El presente informe tiene como objetivo analizar si, en el laudo arbitral que concluye una disputa originada por la suscripción de un contrato de opción recíproca de compraventa de inmueble con arras confirmatorias, el árbitro pudo identificar la falta de comprensión de ciertas figuras jurídicas por parte de las partes, cuyo entendimiento es esencial desde una perspectiva civil en cuanto a su contenido y alcance. Aunque el problema central del caso radica en determinar a qué parte contractual corresponde quedarse con el monto de las arras, y si el contrato fue resuelto conforme a derecho o no, para llegar a una conclusión es necesario profundizar en los diversos conceptos que se debaten en la controversia. Estos conceptos parecen no estar completamente claros para las partes, dado que, de haber tenido un conocimiento adecuado de los mismos, su actuación durante la elaboración y cumplimiento del contrato de opción, así como en el proceso arbitral, habría sido diferente. Por consiguiente, es imperativo examinar no solo la regulación pertinente, sino también la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina autorizada en la materia.

El presente trabajo tiene como aspecto central, la relación existente en nuestro país, entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, y, dentro de ésta relación, lo concerniente a la posición del primero en referencia con la denominada “cosa juzgada constitucional” y cómo incide éste concepto en la independencia del Poder Judicial, la forma en que se regula y se aplica el instituto del precedente constitucional vinculante, y, finalmente, la supuesta posición jerárquicamente subordinada del Poder Judicial frente al Tribunal Constitucional. No obstante lo expuesto, era necesario articular un contexto, un conjunto de aspectos previos, necesarios para finalmente observar y analizar lo que en la actualidad sucede entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, a través del acontecer de la sentencia 006-2006-PC/TC. Dichos aspectos previos considerados en el derecho y política comparada - como determinar históricamente la aparición del principio de la división de poderes, la función que cumple el Poder Judicial, el origen de la justicia constitucional, la aparición de un distinto poder constituido como el Tribunal Constitucional y cómo afecta esta aparición en la histórica tripartita existencia de poderes(ejecutivo, legislativo y judicial), y, asimismo, preguntarnos sobre si existe una distinta función de los jueces si estamos ante un Estado Legal o Estado Constitucional del Derecho – eran necesarios para desprender de su tratamiento una idea de si en otras realidades había sucedido o sucedía algo parecido con lo que acaecía en nuestro país. Asimismo, resultaba también necesario contextualizar sobre bases históricas y jurídicas referidas a nuestro país, lo que finalmente desembocaba en la sentencia antes dicha, es decir, la determinación de los términos de la relación en nuestro país del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial como poderes constituidos. Asimismo, si el modelo de jurisdicción constitucional establecido en la Constitución peruana era la fuente de los conflictos o si, muy distintamente, el origen de las fricciones entre ambos poderes constituidos era una actitud invasiva del Tribunal.

En el presente trabajo se exhibe al fideicomiso como una herramienta legal de inversión, exponiendo sus diversos alcances, características así como la regulación contemplada en el Perú. El fideicomiso resulta ser un negocio jurídico que permite aislar bienes materiales o inmateriales en un patrimonio independiente y separado, el cual se ha transferido de una persona a otra con la finalidad que esta última lo administre en favor de quien se designe en el documento constitutivo. La visión que se tiene sobre esta figura va más allá de la definición brindada por nuestra dogmática jurídica, conceptualizándola como una transferencia patrimonial postergando el hecho base por el cual la persona titular de los bienes cuenta con plena facultad de escoger a una persona de confianza para que administre el patrimonio que se transfiere. Del desarrollo de la tesis se podrá apreciar que nos encontramos frente a una figura que ha sido bien utilizada en diversos sectores productivos (electricidad, minería, telecomunicaciones e infraestructura), dejando de lado mercados no tan magnos pero sí dispuestos a acoger una herramienta que permita otorgar una alternativa adicional a las existentes y de esta forma emprender algún proyecto de distinta índole; obteniendo, como en otros casos, una rentabilidad esperada.

En estos tiempos actuales, en donde la Constitución debe estar por encima de toda ley, haciendo valer la defensa de los derechos fundamentales, con un respeto al debido proceso en torno del imputado, y el justiciable, es por ello, esta investigación trata de constituir lineamientos, que son indispensables para poder llegar a pensar de que la Sala Penal de la Corte Suprema, vía su recurso de casación penal, que he escogido dicho recurso, para esta investigación en donde se desea y me enfocare respectivamente en su rol que éste debe de tener, para adecuar el recurso en la procedencia.

Como una forma de contribuir a la correcta comprensión del cumplimiento del principio de laicidad en un Estado constitucional democrático y laico, es menester establecer cómo es que no debe comprenderse dicho cumplimiento. En la actualidad, el TC está emitiendo jurisprudencia que mantiene una orientación basada en el modelo de la Laicidad Neutral respecto del cumplimiento del principio de laicidad. No obstante, tratándose de un Estado con mayorías religiosas, pocos años de laicidad y la creencia general de la obligatoriedad de la prestación de colaboración estatal a los credos, tanto por parte de los civiles como por los propios operadores de justicia, resulta menester pronunciarse para contribuir a expandir la correcta comprensión de lo que constituye un sano cumplimiento del principio de laicidad. Este trabajo apunta a analizar y criticar la postura del Tribunal Constitucional referida al cumplimiento del principio de laicidad establecida en sus sentencias del periodo 2004-2013 para determinar si es que adopta una postura orientada al modelo de la Laicidad Positiva. Se realizará este fin mediante un desarrollo teórico y el análisis de las sentencias seleccionadas. Se concluye no solo que el Tribunal Constitucional adoptó un modelo de Laicidad Positiva, sino también se constata los nocivos efectos que ello genera en un Estado con unas cuantas décadas de laicidad formal

El presente informe jurídico analiza la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores Indignados del Perú contra Uber Perú S.A. y Uber B.V. ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de violación de normas. El expediente tiene un problema jurídico medular que radica en evaluar la naturaleza jurídica de la actividad realizada por el agente económico que administra la aplicación “Uber” y, en consecuencia, si para su ejecución requiere contar con el título habilitante emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima para la prestación del servicio de taxi. Adicionalmente, se identifican otros dos problemas jurídicos principales, vinculados a la legitimidad para obrar de Uber Perú S.A. dentro del procedimiento y la notificación al extranjero realizada a Uber B.V. Para el análisis de estos problemas jurídicos, en el presente informe se ahonda en diferentes figuras jurídicas como la legitimidad para obrar pasiva, la aplicación de la primacía de la realidad, el derecho a ser notificado como parte del derecho a la defensa, la ventaja competitiva significativa, entre otros. Asimismo, se profundiza en el concepto, características, clasificaciones y regulación en el Perú del fenómeno de la economía colaborativa y sus actores, los usuarios, prestadores de bienes o servicios y plataformas colaborativas. En las conclusiones, se confirman las hipótesis iniciales referidas a que la actividad económica llevada a cabo por una plataforma colaborativa no es equiparable al servicio subyacente, Uber Perú S.A. no tiene legitimidad para obrar pasiva dentro del procedimiento y la notificación al extranjero no siguió las modalidades legalmente previstas. / This legal paper analyses the complaint failed by the Association of Outraged Consumers of Peru against Uber B.V. and Uber Peru S.A. before the National Institute for the Defence of Competition and the Protection of Intellectual Property, for the alleged commission of acts of unfair competition in the form of a violation of regulations. The file contains a key legal problem which consists in analysing the legal nature of the economic activity carried out of the economic agent operating the “Uber” app and, as a consequence, whether its execution requires the enabling authorization issued by the Metropolitan Municipality of Lima for the provision of taxi services. Furthermore, two other legal problems are noted, linked to the passive standing of Uber Peru S.A. within the procedure and the notification abroad to Uber B.V. For the analysis of these legal problems, this legal paper delves into the analysis of a range of legal concepts, such as the passive standing, the right to be notified as part of the right of defence, the significant competitive advantage, among others. Moreover, an in-depth analysis is made regarding the definition, characteristics, classifications and regulation in Peru of collaborative economy phenomena, and its participants, users, providers and collaborative platforms. Among conclusions, the first research hypothesis are confirmed, referred to the inequivalence between the activity carried out by a collaborative platform and the underlying service, the absence of passive standing of Uber Peru S.A. and the failure to comply with the legally prescribed procedures for the notification of Uber B.V. abroad.

El día 5 de marzo del 2013, a las 16:25 horas de la tarde, el entonces vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, anunció afligido, por cadena nacional, el fallecimiento del “comandante presidente” Hugo Chávez Frías, recientemente reelecto en octubre del 2012. La reacción ante la muerte de Hugo Chávez fue contundente. Personalidades de todo el mundo mostraron sus condolencias con la vacancia presidencial venezolana. El tema no era para menos, Hugo Chávez fue electo presidente el año 1998 y lo fue hasta el día de su muerte, y tal vez ya la región había olvidado la existencia de Venezuela sin Chávez. Como dispone la Constitución Venezolana, en su artículo 113, se convocó a comicios nacionales para la elección del nuevo presidente. Los dos candidatos que lideraron el proceso electoral fueron el ya mencionado vicepresidente Maduro reivindicando el proyecto oficialista y la V República Bolivariana y, por otro lado, el candidato de la oposición Henrique Capriles, por el movimiento antichavista Primero Justicia. Las elecciones polarizaron al país, y en una reñida segunda vuelta celebrada el 14 de abril del 2013, antes siquiera de haber concluido el conteo de votos, el Consejo Nacional Electoral declaró la

El presente informe jurídico plantea como problema principal cuestionar si KFC incurrió en un método comercial coercitivo al implementar un cobro adicional por concepto de bolsa compostable al adquirir sus productos mediante su página web, a pesar de que cumplió con el deber de información que establece el Literal b) del Numeral 1.1) del Artículo 1°, Articulo 2° y Artículo 3° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Además, dentro de los problemas secundarios se cuestiona la inaplicación del estándar de consumidor razonable, puesto que, si éstos aceptaron los Términos de Uso y revisaron el detalle de la compra antes de efectuar el pago, no debería afirmarse que existió algún tipo de “condicionamiento”. Finalmente, se cuestiona la vulneración al derecho a la libertad de empresa y al derecho a la libertad contractual de los proveedores cuando se afirma que, como la Guía Técnica no faculta de forma expresa el cobro de las bolsas compostables, entonces éstos no debieron implementar dicho cobro adicional. Y es que todo ello representa no solamente una inadecuada lectura de los hechos ocurridos por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, sino también una vulneración al Artículo 59° y Artículo 62° de la Constitución Política del Perú, y una equivocada interpretación del Literal b) del Numeral 56.1) del Artículo 56° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. / The present legal report raises as its main issue the question of whether KFC engaged in coercive commercial practices by implementing an additional charge for compostable bags when purchasing their products through their website, despite fulfilling with the duty of information established in Section b) of Subsection 1.1) of Article 1, Article 2, and Article 3 of the Consumer Protection and Defense Code. Additionally, secondary issues are raised regarding the nonapplication of the reasonable consumer standard. If consumers accepted the Terms of Use and reviewed the purchase details before making payment, it should not be asserted that any form of ‘conditioning’ existed. Finally, the violation of the right to business freedom and contractual freedom of suppliers is questioned when it is claimed that, since the Technical Guide does not expressly authorize the charging of compostable bags, they should not have implemented this additional charge. All of this not only represents an inadequate reading of the facts by the Sala Especializada en Protección al Consumidor from Indecopi but also a violation of Article 59 and Article 62 of the Political Constitution of Peru, and a mistaken interpretation of Section b) of Subsection 56.1) of Article 56 of the Consumer Protection and Defense Code.

En los últimos años, se ha puesto en evidencia una situación en el tráfico jurídico: el boom inmobiliario. Así, los particulares utilizan los mecanismos del ordenamiento legal para celebrar contratos que tutelen sus intereses particulares en la compra de un bien inmueble. En ese escenario, se presentan contratos que no siendo contratos definitivos, son contratos preparatorios que persiguen el fin de asegurar el contrato definitivo por un espacio y tiempo determinado. Sin embargo, en el sistema registral peruano, existe una sistemática de numerus clausus en la inscripción de contratos y actos de carácter real, siendo excepcionales aquellos contratos que no siendo de naturaleza real son inscribibles o anotados en el Registro de Predios. En ese sentido, en el presente trabajo, se puede advertir y analizar que existe una marcada diferencia en el tratamiento jurídico entre un contrato llamado compromiso de contratar que teniendo la misma categoría jurídica de contrato preparatorio no tiene el mismo amparo registral que el contrato preparatorio llamado contrato de opción. Bajo este escenario, en el presente informe jurídico, se ha desarrollado un análisis de la naturaleza jurídica, características, jurisprudencia y doctrina respecto al compromiso de contratar, a fin de encontrar las justificaciones jurídicas de su inclusión como anotación preventiva en el Registro de Predios. Esto también desde un estudio de la utilidad práctica del compromiso de contratar en las operaciones de tráfico de bienes y desde los principios registrales de nuestro sistema. / In recent years, a situation has become evident in the legal traffic: the real estate boom. Thus, individuals use the mechanisms of the legal system to enter into contracts that protect their particular interests in the purchase of real estate. In this scenario, there are contracts that are not definitive contracts, they are preparatory contracts that pursue the purpose of securing the definitive contract for a determined space and time. However, in the Peruvian registry system, there is a systematic closed in the registration of contracts and acts of a real nature, being exceptional those contracts that not being of a real nature are registrable or annotated in the Real Estate Registry. In this sense, in the present work, it can be noticed and analyzed that there is a marked difference in the legal treatment between a contract called commitment to contract that having the same legal category of preparatory contract does not have the same registry protection as the preparatory contract called option contract. Under this scenario, this legal report has developed an analysis of the legal nature, characteristics, jurisprudence and doctrine regarding the commitment to contract, in order to find the legal justifications for its inclusion as a preventive annotation in the Land Registry. This also from a study of the practical utility of the commitment to contract in the operations of traffic of goods and from the registry principles of our system.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El trabajo de tesis que hoy presento se enmarca dentro del “Proyecto de Actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil”, desarrollado en el marco del Taller de Memoria homónimo, y que se inició durante el período académico 2009, enmarcándose su contenido en materia de Responsabilidad Civil. El referido proyecto ha sido dirigido por los profesores Sara Moreno y Mauricio Tapia, desarrollándose en dos etapas: la primera de ellas, consistió en la recopilación de jurisprudencia emanada de nuestros Tribunales Superiores de Justicia sobre la Responsabilidad Civil Extracontractual, entre los años 1995 y 2008, consultando para estos efectos diversas fuentes especializadas en el tema, tanto materiales como virtuales. La segunda etapa consistió en la clasificación de todo el material recopilado, de acuerdo a las directrices fijadas por los profesores arriba mencionados, confeccionando para estos efectos fichas estándar, incluyéndose en ellas los elementos más importantes de cada fallo recopilado. En dicha segunda etapa se redactó un número total de 125 fichas, las cuales se distribuyeron entre los alumnos del curso. Luego de hacer entrega de las fichas ya mencionadas, al término del año 2010, se asignó a cada uno de los miembros del proyecto temas específicos a desarrollar en profundidad. En mi caso, me correspondió estudiar y analizar “El hecho culposo o doloso”, “El dolo”, “Malicia o negligencia; artículo 2329 del Código Civil” e “Imputaciones injuriosas; artículo 2331 del Código Civil”. En primer término este trabajo busca identificar el tratamiento que nuestros Tribunales Superiores le han dado al hecho culposo o doloso que origina la responsabilidad civil extracontractual. El análisis aquí se centrará en los elementos que lo constituyen y en el aspecto probatorio. De especial interés será el estudio del dolo como uno de los elementos de carácter subjetivo que puede fundar el hecho ilícito. Por otro lado, se examina el artículo 2329 del Código Civil el cual obliga a quien obra de forma maliciosa o negligente a indemnizar los daños que su actuar provoca. Respecto a este tema se muestra, a través de los criterios que gobiernan la jurisprudencia actual, la discusión doctrinal en cuanto a si este precepto contiene una presunción general de culpa por el hecho propio o sólo se limita a situaciones más específicas. Asimismo se clarifica la extensión de los daños reparables en base a este artículo y si los ejemplos que se dan en el inciso 2º son taxativos o se ofrecen sólo a modo ejemplar, entre otras cuestiones. Por último se verá el desarrollo que ha tenido la aplicación del artículo 2331 del Código Civil a lo largo del tiempo en cuanto a la indemnización del daño moral por imputaciones injuriosas contra el honor y el crédito de una persona.