O presente trabalho aborda o princípio da proteção substancial da confiança no Direito Administrativo brasileiro, enquanto decorrência do Estado de Direito e da segurança jurídica, o qual se presta à construção de um estado de estabilização das relações jurídicas oriundas da Administração Pública. Segue-se à compreensão de seu conteúdo jurídico, o enfrentamento dos principais instrumentos de concretização. Em tal enfrentamento, aponta-se o que já se encontra consolidado e os caminhos que ainda podem ser construídos em nome do princípio da proteção substancial da confiança.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:20:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo5486_1.pdf: 679631 bytes, checksum: 0ba6d7098ea033e37602d263cc93fa6d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2003 / A moralidade administrativa, tema central do presente trabalho, suscita a abordagem de diversos aspectos dotados de grande importância para a sua adequada compreensão. Para cumprir esse mister, a moralidade administrativa é, aqui, submetida a uma análise que permeia tanto o aspecto filosófico, para um entendimento axiológico de sua essência, quanto o aspecto prático, encarado como o conjunto de elementos sociais e legais que viabilizam uma operacionalização útil e eficiente da moralidade no âmbito da administração pública. Faz-se, inicialmente, uma definição de termos, no que concerne a uma distinção necessária entre ética, moral e moralidade, evidenciando-se o caráter de princípio constitucional a que foi elevada pela Carta Constitucional de 1988. Sob o ponto de vista histórico, levantase a origem e a importância dada a tal princípio, desde a civilização grega até os dias de hoje, destacando-se seu conceito, alcance no âmbito administrativo, principalmente no que diz respeito aos agentes públicos, no combate aos atos de corrupção e improbidade administrativa, fazendo-se um breve apanhado conceitual e histórico de tais comportamentos ilegais e imorais ao longo dos nossos pouco mais de quinhentos anos. É oferecido, ainda, especial enfoque às normas legais disciplinadoras e sancionadoras empregadas na luta contra a impunidade pelo cometimento de atos de corrupção e improbidade. Ressalta-se por fim, o controle da moralidade administrativa, sob a perspectiva da mobilização popular, no exercício de ato de cidadania, invocando o remédio constitucional da Ação popular como forma democrática e difusa de tal controle, propiciando a criação de uma consciência cidadã

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / En la primera parte de nuestro estudio ahondaremos en el Procedimiento Administrativo como institución jurídica en abstracto. Así, analizaremos cada uno de los aspectos más importantes del tema, como los conceptos doctrinales, su función jurídica, los más importantes principios de derecho que ilustran el procedimiento administrativo, sus clases y características, su tramitación. En la segunda parte de este trabajo haremos una descripción detallada de los múltiples procedimientos administrativos especiales que actualmente existen en la legislación nacional. En este sentido, la investigación consistirá en el examen de las leyes orgánicas de los órganos de la Administración Pública.

La potestad sancionadora de la Administración Pública tiene su manifestación primordial en el procedimiento administrativo sancionador, el cual tiene como finalidad determinar la existencia de una conducta infractora, y una vez probada, imponer las sanciones respectivas. Sin embargo, se ha introducido en nuestro ordenamiento legal una figura que omite la imposición de una sanción, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. En ese sentido, este trabajo es pues un primer estudio y análisis de la figura de la subsanación voluntaria como eximente de responsabilidad por infracciones en el procedimiento administrativo sancionador. Para tal efecto, se ha preguntado ¿Cuál ha sido la motivación para trasladar la subsanación voluntaria de su calidad de atenuante a la de eximente de responsabilidad por infracciones?, teniendo cono Objetivo General el determinar cuál es el efecto de la inclusión de dicha opción legislativa innovadora. De lo analizado, se obtuvo como conclusiones, entre otras, que con la modificatoria introducida a través del Decreto Legislativo N.° 1272, los procedimientos administrativos sancionadores, en todos los sectores, están siendo adecuados, de tal manera que se defina la aplicación de la eximente de responsabilidad que nos ocupa, y que a su vez, conlleva a que la Administración Pública, como partícipe del impulso de las reformas, evite imponer condiciones menos favorables a los administrados que las dispuestas por la Ley. Finalmente, se conviene en considerar que la variación de atenuante a eximente obedece a reducir la carga procesal de la Administración Pública al decidir el inicio de procedimientos administrativos sancionadores, en los casos en que las infracciones no hayan sido subsanadas, con la finalidad de lograr una mejor atención a los administrados, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos. / Trabajo académico

El presente trabajo se titula “La actividad probatoria recogida en el proceso contencioso administrativo y su relación con la vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”, el cual tiene como justificación teórica analizar la figura jurídica de la restricción del derecho probatorio del accionante en el Proceso Contencioso Administrativo para postular una reforma legislativa. Para tal efecto se ha preguntado ¿Cuál es la relación entre la restricción de la actividad probatoria recogida en el Proceso Contencioso Administrativo y la vulneración al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva?, teniendo como Objetivo General establecer el grado de relación entre la restricción de la actividad probatoria recogida en el Proceso Contencioso Administrativo y la vulneración al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, mediante el análisis de resoluciones judiciales y encuestas a los operadores jurídicos. El método utilizado en el trabajo es no experimental, ya que no se manipularon variables, asimismo, es transeccional, en tanto, la investigación se desarrolla en un solo momento. De lo analizado, se obtuvo como respuestas que más del 75% de operadores intervinientes (Jueces, Fiscales y Abogados especialistas en Derecho Contencioso Administrativo) coinciden, en términos generales, que la restricción de la actividad probatoria recogida en el Proceso Contencioso Administrativo influye significativamente en la vulneración del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. Finalmente, se concluye que efectivamente la restricción de la actividad probatoria recogida en el Proceso Contencioso Administrativo influye significativamente en la vulneración al derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, esto es, en la obtención de una sentencia justa y motivada, fruto de todo el aporte probatorio que tiene tanto el justiciable como la administración, y asimismo, que resulta contradictorio que la norma contencioso administrativa restringa la actividad probatoria del accionante bajo criterios de aplicación del principio de oportunidad y preclusión, más aún si el proceso contencioso administrativo ya no es considerado un proceso de mera revisión de la legalidad del acto sino una de plena jurisdicción. / Trabajo académico

El presente trabajo tiene como fin investigar si el actuar arbitrario, irregular y abusivo del Ejecutor Coactivo Municipal, cometido dentro del procedimiento de ejecución coactiva, establecido en la Ley 26979, provienen de una desnaturalización de la autotutela administrativa o de la influencia de las normas procesales civiles -indebidamente aplicadas por el ejecutor acotado. Para tal fin se parte de la hipótesis que el actuar indebido del ejecutor coactivo acotado, constituye la desnaturalización señalada. En efecto procedo en principio a investigar sobre el concepto de autotutela administrativa, sus límites y otros relacionados al mismo, así como analizar las normas procesales civiles que se aplican directamente en el procedimiento coactivo municipal. A continuación, establezco casos prácticos reales, que contienen actos irregulares del ejecutor que los denomino “situaciones coactivas” y los contrasto con los conceptos investigados y la aplicación de las normas procesales civiles acotadas. Como primera conclusión tengo que sí existe influencia de las normas procesales civiles que en varios casos puede ser causa de los abusos que comete el ejecutor. Sin embargo, esta influencia pueda que incentive a dicho actuar abusivo, pero no es la que explica en su totalidad el porqué del actuar irregular del ejecutor, principalmente porque el ejecutor con norma procesal o administrativa igual seguirá cometiendo las situaciones coactivas advertidas. Como segunda conclusión definitiva y resultado de la presente investigación concluyo que el ejecutor coactivo municipal, con dichos actos arbitrarios e irregulares, propiamente de su actuar, está desnaturalizando la institución jurídica de la autotutela administrativa ejecutiva, toda vez que está actuando contraviniendo los límites de dicha autotutela, es decir, contraviniendo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la presunción de inocencia y el derecho inviolabilidad de domicilio. Pero no solo ello también está transgrediendo otros limites como es el derecho a la propiedad, al debido procedimiento y otros. / Trabajo académico

El presente trabajo de investigación busca analizar el ejercicio del derecho de defensa del administrado cuando la Administración, por causas concretas, pretende declarar la nulidad de oficio de un acto, concretamente, de un Contrato Público. Este tema resulta sumamente relevante, debido a que permite asegurar el interés y la seguridad jurídica del contratista, dado que, cuando la Administración le corra traslado del oficio o documento donde se manifieste la intención de declarar la nulidad del acto, este podrá realizar su descargo en el plazo de cinco (5) días, para que, posterior a ello, corresponda el pronunciamiento determinado, debidamente motivado por parte de la Entidad respectiva. En este análisis se trabaja desde el ámbito de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, específicamente en cuanto a los dispuesto en su artículo 211°, y aterrizando a las Contrataciones del Estado y a su normativa especial, así como, además, a lo señalado en nuestra Constitución Política, y legislación comparada. Se concluye que el contratista puede ejercer su derecho de defensa –derecho protegido constitucionalmente-, antes de la declaración que realiza la Entidad respecto a la nulidad de oficio de un contrato público suscrito, en virtud a que dicha nulidad recae sobre la resolución mediante la cual se le adjudica la buena pro, y no a una relación contractual propiamente dicha. Por ello, es posible precisar que el contratista, antes de que la decisión de declarar la nulidad sea firme, puede presentar sus argumentos de defensa a fin de hacer preservar su derecho legítimamente obtenido, asegurar su derecho constitucional a un debido procedimiento, derecho de defensa, y debida motivación de manera antelada. / Trabajo académico

Made available in DSpace on 2019-03-30T00:25:34Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2018-03-28 / Public Administration has as fundamental premise the protection of collective interests, and from this arises the concern with the effectiveness of the services provided. Society expects the server body to be composed of individuals without behavioral stains and committed to the public thing. It is intended the disciplinary control and verify its scope and purpose,considering the public interest as the foundation of its existence. The motivation of the introduction of disciplinary processes to the detriment of the managerial quality developed by the public power is analyzed. It intends to face the issue of administrative speed in the face of its prompt action and restitution of functional regularity, without the need for ordinary procedural deflagration. Inquisitorial and contradictory investigative procedures will be demonstrated. Following the investigation, it will be analyzed the phatic and juridical contours of the adjustment of conduct and its possible resistance in the Brazilian public managerial scope. It will be demonstrated the existence of norms that deal with the issue of adjustment of conduct and that are already permeated by several entities of the Brazilian federation. In the State of Ceará, the research will analyze the experiment of the General Controller of Discipline of the Public Security Organs and Penitentiary System of Ceará. It will establish a comparative table between processes initiated and their results within the scope of the General Discipline Office. Under the disciplinary regime of public civil servants, the research will demonstrate the need for legislative intervention to condition and limit the commission of disciplinary infractions of lesser offensive potential to the commitment regime of conduct adjustment. The issue is relevant because it appears as a problem for the effectiveness of the functional regularity the plastering of the disciplinary procedural instruments that now exist at the disposal of the Ceará¿s Public Administration. / A Administração Pública tem por premissa fundamental a tutela de interesses coletivos, e disso surge a preocupação com a efetividade dos serviços prestados. A sociedade espera que o corpo de servidores seja composto por indivíduos sem manchas comportamentais e comprometidos com a coisa pública. Pretende-se analisar o controle disciplinar e verificar qual o seu alcance e finalidade, considerando o interesse público como fundamento de sua existência. Analisa-se a motivação da instauração de processos disciplinares em detrimento da qualidade gerencial desenvolvida pelo poder público. Pretende enfrentar a questão da celeridade administrativa em face de sua pronta atuação e restituição da regularidade funcional, sem a necessidade de deflagração processual ordinária. Demonstrar-se-á os procedimentos investigativos inquisitoriais e contraditórios. Seguindo a investigação, analisar-se-á os contornos fáticos e jurídicos do ajustamento de conduta e sua possível resistência no âmbito gerencial público brasileiro. Demonstrar-se-á a existência de normativos que tratam sobre a temática do ajustamento de conduta e que já se encontram permeadas por diversos entes da federação brasileira. No Estado do Ceará, a pesquisa analisará o experimento da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará. Estabelecerá um quadro comparativo entre processos deflagrados e os seus resultados no âmbito da Controladoria Geral de Disciplina. No âmbito do regime disciplinar dos servidores públicos civis, a pesquisa demonstrará a necessidade de uma intervenção legislativa para condicionar e limitar o cometimento de infrações disciplinares de menor potencial ofensivo ao regime do compromisso de ajustamento de conduta. O tema encontra relevância, pois surge como um problema para a efetivação da regularidade funcional o engessamento dos instrumentos processuais disciplinares que ora existem à disposição da Administração Pública cearense.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente tesis tiene por objeto analizar el concepto de Debido Proceso y su vinculación con el Derecho Administrativo. Conocida es la aplicación de dicha garantía en materia jurisdiccional, sin embargo, menos clara es la manera en que se aplica en el ámbito del Derecho de la Administración del Estado. Para un análisis adecuado de esta garantía, se estudia desde la construcción histórica del concepto hasta la manera en que la jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema lo han entendido. Por medio del análisis jurisprudencial, se pretende dar respuesta principalmente a dos preguntas definitorias para determinar la manera en que el Debido Proceso se manifiesta en las decisiones administrativas; en primer lugar, si es que existe un Debido Proceso que sea autónomo del concepto ampliamente conocido en materia jurisdiccional; y en segundo lugar, si este concepto de Debido Proceso Administrativo autónomo puede extrapolarse y ser exigido no solamente en el área administrativa sancionadora sino que en todo tipo de actos administrativos.

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2007 / Inclui bibliografia / O presente trabalho analisa o Sistema de Controle Interno da Administração Pública como uma perspectiva do modelo de gestão administrativa. A estrutura administrativa do Estado, calcada na concepção de Estado Social, vem ao longo do tempo, sofrendo alguma / The current study analyses the Internal Control System of the Public Administration under a perspective of the administrative management pattern. The State administrative structure, focusing the Social State conception, has been receiving, as time goes by