La discriminación es una realidad aún existente en nuestro país y que se evidencia en diferentes aspectos de la vida de las personas, como lo son las relaciones de consumo. En ese sentido, la comunidad de las personas transgénero es también víctima de discriminación en el consumo, pero tiene mayor dificultad al momento de exigir la tutela de sus derechos como consumidores. Por ello, el presente Informe Jurídico analiza la Resolución N° 3444-2012/SPC-INDECOPI, que revocó la resolución que emitió la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, al considerar que no se había acreditado el trato discriminatorio en agravio de la denunciante, una persona transgénero. Por lo antes expuesto, el presente trabajo tendrá un marco teórico que permita definir el concepto de discriminación en el consumo, así como la importancia del reconocimiento de la identidad de género, para determinar si la normativa en materia de consumidor incluye dentro de su tutela a las personas transgénero. Luego, se analizará si la denegatoria de perifonear a una persona transgénero con el nombre que se identifica y que difiere del consignado en su Documento Nacional de Identidad se considera un acto discriminatorio al amparo de la Ley de Protección al Consumidor (vigente al momento de los hechos) y bajo el Código de Protección al Consumidor vigente. Asimismo, se analiza que si de ser procedente la denuncia, cuáles hubieran sido las medidas correctivas que corresponderían. Por último, se plantearán recomendaciones que sirvan de guía para los futuros razonamientos de la Sala en casos similares. / Discrimination is still a reality in our country and is evident in different aspects of people’s lives, such as consumer relations. In this way, the transgender community is also discriminated against in consumer activities and for them, it is more difficult to demand protection of their rights as consumers. For this reason, this Legal Report Analyses Resolution No. 3444-2012/SPC-INDECOPI, which revoked the resolution issued by the Indecopi Consumer Protection Commission, considering that the discriminatory treatment of the complainant, a transgender person, had not been proven. For the above, this paper will provide a theoretical framework to define the concept of discrimination in consumption and the importance of the recognition of gender identity mine whether consumer regulations include transgender people within their protection. Next, it will be analyzed whether the refusal to call a transgender person by megaphone advertising by using the name that they identify with and that differs from that on their National Identity Card is considered a discriminatory act under the Consumer Protection Act (in effect at the time of the events) and the Consumer Protection Code in force. In addition, it is analyzed whether the complaint was admissible, and what corrective measures would have been appropriate. Finally, recommendations will be made to guide the Chamber's future reasoning in similar cases.

El informe aborda los aspectos legales del arbitraje entre Inversiones Esparza Triveño S.A.C. (“Inversiones Esparza”) y la Municipalidad Distrital de Jesús María (MDJM), donde se discute la validez de dos adendas modificatorias del contrato de arrendamiento de un bien público de dominio privado, acto regulado tanto a nivel sectorial como municipal. La selección de este expediente se ha encontrado jurídicamente relevante por generar una discusión que contrapone instituciones del Derecho Civil tales como acto jurídico, contratos, derechos reales y obligaciones, frente a los principios que informan los procedimientos y actos del Derecho Administrativo. También las diferencias de regulaciones vinculadas (Contrataciones con el Estado con Derecho Municipal) y normativa elemental como es el Derecho Constitucional, todo ello enmarcado en el Arbitraje. En este contexto, la decisión del árbitro único como mediador de estos intereses contrapuestos permite apreciar que el punto central y determinante para solucionar esta disputa es definir la rama pertinente del Derecho cuyas reglas se aplican en la estimación del caso. Para lograr este objetivo se toman en cuenta las particulares circunstancias del arrendamiento, que, si bien es un contrato típico del Derecho Civil, tiene en esta ocasión elementos esenciales, subjetivos y objetivos, que obligan a ver este acto con otros ojos y percibir (como finalmente lo hizo el Árbitro Único) que corresponde un análisis más afín con el Derecho Administrativo. Si bien compartimos la decisión adoptada, vemos por conveniente aportar argumentos adicionales, para lo cual se revisa la particular regulación de los bienes estatales y se exploran las bases constitucionales de la autonomía municipal, con lo cual consideramos se refuerza la diferencia con el criterio voluntarista del Derecho Civil, que en nuestra opinión no proporciona una línea de argumentación, y, por ende, tampoco un fallo consistente. Como punto aparte se anotan incidencias en el proceso de arbitraje producto de cambios normativos.

El presente informe examina la validez jurídica de los argumentos desplegados por la Sala de la Competencia N° 1 en la Resolución 0761-2011/SC1. Este órgano administrativo analizó la publicidad comercial “Con B de Brahma” al amparo de los artículos 17° y 18° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, con la finalidad de determinar si dicha publicidad vulneraría o no la legalidad. Es así como la pregunta que guía este informe es la siguiente: ¿Es jurídicamente válida la interpretación que hace la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 de los artículos 17° y 18° de la Ley de Represión de la Competencia Desleal en la Resolución 0761-2011/SC1-INDECOPI? La hipótesis que se desarrolla a lo largo del informe es que la interpretación que hace la Sala no es adecuada conforme al principio de legalidad, ya que se vulnera el artículo 51° y el artículo 55° de la Constitución Política del Perú. Asimismo, se vulnera el principio de adecuación social, en tanto el mensaje que se extrae de la publicidad refuerza estereotipos de género que resultan discriminatorios. / This report examines the legal validity of the arguments deployed by the Competition Chamber No. 1 in Resolution 0761-2011/SC1. This administrative body analyzed the commercial advertising "Con B de Brahma" under articles 17 and 18 of the Law on the Repression of Unfair Competition in order to determine whether or not said advertising is discriminatory. Thus, the question that guides this report is the following: Is the interpretation made by the Chamber for the Defense of Competition No. 1 of articles 17 and 18 of the Law for the Repression of Unfair Competition in Resolution 0761-2011/SC1-INDECOPI legally valid? The hypothesis developed throughout the report is that the Chamber’s interpretation is inadequate according to the principle of legality since it violates articles 51 and 55 of the Political Constitution of Peru. Likewise, the principle of social adequacy is violated insofar as the message extracted from advertising reinforces discriminatory gender stereotypes.

El acto de cancelar la inscripción de una hipoteca derivada de la adjudicación de un inmueble en un remate judicial para satisfacer el crédito de un acreedor embargante desprotege la posición de rango, preferencia y persecutoriedad del que goza un acreedor hipotecario, pues le resta oponibilidad. Cabe señalar que el rango y preferencia de la hipoteca nacen desde su inscripción en registros y no desde el nacimiento de la hipoteca, a razón de que tales derechos se dan en el ámbito de los derechos inscritos. En cambio, al nacimiento de la hipoteca — constituida en escritura pública— se tiene inherente su persecutoriedad que le otorga un carácter real. De ahí, que debe destacarse el carácter persecutorio de la hipoteca desde su constitución y no necesariamente desde su inscripción como si es el caso del embargo judicial. Asimismo, la cancelación de la inscripción antes descrita sitúa al remate judicial en la clasificación de los modos de adquisición de la propiedad originarios cuando la doctrina lo reconoce en el modo derivativo, dado que la hipoteca se sustenta en el crédito otorgado al deudor, titular del bien inmueble hipotecado. En tal sentido, la justificación de la presente investigación se materializa en el hecho de dotar con seguridad jurídica al acreedor hipotecario que no será desposeído de su garantía cuando el mismo esté siendo subastado; así como, al adjudicatario para que su adquisición sea legitima.

Yo no llegué a la Historia del Derecho, ella llegó a mí. Apareció una mañana mientras llevaba un curso de latín en los Estudios Generales Letras de mi casa de estudios, la PUCP, en el año 2008. El profesor Vélez, como colonialista que es, lanzó un comentario acerca de la falta de académicos que estudien el Derecho colonial con seriedad. En ese momento se abrió una puerta para conjugar mis diversas vocaciones con el Derecho. Al semestre siguiente, realicé mi primera investigación de Historia del Derecho, aún en los Estudios Generales. Gracias a este trabajo, que trató sobre el Código Civil de 1852, pude conocer algunos clásicos de la Historia del Derecho de nuestro país, como: La idea de Derecho en el Perú republicano del siglo XIX de Fernando de Trazegnies, Historia del derecho civil peruano de Carlos Ramos y la Historia del derecho peruano de Jorge Basadre. Asimismo, conocí fuentes legales históricas como la “Recopilación de leyes de los Reinos de las Indias” o las “Partidas del rey Alfonso el Sabio”. La lectura de cada uno de estos textos ampliaba mi visión –aún intuitiva– del Derecho. Antes de llegar a la facultad de Derecho, ya lo había empezado a conocer desde una perspectiva interdisciplinaria que marcó el resto de mi carrera. Los diversos cuestionamientos que se plantearon a lo largo de mi estancia en la facultad, siempre estuvieron marcados por la perspectiva histórica, inclusive aquellos que se mantienen actualmente en la discusión jurídica, como los referentes a las comunidades y pueblos indígenas.

El presente artículo recoge nociones desde el marco normativo aplicable, doctrina y resoluciones del Tribunal Registral emitidas acerca de la transferencia de aires en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. A partir de dichas fuentes, buscamos dar una aproximación respecto al procedimiento a seguir para lograr la inscripción en Registros Públicos de dicho acto sin mayores inconvenientes.

Que, deseando optar el grado de Bachiller en Derecho presentamos a consideración del Jurado la tesis que hemos titulado “Consideraciones Jurídicas del Delito de Parricidio”. Hemos creido interesante, el enfocamiento e interpretación jurídica del estudio de esta delito,teniendo en cuenta su alcance y trascendencia que hacen que el tema en mención sea constantemente de actualidad y la falta de autores nacionales que hagan un estudio detallado y concienzudo de esta figura delictiva. Este delito encierra en si mismo, una serie de problemáticas que es preciso deslindarlas, ya que solamente de la lectura del dispositivo legal a que nuestro ordenamiento Penal hace referencia, es insuficiente para poder tener un conocimiento exacto de la materia. La confección estructural del presente trabajo, hemos creido pertinente dividirlo en cinco capítulos, cada cual encierra en su contenido cuestiones diferentes, que hacen de su lectura enfocamientos diversos sobre la contingencia de este delito. El primer capítulo, denominado Generalidades, contiene el análisis de las nociones generales del parricidio, donde realizamos un estudio del origen del término, la etimología, definición, clases y elementos que configuran el delito indispensable para tipificarlo como tal. El segundo capítulo titulado “Reseña Histórica del Parricidio, Sanciones o Penalidades”, se examina como se aplicaban o reprimían a los infractores de este delito, y esto en razón de que antiguamente en la mayoría de las legislaciones o costumbres de los pueblos incidían principalmente en la represión, que nos lleva al conocimiento de que existía una conciencia de respeto a la vida de los padres y que después se extendió a otros parientes. En el tercer capítulo, hacemos referencia a “Los antecedentes legislativos del Delito de parricidio en nuestra Legislación” donde se examina someramente como ha ido este delito evolucionando ne nuestra legislación, tomando como punto de partida el Código Penal de 1863 y pasando por algunos proyectos y ante-proyectos posteriores, hasta llegar a la noción que establece hoy en día, nuestro ordenamiento penal vigente. El cuarto capítulo, constituye la pieza vital de este trabajo, y lo hemos denominado “El Parricidio en nuestra Legislación Positiva”, en el cual se analiza,examina y estudia las disposiciones legales que tienen relación con este delito, tanto en el aspecto penal como en el civil; y por último el capítulo titulado “El Parricidio en la legislación Comparada”, donde se esboza la forma como se contempla este delito en algunas legis laciones contemporáneas. El interés que nos guía al realizar el estudio de este delicado problema, es únicamente contribuir en la medida de nuestras posibilidades al conocimiento del delito materia del presente trabajo para que sirva de ejemplo a futuras generaciones.

En el ordenamiento peruano rige el sistema constitutivo de derechos en materia de propiedad industrial. Es decir, el derecho de una persona sobre un signo distintivo (más específicamente, sobre una marca) nace con el registro de la misma. La autoridad administrativa encargada de efectuar dicho registro tiene la obligación de analizar que el signo presentado cumpla con los requisitos de forma y de fondo contemplados en la normativa nacional y comunitaria. Entre los requisitos de fondo tenemos que el signo debe cumplir, esencialmente, con poseer una aptitud distintiva

Culminada la guerra del Pacífico Perú y Chile celebraron, en el año 1883, el tratado de Ancón; y con esto Tarapacá fue cedida a Chile. Por su parte Tacna y Arica fueron cedidas por 10 años a Chile, tiempo después del cual se realizaría un plebiscito para determinar la nacionalidad de estas provincias. Sin embargo, este plebiscito nunca se realizó y es por esto que tras una serie de sucesos, que incluyeron la emisión de un laudo por el presidente de los Estados Unidos de América y la creación de una comisión plebiscitaria, es que Perú y Chile suscribieron el Tratado de Lima en 1929, mediante el cual se estableció cual sería el límite terrestre entre ambos Estados.

En el presente artículo académico se critican tres resoluciones del Tribunal Registral mediante el cual, en torno a la prescripción adquisitiva de dominio llevada a cabo en la vía notarial, ha establecido en sus decisiones criterios contrarios a la ley, trastocando el principio registral de legalidad. O sea, realiza una débil calificación de documentos notariales relativos a la prescripción adquisitiva de dominio sobre predios urbanos. Se dice que los motivos o razones por las cuales un Notario declara la adquisición de la propiedad por usucapión, no debe ser calificado en sede registral; este criterio es correcto y no está en discusión. Lo discutible es que se pretenda declarar la prescripción adquisitiva de dominio notarial sobre las cuotas ideales de un copropietario con respecto al otro, y que el Tribunal Registral acepte la inscripción de dicho acto (o para efectos del presente trabajo, la anotación preventiva de la solicitud de usucapión notarial), abiertamente violatorios de la ley, con el argumento de que lo que se pretende con este procedimiento notarial es regularizar la titulación de los solicitantes, ya que muchas veces se celebran actos jurídicos defectuosos que, por tener tal condición, nunca accedieron al Registro; por tanto, la partida registral no refleja la realidad. En la primera parte del trabajo se abordará, de forma general, los principales temas relacionados con la prescripción adquisitiva, específicamente se realizará un resumen del historial legislativo de la prescripción adquisitiva de dominio en el Derecho Notarial Peruano; asimismo, se buscará resaltar el criterio establecido en el Precedente de Observancia Obligatoria N° 10 del XII Pleno del Tribunal Registral. El tema de fondo del presente trabajo se centra en la crítica con respecto a la aplicación por parte del Tribunal Registral del artículo 5.2 de la Directiva N° 013-2013-SUNARP/SN (Directiva que uniformiza los criterios de calificación registral en asuntos no contenciosos de competencia notarial); es de precisar que en esta norma se prescribe que no es materia de calificación registral la validez de los actos procedimentales que, en virtud de lo previsto en las normas especiales que regulan la usucapión notarial, son de competencia del Notario, ni el fondo o motivación de la declaración notarial. Sin embargo, este límite a la calificación con relación a documentos notariales que se expiden en los procesos no contenciosos de competencia notarial en general y, específicamente en el trámite de la declaración notarial de prescripción adquisitiva de dominio, en muchas ocasiones ha sido sobrevalorado por el propio Tribunal Registral al extremo de permitir la inscripción de títulos en abierta contravención de normas prohibitivas, como la establecida en el segundo párrafo del artículo 985° del Código Civil. La crítica también se basa en el hecho de que con las decisiones del Tribunal Registral se quebranta el principio de legalidad, el mismo que se manifiesta a través de la calificación registral; siendo este aspecto uno de los pilares del sistema registral peruano, puesto que al Registro sólo deben acceder títulos perfectos y válidos, es decir, adecuados a las normas legales pertinentes.