Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)

Sumario: Organización unitaria de la provincia de Buenos Aires - Reorganización de la justicia bonaerense - Jurisdicción y competencia - Intervención de los jueces de paz en los acontecimientos políticos, militares y sociales de la campaña (1821-54) - Los jueces de paz de campaña como agentes electorales - La vida económica en la campaña - Los juzgados de paz de frontera.

Las reformas procesales civiles siguen dos líneas metodológicas, en las cuales buscan una transformación general del Sistema de Justicia no penal o apuntan a transformaciones de uno o varios sectores específicos del Sistema de Justicia. Así el modelo procesal también debe analizar la organización judicial con la que cuenta el país, los recursos humanos y materiales existentes para operativizar cualquier cambio. Asimismo, esta debe contemplar los principios y las nuevas estructuras procesales adecuadas para la satisfacción de los derechos sustanciales.De esta forma, los desafíos que enfrentan los Sistemas de Justicia de nuestro tiempo requieren de estudios multidisciplinarios, innovadores y libres de preconceptos.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Muchos de los principios generales del Derecho Comunitario se encuentran consagrados en los Tratados, pero la interrogante es si estuvieron allí desde un inicio y el TJUE sólo los aclaró o interpretó, o si fueron generados con posterioridad a la entrada en vigencia de los Tratados. De ser la segunda opción la correcta, cómo fue que se incorporaron, qué institución fue responsable de su formulación o hizo ver la importancia de lo que un determinado principio implicaba. 11 Con el objeto de dar respuesta a la hipótesis, en primer lugar analizaré el Derecho Comunitario, proponiendo una definición, analizando su composición, sus fuentes y el lugar de los principios comunitarios, de los cuales mencionaremos los más importantes. En segundo lugar, analizaré el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, abordando brevemente los Tratados Constitutivos de la UE, y el Tratado de Lisboa, y las reformas que éste hace a las normas que rigen al TJUE. Trataré la estructura del TJUE, el procedimiento que lo rige y sus competencias. En tercer lugar, consideraré algunos principios de gran importancia para determinar la influencia del TJUE, analizando la jurisprudencia que podría haber dado origen a dichos principios y/o la historia legislativa de los mismos. En cuarto lugar, debatiré sobre la importancia que tendría el TJUE en la integración de la UE, teniendo en cuenta los principios analizados. Analizaré igualmente la influencia de otras instituciones sobre los principios, y por último, concluiré sobre la hipótesis de la tesis. La metodología que utilizaré durante esta investigación será el estudio de la doctrina extranjera, mayormente española; la jurisprudencia, principalmente del propio TJUE, y de los Tratados constitutivos, principalmente el Tratado de Lisboa, como igualmente protocolos y reglamentos, entre otros. Luego de leerlos, analizaré su contenido, comparando lo señalado por cada autor con la jurisprudencia y las normas legales, constatando la evolución que ha tenido la jurisprudencia del Tribunal y los principios generales del Derecho Comunitario.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales / La mayor parte del debate igualitarista ha girado en torno al problema de la métrica de la igualdad. Numerosas respuestas han surgido a la pregunta sobre la ¿igualdad de qué? En el marco de la discusión igualitarista, la felicidad, el bienestar, las oportunidades de vida o una combinación de estos y otros factores han sido propuestos como criterios para medir la justicia. Sin embargo, muy poco se ha escrito respecto de la igualdad a través del tiempo. Los autores igualitaristas deben clarificar la unidad temporal de los juicios distributivos. ¿Es la vida completa de las personas o un segmento de tiempo la unidad de interés igualitario? Lo anterior cobra especial importancia si consideramos la longevidad de la población en Occidente, y en particular en nuestro país. El presente trabajo tiene como objetivo general plantear y evaluar críticamente los argumentos que se han esgrimido para sostener la perspectiva de vidas completas, perspectiva empleada por defecto por los autores igualitaristas, para después contrastarla con la perspectiva de segmentos de tiempo. Dicho debate nos permitirá dilucidar los principios de justicia que deben guiar a las instituciones sociales que realizan distribuciones entre personas que pertenecen a distintos grupos de edad. Luego, se emplearán los criterios de distribución señalados al problema específico de la institucionalidad de la previsión social

El derecho internacional reconoce que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos merecen reparaciones; sin embargo, no todas las sociedades en transición ven a los niños soldados como meramente víctimas, incluso, en varias de ellas son vistos con recelo porque han cometido atrocidades que afectaron gravemente su tejido social. Los programas de reparaciones deben confrontar ese dilema, en el caso del Perú lo hizo a través del Plan Integral de Reparaciones (PIR). A propósito de lo anterior, la presente investigación sostiene que el PIR reguló el derecho de reparación de los niños soldados de manera sesgada y discriminatoria al no tomar en cuenta el interés superior del niño y el principio de no discriminación, aspectos que deben guiar las políticas y las normativas legislativas o administrativas, máximas deontológicas establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), vinculantes para el Estado peruano desde 1990.

El feminicidio es una categoría empleada por los movimientos feministas y, posteriormente, por los órganos internacionales de derechos humanos para referirse a los homicidios de mujeres que constituyen violencia basada en género. Esta categoría permite evidenciar la relación que existe entre la muerte de una mujer en específico y un sistema social que subordina a las mujeres como colectivo. En este contexto, la justicia penal es la responsable de precisar qué casos concretos constituyen un feminicidio y, a partir de ello, re-afirmar el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de patrones estereotipados de género. Sin embargo, la tipificación penal de la categoría feminicidio en las legislaciones latinoamericanas - particularmente en la peruana- ha sido un proceso caracterizado por diversas críticas, resistencias y dificultades. Como correlato, los tribunales han tenido serios problemas para aplicar la categoría. En este escenario, la presente investigación sistematizará y valorará críticamente las reglas que ha empleado la Corte Suprema de Justicia del Perú para definir qué es y qué no es un feminicidio. Con ello se identificará aquellos problemas interpretativos que han sido superados -al menos a nivel de Corte Suprema- y aquellos que, al persistir, mantienen vigentes serias lagunas de impunidad. / Femicide is a category used by feminist movements and, later, by international human rights bodies to refer to the homicides of women that constitute gender-based violence. This category makes it possible to demonstrate the relationship between the death of a specific soman and a social system that subordinates women as a group. In this context, criminal justice is responsible for specifying which specific cases constitute femicide and, based on this, reaffirming the right of women to live a life free of violence and stereotyped gender patterns. However, the criminal prohibition of the femicide in Latin American legislation -particularly in Peru- has been a process characterized by various criticisms, resistance, and difficulties. As a correlate, this courts have had serious problems applying the category. In this scenario, the present investigation will systematize and critically assess the rules that the Suprema Court of Justice of Peru has used to define what is and what is not a femicide. This will identify those interpretative problems that have been overcome -at least at the Suprema Court level- and those that, by persisting, maintain serious impunity gaps.

La presente tesis expone la dimensión de la función constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) configurada con el fin de preservar el orden jurídico, así como producir y ordenar la jurisprudencia, debiendo ejercer liderazgo en el sistema de justicia fijado precedentes vinculantes y doctrina jurisprudencial. La tesis, en ese sentido, recuerda los debates de la Constitución de 1979, en donde se refirió con énfasis el papel de la jurisprudencia y estableció la incorporación de la casación no como una norma procesal, sino como una potestad que le confiere una función constitucional. A partir de ello, la investigación exhibe algunos hallazgos que expresan disfuncionalidades institucionales de la CSJ que vienen contribuyendo a desconfigurar el modelo constitucional, como la alta provisionalidad de magistrados —la más alta del Poder Judicial— y que funciona con nueve Salas especializadas cuando la LOPJ contempla solo tres; la designación de magistrados provisionales sin seguirse el estricto orden de méritos contrariando la LOPJ y la LCJ, lo que se documenta con precisión identificando hechos que acontecen; la alta rotación y cambios constantes de conformaciones de las Salas Supremas, sin consultas a los afectados. De igual forma, la tesis analiza la situación de muchos vocales supremos que adicionan a sus tareas jurisdiccionales labores administrativas, pese a la distinción que hacen los artículos 143° y 146° de la Constitución. Finalmente, la tesis aborda el problema de la jurisprudencia y cómo las diversas Salas de la Corte Suprema tomaron mucho tiempo para iniciar a establecer doctrina jurisprudencial y precedentes, existiendo en la actualidad un desarrollo dispar en las Salas Especializadas, destacándose la contribución en la materia por parte de las Salas Penales, analizándose algunos aspectos que para evitar que sigan llegando cada vez más casos a nuestro alto tribunal de justicia. La investigación apunta a que, si se busca una Corte Suprema orientadora del Derecho a partir de jurisprudencia de calidad, que otorgue seguridad jurídica, predictibilidad y falle en igualdad, debe considerarse un número razonable de casos que pueda gestionarse a su interior. La tesis considera que para abordar estos problemas se debe partir por reconocer que existe un problema, superando el actual escenario negacionista de los vocales supremos, así como la indiferencia la Academia y el foro; considerar así que hemos normalizado una situación anómala que se expresa en la alta sobrecarga de casos que recibe la CSJ que superar los 48 mil expedientes al año, una provisionalidad que llega al 80%, constantes cambios en la conformación de las Salas Supremas al iniciar el año judicial y cuando lo considere la presidencia — 13 veces en este año 2021—entre otros aspectos que contribuyen a debilitar o afectar garantías institucionales contempladas en la Constitución, como el principios de independencia, inamovilidad y juez predeterminado por ley. / This thesis presents the dimension of the constitutional function of the Supreme Court configured to preserve the legal order, as well as to produce and order jurisprudence, having to exercise leadership in the justice system set binding precedents and jurisprudential doctrine. The thesis, in this sense, recalls the debates of the 1979 Constitution, where the role of jurisprudence and the Supreme Court was emphasized and where the incorporation of cassation was established not as a procedural norm, but as a power that confers on it a constitutional function. Based on this, the investigation shows some findings that express institutional dysfunctionalities of the Supreme Court of Justice that have been contributing to misconfigure the constitutional model, such as the high provisionality of magistrates - the highest in the Judiciary - and that it operates with nine specialized Chambers when the LOPJ contemplates only three; the appointment of provisional magistrates without following the strict order of merits contrary to the LOPJ and the LCJ, which is documented with precision by identifying events that occur; the high turnover and constant changes in the conformations of the Supreme Chambers, without consulting those affected. Similarly, the thesis analyzes the situation of many supreme members who add administrative tasks to their jurisdictional tasks, despite the distinction made by articles 143 and 146 of the Constitution. Finally, the thesis addresses the problem of jurisprudence and how the various Chambers of the Supreme Court took a long time to begin to establish jurisprudential doctrine and precedents, currently existing a disparate development in the Specialized Chambers, highlighting the development of the Criminal Chambers , highlighting that regulatory adjustments are required in the matter and that there is a better application of the appeal to prevent the Supreme Court from becoming one more instance that encourages the arrival of more cases that continues to congest our high court and especially the Chambers of Constitutional and Social Law. In this sense, the thesis points out that, if a Supreme Court orienting Law is sought based on quality jurisprudence, which provides predictability, legal certainty and preserves the principle of equality, the importance of a reasonable number of cases must be taken into account. that can be managed, and efforts must be made in this way. The thesis considers that in order to address these problems, it is necessary to start by recognizing that there is a problem, overcoming the current situation of comfort of the supreme magistrates, the forum and the academy, which have normalized an anomalous situation such as the one that affects the Supreme Court with an overload of cases that exceeds 48 thousand a year, with a provisional status of 80%, with constant changes in the composition at the beginning of the judicial year and when the presidency considers it —13 times in this year 2021—, among other aspects that contribute to weaken or affect institutional

El uso de incentivos monetarios en la administración pública ha sido aplicado en varios países desde la década de los noventa en el marco de los procesos de reforma del Estado, a fin de buscar resultados para mejorar la provisión de los servicios públicos. A pesar de la experiencia desarrollada, los resultados sobre la efectividad de los incentivos monetarios muestran ciertas limitaciones en los países en los cuales fue implementada esta política pública.

El tema de la presente investigación surge al observar deficiencias en el acceso a la justicia que hay en el Perú para aquellas personas que no pueden acceder a un abogado y ser asesorados para resolver sus problemas legales. El acceso a una consulta legal particular no está al alcance de todos los ciudadanos, por lo que tendrá que buscar un centro de asesoría legal gratuita. El ciudadano tendrá que informarse en el Poder Judicial para encontrar asesoría jurídica gratuita ya sea supervisada por el Estado, o por aquellas que brindan las instituciones privadas.