Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 6 ABSTRACT Mediante el presente trabajo se repasa la historia fidedigna de la Ley N° 19.971 sobre Arbitraje Comercial Internacional, con especial énfasis en los motivos que tuvo nuestro legislador para adoptar en su integridad una “ley modelo” proveniente desde el extranjero. Luego se centra en analizar cada una de las causales de nulidad que esta Ley contempla en su artículo 34 y que pueden servir de base para la anulación de un Laudo arbitral dictado en conformidad a la misma ley. En el análisis de cada causal se hace referencia a los aportes doctrinarios, tanto nacionales como extranjeros, que han servido para precisar el alcance de cada una de ellas. Este aporte doctrinario se hace especialmente latente en una tan causal amplia e indeterminada como la del “orden público.” También se hace alusión a la naturaleza jurídica de este arbitrio procesal. Finalmente se analizan los seis fallos de nuestra Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago que se han pronunciado en virtud de esta acción de nulidad, depurando de la parte considerativa de cada fallo los hechos más relevantes para efectos de la investigación y analizando críticamente el razonamiento de la Corte en cada caso concreto. De esta forma se concluye que nuestro Tribunal Superior ha hecho, en líneas generales, una correcta aplicación de esta acción de nulidad, restringiendo su interpretación y aplicación a los casos en que verdaderamente ésta procede, evitando así la tendencia de las partes litigantes a querer extender este tipo de arbitrios a fines que no se condicen con la naturaleza de un procedimiento arbitral y con los fines propios de esta acción de nulidad en específico.

El presente trabajo de investigación busca determinar los efectos y consecuencias jurídicas que surgen de la declaración de disolución de pleno derecho de una sociedad que ha perdido la pluralidad de socios por más de seis meses; determinando si es posible o no la utilización de la figura de la regularización en dicho caso. Pues como sabemos en nuestra normativa peruana y en la propia Ley General de Sociedades no existe una regulación que nos señale cuáles son los procedimientos que deben seguir las sociedades que incurren en dicha problemática, confundiéndose muchas veces que dicha declaración de disolución significa una automática e irreversible liquidación y extinción de la sociedad. En ese sentido, hemos estudiado lo que la doctrina nacional, comparada y en especial la jurisprudencia desarrollada en la práctica societaria peruana han señalado respecto al tema de la presente investigación. Como consecuencia de ello, se ha podido determinar que las sociedades que incurran en disolución de pleno derecho luego de que hayan perdido la pluralidad de socios por más de seis meses si pueden optar por la regularización como una alternativa productiva, económica y sobre todo práctica para solucionar la referida problemática, pues tanto en el ámbito doctrinario y jurisprudencial no se ha determinado ninguna limitación jurídica para que ello se produzca de tal manera, por el contrario hemos podido vislumbrar diversas maneras que la legislación comparada y la propia jurisprudencia han presentado como solución a la problemática de las sociedades que son declaradas disueltas de pleno derecho por la causal de falta de pluralidad de socios / Trabajo de investigación

La presente investigación trata sobre el estudio de la posibilidad de clasificar el inicio del proceso arbitral como una causal o factor de paralización de la ejecución de una obra pública; para ello, hemos contextualizado la investigación en el Gobierno Regional de Huánuco. Es evidente que en determinados casos en los que el inicio de un proceso arbitral ha sido usada como una justificación causalista para arribar a la conclusión de que la ejecución de la obra se encuentra paralizada por causa culpa imputable al desarrollo del proceso arbitral, o dicho en otras palabras, la única justificación para que no se continúe con la ejecución de esta es simplemente el inicio del proceso arbitral y sus demás actuaciones arbitrales hasta el momento de que llegue a resolver la controversia en sede arbitral; debido a ello, fue necesario que en la presente investigación planteemos la posibilidad de identificar la regulación de esta figura en la Ley o en Reglamento de Contrataciones del Estado. Partiendo de ello, se propuso indagar mediante la interpretación teórica, el estado del arte y los instrumentos cualitativos de recolección de datos sobre la posibilidad de que el arbitraje sea una causal previa o una causal durante la ejecución del contrato para la paralización del mismo; sumado a ello, así también, se indagó sobre la posibilidad considerativa de tres árbitros de derecho y de dos administradores de obra de la Región de Huánuco, si comparten el criterio desarrollado por la Contraloría de la República. Por dicho motivo, con la finalidad de preservar los objetivos y metas que se tiene para un contrato público, resulta inviable que la ejecución continúe hasta que se resuelva las falencias detectadas dentro de la etapa de ejecución de obras; asimismo, la norma señala la manera de resolver dichas falencias a través del Arbitraje, por ende, su aplicación no puede ser entendida como un factor que paralice la ejecución de la obra, ya que, por actuaciones de los elementos que intervienen desde la planificación hasta la suscripción del contrato. / The present investigation deals with the study of the possibility of classifying the beginning of the arbitration process as a cause or factor of paralysis of the execution of a public work; For this, we have contextualized the research in the Regional Government of Huánuco. It is evident that in certain cases in which the beginning of an arbitration process has been used as a causal justification to reach the conclusion that the execution of the work is paralyzed due to fault attributable to the development of the arbitration process, or in other words In other words, the only justification for not continuing with the execution of this is simply the beginning of the arbitration process and its other arbitration actions until the moment the dispute is resolved in arbitration; due to this, it was necessary that in the present investigation we raise the possibility of identifying the regulation of this figure in the Law or in the State Contracting Regulation. Based on this, it was proposed to investigate through theoretical interpretation, the state of the art and qualitative data collection instruments on the possibility that arbitration is a prior cause or a cause during the execution of the contract for its suspension; In addition to this, as well, the considerable possibility of three legal arbitrators and two construction administrators from the Huánuco Region was inquired about, if they share the criteria developed by the Comptroller of the Republic. For this reason, in order to preserve the objectives and goals of a public contract, it is unfeasible for the execution to continue until the shortcomings detected within the works execution stage are resolved; likewise, the norm indicates the way to solve said shortcomings through Arbitration, therefore, its application cannot be understood as a factor that paralyzes the execution of the work, since, due to the actions of the elements that intervene from the planning to the signing of the contract.

El presente informe tiene como objetivo realizar un análisis jurídico registral y societario –bajo la legislación actual– de la Resolución N° 1928-2011-SUNARP-TR-L, en que el Tribunal Registral resolvió ordenar la inscripción de la extinción de una sucursal de sociedad constituida en el extranjero, cuya sociedad matriz se había extinguido previamente. Esto generó una situación que no se encontraba amparada bajo la normativa societaria y registral aplicable. En tal sentido, el Tribunal Registral argumentó la existencia de una imposibilidad jurídica por parte de la sucursal para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 402 de la Ley General de Sociedades, lo cual generaba un vacío del derecho que debería resolverse aplicando los principios generales del derecho, mediante la integración jurídica. La resolución materia de análisis adquiere relevancia en tanto representa una realidad innegable para nuestro ordenamiento jurídico, en que nuevas situaciones empresariales superan la realidad o los supuestos regulados por la normativa vigente, debido al avance de la dinámica comercial. Al respecto, concluimos que la decisión del Tribunal Registral fue la acertada, pero que careció de un desarrollo jurídico suficiente que pueda dar a conocer su razonamiento y de esta manera evitar argumentos que puedan dar a entender una extralimitación del tribunal en su decisión. Por último, recibe importancia, puesto que abarcaremos diferentes aspectos del Derecho tales como el derecho societario, registral, mercantil y la teoría general del derecho para resolver la presente situación. / This report aims to provide a legal analysis based on Registry and Corporate Law –under the current legislation of Resolution 1928-2011-SUNARP-TR-L, in which the Registry Tribunal ordained the extinction inscription of a branch of a company incorporated abroad, whose parent company had been previously extinguished. This created a situation that was not regulated by the applicable Corporate and Registry Laws. Thus, the Registry Tribunal argued the legal impossibility for the branch to fulfill the requirements stated by article 402 of the General Law of Corporations, which created a legal void to be solved in application of the General Principles of Law by the legal integration method. The relevance of this resolution relies on the fact that it reflects an undeniable reality of our legal system, in which novel corporate situations are ahead of the regulations in force, due to the advances of commercial dynamics. We conclude that although the decision taken by the Registry Tribunal was correct, it lacked a sufficient legal development that could allow an understanding of their reasoning and thus avoid arguments that could imply an excess of the tribunal in its decision. Finally, it is important since we will cover different areas of Law such as Corporate, Registry, Commercial law, and the General Theory of Law to give light to this situation.

La presente Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho, se escribe en un momento en que el debate internacional sobre el cumplimiento de los estándares sociales (normas laborales, ambientales, de salud, seguridad) ha permitido justificar la inserción de un sistema denominado Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa, el mismo que ha evolucionado gracias al impulso de un importante agente económico: las Empresas Transnacionales. Mediante aquel sistema nacido en los años setenta, las Empresas Transnacionales y distintos agentes internacionales políticos y económicos de gran importancia1 , fomentan el desarrollo de sus actividades comerciales con “Responsabilidad Social Empresarial”. Para ello, dentro de este nuevo sistema, se emiten un conjunto de reglas y normas de tipo privadas, ya sean unilaterales o consensuadas con los principales agentes afectados y beneficiarios de su aplicación (sindicatos, proveedores, comunidades, sociedad civil), en donde las Empresas Transnacionales señalan su compromiso y respeto a las buenas prácticas laborales, ambientales, de seguridad laboral, de salud y de acciones sociales.

El presente trabajo aborda la sociedad unipersonal; es decir, aquella conformada por un único socio, tomando en cuenta data estadística de demografía empresarial peruana de los años 2018 a 2022. La actual Ley General de Sociedades peruana establece que para la constitución y marcha de una sociedad es requerida la intervención de dos o más socios. Excepcionalmente, se permite la unipersonalidad para: las empresas estatales, las sociedades autorizadas por ley y toda sociedad por el plazo máximo de seis meses. No obstante, información estadística muestra que en el Perú la mayoría de las empresas que iniciaron o reanudaron sus actividades entre el 2018 y el 2022 adoptaron formas jurídicas unipersonales (persona natural con negocio o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada). Ambas formas presentan desventajas que hacen que optar por ellas no resulte conveniente para los empresarios. Por otro lado, no se puede negar la existencia en el Perú de sociedades que cumplen con la pluralidad de socios únicamente de manera formal y no real (denominadas “sociedades de favor”). El presente trabajo sustenta, desde un enfoque estadístico, la conveniencia de permitir la existencia de sociedades unipersonales en el Perú. Planteamos un cambio normativo que permita la unipersonalidad para la sociedad anónima y la sociedad comercial de responsabilidad limitada. Asimismo, proponemos los principios que la futura regulación de la sociedad unipersonal en el Perú debe seguir, a fin de satisfacer efectivamente las necesidades de los empresarios peruanos y constituirse en un auténtico instrumento de promoción de la actividad empresarial.

El presente trabajo de investigación trata de la aplicación del cluster como modelo organizativo-productivo de la producción de camu camu orgánico en la Región Loreto y de utilizar al e-commerce como el soporte tecnológico para acceder al mercado internacional. Analizando en primer lugar al cluster como modelo organizativo-productivo, que permita la asociatividad de diferentes agentes económicos dedicados a una específica actividad económica y focalizada en una determinada área geográfica. En segundo lugar se evaluara al camu camu orgánico como potencial oferta exportable de la región Loreto. En tercer lugar, se tratará el e-commerce y de su relevancia actual en los negocios internacionales, así como un medio para ofertar productos orgánicos. En la segunda sección, utilizaremos a la asociación público-privada como la figura técnico-jurídica que será el ente rector del cluster y que permitirá la alineación de los diferentes participantes de la organización. Además, de evaluar la cadena de valor del cluster y de las tareas que desempeñaran cada uno de los integrantes del cluster. En la tercera sección, presentaremos, en primer lugar la distribución geopolítica de la Región Loreto, el índice poblacional y el producto bruto interno de la región; así como, la red logística de la región. En el segundo punto de la tercera sección, centraremos nuestro estudio en el desarrollo del diamante de la competitividad de Porter, que determinará la viabilidad de implementar un cluster de camu camu orgánico en la Región Loreto A partir de estos datos, se realizará un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), que nos permita encontrar las estrategias para el desarrollo del cluster de camu camu en la Región Loreto. Definidas las estrategias elaboraremos el cuadro de mando integral como la herramienta actual y moderna que sirva para dirigir el cluster de camu camu orgánico en la Región Loreto, de forma estratégica y con un alto grado de control administrativo. Finalmente, presentaremos la estrategia que deberá aplicar el cluster de camu camu orgánico en la Región Loreto en la utilización del e-commerce, como soporte tecnológico de acceso al mercado internacional. Estableciendo dos etapas en la estrategia comercial en el mercado virtual, la primera usando el soporte que brinda PROMPERU a través del marketplace, que es el portal virtual de la oferta exportadora nacional y posteriormente implementando su propio sitio en la red, constituyendo su consolidación dentro del e-commerce.

En la medida en que van surgiendo nuevas tecnologías que buscan soluciones eficientes para determinados procesos en las sociedades peruanas, surgen nuevos riesgos respecto de los cuales no se está prestando mucha atención: los riesgos digitales legales. La prevención, mitigación y control de riesgos en una sociedad está a cargo de la administración de la misma. Los directorios y gerencias generales, según sea el caso, de las sociedades peruanas, en su rol de administradores, cuentan con un deber bastante relevante para la ejecución de sus funciones. Este deber se llama el deber de diligencia. El deber de diligencia de los administradores está relacionado a sus funciones de cuidado y supervisión de las actividades de una sociedad. Sin embargo, tal como se encuentra regulado el deber de diligencia bajo las normas del gobierno corporativo, no atacaría directamente el problema planteado respecto de los riesgos digitales legales. En ese sentido, el presente trabajo de investigación busca resolver dicho problema desde una perspectiva teórico y práctica: adecuar el deber de diligencia de los administradores de la sociedad a un deber de diligencia digital, como una submateria que considere, en particular, los riesgos digitales legales que surgen en la medida que van implementándose nuevas soluciones tecnológicas. Una adecuada ejecución del deber de diligencia digital por parte de la administración de una empresa, implementado a través de una política interna de uso de nuevas tecnologías y un adecuado sistema de prevención de riesgos en una sociedad, que implemente controles eficientes para prevenir y mitigar riesgos digitales legales, servirá de herramienta eficiente para la ejecución de las laborales de dicha administración.

El problema principal consiste en establecer si se vulneró el derecho del demandante a una debida motivación que justifique que la Sala Comercial declare fundado el recurso de anulación interpuesto contra el cuarto punto resolutivo del laudo. El mencionado punto resolutivo condenó a la Entidad al pago del íntegro de los costos del arbitraje1 tras determinar que no existió pacto entre las partes sobre la distribución de dichos costos y que no hubo una “parte vencida” en el proceso. Por tal motivo, el árbitro evaluó la distribución de los costos aplicando de manera supletoria el artículo 73.1° de la Ley de Arbitraje (en adelante, LDA). Para analizar el problema central, se empleará la LDA en lo referente a la motivación del laudo y los límites de la revisión judicial (artículos 56.1° y 62.2° respectivamente), a la luz de la jurisprudencia constitucional sobre la motivación en sede arbitral, en tanto nuestro ordenamiento permite el control de la motivación del laudo cuando se vulnera el debido proceso. En consecuencia, las Salas Comerciales deben interpretar las causales de anulación del artículo 63.1° sistemáticamente con la duodécima disposición complementaria de la LDA, pues el recurso de anulación es una vía igualmente satisfactoria para controlar la debida motivación arbitral. Finalmente, conforme al artículo 73.1°, se sostiene que el pago de los costos arbitrales le correspondía a la demandada, dado que fue la parte vencida del arbitraje, al haberse declarado la caducidad de oficio de sus pretensiones. / The main problem is to establish whether the plaintiff's right to due motivation was violated and if its alleged violation justifies the Commercial Court’s decision to declare the annulment appeal filed against the fourth operative paragraph of the award well founded. The aforementioned operative paragraph condemned the Entity to pay the full costs of the arbitration after determining that there was no agreement between the parties on the distribution of said costs and that there was no “losing party” in the process. For this reason, the arbitrator evaluated the distribution of costs by additionally applying article 73.1 of the Arbitration Law (hereinafter, AL). To analyze the central problem, the AL will be used in relation to the motivation of the award and the limits of judicial review (articles 56.1° and 62.2° respectively), in light of the constitutional jurisprudence on the motivation in arbitration, in Both our legal system allows control of the motivation of the award when due process is violated. Consequently, the Commercial Court must interpret the grounds for annulment of article 63.1° systematically with the twelfth complementary provision of the AL, since the annulment appeal is an equally satisfactory way to control the due arbitration motivation. Finally, in accordance with article 73.1°, it is maintained that the payment of the arbitration costs corresponded to the defendant, given that it was the losing party in the arbitration, as the expiration of its claims had been declared ex officio.

El problema principal del caso se centra en determinar si la Municipalidad ha infringido el principio de subsidiariedad al llevar a cabo actividades empresariales sin cumplir con lo establecido en el artículo 60 de la Constitución. En caso de confirmarse la infracción, se debe decidir la multa y/o medida correctiva correspondiente. Los problemas secundarios abordados incluyen el análisis del acto de competencia desleal por violación de normas en la modalidad de realización de actividad empresarial sin cumplir lo dispuesto en la Constitución, los criterios para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de los parámetros para graduar de sanción. Los principales instrumentos normativos empleados en el análisis son el Artículo 14.3 del Decreto Legislativo 1044, que tipifica la violación de normas en la modalidad de actividad empresarial sin cumplir lo dispuesto en la Constitución, y los Artículos 52 y 53 que establecen los parámetros y criterios para la imposición de sanciones. En cuanto a las conclusiones más relevantes, se destaca la necesidad de una mejor argumentación y motivación respecto al análisis de si efectivamente estamos ante una actividad empresarial del Estado habilitada por ley expresa. Así mismo, para determinar el monto de la sanción, proponemos una calificación directa de “Muy grave” considerado cada caso de actividad empresarial del Estado sin respetar la subsidiariedad, como tal. Esta propuesta busca garantizar la proporcionalidad y objetividad en el ejercicio de la potestad sancionadora, teniendo en cuenta el impacto tanto microeconómico como macroeconómico de las resoluciones en el mercado. / The main issue in this case is determining whether the Municipality has violated the principle of subsidiarity by engaging in business activities without adhering to Article 60 of the Constitution. If the violation is confirmed, the appropriate fine and/or corrective measure must be decided. Secondary issues addressed include the analysis of the act of unfair competition by breaching norms through conducting business activities without complying with the Constitution, the criteria for determining the severity of the violation, and the application of parameters for sanction gradation. The primary legal instruments utilized in the analysis are Article 14.3 of Legislative Decree 1044, which typifies the breach of norms in the modality of business activities without adhering to the Constitution, and Articles 52 and 53, which establish the parameters and criteria for imposing sanctions. Among the most relevant conclusions, the need for better argumentation and reasoning regarding whether we are indeed dealing with a state business activity authorized by express law is highlighted. Furthermore, to determine the sanction amount, we propose a direct classification of "Very Serious" for each case of state business activity that does not respect the subsidiarity principle. This proposal aims to ensure proportionality and objectivity in the exercise of sanctioning authority, considering both the microeconomic and macroeconomic impacts of resolutions on the market.