A partir de la evaluación de calidad ambiental realizada en el 2019 por el OEFA, detectó excesos en los Estándares de Calidad Ambiental-ECA de los cuerpos receptores de Aire y Ruido en el Corredor Vial minero Apurímac-Cusco en la provincia de Chumbivilcas, los cuales fueron atribuidos a la actividad de transporte de minerales de la empresa Las Bambas. Al respecto, se sostiene que el requerimiento de Modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental dictado mediante Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA Nº 010- 2020-OEFA/TFA-SE plantea una problemática en relación a (i) las garantías procesales del administrado, que son conexas a los principios de razonabilidad, legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica; (ii) así como al respeto del derecho constitucional a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado y por consiguiente, el derecho a la salud de las poblaciones colindantes con el Corredor Vial en Chumbivilcas. La facultad otorgada a la autoridad de fiscalización ambiental de requerir la Modificación de Evaluación de Impacto Ambiental resulta muy eficaz para la prevención de impactos negativos ambientales ocasionados por proyectos en marcha. No obstante, es de suma importancia las medidas administrativas respondan al criterio de razonabilidad y no terminen siendo onerosas e innecesarias y que finalmente terminen perjudicando a un administrado que desarrolla su actividad económica en cumplimiento de sus obligaciones y compromisos ambientales. En otras palabras, OEFA como autoridad de fiscalización ambiental debe lograr, mediante el dictado de medidas, garantizar un equilibrio entre la actividad minera y la protección ambiental. / From the environmental quality assessment, conducted by the OEFA in 2019, it detected excesses in the Environmental Quality Standards-ECA of the receiving bodies of Air and Noise in the Apurimac-Cusco Mining Road Corridor in the province of Chumbivilcas, which were attributed to the mineral transportation activity of the company Las Bambas. In this regard, it is argued that the request for Modification of the Environmental Impact Assessment issued by Resolution No. 010- 2020-OEFA/TFA-SE of the Environmental Oversight Tribunal of the OEFA raises a problem in relation to the procedural guarantees of the affected party, which are related to the principles of reasonableness, legality, proportionality and legal certainty; as well as respect for the constitutional right to enjoy a healthy and balanced environment and therefore, the right to health of the populations adjacent to the Road Corridor in Chumbivilcas. The power granted to the environmental oversight authority to require the Environmental Impact Assessment Modification is very effective for the prevention of negative environmental impacts caused by ongoing projects. However, it is of utmost importance that the administrative measures respond to the criterion of reasonableness and do not end up being onerous and unnecessary and that finally end up harming an administered party that develops its economic activity in compliance with its environmental obligations and commitments. In other words, OEFA as an environmental control authority must achieve, through the issuance of measures, to ensure a balance between mining activity and environmental protection.

El objeto del presente artículo académico es determinar si entre los años 2011 a 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA ha realizado sus funciones de supervisión y fiscalización ambiental de manera idónea ante la ocurrencia de derrames ocasionados por las actividades de hidrocarburos en el mar y; por tanto, ha cumplido efectivamente con prevenir la producción de daños al ambiente y/o buscar su remediación. Para tales efectos, se analiza la normativa ambiental vigente que determina las competencias del OEFA para fiscalizar un derrame de hidrocarburos en el mar y las medidas de mitigación y control que pueden ser debidamente exigidas por esta entidad a los titulares de actividades de hidrocarburos ante este supuesto. Asimismo, se evalúan los posibles incumplimientos imputados a los administrados en caso se identificara la generación de un impacto ambiental negativo o un daño ambiental causado por el derrame de hidrocarburos, realizando a su vez una distinción entre estos conceptos. La evaluación de la aplicación de dicha normativa se desarrolla en base a dos (2) casos concretos de procedimientos administrativos sancionadores a los que se ha tenido acceso y que fueron seguidos por el OEFA debido a derrames de hidrocarburos producidos en el mar durante el período de tiempo previamente señalado. En ese contexto, de la evaluación realizada en este artículo ha sido posible identificar una serie de vulneraciones a principios administrativos que deberían regir la actuación del OEFA durante la fiscalización ambiental. Siendo este el caso, se concluye que entre los años 2011 y 2015 esta entidad no ha cumplido con ejercer sus funciones de supervisión y fiscalización ambiental de manera efectiva ante derrames de hidrocarburos en el mar. Por ello, resulta necesario que se implementen mejoras desde la etapa de supervisión para garantizar que sus funciones en materia ambiental sean ejecutadas en observancia del marco regulatorio vigente y permitan lograr el fin de proteger el medio ambiente.

El presente trabajo busca realizar un análisis de las medidas administrativas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, “OEFA”), las cuales deben de responder a la naturaleza de los hallazgos detectados en las supervisiones. En tal sentido, se parte de la hipótesis de que las medidas administrativas no estarían siendo impuestas por la autoridad considerando la naturaleza de los hallazgos, sino que estaría apelando a elementos – en términos de política de gestión – que no responden a lo previamente establecido, generando así la desnaturalización del rol fiscalizador del OEFA. Sin embargo, la información recopilada y entregada por la autoridad no permite la confirmación de la hipótesis, pero sí da lugar a un análisis adicional respecto a la real funcionalidad de las medidas administrativas, identificando problemas y planteando soluciones de mejora, dirigidas a salvaguardar la protección del medio ambiente.

En la presente investigación se analiza los monitoreos participativos y los monitoreos comunitarios surgidos con relación al proyecto minero Tintaya-Antapaccay en la provincia de Espinar, Cusco. Para ello, se hace uso de la metodología cualitativa. Por un lado, se analiza los monitoreos participativos ejecutados por la Empresa minera y por instituciones del Estado como el OEFA y la ANA. En este tipo de monitoreos destaca la desigualdad en el conocimiento, en tanto se privilegia el conocimiento técnico y se silencia el conocimiento no técnico. Asimismo, resalta la desigualdad en el nivel de participación de los actores involucrados. Mientras el Estado o la empresa minera dirigen los monitoreos, la participación de la sociedad civil es a un mínimo nivel, de asistentes u observadores del monitoreo. Por otro lado, se analiza los monitoreos comunitarios como una iniciativa de ciencia ciudadana, planteada por la sociedad civil, en este caso de la Asociación de Vigilantes y Monitores de Espinar (AVMAE), que aglomera comunidades campesinas, organizaciones sociales de la provincia, entre otros. Este tipo de monitoreos comunitarios logra superar desigualdades planteadas en los monitores participativos del Estado y empresa. En los monitoreos comunitarios la sociedad civil, poseedora del conocimiento no técnico, se apropia del conocimiento técnico, integrando así ambos tipos de conocimiento. Asimismo, la sociedad civil juega un rol protagónico, su participación es de mayor nivel, ya que dirige el monitoreo. En este sentido, los monitoreos comunitarios superan desigualdades planteadas en los monitoreos participativos. / This research analyzes the participatory monitoring and community monitoring that have arisen in relation to the Tintaya-Antapaccay mining project in the province of Espinar, Cusco. For this purpose, a qualitative methodology is used. On the one hand, we analyze the participatory monitoring carried out by the mining company and by state institutions such as OEFA and ANA. In this type of monitoring, inequality in knowledge stands out, as technical knowledge is privileged and non-technical knowledge is silenced. It also highlights the inequality in the level of participation of the actors involved. While the State or the mining company directs the monitoring, the participation of civil society is at a minimum level, as assistants or observers of the monitoring. On the other hand, community monitoring is analyzed as a citizen science initiative, proposed by civil society, in this case the Association of Watchmen and Monitors of Espinar (AVMAE), which brings together peasant communities, social organizations of the province, among others. This type of community monitoring overcomes the inequalities that arise in participatory monitoring by the State and the company. In community monitoring, civil society, which possesses non-technical knowledge, appropriates technical knowledge, thus integrating both types of knowledge. Likewise, civil society plays a leading role, its participation is at a higher level, since it directs the monitoring. In this sense, community monitoring overcomes the inequalities found in participatory monitoring.

Con este tema de investigación se busca analizar la categoría jurídica de medida administrativa; específicamente las medidas preventivas, medidas correctivas y medidas cautelares; que impone la administración en el ámbito de su potestad fiscalizadora y sancionadora. En este orden de ideas, se ha elegido al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante OEFA) debido a la importancia que tiene esta entidad en proteger y preservar el bien jurídico medio ambiente de las actividades económicas que desarrollamos continuamente, específicamente en el sector de hidrocarburos. En ese sentido, se analiza cómo se han definido estas medidas administrativas en el ámbito del OEFA y si estas se aplican de forma apropiada a los administrados; verificando así que se cumplan con el fin proteger y resguardar el medio ambiente, pero sin dejar de lado las garantías que se señalan en el ordenamiento jurídico. En razón de ello, se analiza la doctrina correspondiente que ha abordado el tema, así como, diversos casos en los cuales se ha determinado imponer medidas administrativas. Por consiguiente, se determina que la conceptualización de las medidas administrativas aplicadas por el OEFA no cumple con la descrito en la doctrina; asimismo, se vulnera el ordenamiento jurídico al no aplicar apropiadamente los principios reconocidos en este, lo cual ocasiona que no se tutele correctamente el bien jurídico medio ambiente al momento de asignar una medida administrativa y se genere inseguridad jurídica al administrado.

La noción del derecho ambiental ha ido transformándose en el tiempo, no solo ello sino también los mecanismos de protección y la manera de cómo la autoridad administrativa resuelve. A partir del año 2013, con la entrada en vigencia de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA (actualmente modificada por la Resolución del Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD), el OEFA cuenta con una metodología para el cálculo de las multas ante infracciones ambientales, dentro de ella, las que son cometidas por empresas del subsector de hidrocarburos. El cual, le permite otorgar mayor predictibilidad a las sanciones que emite, constituyendo de acuerdo a la mayoría de autores en un referente en cuanto al cálculo de sanciones para otras entidades que aún no cuentan con un método. No obstante, si bien el OEFA realiza el cálculo de la multa mediante un método, que consiste en una fórmula matemática regulada por su normativa, generando mayor predictibilidad en sus sanciones, estas pueden tener algunas falencias si solo es de aplicación dicha fórmula. En virtud de ello, el presente trabajo académico, pretende cuestionar algunas resoluciones del subsector de hidrocarburos emitidas por el OEFA, al no encontrarse lo suficientemente motivadas ante la falta de desarrollo detallado del principio de razonabilidad en sus resoluciones, partiendo de que constituye una garantía para los administrados que esperan una declaración del OEFA

El objetivo general del trabajo es identificar los vacíos normativos que identificamos en procedimientos administrativos sancionadores, y como ante dicho contexto, la Administración Pública puede incurrir en vicios que vulneren los derechos a los administrados sujetos a su competencia. Pero, este análisis no solo tiene por objetivo identificar dichas falencias y vacíos normativos, sino también plantear soluciones que permiten contribuir de mejor manera en la actuación de la Administración Pública. Los instrumentos que se ha utilizado en presente trabajo es el marco normativo que aplica al sector ambiental dentro un procedimiento administrativo sancionador, la jurisprudencia que aborda los principios del procedimiento administrativo y la doctrina que aborda temas no solo de principios sino también temas como procedente vinculantes en materia administrativa. En ese sentido, entre las principales conclusiones en que llega en el análisis de un caso surgido entre la Empresa Administradora Chungar y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es que, se ha vulnerado claramente los principios que rigen el procedimiento administrativo sancionador, y que, por ende, correspondía a uno de los órganos que se interviene dentro del procedimiento que declare la nulidad de lo actuado, pero al no pasar esto, tiene por resultado emitir un precedente vinculante que contraviene el marco normativo aplicable. / The general objective of the work is to identify the regulatory gaps that we identify in administrative sanctioning procedures, and as in this context, the Public Administration may incur in vices that violate the rights of the administrations subject to its competence. However, this analysis is not only intended to identify these gaps and regulatory gaps, but also to propose solutions that allow a better contribution to the performance of the Public Administration. The instruments that have been used in this work are the normative framework that applies to the environmental sector within an administrative sanctioning procedure, the jurisprudence that addresses the principles of the administrative procedure and the doctrine that addresses issues not only of principles but also issues such as binding in administrative matter. In this sense, among the main conclusions reached in the analysis of a case that arose between the Chungar Administrative Company and the Environmental Assessment and Enforcement Agency, is that the principles that govern the administrative sanctioning procedure have been clearly violated, and that Therefore, it corresponded to one of the bodies that intervenes within the procedure to declare the nullity of the action, but when this does not happen, the result is to issue a binding precedent that contravenes the applicable regulatory framework.

El trabajo de investigación identifica un problema público que surge por una reducida participación ciudadana en la emisión de observaciones, comentarios o sugerencias a los proyectos normativos elaborados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA debido a que, durante el período del 2016 al 2019 se ha evidenciado que el número de participantes efectivos no supera ni el 1 % de los participantes potenciales (administrados del OEFA y EFA de nivel nacional, regional y local). Entre las principales causas del problema público identificado se encuentra la ausencia de procedimientos claros y específicos, la falta de conocimiento sobre las oportunidades para participar, así como una débil promoción de los procesos de participación toda vez que, la ciudadanía interesada en temas de fiscalización ambiental no cuenta con los canales idóneos ni recibe de manera oportuna la información pertinente que les garantice su derecho constitucional a la participación. Para solucionar este problema público se propone el diseño, creación e implementación de un Sistema de Regulación y Participación en Fiscalización Ambiental (SIREFA), la cual elevaría la participación ciudadana en la emisión de observaciones, comentarios o sugerencias a los proyectos normativos elaborados por el OEFA. Este sistema es una herramienta tecnológica intuitiva que cuenta con cuatro (4) componentes que le permite, tanto a las y los usuarios internos (servidores(as) civiles del OEFA), así como a las y los usuarios externos (ciudadanía en general), acceder a los textos en formato editable de los proyectos normativos y realizar los aportes pertinentes, de manera fácil y rápida, generando de esta forma, buenas prácticas de gestión pública en la categoría consulta y participación ciudadana, al constituirse en una de las primeras plataformas de su naturaleza en América Latina y El Caribe. El prototipo del SIREFA es un proyecto viable en su desarrollo e implementación toda vez que, garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía y, al mismo tiempo, se ha justificado que el SIREFA contaría con viabilidad, deseabilidad y factibilidad debido a que, la propuesta se alinea al planeamiento estratégico de la entidad para la mejora normativa y digitalización; y sobre todo se construye sobre las experiencias de optimización de los procesos digitales para la participación de actores clave de sus procesos. / The research work identifies a public problem that arises from a reduced citizen participation in the issuance of observations, comments or suggestions to the normative projects prepared by the Environmental Assessment and Enforcement Agency - OEFA because, during the period from 2016 to 2019 the number of effective participants does not exceed 1 % of potential participants. Among the main causes of the identified public problem is the absence of clear and specific procedures, the lack of knowledge about the opportunities to participate, as well as a weak promotion of the participation processes, since the citizens interested in environmental enforcement issues do not have the appropriate channels nor do them receive in a timely manner the pertinent information that guarantees its constitutional right to participation. To solve this public problem, the design, creation and implementation of a System of Regulation and Participation in Environmental Enforcement (SIREFA) is proposed, which would increase citizen participation in the issuance of observations, comments or suggestions to the normative projects prepared by the OEFA. This system is an intuitive technological tool that has four (4) components that allow internal as well as external users, to access the texts of the normative projects in editable format and allows them to register the observations, comments or pertinent suggestions, easily and quickly, thus generating good public management practices in the category of citizen consultation and participation, by becoming one of the first platforms of its kind in Latin America and the Caribbean. The SIREFA prototype is a viable project in its development and implementation since it guarantees the right to citizen participation, in a simple and fast way access to the texts of the normative projects, in editable format, justifying that the SIREFA has viability, desirability and feasibility because the proposal is aligned with the entity's strategic planning for regulatory improvement and digitization; and, above all, it is built on experiences of optimization of digital processes for the participation of key actors in their regulatory processes.

Esta tesis trata tres temas diferentes: (1) El efecto de la distribución del ingreso sobre los niveles de conflicto; (2) el efecto de la descentralización sobre la corrupción; (3) el efecto del número de partidos sobre las negociaciones parlamentarias. Primero, se muestra que bajos ciertas circunstancias una menor desigualdad no implica un menor nivel de conflicto. Así, contrario a la creencia común, una mejora en la distribución del ingreso no siempre reduce la intensidad de los conflictos. Segundo, se muestra que la descentralización política no necesariamente reduce la corrupción cuando existen elites locales poderosas. Esto explica el poco existo que han tenido las reformas de descentralización en países en vía de desarrollo. Por último, se prueba que un mayor número de partidos no siempre vuelve más complejas las negociaciones parlamentarias. El que un partido de gobierno prefiera negociar con muchos o pocos partidos depende críticamente del nivel de polarización ideológica. / This thesis deals with three different topics: (1) The effect of income distribution on conflict intensity; (2) the effect of decentralization on corruption; (3) the effect of the number of parties on the negotiation outcomes in a legislature. First, we show that under certain circumstances more income equality does not imply less conflict intensity. Thus, opposite to the common wisdom, it is not always true that improvements in income distribution reduce the level of conflict. Second, we show that political decentralization may not be successful in reducing corruption in the presence of powerful local elites. This result explains the low impact of the decentralization reforms on corruption in developing countries. Finally, we prove that a large number of parties does not necessarily complicate the policymaking process in a legislature. Whether a government party prefers to negotiate with many or some few parties depends critically on the level of ideological polarization.

A proper normative interpretation is undoubtedly one of the pillars of Law, all this thanks that brings a juridical security level and predictability to all the parties involved. In that sense the author submits a critique about the criteria that have been emitted by the diverse public  organisms  in  environmental  material,  specifically  with  the  juridical  concept  of«environmental damage» in the excess inside Maximum Permissible Limit. Also the article presents an objective focus through a temporal development of diverse administrative resolutions, which are established as incorrect on the basis of a wide and forced interpretation about environmental damage, concept applied not only in a case with real effects, but also potential ones. Finally, this is provided by the author as a defect, that although actually exists a remedial intention, this must begin from a clear conceptual framework in normative and resolutive topics by equal. / Una debida interpretación normativa, se constituye sin duda alguna, como uno de los pilares del Derecho, ello gracias a que otorga un nivel de seguridad jurídica y predictibilidad a todas la partes involucradas. Es en ese sentido, que el autor sostiene una crítica sobre el criterio que han venido emitiendo en instancia administrativa diversos organismos públicos en materia ambiental, específicamente con respecto al concepto jurídico de «daño ambiental» en el exceso de los Límites Máximos Permisibles (LMP). El artículo nos presenta un enfoque objetivo con un desarrollo temporal de diversas resoluciones administrativas, las cuales manifiesta, son erróneas en base a una interpretación amplia y forzada de lo que es daño ambiental, concepto que se aplica no solo para aquellos supuestos con efectos reales, sino también potenciales. Finalmente, ello es señalado por el autor como un defecto, que si bien en la actualidad existe una intención de subsanarlo, esto debe partir principalmente de un marco conceptual claro tanto en el ámbito normativo como resolutivo.