El presente comentario sostiene que la justicia electoral se equivocó al no permitir la inscripción de la fórmula presidencial del partido político «Todos por el Perú». Si bien esta organización política incurrió en errores administrativos, estos no afectaron los derechos ni los intereses de sus afiliados, ni mucho menos pusieron en cuestión su democracia interna. Asimismo, el comentario sostiene que esta resolución no toma en cuenta en sus fundamentos la práctica jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en materia del derecho a la participación política, considera que su reglamentación no puede ser inadecuada e irrazonable.

La Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (OGA-Minjus) es una unidad ejecutora del sector Justicia, depende jerárquicamente de la Secretaría General según su reciente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [Minjus] 2012), donde se detallan sus funciones, y se indica que es el órgano de apoyo responsable de gestionar los sistemas administrativos de abastecimiento, tesorería y contabilidad, así como de asuntos documentarios, gestión de inversiones y de la ejecución coactiva. Los proyectos que ha venido ejecutando la OGA-Minjus, en su mayoría, son para la defensa pública y acceso a la justicia. Según la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2018-2020, uno de los servicios que brinda el Minjus es el servicio de acceso a la justicia, a través de sus sub servicios: i) defensa pública (materia penal, familia, civil y laboral); ii) asesoría legal gratuita; y iii) conciliación extrajudicial gratuita (Minjus 2017a). Sin embargo, este desempeño en cuanto a su nivel de gasto de inversión (ejecución) está por debajo del promedio del sector justicia y del gobierno nacional, motivo por el cual la presente investigación analiza cuáles son los principales factores que ocasionan este bajo desempeño, y se realiza una propuesta de mejora para la gestión de la inversión pública de dicha oficina. Se ha considerado un horizonte de análisis que incluye los años 2012 a 2016, tiempo en el cual se formularon y se han venido ejecutando un total de 15 proyectos de inversión pública, por un monto total acumulado de S/ 15.010.916, siendo el monto de inversión promedio por proyecto de S/ 1.000.727.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / Dentro del contexto de una mayor integración internacional gracias a los Organismos Internacionales de Justicia queremos hacer un balance en cuanto a si nos sería más conveniente elegir el camino de la Solución de Controversias gracias a la suscripción de Tratados de Arbitraje Obligatorio, o bien continuar bajo la Jurisdicción, en virtud del art. 36 numero 2 del Pacto de Bogotá, de la Corte Internacional de Justicia. Para llegar a ello contestamos primero a la pregunta de qué es el Pacto de Bogotá, en el marco de los Mecanismos de Solución Pacifica de Controversias, y luego aclaramos el porqué en virtud de este Pacto, estamos sometidos a la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Luego de esto hacemos un Estudio del Pacto, de las posibilidades que nos ofrece, incluyendo el mecanismo de la Solución Judicial. Luego de eso hacemos un balance sobre la experiencia de nuestro país en la Corte, juzgando los argumentos y las razones que ésta emite para dictar los fallos en los cuales hemos estado involucrados, con el objeto hacer una evaluación de los Fallos de la Corte, inquirir si realmente aplica de una manera irrestricta el Derecho Internacional. A continuación comparamos esos resultados con nuestra experiencia con los otros mecanismos de Solución de Controversias, en especial con el mecanismo del Arbitraje. Después de sopesar las ventajas y desventajas de estar bajo la Jurisdicción de la Corte o de acudir al Mecanismo del Arbitraje Obligatorio y luego de 11 concluir qué es lo mejor para nosotros, como país, proponemos un sistema de Arbitraje Obligatorio Bilateral con los demás países, ejerciendo nuestro derecho, reconocido en la Carta de Naciones Unidas de elegir libremente nuestros mecanismos de solución de Controversias.

Memoria para optar al título de Geógrafa

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Objetivos: General. Con motivo de la llamada “reforma energética de 2013” en México, analizar jurídicamente los impactos sociales y ambientales de los llamados megaproyectos de energía que se ejecutan en territorios pertenecientes a pueblos indígenas, revisar su tratamiento jurídico en los tribunales de justicia, así como plantear algunas propuestas de solución a esta problemática. Específicos. - Destacar la importancia de la energía en la sociedad actual, los modelos de desarrollo industrial, así como su incidencia y relación con los recursos naturales. - Analizar, a partir de la “reforma energética de 2013 en México”, el modelo de desarrollo en la industria de los hidrocarburos y la electricidad, incluyendo las energías renovables, como detonantes de los llamados megaproyectos de energía. - Examinar, a partir del concepto de propiedad, los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios, incluyendo el derecho preferencial a explotar sus recursos naturales. - Analizar el régimen jurídico ambiental aplicable a los proyectos de energía que se implementan en territorios de pueblos indígenas. - Revisar, a partir del concepto de justicia, los mecanismos de protección y reparación de daños causados por los impactos lesivos al medio ambiente. - Evaluar los pronunciamientos de los tribunales nacionales e internacionales al juzgar casos que involucran proyectos de energía que se implementan en territorios de pueblos indígenas. - Visualizar las alternativas de reparación de los daños causados, así como esquemas de convivencia, cooperación justa y beneficios compartidos entre los desarrolladores de los proyectos de energía y las comunidades involucradas.

3 universidades organizaron el Foro Internacional: La controversia entre Venezuela y Guyana ante la Corte Internacional de Justicia: Fase Preliminar -La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas -La American College de Managua -La Universidad Católica Adres Bello de Venezuela / 5 prestigiosos juristas de Iberoamérica disertaron sobre cuestiones relacionadas con el caso sometido a la Corte Internacional de Justica, en relación a la disputa entre los dos países. Temas: -Aspectos específicos relacionados con la competencia de la Corte Internacional de Justicia en el Caso planteado por Guyana sobre el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899: Profesor Víctor Rodríguez Cedeño, Embajador y ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas / - Ausencia de competencia de la Corte Internacional de Justicia para conocer de la controversia: Profesor Jorge Cardona-Llorens, Universidad de Valencia, España / - La no comparecencia: Derechos y obligaciones de los Estados y de la Corte: Mauricio Herdocia Sacasa, Rector del American College, Nicaragua / - La solución práctica y mutuamente satisfactoria de la controversia territorial: la no judicialización de la controversia Didier Opertti Badán, ex canciller del Uruguay / - La interpretación del Acuerdo de Ginebra 1966: El objeto de la controversia, la controversia territorial: Profesor Luis Alfonso García Corrochano, Decano de la Facultad de Derecho UPC

El objeto de esta investigación es explorar los espacios habitados a través de las ficciones que dan forma a las subjetividades femeninas en la arquitectura y en el espacio urbano de dos comunidades fluviales latinoamericanas, la Reserva de manglares Cayapas Mataje al norte de Ecuador y en el Bajo Delta del Paraná, en la zona de Tigre, en Argentina. He enfocado mi estudio en las representaciones involucradas en la producción del espacio doméstico y comunitario como estrategias visibles que reclaman su propia producción de discurso y participación. Transito la biopolítica del hábitat, a través de los espacios de poder grabados en el lenguaje de los cuerpos y de las expresiones de las subjetividades. La complejidad de la tarea trata además de abordar una urgencia, la del vincular los saberes académicos a la práctica y me ha llevado a introducir visiones y metodologías de diversas disciplinas, estrategias comunitarias y a in-habitar los territorios compartiendo la vida cotidiana con las comunidades por más de 10 años. Esto supone una mirada nueva en la comprensión de las dinámicas sociales y los modos de construcción social del espacio para la arquitectura, el paisaje y la planificación, resignificando las estrategias concebidas por las mujeres, en un intento de acercamiento a las complejas redes de poder invisibles establecidas en el diseño de los espacios habitados. De esta manera, he registrado particulares modos de negociación que interpelan la subjetividad de la minoría mujer, pobre y latinoamericana, al interior de una sociedad patriarcal altamente normativa. Finalmente, se desarrolla una epistemología operativa puesta en un piloto participativo, realizado desde el año 2019 hasta febrero de 2020 en la comunidad de Isla Santa Rosa.

El sector público es un consumidor ávido de Tecnología de la Información (TI) y los responsables políticos deben poder justificar esos altos montos invertidos. Por ello, es necesario desarrollar teorías que permitan evaluar el valor de la TI en instituciones gubernamentales. En la presente tesis se intenta responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo evaluar el valor de la TI en el sector público desde la percepción de los empleados públicos de Argentina y Brasil? Con base en la teoría del ajuste de la tecnología a la tarea y la teoría de valor público, el presente trabajo aporta un modelo conceptual con el objetivo de evaluar el valor de la TI en el sector público, desde la perspectiva de los usuarios internos. El modelo propuesto tiene cuatro proposiciones que reflejan asociaciones entre las características de las tareas y las características de los individuos para determinar hasta qué punto dichas variables anteceden al ajuste de la tecnología a la tarea en una organización pública. A su vez, dicho ajuste, impacta, a nivel individual, en el propio desempeño del usuario y, a nivel organizacional, en la calidad del servicio público prestado. En cuanto a la metodología, se optó por un enfoque de métodos mixtos, que combina técnicas cualitativas y cuantitativas. Se intentó dar a la investigación múltiples fuentes de evidencias primarias, principalmente por medio de entrevistas semi-estructuradas y encuestas, que fueron complementadas con otras fuentes (como análisis de documentos institucionales, observación del funcionamiento de las organizaciones seleccionadas, informantes clave y dos rondas de card sorting). La recolección de dichos datos se realizó mediante el estudio del caso del servicio de justicia federal en dos países: Argentina y Brasil. El modelo fue evaluado, inicialmente, mediante entrevistas con investigadores, empleados y funcionarios del servicio de justicia federal argentino y brasilero, buscando capturar sus impresiones en cuanto al sentido de las relaciones propuestas. De una manera general, usando técnicas de análisis de contenido, se corroboró que el modelo es coherente con lo que ocurre en la realidad de las organizaciones. Los entrevistados también aportaron elementos que pueden usarse para medir las dimensiones teóricas del modelo y sus contribuciones se analizaron a partir de la literatura existente. Los elementos resultantes fueron posteriormente evaluados a través de dos rondas de card sorting; la primera con académicos y la segunda con funcionarios de la justicia brasilera y argentina. El resultado final del estudio cualitativo fue la obtención del cuestionario a aplicar en la prueba piloto de la etapa cuantitativa de la investigación. A partir de la referida prueba piloto, se arribó al survey final. Así, las cuatro proposiciones del modelo de investigación se reescribieron en términos de hipótesis. Las cuatro hipótesis fueron confirmadas estadísticamente en el estudio completo, usando técnicas estadísticas de modelado de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales de regresión. Ello implica que el modelo propuesto fue probado a través del análisis de la percepción de los empleados públicos de los servicios de justicia federales de ambos países en las dos etapas de la investigación: cualitativa y cuantitativa. La investigación hace varias contribuciones al proponer un modelo sobre cómo se puede evaluar la aplicación TI en organizaciones públicas y en un área de aplicación específica como el sistema de justicia. Se examinó la efectividad de dos SI de gestión de expedientes judiciales, mostrando así cómo el gobierno puede evaluar las implementaciones de TI en países en desarrollo. El valor práctico de esta investigación se basa en aclarar cómo la TI impacta el desempeño de los empleados públicos y la calidad del servicio público. Se espera que los resultados puedan ayudar a los gerentes a reducir las brechas entre la política y el diseño de SI, guiando así los esfuerzos de TI por parte de profesionales de otros países en desarrollo. / The public sector is an avid consumer of Information Technology (IT) and policymakers should be able to justify these high amounts invested. Therefore, it is necessary to develop theories that allow evaluating the value of IT in government institutions. In this thesis, the following research question is assessed: How to assess IT value in the public sector from the perception of public employees from Argentina and Brazil? Based on task-technology fit theory and public value theory, this work provides a conceptual model with the objective of evaluating IT value in the public sector, from the perspective of internal users. The proposed model has four propositions that reflect associations between task characteristics and individual characteristics to determine to what extent these variables precede task-technology fit in a public organization. In turn, this fit impacts, at the individual level, on the individual performance and, at the organizational level, on the quality of the public service delivered. Regarding the methodology, a mixed methods approach was chosen, which combines qualitative and quantitative techniques. An attempt was made to give the research multiple sources of primary evidence, mainly through semi-structured interviews and surveys, which were complemented with other sources (such as analysis of institutional documents, observation of the functioning of the selected organizations, key informants and two rounds of card sorting). The collection of these data was done by studying the case of the federal justice service in two countries: Argentina and Brazil. The model was evaluated, initially, through interviews with researchers and employees of the federal justice service of Argentina and Brazil, seeking to capture their impressions as to the meaning of the proposed relationships. In a general way, using techniques of content analysis, it was corroborated that the model is coherent with what happens in the reality of organizations. The interviewees also contributed with elements that can be used to measure the theoretical dimensions of the model and their contributions were analyzed based on the existing literature. The resulting elements were subsequently evaluated through two rounds of card sorting; the first with academics and the second with Brazilian and Argentine justice officials. The final result of the qualitative study allowed obtaining the questionnaire to be applied in the pilot test of the quantitative approach of the investigation. From the aforementioned pilot test, the final survey was obtained. Thus, the four propositions of the research model were re-written in terms of hypotheses. The four hypotheses were statistically confirmed in the complete study, using statistical techniques of partial least squares structural equations modeling. This implies that the proposed model was tested through the analysis of the perception of public employees of the federal justice services of both countries in the two stages of the research: qualitative and quantitative. The research makes several contributions by proposing a model on how IT application can be evaluated in public organizations and in a specific area of application such as the justice system. The effectiveness of two IS of judicial records management was examined, showing how government can evaluate IT implementations in developing countries. The practical value of this research is based on clarifying how IT impacts the performance of public employees and the quality of public service. The results may help managers in reducing gaps between IS policy and design, thus guiding IT efforts by professionals from other developing countries.

Una de las tareas políticas más importantes de inicios del siglo XXI es la implantación de un orden de justicia mundial que dé respuesta a “los grandes males de la historia humana –guerra injusta y opresión, persecución religiosa y denegación de la libertad de conciencia, hambre y pobreza, genocidio y asesinato en masa–”.1 La filosofía, frecuentemente tildada de estéril, puede ayudar en su solución. Por ello, quiero centrarme filosóficamente en uno de esos males: la pobreza. La globalización de la economía no ha generado mejores condiciones de vida para los países que intercambian sus productos “imparcialmente” según el mercado, sino que ha incrementado las desigualdades entre ellos y su relación de dependencia. / Tesis