivación para sustentar la decisión adoptada. Finalmente, los operadores de justicia no aplicaron la perspectiva de género en el caso concreto, lo cual resulta nocivo para el estudio de los delitos cometidos en contextos de violencia de género. Este enfoque tiene que ser utilizado en concordancia con los estándares internacionales para lograr un Perú con justicia social e igualdad de derechos. / This professional sufficiency work is about the Cassation Nº 1177-2019-Cusco. The method used is based on determining the relevant facts of the case, followed by the development of the legal issues. Then, an analysis of each of these issues is carried out, considering the position of the Bachelor, conclusions, and recommendations. It is observed that Mrs. Gregoria was allegedly a victim of physical and psychological abuse in a context of genderbased violence by her cohabitant. However, she did not find justice as the judicial operators charged the perpetrator with the offense of assaults against women instead of attempted feminicide. In this regard, there is a lack of adequacy in assessing the elements of the crime of feminicide since the Court only focused on evaluating the suitability of the weapon and the level of injuries caused by the perpetrator as the main issue. The analysis of the case lacks proper reasoning and motivation to support the decision made. Finally, the judicial operators did not apply a gender perspective in the specific case, which is detrimental to the study of crimes committed in the context of gender-based violence. This approach needs to be used in line with international standards to achieve a Peru with social justice and equal rights.

El presente trabajo académico, en el que se está aplicando el método analítico, tiene los siguientes objetivos: a) Explorar y analizar las razones por las que se da el incumplimiento de las sentencias de alimentos por la parte demandada b) Analizar si en los casos de incumplimiento de las sentencia, el principio de tutela jurisdiccional efectiva se concretiza. En ese sentido, luego de analizar los procesos de alimentos en el Perú, el principio de tutela jurisdiccional efectiva, su relación con la etapa de ejecución y como es que afecta la problemática de la ejecución de sentencias de alimentos en la efectivizacion del principio de tutela jurisdiccional efectiva, se ha podido concluir que la modernización de un Poder Judicial, que incorpore herramientas de tecnología en el desarrollo de sus funciones para poder facilitar al obligado la entrega de la pensión de alimentos consignándose en certificado de depósito es esencial para no entorpecer este proceso. Es por eso que, se sugeriría estandarizar el uso de certificado de depósito judicial electrónico únicamente en los supuestos de entregar la pensión directamente al juzgado (presentando el certificado de depósito judicial) y, asimismo, estandarizar el uso de mesa de partes electrónica en estos casos, para que los actos procesales se den en el menor tiempo posible, respetando el plazo razonable. Todo esto, para evitar que el principio de celeridad procesal se vea afectado, siento este el punto de origen, de la afectación al principio de tutela jurisdiccional efectiva

El presente ensayo tiene como propósito cuestionar la ineficiente regulación del Código Procesal Civil respecto a la fijación de los puntos controvertidos, la cual conlleva inclusive a la vulneración de derechos fundamentales, tales como el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva. Ante ello, la práctica judicial se ha visto orillada, de manera reiterada, a incluir puntos controvertidos a puertas de emitirse la sentencia, pese a que estos ya fueron fijados por el juez y debidamente comunicados a las partes. No obstante, dicha “medida” ignora que el juez también se encuentra sujeto al principio de preclusión, el cual le impide modificar el contenido de las decisiones, tal como lo dispone el artículo 406 del Código Procesal Civil. Además del derecho de las partes a una seguridad jurídica.

El objetivo del presente trabajo es analizar el despido fraudulento considerándose como un tipo de despido desarrollado por el Tribunal Constitucional. Al respecto, se evalúa si nos encontrábamos frente a un despido fraudulento hechos que sustentan la imputación, son inexistentes, falsos o incluso fabricados por el propio empleador y si en este tipo de despido evaluar el cuestionamiento del demandante referido a la (i) la falta de gravedad de los hechos; y, (ii) la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, en relación a las causales objetivas de incumplimiento de reglamento interno de trabajo y el faltamiento de palabra verbal en agravio de otros trabajadores. Se concluye que no se trató de un despido fraudulento; sin embargo, se es posible identificar la existencia un despido arbitrario en el subtipo de injustificado. Asimismo, se evaluará la actuación de la Corte Suprema en procesos abreviados, donde la reposición se debe presentar como pretensión principal única, y la posibilidad de un pronunciamiento de fondo sobre el despido distinto injustificado, en priorización del principio de oralidad cuando las demandas adolecen de claridad en la motivación. Se concluye que la Corte Suprema pudo advertir una vulneración al debido proceso toda vez que el juez de primera instancia debió priorizar el esclarecimiento de las pretensiones de la demanda en la audiencia única, y que, al no poder efectuarse una valoración de fondo sobre pretensiones subordinadas en el proceso abreviado, correspondía a la Corte realizar la reconducción del caso a la vía ordinaria para evitar la vulneración al debido proceso

A pesar de existir resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado, se debe esperar la culminación de un procedimiento administrativo adicional al que ingresan todos aquellos beneficiarios de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales, de diferentes procesos, en calidad de cosa juzgada. Al respecto, se busca comprobar la hipótesis siguiente: Se requiere asegurar, de manera previa a la aprobación del presupuesto del sector público para el año fiscal siguiente, una partida presupuestal permanente, en todas las entidades públicas, destinada a efectivizar las resoluciones judiciales, en calidad de cosa juzgada, que se emitieron en el marco de un proceso constitucional y que disponen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado. Para sustentar nuestra hipótesis, la Tesis desarrolla: En el capítulo primero, el marco constitucional de la Efectividad de las Resoluciones Judiciales (en adelante, la ERJ); En el capítulo segundo, la vulneración de la ERJ en procesos constitucionales que contienen una obligación de hacer de pago de una suma líquida por parte del Estado; y, • En el capítulo tercero, nuestras propuestas de solución.

El presente informe realiza un análisis de los problemas jurídicos hallados en la Sentencia N° 265/2021 del Expediente 00001-2020-PI/TC. Respecto a la demanda de inconstitucionalidad por 5135 ciudadanos contra el Decreto Legislativo Nº 1393, emitido a consecuencia de la Ley Autoritativa Nº30823; ello con el objetivo de regular la interdicción en las actividades de pesca ilegal. Para analizar la validez constitucional del Decreto Legislativo, analizaremos el contenido de los artículos relacionados a las infracciones constitucionales y examinaremos su afectación a los derechos fundamentales para poder asegurar o no que el Decreto Legislativo N° 1393 es constitucional o deviene en inconstitucional. En ese sentido, se propone como objetivos i) demostrar que el Decreto Legislativo Nº 1393 no tiene vicios de inconstitucionalidad formal, debido a que se encuentran dentro de los confines de la materia delegada mediante la Ley Nº 30823, ii) evidenciar que el artículo 3 del DL Nº 1393, no vulnera el derecho de propiedad en función de la doctrina y jurisprudencia, iii) evidenciar que el artículo 6 del DL Nº 1393 al disponer las acciones de interdicción contra la pesca ilegal, no atenta contra la libre iniciativa privada, iv) demostrar que la Única Disposición Complementaria Transitoria transgrede la tutela procesal efectiva, v) verificar si las medidas de interdicción de la Tercera Disposición Complementaria Final del DL N° 1393 vulneran el derecho de petición, vi) determinar si la Segunda Disposición Complementaria Final una medida excesiva de la función pública. / This report analyzes the legal problems found in Judgment No. 265/2021 of File 00001-2020-PI/TC. Regarding the unconstitutionality claim by 5135 citizens against Legislative Decree No. 1393, issued as a result of Authoritative Law No. 30823; this with the objective of regulating the interdiction of illegal fishing activities. To analyze the constitutional validity of the Legislative Decree, we will analyze the content of the articles related to constitutional infractions and we will examine their affectation on fundamental rights in order to ensure or not that Legislative Decree No. 1393 is constitutional or becomes unconstitutional. In this sense, it is proposed as objectives i) to demonstrate that Legislative Decree No. 1393 has no defects of formal unconstitutionality, because they are within the confines of the matter delegated by Law No. 30823, ii) to show that article 3 of DL No. 1393, does not violate the right to property based on doctrine and jurisprudence, iii) demonstrate that article 6 of DL No. 1393, when providing for interdiction actions against illegal fishing, does not violate free private initiative, iv ) demonstrate that the Sole Transitory Complementary Provision violates the effective procedural protection, v) verify if the interdiction measures of the Third Final Complementary Provision of Legislative Decree No. 1393 violate the right of petition, vi) determine if the Second Final Complementary Provision is an excessive measure of the public function.

El presente trabajo de investigación desarrolla el análisis de algunas sentencias emitidas en segunda instancia por el Poder Judicial en el marco de los Procesos Contenciosos Administrativos seguidos contra las resoluciones que emite el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamientos (en adelante TRASS) de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante SUNASS). Al respecto, cabe mencionar que el TRASS resuelve en segunda y última instancia administrativa las apelaciones presentadas por los usuarios de los servicios de saneamiento contra las decisiones de las Empresas Prestadoras, en adelante EPS, que son las encargas de brindar este tipo de servicios. A través del análisis de las sentencias judiciales, se pretende determinar si el juez contencioso al momento de analizar y resolver los casos considera los aspectos técnicos y legales propios de las normas especiales que rigen los procedimientos administrativos vinculados a los servicios de saneamiento o quizás su interpretación de estos abarca un espectro mayor al exclusivamente administrativo. / Trabajo académico

Las actuaciones de todos los miembros de la sociedad que conviven dentro de un Estado de Derecho deben tener como parámetros los principios que se reconocen en la Constitución. Entonces, corresponde que cuando el legislador pretenda regular aspectos que, según su perspectiva, puedan resultar problemáticos en la realidad, no deba perder de vista los principios constitucionales que irradian a su actuación. Bajo este supuesto, el presente trabajo de investigación realiza un análisis crítico de lo dispuesto en el artículo 159° del Código Tributario, incorporado en nuestra legislación en el año 2012, en el marco de una delegación de facultades otorgada al Poder Ejecutivo, a través del Decreto Legislativo N° 1121 y modificado por la Ley N° 30230, a fin de mejorar la progresividad de la medida cautelar. Dicho artículo establece las reglas que regirán el trámite de las medidas cautelares que se soliciten dentro de los procesos judiciales en los que la parte demandada es el Tribunal Fiscal o la Administración Tributaria. Así teniendo como base a los principios de tutela jurisdiccional efectiva y de igualdad, principios constitucionalmente reconocidos, se demuestra que las reglas contenidas en el mencionado artículo limitan el derecho de los contribuyentes a acceder a una justicia eficaz y oportuna. Por ello, se propone una mejora a dichas reglas, con el objetivo de salvaguardar el derecho de los contribuyentes.

Inside the Peruvian civil process, there are warranties that seek to protect the rights of the persons who come to it. Since these warranties  are  affirmed in the   Peruvian Constitution and in international human rights treaties, they are considered as fundamental rights. One of them is the right to a second hearing.The present essay is a constructive critic of the principle of the right to appeal. The hypothesis consists in proving, through an economic analysis,  that  the  second hearing does not play a role in our legal system. / Dentro del proceso civil peruano, existen garantías que buscan la protección de los derechos de las personas que acuden al mismo.Estas garantías, al estar consagradas en laConstitución peruana y en tratados internacionales sobre derechos humanos, son con-sideradas  derechos  fundamentales.  Una de ellas es la doble instancia.El presente ensayo es una crítica constructiva al principio de doble instancia. La hipótesis que se sustenta consiste en acreditar a través de un análisis económico que la doble instancia no cumple una función en nuestro sistema jurídico.

In the first part of the article, a development for the concepts of provisional remedies and real or personal property bond and covering loss and damage, is proposed, under the Constitutional Court and our national doctrine view; as well as the scope of the first as a fundamental right, and second as a condition of execution. On the following part of the paper, the inclusion and the subsequent amendments to the article 159° of Tax Code is exposed, also its scopes and reasons. Finally, a possible modification of the article, that respect state´s raising goals and due process citizens’ right, is proposed. / El presente artículo desarrolla los conceptos de medida cautelar y contracautela, a la luz de lo resuelto por el Tribunal Constitucional y lo establecido por nuestra doctrina, así como los alcances del primero como derecho fundamental y del segundo como requisito de ejecución. De la misma forma, se analiza los alcances de la incorporación del artículo 159° del Código Tributario, mediante Decreto Legislativo N° 1121, y su modificatoria a través de la Ley N° 30230. Finalmente, se propone una posible modificación al mencionado artículo, de conformidad con los fines recaudatorios del Estado y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de los administrados.