Basta mencionar a los derechos humanos para darnos cuenta que estamos entrando en un terreno directamente vinculado con la justicia y esto porque en la actualidad existe ya un consenso respecto a que la justicia consiste básicamente en respetar los derechos humanos. En nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y las demás leyes específicas reconocen los Derechos Humanos de la infancia, y han plasmado legalmente su nueva condición jurídica acorde a la doctrina de la protección integral: niño y adolescente como sujeto activo de derechos y deberes. Es decir capaz de exigir el respeto irrestricto de sus derechos y además capaz de asumir la responsabilidad de los actos que comete de acuerdo a su edad Ciertamente, nadie ha puesto en duda ni en cuestionamiento el reconocimiento de los Derechos de los Niños y adolescentes; no obstante, no se ha alcanzado el mismo consenso al momento de viabilizar su ejercicio progresivo y concreto de acuerdo a su condición jurídica plasmada legalmente. Es decir, con el reconocimiento internacional y nacional de los Derechos de los Niños, el problema se ha desplazado del nivel teórico al cotidiano, de manera que ya no se trata de derechos más o derechos menos; sino, de cómo se ejercen los derechos ya reconocidos, como se efectivizan en el día a día. / Basta mencionar a los derechos humanos para darnos cuenta que estamos entrando en un terreno directamente vinculado con la justicia y esto porque en la actualidad existe ya un consenso respecto a que la justicia consiste básicamente en respetar los derechos humanos. En nuestro país, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, el Código de los Niños y Adolescentes y las demás leyes específicas reconocen los Derechos Humanos de la infancia, y han plasmado legalmente su nueva condición jurídica acorde a la doctrina de la protección integral: niño y adolescente como sujeto activo de derechos y deberes. Es decir capaz de exigir el respeto irrestricto de 31 sus derechos y además capaz de asumir la responsabilidad de los actos que comete de acuerdo a su edad. Ciertamente, nadie ha puesto en duda ni en cuestionamiento el reconocimiento de los Derechos de los Niños y adolescentes; no obstante, no se ha alcanzado el mismo consenso al momento de viabilizar su ejercicio progresivo y concreto de acuerdo a su condición jurídica plasmada legalmente. Es decir, con el reconocimiento internacional y nacional de los Derechos de los Niños, el problema se ha desplazado del nivel teórico al cotidiano, de manera que ya no se trata de derechos más o derechos menos; sino, de cómo se ejercen los derechos ya reconocidos, como se efectivizan en el día a día. El momento en el que un adolescente necesita más de sus derechos y tal vez más lejos los tiene, es cuando ingresa al sistema penal, pues su vulnerabilidad de sujeto en proceso de desarrollo se ve acentuada intensamente por la circunstancia en la que se encuentra. Lamentablemente, los derechos humanos del adolescente que infringe la ley son las más de las veces, difícilmente respetados y garantizados. Esta situación, cuestiona el mismo concepto de estado de derecho, pues no podemos afirmar la existencia de un estado de derecho cuando pese al reconocimiento lírico que hace la ley de los derechos humanos que le corresponden al adolescente como parte de la infancia, categoría jurídico social diferenciada; dicho reconocimiento legal, no se traduce en el respeto de sus garantías, ni capacidad jurídica en el día a día y más aún cuando el estado le pide cuentas frente a la comisión de un delito o falta. La presente tesis persigue el cuestionamiento de la vigencia de los derechos humanos específicos, desde el respeto del debido proceso, de los adolescentes en conflicto con la ley penal, analizando el grado de cumplimiento o incumplimiento de sus derechos dada la mayor vulnerabilidad en la que se encuentran por encontrarse sometidos al sistema penal. La hipótesis de trabajo que hemos manejado es que a pesar de que nuestro país se ha adscrito a un modelo garantista en la Justicia Penal Juvenil, basado en la doctrina de la Protección Integral; la práctica nos permite observar que el modelo teórico por el que la legislación ha optado dista mucho de la realidad. Cuatro interrogantes desarrollan la formulación anterior, y son objeto de verificación en la presente investigación: 1.- ¿Se respeta el debido proceso en la etapa policial, fiscal, juzgamiento y ejecución de las sanciones aplicadas a los adolescentes? 32 2.- La redacción de la legislación peruana en materia de adolescentes infractores posibilita una interpretación garantista del debido proceso. 3.- ¿Cómo incide la intervención de los operadores de derecho en el respecto, inobservancia del debido proceso? 4. ¿Cuáles son los niveles de participación del adolescente en el proceso y su incidencia en el respeto del debido proceso? En el primer capítulo de esta investigación desarrollamos, la forma como ha evolucionado la visión del adolescente en conflicto con la ley penal, desde la doctrina de la situación irregular y la forma como la doctrina de la protección integral, se complementa con las categorías del derecho penal de mínima intervención. En el segundo capítulo hacemos un análisis del proceso penal seguido al adolescente en conflicto con la ley penal, y el largo camino recorrido hacia la consagración del debido proceso como derecho humano específico, elemento dinámico de la protección de sus derechos, ensayando una línea a de interpretación trasversal desde la doctrina de la protección integral. En el tercer capítulo y siendo la finalidad de toda tesis la solución de un problema no solo teórico y sobre todo fáctico y teniendo en cuenta además que en el campo jurídico especializado, se han hecho pocos estudios sobre el debido proceso en el juzgamiento de los adolescentes infractores sobre la base del análisis de expedientes judiciales abordamos el contenido del debido proceso y su funcionamiento dentro de la práctica judicial, y desde la perspectiva de los mismos adolescentes. En este sentido, hemos aplicado una ficha documental como instrumento de medición sobre una muestra 64 expedientes Judiciales en ejecución del año 2004, (32 de cada juzgado y 16 de cada secretaría) del distrito Judicial de Lima, para determinar, las principales causas de la inobservancia del debido proceso, la posible conexión de la misma con la ineficiente legislación procesal en la materia, a fin de describir la problemática y explorar alternativas de solución que posibiliten su respeto. Finalmente en el cuarto capítulo, señalamos los aspectos que deben ser tomados en cuenta teniendo como elemento central a la observancia del debido proceso, para la reconstrucción del modelo de intervención penal juvenil. Agradecemos la oportunidad que hemos tenido de enriquecer nuestro trabajo con el aporte valioso y espontáneo de los mismos adolescentes sometidos a la Justicia Penal Juvenil, mediante la aplicación de una encuesta y una reunión Focus Group. De este modo hemos identificado su nivel de comprensión y participación en el proceso judicial y recogido sus opiniones sobre el sistema penal juvenil. Asimismo, agradecemos la valiosa colaboración de los Jueces del Distrito Judicial de Lima, Dres. Elizabeth Minaya Huayaney Juez Titular del Tercer Juzgado de Familia Especializado en lo Penal y Dr. Carlos Suárez Chávez, Juez Titular del Quinto Juzgado de Familia Especializado en lo Penal, así como de los Especialistas Legales Doctores Carla Valera, Edita Huamán, Maria Izquierdo y Betsabeth Santiago por las facilidades brindadas en la ejecución de la investigación, así como al Director del Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, Profesor Garamendia y al Asesor del mismo, Miguel Ordóñez por facilitarnos la comunicación personal y espontánea con los adolescentes. Nuestro especial reconocimiento al Dr. Victor Cubas Villanueva, asesor de esta tesis, por su comprensión, sus valiosas sugerencias, por la confianza y el apoyo brindados en el desarrollo de esta investigación.

Tema sumamente delicado y preocupante es el relativo a la Jurisdicción Militar, y que ahora está relacionado con el título de la presente tesis Conflictos de competencia entre el Poder Judicial y la Jurisdicción Militar en el contexto constitucional. Y se presenta más arduo todavía si se toma en cuenta que su tratamiento académico ha sido descuidado en los ámbitos constitucional y legal. Y qué decir cuando se ve que el poder político, a través de la línea evolutiva histórica –en especial, el Poder Ejecutivo– ha sido el que ha impuesto las reglas de juego para el desarrollo y aplicación de la Jurisdicción Militar, resultando muchas veces excesivas las decisiones que, en un momento determinado, expidieron los Tribunales Militares, precisamente integrados por jueces reclutados por el propio Poder Ejecutivo, desconociéndose a los demás aparatos estatales. La historia nos enseña que la función política de las Fuerzas Armadas ha sido un fenómeno persistente en América Latina, y en el caso peruano se deja notar esta dura realidad, lo cual ha permitido que se lleven a cabo permanentes oscilaciones de la autoridad civil que trajo como producto la ruptura de los diques de la democracia, por parte de las camarillas políticas, de casta y elitista, con el propósito de controlar el poder social y político. Frente a esto surge la siguiente interrogante: ¿Estado Constitucional o Estado Militar? La respuesta se podrá apreciar a lo largo del presente estudio.

En la presente investigación se ha empleado la metodología jurídicosocial, sobre todo la metodología del análisis y síntesis; habiéndose recurrido también a la metodología aplicada en la estadística, ya que además del estudio teórico y del trabajo experimental o de campo, se ha realizado un estudio a través de encuestas y de la revisión de las sentencias condenatorias de los procesos penales sumarios y ordinarios. Luego de la obtención del resultado de las encuestas y del análisis de las sentencias condenatorias, y con la debida contrastación con las hipótesis, en gran medida se ha llegado a establecer que no existe una debida motivación en la fijación de las penas y que los jueces

La plaga de la corrupción que ataca no sólo al Perú, no sólo a América Latina, no sólo a nuestro Hemisferio, sino al planeta tierra entero. Tenemos la corrupción privada y la Estatal. La sociedad civil, el ciudadano comprometido es un héroe en la lucha contra la corrupción en su país y en nuestras Américas. Basándose en la experiencia y criterios, se refleja en opiniones e ideas sobre las experiencias de corrupción recientes en la República del Perú y de la lucha en su contra por diversas instituciones y va lientes ciudadanos Peruanos. Sigue en la lucha más importante del Siglo XXI, contra la "Tercera Guerra Mundial" contra la Corrupción Globalizada. El nuevo Milenio sin duda traerá aún más corrupción en los gobiernos, en los negocios, en los organismos sin fines de lucro y en la vida privada, porque esto ha sido la experiencia de todos los milenios anteriores. Habrá aún más necesidad pues, de héroes patriotas entre nosotros, y de nuestro apoyo para ellos. Será necesario concertar más voluntades en el mundo para enfrentar este mal y construir una nueva ética de responsabilidad. Esta es una tesis, dura pero necesaria. Esperemos que esta tesis sea de utilidad a los ciudadanos de nuestro continente, que por medio de su lectura, su análisis y su uso en eventos como seminarios, clases, conferencias, etc; aprendamos de las tristes experiencias anteriores y veamos cuáles son las mejores prácticas a emplear en la lucha de ideas (batalla eterna) de la raza humana con su propia don de corromper, mientras lucha con su propia conciencia que indica que esta es una maldad.

(...) este trabajo intenta por un lado ser un aporte a la discusión sobre la función de la Justicia de Paz, y por otro dar voz e indagar sobre las percepciones que sobre ella tienen las mujeres. Como señalamos, sus demandas están relacionadas con su identidad de género: alimentos, violencia familiar y sexual, reconocimiento de la paternidad de sus hijos; lo que implica por tanto debatir la neutralidad de la administración de justicia frente a conflictos que tienen su origen en desigualdades estructurales de la sociedad: las desigualdades de género. Nuestro trabajo, desarrollado en dos distritos de Huancavelica: Julcamarca y Congalla, nos indica que las mujeres no confían en los jueces de paz, y antes bien, preferirían que estos fueran de la ciudad o juezas, ellas sienten que sus derechos no son protegidos por que prevalece en los jueces de paz sus identidades masculinas y un ejercicio patriarcal donde optan por proteger a los varones con quienes mantienen en muchos casos vínculos de compadrazgo, además de que los Jueces resuelven reproduciendo valores patriarcales que son parte de la estructura de la racionalidad de estas comunidades. Creemos a lo largo de esta investigación que la incorporación de una perspectiva de derechos humanos desde el género es fundamental para la modernización de la justicia de paz, porque contribuye a transformar prácticas violatorias de derechos humanos– amparadas generalmente en la tradición, la costumbre comunal y la inacción del Estado- por otras respetuosas de estos derechos. No se trata de desterrar una práctica, sino de crear las condiciones para construir una administración de justicia respetuosa de los derechos humanos de hombres y mujeres. La Justicia de Paz tiene la capacidad de transformarse en una institución generadora de cambios en las relaciones de género pero ello pasa por empezar a hacer visible las voces disonantes de las mujeres. Finalmente nuestro trabajo sólo pretende llamar la atención de quienes tienen en sus manos las decisiones políticas en este nuevo intento de reforma de la administración de justicia para que puedan ayudar a transformar la justicia de paz en una institución que contribuya a que miles de mujeres encuentren una solución justa a sus demandas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El estudio de las fuentes del derecho es sin duda una tarea que debe ser llevada a cabo. Conocerlas es necesario tanto para comprender el origen y los fundamentos de las instituciones jurídicas que nos rigen como para proyectar las modificaciones legislativas futuras que los cambios de época exigen constantemente. Los códigos que hoy rigen en Chile son, como en gran parte del mundo occidental, la vía fundamental de expresión del Derecho. Han sido el resultado de todo un camino recorrido en pos de lograr la mejor forma de regulación de la vida en sociedad y de contar con una herramienta eficaz para el progreso de los pueblos. Es por esto que, a pesar de todas las críticas y reparos que puedan hacerse al analizar esta técnica legislativa y de que ya se haya empezado a hablar del fin de la era codificadora , las investigaciones sobre el proceso codificador en nuestro país tienen especial importancia. Los trabajos al respecto son escasos y han sido desarrollados fundamentalmente en el campo del Derecho civil , siendo aún necesarios en otras áreas del saber jurídico, en particular en materia procesal . Este trabajo tiene por objeto completar en alguna medida los vacíos referidos intentando el estudio sistemático de los primeros pasos que se dieron en nuestro país en orden a lograr la codificación de las leyes procesales. Para esto, se analizará la labor codificadora del jurista Mariano Egaña a quien en el año 1834 fue encomendada la misión de elaborar un proyecto de ley de administración de justicia y organización de tribunales, trabajo que culminó con la promulgación de las llamadas "Leyes Marianas" en el año 1837.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objeto de este trabajo es analizar el tema de la ejecución provisional de las resoluciones judiciales en nuestra legislación procesal civil y comparada. La materia dice relación con la posibilidad de llevar a cabo el cumplimiento de resoluciones judiciales carentes de firmeza, por existir recursos pendientes deducidos en su contra. El tema es de una trascendencia capital, ya que tal institución pretende producir alteraciones en el patrimonio de las personas, teniendo como base resoluciones judiciales respecto de las cuales se encuentra conociendo un tribunal superior en virtud de un recurso deducido en su contra, cabiendo en consecuencia, la posibilidad de una eventual revocación. Si bien, aparentemente tal noción se encontraría en pugna con la idea de debido proceso y al derecho que le cabe al demandado de impugnar la sentencia condenatoria dictada en su contra, no es menor que quien ejerció su derecho de acción y además obtuvo una sentencia definitiva de primera instancia que le dio la razón, no debería soportar el costo temporal de la alzada .

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El Trabajo de la presente memoria se abocará a demostrar y argumentar la factibilidad o infactibilidad de la demanda de Bolivia ante La Corte Internacional de Justicia de La Haya, sea acogida por esta Corte Internacional. Esta demanda responde a una centenaria pretensión de este país de obtener una salida al mar por territorio Chileno. Los sucesivos gobiernos de La Paz han insistido en su reivindicación marítima basando su argumentación, entre otros puntos, en desconocer la vigencia, validez y presunto incumplimiento del Tratado de Paz Amistad y Comercio de 1094, el cual en su momento estableció, de forma definitiva, los límites entre ambos países. Haciendo un giro en su histórica posición, Bolivia ha concurrido a La Haya invocado la existencia de una controversia con Chile por negarse sistemáticamente a ofrecer una salida soberana al mar, y que a través de acuerdos, la práctica diplomática y una serie de declaraciones atribuibles a los representantes del más alto nivel de Chile, Presidentes y Cancilleres, se habría comprometido a otorgar esa salida con soberanía al Mar Pacífico.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Este trabajo tiene como objetivo principal pensar la posibilidad de la justicia, presentando y criticando el proyecto de la Dra. Adela Cortina. El primer momento de esta investigación, se sitúa en historia de la filosofía, donde se explica la posible relación entre la ética, la economía y la justicia. El segundo momento, explicara el proyecto de justicia de Adela Cortina. Finalmente se realiza una crítica para poder esbozar un proyecto de participación -económica- radical.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En relación a las personas privadas de libertad, las condiciones actuales en las cuales viven los presos o privados de libertad dentro de los recintos penitenciarios, ha sido objeto de duras críticas. Esto debido a la sobrepoblación, las malas condiciones de higiene y salubridad, el hacinamiento y falta de políticas de reinserción. Todo lo anterior genera ambientes de alta violencia y agresividad entre los reclusos, y entre estos y los funcionarios de Gendarmería. Esta realidad ha sido la que nos ha motivado a realizar una tesis en relación al Habeas Corpus, particularmente sobre aquellos recursos interpuestos por las personas privadas de libertad y sus familiares, en contra de Gendarmería de Chile.