Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El presente trabajo tiene por objeto evaluar críticamente la regulación de los delitos contra la Administración de Justicia y proponer mejoras en su regulación vigente, así como respecto de su tratamiento en el Anteproyecto de Códig.o Penal.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La presente memoria es una traducción directa al castellano del libro alemán “Die richterliche Aufklärung im Zivilprozeß” (“La aclaración judicial en el proceso civil”) del Profesor Rolf Stürner. En esta obra del Profesor Stürner se trata el problema de la actividad del juez en el marco del procedimiento civil (ordinario) alemán (contemplado en el Zivilprozeßordnung, el Código Procesal Civil alemán), centrándose en el análisis del rol de dirección que le corresponde. Como puede observarse, el libro pretende hacerse cargo de la tensión a la que se enfrenta el juez como consecuencia de los diversos roles que cumple: por una parte, un asesor de las partes, que debe ayudarlas a desempeñar de forma correcta su papel; por otra, el juzgador, llamado a resolver la controversia jurídica. El autor se centra principalmente en la regulación del procedimiento (ordinario) civil, sin perjuicio de referirse también al procedimiento ante los tribunales del trabajo y administrativo. A partir de esa base, el autor realiza un exhaustivo análisis de las reglas que gobiernan la actividad del juez. Para dichos efectos utiliza siempre como esquema de análisis los principios que inspiran la regulación procesal alemana, obteniéndose, de esa forma, una visión sistemática y coherente de la actividad del juez en ese proceso. Precisamente por la visión global que entrega, la rigurosidad del análisis y la revisión crítica de la práctica judicial, el libro representa un aporte para la discusión dogmática sobre la materia y nos brinda una perspectiva clarificadora para quienes se desempeñan como jueces. Finalmente, esta obra presenta para nosotros un apreciable interés, no sólo por el reconocido prestigio de su autor, sino que por desgracia son muy escazas las obras de la cultura germánica en materia procesal que durante estos últimos años han sido traducidas a nuestro idioma, no obstante su reconocido aporte científico, especialmente por el desarrollo eficiente de sus procesos orales civiles. Esperamos que con esta traducción podamos romper este ciclo de silencio en materia de traducciones de las obras procesales de la cultura jurídica germánica, atendido a que sin duda constituyen para nosotros un valioso aporte

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / En el marco de la reforma a la justicia chilena, han venido sucediéndose una serie de iniciativas que pretenden modernizar nuestro sistema de justicia, agilizando los procedimientos y en definitiva, procurando dar una mayor protección a los derechos de las personas, para adecuar nuestro sistema a los estándares internacionales de justicia. Es con miras a esta finalidad, que en el año 2002 comenzó a implementarse la reforma al procedimiento penal. Este nuevo procedimiento era substancialmente distinto al anterior y sin precedentes en nuestro sistema de justicia. Ello, porque de un sistema fundamentalmente escrito, pasamos a un sistema en que el principal protagonista es la oralidad. De ahí en adelante, han venido sucediéndose diversas modificaciones al sistema procesal que tienen como común denominador la oralidad. Entre ellas encontramos la reforma al sistema de familia, al procedimiento laboral, al sistema criminal juvenil, y finalmente la reforma que se implementará en la justicia civil.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El objetivo de este trabajo de memoria es exponer aquella dimensión del derecho fundamental del igualitario Acceso a la justicia, en lo relacionado con la garantía de los ciudadanos a contar con una defensa letrada. A través de esta investigación, se propone un análisis al texto de constitucional y a los actuales agentes encargados de la asistencia jurídica, examinando el estado actual de la organización de este sistema subsidiario y la forma en que estos mecanismos de asistencia profesional son dispuestos para materializar efectivamente la igualdad técnica de las partes en las diversas formas de enjuiciamiento. Es importante señalar que estos sistemas de asistencia judicial están basados en dos principios básicos; el del debido proceso y el de subsidiariedad. El primero de ellos se relaciona con esta garantía en el acceso necesario a la participación de un profesional que pueda hacerse cargo de la defensa de los intereses de los particulares, de manera tal que las alegaciones y pretensiones que se hagan frente a la autoridad puedan ser respaldadas por un profesional y así poder traducir estas pretensiones en un lenguaje jurídico y en una estrategia procesal adecuada. El principio de la subsidiariedad estatal esta vinculado, en este aspecto, en la necesidad de otorgar esta defensa letrada en aquellos casos en los que no pueda asumirse directamente el costo económico por los particulares que acceden al sistema. Lo anterior significa finalmente que el Estado debe organizar un sistema lo suficientemente amplio para cubrir las necesidades del público que no está en condiciones de pagar las prestaciones privadas de un abogado y ,de esta manera, se genera la obligación de organizar un mecanismo eficiente para responder a esta necesidad pública.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / El estudio del delito de obstrucción a la justicia en nuestra legislación, hasta hace poco se traducía básicamente en un trabajo de análisis crítico sin resultado satisfactorio en la práctica, y ello debido a que como sabemos, este adquirió el carácter de delito recién a partir de la entrada en vigencia de la ley que le dio.su origen, Ley N° 19.077 de 28 de agosto de 1991, cuya historia será materia de estudio en el presente trabajo, cabe en todo señalar que siempre existieron normas aisladas que en cierto modo contemplaban ya la penalidad de actos de este tipo, aun cuando esto no era suficiente para hablar del “delito de obstrucción”, y ello sencillamente porque en derecho no lo era, además de dejar situaciones concretas sin penalidad. Hoy aparece contemplado como tal en el artículo 269 bis, el que analizaremos en su oportunidad.

Tesis (magíster en derecho, mención derecho público) / La existencia de una jurisdicción electoral en un Estado democrático y de derecho, acrecienta las posibilidades de materialización de las garantías democráticas para los ciudadanos. La existencia en Chile de un sistema jurisdiccional independiente del Poder Judicial constituye un aporte para la construcción de un Estado Democrático de Derecho en Chile y para la materialización de los derechos democráticos de sus habitantes. La necesidad de reforzar este sistema por medio de mecanismos procesales más eficaces, que importen un incentivo del acceso a dichas formas de solución de conflicto de carácter estrictamente electoral, ayudan en el mismo sentido, a la luz de los sistemas comparados y de las problemáticas suscitadas en los sistemas de elección municipal y de representantes, al perfeccionamiento de la promoción y defensa de tales derechos.

Magíster en Economía Aplicada / Usualmente los modelos económicos asumen que todas las personas son entes racionales que persiguen únicamente su interés material propio sin consideración a las otras personas o al bienestar social. Sin embargo, existe evidencia experimental que demuestra que las personas no solo maximizan su utilidad individual, sino que también tiene en consideración el bienestar de aquellos que conforman su grupo de referencia. En este marco las teorías de ``Preferencias Sociales'' y en particular las de ``Aversión a la Desigualdad'' tienen relativo éxito a la hora de explicar la evidencia experimental y el comportamiento de sujetos tanto egoístas como los que no se comportan de tal manera. Estos trabajos se basan en modelar ciertos valores como igualdad, envidia, altruismo, etc. Y cómo estos valores determinan el comportamiento de los sujetos en diversas situaciones. El presente trabajo busca incorporar las nociones de justicia distributiva a través de un modelo simple y a su vez flexible que permita adaptarse a los distintos principios de justicia distributiva que se estudian, a saber igualdad, mérito y necesidad. El cuestionamiento principal tiene que ver con la limitación de estudiar un único valor versus la amplitud y diversidad de principios que constituyen la justicia. El modelo es consistente en su lógica interna y es capaz de explicar el surgimiento de la cooperación en juegos como el dilema de los prisioneros o el ciempiés. La consistencia empírica y experimental queda propuesta para futuras investigaciones.

Magíster en Gestión y Políticas Públicas / El presente Estudio de Caso tiene por objetivo analizar el Índice de Calidad de la Justicia Poder Judicial de Chile (iPJUD) como un instrumento que permite medir la producción de valor público. Esto es relevante al amparo de la premisa que sostiene que toda organización estatal debe generar valor público, porque esta es la razón de su existencia. Sumado a lo anterior, se tiene que un correcto desempeño del Poder Judicial es clave para la consolidación del Estado de Derecho, la democracia y el desarrollo del país, por tanto su gestión es un foco digno de estudio y reflexión. Más aún, cuando se trata de una de las organizaciones más cuestionadas y peor evaluadas por la ciudadanía chilena en la actualidad. Para atender al objetivo de esta investigación, se ha elaborado un Modelo Analítico que define y descompone a un nivel operativo el valor público en sus partes elementales, a fin de contar con una pauta que permite analizar el iPJUD. Los elementos del Modelo que miden el valor público son los siguientes: derechos y preferencias, oferta pública, satisfacción, confianza y credibilidad, transparencia y rendición de cuentas, información y educación, estrategia, innovación, desempeño organizacional, asociación pública y/o privada, participación y co-creación, y apoyo y legitimidad. Con este primer análisis, se confecciona una serie de cuestionarios que se aplican a informantes claves, y de esta manera contribuyen a precisar y fundamentar la información ya obtenida a partir del análisis del iPJUD con el Modelo Analítico. Como resultado de estos análisis complementarios, se obtiene un ranking de los elementos del Modelo, de acuerdo a cuán medidos o cubiertos están por el iPJUD y a su vez, se identifican puntos fuertes y oportunidades de mejora. Entre los fortalezas, se destaca la medición de los servicios entregados a los usuarios y la medición del rendimiento organizacional; en tanto como aspectos débiles se tiene la medición del impacto que generan los servicios en la ciudadanía, como la educación que se entrega y la confianza que tienen las personas hacia la judicatura, tampoco se mide la legitimidad política de la propuesta de valor del Poder Judicial. En función de los puntos débiles, se realiza una serie de recomendaciones cuyo propósito es contribuir a la mejora del iPJUD para medir la producción de valor público del Poder Judicial. Entre ellas, aumentar el conocimiento de usuarios directos y finales, medir la coordinación efectiva entre los actores del sistema judicial, medir la confianza ciudadana, medir la innovación, medir la educación judicial que se entrega a la sociedad, aumentar la frecuencia de medición del iPJUD y alinear a la organización, entre otros. Finalmente, se ha podido constatar que el iPJUD es un instrumento innovador per se, que busca reflejar a través de una serie de indicadores y un guarismo final, la respuesta de este Poder del Estado a la demanda ciudadana de recibir una justicia de calidad.

No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo / Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La regulación del derecho del mar respecto a la delimitación marítima si bien ha sido tratada en el ordenamiento jurídico internacional y en la doctrina, ha entregado conceptos ambiguos y poco certeros. Lo anterior ha llevado a los Estados a tener posiciones divergentes respecto a un mismo hecho, lo que luego de no encontrar puntos en común ha derivado en conflicto. Al respecto es importante la labor que ha cumplido la jurisprudencia emanada de la Corte Internacional de Justicia , la cual ha venido en llenar un vacío existente en el ámbito del Derecho Internacional Público. Este trabajo buscará identificar los métodos y criterios utilizados por este tribunal en la solución de diferendos de este tipo, de manera tal de estar al tanto sobre cuales son y han sido los resultados alcanzados al momentos de solucionar una controversia de relevancia internacional. En primer lugar, con el fin de tener a la vista el derecho sustantivo y las fuentes sobre las cuales generalmente la Corte basa sus sentencias, revisaremos cuales son las normas que regulan el derecho del mar, porque instrumentos internacionales se encuentran reguladas, su evolución, y las distintas instituciones que la forman. Esto permitirá que conozcamos también los conceptos más utilizados en la materia, y que se reiteran sostenidamente en los fallos. Más adelante examinaremos la Corte Internacional de Justicia, empezando por sus orígenes, sus antecedentes modernos, para más adelante conocer su regulación, los criterios que debe tener presente al conocer de los asuntos, y el procedimiento que deben seguir las partes que se someten a su decisión. Esto nos permitirá obtener una visión más amplia respecto a ella y la labor que cumple en la materia. Luego de ello, analizaremos algunos de los casos más emblemáticos que se han conocido y resuelto por la Corte Internacional de Justicia en relación a diferendos limítrofes marítimos, buscando dentro de ellos los razonamientos más utilizados por esta Corte al momento de decidir. De esta manera lograremos reparar si es que existe o no una falta de regulación y ambigüedad en el derecho sustantivo, el método que utiliza la Corte en las causas que caen bajo su competencia, y cual ha sido el desarrollo de su jurisprudencia a través de los años. Atendido el tema que trata esta memoria, y la contingencia actualmente existente, nos pareció necesario analizar en forma concisa el conflicto de delimitación marítima entre Perú y Chile que actualmente conoce la Corte Internacional de Justicia. En nuestro estudio tomaremos en consideración los elementos de hecho y de derecho de la causa, sus antecedentes históricos, y las posiciones de las partes para así pronosticar bajo nuestros criterios y a la luz de los elementos que previamente se analizaron un posible resultado en el asunto Ya en una última etapa procederemos a las conclusiones de nuestro trabajo, trayendo a la vista las resultados de la presente investigación, obteniendo los criterios y métodos más utilizados por la Corte Internacional de Justicia, permitiéndonos hacer un diagnostico de la situación actual sobre la materia Esperamos que este trabajo sea un aporte a la materia atendida las escasas fuentes que existen en la doctrina nacional en lo específico, y que los desacuerdos a nuestras apreciaciones motiven a otras personas desarrollar nuevos aportes sobre el tema.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / La idea de este trabajo es relacionar una rama especial del derecho internacional público llamada Derecho Internacional Humanitario (DIH en adelante) con las armas nucleares y la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte se ha tenido que referir en dos oportunidades a la licitud o ilicitud del uso de las armas nucleares por solicitudes de Opiniones Consultivas formuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asamblea General de las Naciones Unidas. No emitió la opinión solicitada por la OMS por las razones que veremos en el capítulo respectivo; sí emitió la opinión solicitada por la Asamblea General de la ONU, pero sin comprometerse respecto de la licitud o ilicitud de dichas armas. La primera parte se refiere al Derecho Internacional Humanitario, una rama del Derecho Internacional Público que regula la protección de las personas que no son partes en las hostilidades en los casos de conflicto armado, sea internacional o internacional. Pueden no se parte en los conflictos porque nunca lo fueron o por ser parte de las Fuerzas Armadas en conflicto que se encuentran heridos, enfermos o son prisioneros de guerra ya no intervienen en las hostilidades. Los principales documentos de este derecho son los IV Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977. El gran impulsor de este derecho es el citado Comité de la Cruz Roja, que cita a las Conferencias que generan estos documentos desde 1864, fecha que se fundó este Comité. La segunda parte de este trabajo está dedicada a las dos oportunidades en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se ha visto relacionada con las armas nucleares a través de las solicitudes de Opinión Consultiva formuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Asamblea General de las Naciones Unidas.