Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Recurso Extraordinario como una de las herramientas de la Reforma Procesal Civil ha venido a instaurar innumerables discusiones, críticas, y dudas. Por su parte, el Recurso de Unificación de Jurisprudencia Laboral operativo ya en el sistema jurídico, con una estructura similar al Recurso Extraordinario ha debido sortear críticas casi idénticas en muchos aspectos. Realizando un análisis de sus similitudes y diferencias, considerando las críticas que han sufrido ambos a partir de ellas, es que este trabajo de investigación pretende realizar una propuesta diferente sobre la base de respuestas encontradas en el Derecho comparado, y algunas existentes en la doctrina, para así solucionar las falencias del proyecto de ley. Queriendo vislumbrar igualmente acerca de la necesariedad y utilidad de la reforma, se hará también un análisis comparativo en relación al Recurso de Casación, y su función de unificación de jurisprudencia, atendiendo a la deseabilidad o no de un sistema basado en jurisprudencia vinculante, y su factibilidad de aplicación en nuestro país. Este trabajo finalmente, buscará responder a los cuestionamientos constitucionales que ha planteado la doctrina, de forma que sorteado este cortapisas último se pueda desarrollar una propuesta multifacética, que aunque alejándose del proyecto, rescate de este sus elementos esenciales.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Las medidas de seguridad se encuentran contempladas como una de las posibles reacciones jurídicas ante la comisión del delito. A diferencia de la pena, impuesta sobre la base de la culpabilidad, la medida de seguridad se funda en la peligrosidad del individuo. Esta memoria analizará esta institución a la luz del derecho constitucional y de la dogmática penal. Así, partiendo desde los consensos elementales exigibles dentro de un estado democrático de derecho, se realizará un examen crítico de la regulación legal y reglamentaria de las medidas de seguridad en el ordenamiento nacional, detectando sus principales falencias e inconsistencias, así como las diversas vulneraciones a los derechos fundamentales que pueden ocasionarse con su imposición.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La imposibilidad de alcanzar la verdad en el contexto de todo proceso judicial, supone la existencia de potenciales riesgos de error: riesgo de condenas falsas y riesgo de absoluciones falsas. Los riesgos recién señalados no son los mismos en todo tipo de procedimientos judiciales, o al menos, no tienen el mismo contenido en cuanto a los bienes jurídicos que afectan, en consecuencia, no todos los riesgos tienen el mismo costo relativo. La elección de un determinado estándar de prueba para un determinado tipo de proceso judicial consiste en una elección político valorativa por distribuir la prevalencia de esos determinados riesgos que inevitablemente podrán producirse. La Ley Nº 20.393 de 2009, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no específica de manera expresa en su articulado el estándar de prueba aplicable para este tipo de procedimiento, sin embargo, la misma Ley señala expresamente que las cuestiones de orden procesal no tratadas allí, se remiten a las reglas generales establecidas en el Código Procesal Penal y otras Leyes especiales que sean aplicables. A partir de lo anterior, se ha aplicado en materia de procedimiento penal el idéntico estándar de prueba exístete respecto de las personas físicas o naturales para las personas jurídicas, esto es, el exigente estándar de prueba más allá de toda duda razonable. En el siguiente trabajo se critica la aplicación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable en el procedimiento penal contra la persona jurídica, y se propone que es posible utilizar otro estándar de prueba. La diferente naturaleza de las penas que arriesga la persona jurídica respecto de la persona natural o física, supone que los bienes jurídicos afectados con el potencial error en la condena existente en el primer tipo de procedimiento difieren respecto de los bienes jurídicos afectados con el potencial error de condena existente en el segundo. Las personas jurídicas jamás arriesgarán penas privativas o restrictivas de libertad ambulatoria o de desplazamiento como la persona física o natural, y por lo tanto, es posible la aplicación de un estándar menos exigente.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / 19/10/2019

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria tiene por objeto determinar cómo deben valorar la prueba los árbitros arbitradores en los juicios que están sometidos a su conocimiento. Para ello, se revisarán tanto los aspectos más relevantes del arbitraje y la figura de los árbitros arbitradores, como las nociones fundamentales respecto de la prueba civil en general y asimismo los distintos sistemas de valoración de las pruebas. Teniendo claros estos conceptos generales, se realizará un análisis de los mismos a efectos de establecer el sistema de valoración de las pruebas que deberán utilizar los arbitradores en sus juicios, tomando en cuenta también los medios de impugnación disponibles para las partes respecto de los fallos de éstos árbitros y los principios generales del debido proceso.

El objetivo del trabajo lo constituye el estudio del principio del proceso debido (due process of law, en su formulación originaria). La investigación trata de determinar el inicial significado y la evolución posterior del principio a lo largo de los varios siglos en los que tiene vigencia. Pero sobre todo, y desde una perspectiva contemporánea, mediante el empleo de materiales legislativos, doctrinales y jurisprudenciales, se pretende fijar su exacto alcance en los EEUU de norteamérica, la recepción en el derecho europeo, a través de Alemania y, finalmente, tratamos de determinar qué lugar ocupa el principio del proceso debido en el ordenamiento español.

El derecho de defensa y a la asistencia letrada es un derecho fundamental que en el proceso penal ante la Corte Penal Internacional adquiere su mayor trascendencia pues estamos ante el primer tribunal penal internacional de carácter permanente.

En esta oportunidad, el doctor Sagüés nos introduce en la búsqueda de los antecedentes del derecho procesal constitucional desde la Constitución de Bedoya de 1808. Se analiza los derechos y garantías que desarrollaron lo que hoy en día concebimos como el procedimiento constitucional. Posteriormente se realiza un análisis de la constitución de Cádiz de 1812 y como regulo el procedimiento, sus garantías y prerrogativas. Se culmina el artículo desarrollando los principales institutos del derecho procesal constitucional como los recursos de nulidad, un análisis del habeas corpus y las garantías del debido proceso. On this occasion, Dr. Sagüés introduces us into finding the history on constitutional procedural law starting with the Constitution of Bedoya (1808). He analyzes the rights and guarantees that developed of what today we think of as the constitutional procedure. Subsequently, an analysis of the Constitution of Cadiz of 1812 is done as how it regulated the procedure, its guarantees and prerogatives. The article ends developing the main provisions of constitutional procedural law such as invalid resources, an analysis of habeas corpus and guarantees of due process.

En el presente trabajo de investigación se desarrolla y analiza la problemática de la teoría de la prueba ilícitamente obtenida -obtención de fuentes y medios de prueba con vulneración de los derechos fundamentales-, para ello se hace uso de la doctrina, jurisprudencia y legislación nacional, haciéndose una evaluación del estado actual de la cuestión, y del derecho comparado. Se destaca el análisis que realiza la Corte Suprema de los últimos años en cuanto a la aplicación de excepciones a la denominada regla exclusión de la prueba ilícitamente obtenida en nuestro país, evaluándose cuales constituyen verdaderas excepciones, además si son acorde con nuestro Sistema Jurídico y Estado Constitucional de Derecho, haciendo uso también de la doctrina y jurisprudencia en el derecho nacional y comparado. Finalmente se buscar plantear una solución al problema propuesto. / In the present work of investigation is developed and analyzes the problematic of the theory of the illicitly obtained evidence (exclusion rule)- Obtaining sources and means of evidence in violation of fundamental rights-, for that use is made of doctrine, jurisprudence and national legislation, an evaluation of the current state of the matter and comparative law. lt highlights the analysis that made the Supreme Court in recent years regarding the application of exceptions to the rule exclusion of evidence illegally obtained in our country, evaluating which are true exceptions and also if they are in accordance with our Legal System and Constitutional State of Law, making use also of doctrine and jurisprudence in national law and compared. Finally, we try to propose a solution to the proposed problema. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito central de este trabajo consiste en analizar el principio de objetividad que debe guiar la actividad persecutora del Ministerio Público como órgano exclusivo a cargo de la dirección de la investigación penal. Éste es concebido por nuestro sistema procesal penal como una consecuencia directa del principio de legalidad y viene a entregar una directriz fundamental que debe guiar la actividad investigativa del Ministerio Público, lo que se traduce en el deber de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan de ella, la extingan o atenúen. Lo anterior nos plantea inmediatamente la idea de que nuestro legislador ha entendido la función del Ministerio Público no como un persecutor a ultranza, sino muy por el contrario, éste tendría una función consistente en ser lo que algunos llaman “custodio de la ley”, imprimiéndole características, que en opinión de parte de la doctrina lo alejan de su real misión en el sistema procesal penal, razón por la que se han formulado fuertes críticas respecto de su existencia, postulándose incluso su abolición de nuestro sistema y su reemplazo por otros principios que impliquen deberes acordes con la misión del Ministerio Público como ente persecutor. Nuestro estudio se basará en analizar las distintas críticas que se han formulado al respecto y comprobar que tan razonables resultan ser éstas, para formular finalmente una propuesta al respecto