En el presente informe se buscar analizar el problema actual sobre el incumplimiento de la vía previa a la pactada antes de acudir a un arbitraje a través de un cuestionable pronunciamiento de la una de las salas de la Corte Superior de Justicia de Lima y del previo acciona de un Tribunal Arbitral. Así, a través del análisis de la naturaleza del pacto de acudir a una vía previa y de las consecuencias que acarrea su incumplimiento, veremos que lo que se esconde detrás de este acuerdo es un convenio arbitral escalonado, de utilización y aceptación para arbitrajes nacionales e internacionales. Finalmente, analizaremos las consecuencias aplicables al incumplimiento de los requisitos en este tipo de convenios, siendo necesario evaluar si estas están relacionadas con la competencia del Tribunal Arbitral o con la admisibilidad de la demanda

El presente informe versa sobre el análisis realizado a la resolución N°7 del expediente 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 emitida por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual trata sobre el recurso de anulación interpuesto por el PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL- PROVIAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES – PROVÍAS NACIONAL contra el laudo de fecha 22 de julio de 2019 emitido en el arbitraje seguido contra OBRAS DE INGENIERÍA S.A - OBRAINSA. A través de este informe, analizamos el problema acerca de la motivación que se produce en los laudos arbitrales, lo cual conlleva a abrir una ventana a que en sede judicial pueda revisarse de manera externa la decisión de estos laudos arbitrales y comprobar si efectivamente se cumplió o no con motivar el laudo arbitral. En ese sentido, en el presente informe, se concluye que la inexistencia de motivación en el laudo arbitral, transgrede el derecho a la debida motivación, no cumple con el principio de congruencia procesal y termina siendo correcto solicitar la anulación del laudo mediante el artículo 63 numeral 1 inciso b) del Decreto Legislativo 1071. Este análisis se desarrollará conforme a la revisión doctrinaria y jurisprudencial efectuada para el presente informe. / This report deals with the analysis carried out on Resolution No. 7 of the file 00581-2019-0-1817-SP-CO-02 issued by the Second Civil Chamber Commercial Subspecialty of the Superior Court of Justice of Lima, which deals with the annulment action filed by the SPECIAL PROJECT OF INFRASTRUCTURE NATIONAL PROVIAS OF THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS PROVÍAS NACIONAL against the award dated July 22, 2019 issued in the arbitration against OBRAS DE INGENIERIA SA - OBRAINSA. Through this report, we analyze the problem regarding the motivation that occurs in arbitration awards, which leads to opening a window so that the decision of these arbitration awards can be reviewed externally and check whether it was actually complied with or not with justifying the arbitration award. In this sense, in this report, it is concluded that the absence of reasons in the arbitration award, violates the right to due reason, does not comply with the principle of procedural consistency and ends up being correct to request the annulment of the award through article 63 numeral 1 subsection b) of Legislative Decree 1071. This analysis will be developed in accordance with the doctrinal and jurisprudential review carried out for this report.

La presente investigación, busca definir la naturaleza jurídica del pronunciamiento de la Administración Pública durante la ejecución de los contratos administrativos, ya que no está regulada como tal en la legislación peruana. Para desarrollar la investigación, se utilizó la metodología cualitativa, mediante la revisión de doctrina nacional, extranjera, jurisprudencia, así como legislación nacional y comparada, incluyendo el estudio de laudos arbitrales en sede nacional e internacional. Como resultado del presente trabajo, propusimos que se instituya en el ordenamiento jurídico peruano el acto administrativo contractual, entendido como aquella categoría del acto administrativo que se adecúa a las circunstancias particulares del pronunciamiento de la Administración Pública en la ejecución contractual. De esta forma, se podrá orientar a la Administración Pública cuando emita sus pronunciamientos en el marco de un contrato administrativo, pues deberá cumplir mínimamente con los requisitos del acto administrativo, lo cual a su vez permitirá ejercer un control más predecible sobre su decisión. Además, garantizará los derechos de los contratistas, pues estarán posibilitados a exigir, en la vía administrativa, que las entidades contratantes cumplan con observar las disposiciones normativas del acto administrativo y otras de carácter público en salvaguarda de sus intereses legítimos.

En el presente trabajo se analizará una figura bastante frecuente en las contrataciones públicas como son los adicionales y las reducciones de las prestaciones. Estas figuras reflejan las potestades exorbitantes de las administraciones públicas que, por un lado, asegura que se cumpla con la satisfacción del interés público, pero que, por otro lado, en muchos casos puede atentar contra el principio de equilibrio económico financiero de los contratos. En ese caso, estamos ante dos frentes, en el cual no solo se debe preservar el interés general, sino también la satisfacción de los contratistas en los contratos públicos. Por lo tanto, en este trabajo se buscará resolver el principal problema de estas modificaciones unilaterales. El objetivo de este trabajo no solo buscará analizar la importancia de estas figuras legales permitidas, sino se buscará dotar de protección a los contratistas en base a las metodologías establecidas en la LCE y en su reglamento. En el presente trabajo nos referiremos principalmente a las adicionales y reducciones en las obras, vinculando diversa casuística como algunas resoluciones judiciales y laudos arbitrales. Ello con el fin de resaltar la importancia de sus figuras y los problemas que generalmente surgen en contra de los contratistas. / In the present work, a quite frequent figure in public contracting such as additional benefits and reductions will be analyzed. These figures reflect the exorbitant powers of public 1 administrations which, on the one hand, ensure that the satisfaction of the public interest is met, but which, on the other hand, in many cases may violate the principle of financial economic balance of contracts. In this case, we are facing two fronts, in which not only the general interest must be preserved, but also the satisfaction of contractors in public contracts. Therefore, this paper will seek to solve the main problem of these unilateral modifications. The objective of this work will not only seek to analyze the importance of these permitted legal figures, but will seek to provide protection to contractors based on the methodologies established in the LCE and its regulations. In the present work we will refer mainly to the additions and reductions in the works, linking diverse casuistry such as some judicial resolutions and arbitration awards. This in order to highlight the importance of their figures and the problems that generally arise against contractors. / Trabajo académico

El presente Informe Jurídico donde se analiza el Laudo Arbitral expedido con Resolución No. 92 del 2 de octubre del 2022 respecto de la figura de la Intervención Económica de Obra dentro de las Contrataciones con el Estado, figura establecida en la normativa, el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado y Directivas expedidas por CONSUCODE, hoy el OSCE, mediante la cual faculta a Las Entidades para que, en uso de su potestad discrecional puedan intervenir ejecución de obras públicas cuando se evidencie incumplimientos por parte de los Contratistas y puedan poner en riesgo la finalización de la ejecución y entrega de la obra. Analizaremos el Laudo Arbitral que emite el tribunal respecto a las controversia que surge entre SERPAR y el Consorcio SOM Lima Norte sometidas a arbitraje por el Contratista respecto de la decisión de La Entidad sobre la Intervención Económica y la Resolución Parcial del Contrato de Obra y emitiremos opinión respecto a la actuación de ambas partes y de la decisión del Tribunal Arbitral.

El presente informe aborda cuatro problemas jurídicos identificados en el marco del Proceso de Inconstitucionalidad que cuestionó judicialmente la norma que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - Decreto Legislativo No 1057: si dicha norma forma parte de los temas delegados por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo; si el tratamiento diferenciado establecido en la norma supera el Test de Igualdad; si la norma es compatible con el principio de causalidad, la estabilidad de entrada y salida, y el acceso a un puesto de trabajo; y si garantiza los principios de igualdad de oportunidades, y de mérito y capacidad; y garantiza la institución de la carrera pública. Como se podrá apreciar también en este informe, el régimen CAS ha sido y continúa siendo ampliamente debatido, desde la norma de su creación en el 2008 hasta la actualidad con la norma que le reconoce el derecho a la estabilidad laboral a quienes se encuentren bajo su ámbito, y la sentencia del Tribunal Constitucional del 2021, inclusive. Por ello, no es posible dar por cerrados los debates en torno a este régimen.

Los contratos de ejecución de obras públicas son el mayor componente dentro del marco de la ley de contrataciones con el Estado, sabido es que el paso de tiempo suele generar marcadas distancias entre el monto consignado en el expediente técnico de obra y el obtenido como resultado de la liquidación de obra, ante ello tanto la ingeniería como el derecho no han sido esquivos a tal realidad, pues el marco general establece el uso de las denominadas formulas polinómicas o de reajuste de precios, las cuales son de obligatoria inclusión, y más aún, una vez establecidas no pueden ser materia de modificación, ya que serina una clara expresión del principio de equidad o equilibrio económico financiero. Por otro lado, dentro de la ejecución contractual la Entidad tiene el ejercicio de las denominadas prerrogativas exorbitantes y el contratista tiene como un acto contractual de obligatorio cumplimiento, ya en ejecución de obra, el emitir el informe de revisión del expediente técnico de obra, ultima oportunidad para establecer defectos u otros del expediente técnico que tengan incidencia en la ejecución de la obra. En este contexto el presente trabajo buscara analizar y entrecruzar las variables descritas para establecer que las fórmulas polinómicas o de reajuste de precios pueden y deben ser incluidas o modificadas, independientemente del marco normativo que impide su modificación y sin importar que el afectado sea la Entidad o el contratista, pues estas son una primera expresión del principio de equidad, principio que buscaría concretizar la finalidad publica con una obra de calidad. / The contracts for the execution of public works are the largest component within the framework of the law of contracting with the State, it is known that the passage of time usually generates marked distances between the amount consigned in the technical file of work and that obtained as a result of the liquidation of work, before this both engineering and law have not been elusive to such reality, Since the general framework establishes the use of the so-called polynomial formulas or price readjustment, which are mandatory inclusion, and moreover, once established they cannot be subject to modification, since it will be a clear expression of the principle of equity or economic and financial balance. On the other hand, within the contractual execution the Entity has the exercise of the so-called exorbitant prerogatives, and the contractor has as a contractual act of mandatory compliance, already in execution of work, to issue the review report of the technical file of work, last opportunity to establish defects or others of the technical file that have an impact on the execution of the work. In this context, this paper will seek to analyze and intersect the variables described to establish that polynomial formulas or price readjustment can and should be included or modified, regardless of the regulatory framework that prevents their modification and regardless of whether the affected is the Entity or the contractor, since these are a first expression of the principle of equity, principle that would seek to concretize the public purpose with a quality work. / Trabajo académico

El presente caso comprende una controversia entre la empresa distribuidora de electricidad Edecañete y el Osinergmin, en el que se discute si el hurto de conductor constituye un evento de fuerza mayor, lo cual a su vez determinaría si corresponde eximir a la empresa de la obligación de compensar a los usuarios que se vieron afectados por la interrupción en el suministro eléctrico. La posición de la empresa se basa en afirmar que se trató de un evento fuera de su control y que previamente adoptó medidas para evitar que sucediera, mientras que la entidad sostiene que tales hechos son frecuentes en la zona, por lo que no correspondería considerarlo un caso de fuerza mayor. El objetivo del presente trabajo es determinar el concepto y requisitos de la figura de la fuerza mayor, así como los criterios que existen en el sector eléctrico para su determinación. El método empleado para tal fin es el análisis de la normativa de carácter general y sectorial, así como las directivas específicas y la práctica resolutoria de la entidad, además del análisis de la jurisprudencia que ha resuelto causas que tienen su origen en hechos similares. A partir de ello, se determina que no existe un concepto propio de la fuerza mayor en el derecho administrativo; sin embargo, el sector eléctrico prevé ciertos criterios particulares para su calificación, los cuales, si bien habrían sido aplicados en el caso concreto, la decisión adolecería de una correcta valoración de los documentos y sustento para sus afirmaciones.

Esta investigación identifica cuales son los mecanismos informales en la conformación de tribunales arbitrales ad hoc que resuelven controversias ligadas a contratos de obra pública en el Perú, en los años 2010 y 2011. Se concluye que las razones por las cuales se hizo obligatorio el arbitraje con el Estado a partir del año 1998 obedecieron más a cuestiones políticas que legales, lo que dio como resultado una deficiente e insuficiente normativa en arbitraje con el Estado, que a su vez facilitó la aparición de mecanismos informales en este tipo de arbitraje. Algunos de estos mecanismos son las “cadenas de favores”, la aparición de redes y corrupción, así como prácticas de cobro de “bonos por resultado” por parte de los árbitros. Estas prácticas se presentan desde el inicio del proceso cuando se conforman los tribunales arbitrales y por lo tanto la naturaleza del sistema de administración de justicia se ve viciada. Asimismo, se establece que estas prácticas no solo aparecen debido a la insuficiente o defectuosa normativa, sino gracias al amplio rango de libertad y discrecionalidad del que gozan los árbitros para establecer las reglas del proceso, los honorarios y la designación de secretarios arbitrales en el arbitraje ad hoc. Este alto nivel de libertad que es intrínseco al arbitraje, permite que las prácticas informales convivan con la normativa ya que el problema de fondo no tiene que ver con ingeniera legal, sino con la forma como los actores (árbitros y/o secretarios arbitrales) conciben el sistema de justicia y se desenvuelven dentro de éste / This investigation identifies what are the informal mechanisms in the conformation of ad hoc arbitration tribunals that resolve disputes related to public works contracts in Peru, in the years 2010 and 2011. It is concluded that the reasons for which arbitration was made mandatory the State as of 1998 was more due to political than legal reasons, which resulted in a deficient and insufficient regulation in arbitration with the State, which in turn facilitated the appearance of informal mechanisms in this type of arbitration. Some of these mechanisms are the "chains of favors", the appearance of networks and corruption, as well as "bonus by result" collection practices by the arbitrators. These practices are presented from the beginning of the process when the arbitral tribunals are formed and therefore the nature of the system of administration of justice is vitiated. It also establishes that these practices not only appear due to insufficient or defective regulations, but also thanks to the wide range of freedom and discretion enjoyed by the arbitrators to establish the rules of the process, the fees and the appointment of arbitration secretaries in arbitration. ad hoc. This high level of freedom that is intrinsic to arbitration, allows informal practices to coexist with the regulations since the underlying problem has nothing to do with legal engineering but with the way in which the actors (arbitrators and / or arbitration secretaries) conceive the system of justice and they develop within it

Tras la liberalización de la prestación de los servicios públicos, el Estado ha venido empleando diversos mecanismos para la regulación de las conductas de las empresas de servicios públicos e infraestructura, entre los cuales figuran la definición de obligaciones o derechos a través de disposiciones normativas así como mediante contratos de concesión (o regulación contractual). En ese marco, en la presente investigación se analiza el contenido regulatorio de los contratos de concesión de servicios públicos, con el objetivo de determinar si este se sujeta a los estándares del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). Para ello, se analizan siete contratos de concesión en sectores de infraestructura de transporte y de telecomunicaciones, de los cuales se concluye que durante la fase de diseño no se habrían seguido los estándares de carácter procedimental y sustantivo que establece el AIR. Asimismo, se concluye que no resulta suficiente la positivización de principios aplicables a todas las fases de los contratos de concesión en el marco de las Asociaciones Público Privadas, sino que además es necesario contar con disposiciones que permitan la concreción de estos principios, y una metodología de AIR aplicable a la etapa de diseño de los contratos de concesión. En esa línea, mediante la presente investigación se formulan lineamientos para regular en un escenario contractual, a partir de la aplicación de los estándares del AIR en sus dos dimensiones: sustantivo y procedimental. Con respecto a los aspectos sustantivos se plantean los siguientes elementos: i) identificación del problema; ii) identificación de alternativas de solución, las cuales se sujetan a la evaluación de la legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad; y iii) el análisis costo beneficio con respecto a las alternativas que hayan superado el filtro anterior. Y en cuanto a los aspectos procedimentales, se plantea el acceso a la información en la etapa preparatoria de los contratos de concesión, y la participación de los agentes involucrados, en especial de los afectados negativamente, tanto en la etapa de identificación del problema como en la etapa de análisis de impacto. / Tesis