¿Es el Derecho Procesal Constitucional parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo de la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo, para ello, por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinantes para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitiría la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales; ergo, en realidad el Derecho Procesal Constitucional constituye parte del derecho procesal.Para demostrar ello, el autor desarrollará el concepto del proceso y concluirá señalando que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

¿El Derecho Procesal Constitucional es parte del Derecho Constitucional? ¿Es correcta la noción por la cual en aras de la defensa de la Constitución, las reglas procesales deben estar siempre por debajo a la misma, pudiéndose modificar si es que la defensa de la Constitución lo requiere? Aquellas interrogantes serán resueltas por el autor en el presente artículo, partiendo para ello por una introducción sobre la importancia y evolución de la Tutela de la Constitución en el tiempo, pasando luego a una distinción de conceptos determinante para el autor: el Derecho Procesal Constitucional no es parte del Derecho Constitucional, toda vez que de serlo, dicha afirmación permitirá la comisión de graves violaciones a garantías constitucionales procesales, por ello, en realidad el Derecho Procesal Constitucional, constituye parte del derecho procesal. Para ello, y desarrollando el concepto del proceso, el autor concluirá que la crítica al proceso no es más que una mala concepción de lo que verdaderamente significa el derecho procesal, al entenderlo como un conjunto de garantías que están al servicio del derecho material a través de la garantía de la Tutela Jurisdiccional.

Nuestro trabajo de investigación aborda el espinoso tema del fraude procesal consumado; es decir, aquel escenario en que la víctima del fraude procesal lucha por enervar los efectos de una sentencia (o acto equiparado a ella) fraudulenta pasada en autoridad de cosa juzgada. La justificación de nuestra investigación se halla en los problemas que suscita, actualmente, el remedio que le ha procurado nuestro Código Procesal Civil: el proceso de “nulidad de cosa juzgada fraudulenta”. Por su parte, nuestros objetivos son: i) Demostrar la deficiente técnica procesal de nuestro legislador en la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil; la misma que no permite a las víctimas del fraude procesal recibir una adecuada y efectiva tutela jurisdiccional para enervar los efectos de la «cosa juzgada fraudulenta»; ii) Demostrar que el fraude procesal es una conducta humana que ocasiona vicios de procedimiento y de juicio; y que, por ende, no se trata de un vicio más del proceso, sino de un causante más de los mismos; y iii) Demostrar la conveniencia de no establecer un plazo para enervar la «cosa juzgada fraudulenta», y que dicha medida no atenta contra la seguridad jurídica. La hipótesis que nos hemos planteado es la siguiente: «La regulación del artículo 178 CPC no responde a las exigencias de un Estado Constitucional, ni permite que se pueda brindar tutela jurisdiccional efectiva a la víctima del fraude procesal en nuestro país». La metodología que empleamos es la histórico-dogmática y, en la medida de nuestras posibilidades, comparativa. Finalmente, nuestra conclusión principal es que la técnica procesal empleada por nuestro legislador respecto a la regulación del artículo 178 de nuestro Código Procesal Civil es deficiente. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En la presente memoria se investigará sobre cómo resuelve la Corte Suprema los recursos de nulidad que solicitan la exclusión de la prueba por haber sido obtenida con infracción de los derechos fundamentales del imputado, en su jurisprudencia más reciente (período 2014- 2016). Para ello, se revisará el concepto de la prueba ilícita, sus clasificaciones, y su importancia dentro de las finalidades del proceso penal. Además, se expondrán las diversas posturas que han existido en torno a las consecuencias jurídicas de esta institución, se analizará su operatividad en Chile, y las oportunidades procesales previstas por el ordenamiento jurídico para hacer valer su ineficacia. Finalmente, se efectuará un análisis crítico de las principales sentencias dictadas por la Corte Suprema durante este lapso, donde se examinarán los razonamientos seguidos para excluir la prueba o confirmar las sentencias, todo esto mediante la utilización un esquema objetivo que permite razonar en base a los derechos fundamentales del imputado. Palabras clave: Prueba ilícita; derechos fundamentales del imputado; regla de exclusión; jurisprudencia de la Corte Suprema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Durante muchos años, la víctima de un ilícito fue desatendida por el ordenamiento jurídico penal, sin embargo, en el último tiempo, su figura ha cobrado gran relevancia, particularmente en lo que dice relación a la participación dentro del proceso y a los derechos que ésta posee; fruto de ello, diversos países han elaborado leyes de carácter general, centradas en ella, que tienen por objeto la consagración de novedosos derechos, la creación de órganos o institucionalidad nueva a cargo de su aseguramiento, y el establecimiento de complejos deberes para éstos. En el presente trabajo, analizaremos la legislación procesal penal de cuatro países, a saber, Chile, España, México y Argentina, y las respectivas leyes de víctima que los últimos tres han promulgado; con el objetivo, de comparar el catálogo de derechos consagrados a favor del ofendido por el delito, las diversas formas de participación que tiene, y cómo se configura -y concreta- su derecho a la reparación. Todo ello, orientado a buscar aspectos positivos, que puedan replicarse, favoreciendo el tratamiento jurídico de la víctima en nuestro país.

Tesis (Magister en derecho del trabajo y seguridad social) / Actividad formativa equivalente a Tesis (AFET) / El artículo 429 del Código del Trabajo, consagra la facultad del juez laboral de decretar prueba de oficio. Esta facultad infringe el principio de igualdad procesal, hipotecando la imparcialidad del juez e instrumentalizándolo para alcanzar los fines estatales relativos a la justicia social y al equilibrio de la asimetría en la relación entre trabajador y empleador. Analizados los elementos de la igualdad procesal se confirma que la proyección del principio protector en el procedimiento laboral no es fundamento suficiente para cercenar la igualdad procesal, bajo el pretexto de estar consagrando una diferencia no arbitraria, puesto que afecta el derecho en su esencia, haciéndolo irreconocible. Más todavía si se tiene presente que mediante otro tipo de políticas públicas es posible lograr el mismo resultado, sin transferir al Tribunal la imposible tarea de alcanzar la verdad real impregnándole un sesgo político a su labor.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente investigación se construirá a partir del estudio analítico de las consecuencias derivadas de la relación entre la flexibilidad laboral y la configuración del despido como figura anómala dentro de las relaciones de trabajo. La flexibilidad laboral constituye uno de los principios más incipientes dentro del derecho del ramo y se circunscribe a las imposiciones modernas de las relaciones laborales y de la realidad socio-económica que afecta a las empresas. En consecuencia, nuestro estudio someterá a análisis la tensión existente entre el referido principio y aquellos asentados de manera uniforme en el ámbito tutelar del Derecho del Trabajo, tales como el principio de estabilidad en el empleo y el de continuidad laboral, a modo de determinación de la vigencia del principio de flexibilidad externa del mercado laboral, reclamado por los imperios económicos de la fuerza empresarial, así como por la relectura del valor social y económico del trabajo. En tal sentido, el presente estudio responde a la exigencia de examinar los alcances de la irrupción del despido por necesidades de la empresa dentro del modelo típico de relación de trabajo concebido por nuestro sistema jurídico-laboral, en orden a demostrar la interpelación configurada por el principio de flexibilidad laboral y por la resistencia de la judicatura que ha venido sancionando la aplicación de la causal económica del artículo 161 del Código del Trabajo.

No description available.

En julio de 2004, fue promulgado y publicado el actual Código Procesal Penal peruano. En el presente artículo, el autor analiza la relación entre lo establecido en esta norma y los principios constitucionales.Para ello, explora cuál es el fundamento constitucional de lo estipulado en el nuevo Código Procesal Penal.Asimismo, analiza de forma detallada los artículos del Título Preliminar de la norma y señala en qué principios constitucionales, tales como la presunción de inocencia, la tutela procesal efectiva, la legitimidad de la prueba, el derecho de defensa,entre otros, encuentran su concordancia con la Constitución.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente Memoria consiste en un análisis de la prueba pericial en el procedimiento de aplicación general establecido en el Código del Trabajo. Para ello, primero se exponen las características de este medio probatorio a nivel teórico. Luego, se compara la regulación existente de la prueba pericial en los diferentes procedimientos de nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, se describen sus características en el contexto del proceso laboral, regido por ciertos principios formativos tales como la inmediación, la oralidad y la publicidad. Con dichos elementos se formula la que a nuestro juicio es la forma óptima de proposición, designación y valoración probatoria de este medio, así como el tipo de peritaje que debe existir en este procedimiento a fin de respetar sus principios y restringir los riesgos potenciales derivados del uso de este tipo de prueba, que puede tener mucha influencia en la decisión del tribunal. / 22/11/2017