Las condiciones que caracterizan, hoy en día, a los beneficiarios de los Decretos Leyes N° 19990 y N° 20530, son diametralmente opuestas. Por una parte, el Decreto Ley N° 20530 (que no resolvió la problemática generada por la Ley de Goces de 1850), representa el Régimen de Pensiones de los Servidores Civiles del Estado, que aún después de las Reformas Constitucionales efectuadas por el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional en los años 2004 y 2005, sigue otorgando pensiones que le representan al Estado un excesivo gasto presupuestal que influye de manera negativa en la capacidad gubernamental para dotar a los jubilados de mejores posibilidades de subsistencia. La situación antes descrita se ve reflejada en el panorama crítico de la Seguridad Social en el Perú, situación comparativamente similar con otras realidades en América Latina, la cual queda patentada en la coexistencia de regímenes especiales, circunstancia que se constituye en fuente de inequidad en el universo de los cesantes y jubilados del Perú, ya que de esta manera se beneficia a sectores pequeños de la población, mientras que el gran conglomerado de pensionistas sigue sumido en la más absoluta miseria y desprotección social. Por ello, la presente investigación especifica su campo de desarrollo dentro de la realidad de dos de los regímenes del Sistema Previsional Peruano: los Decretos Leyes Nº 19990 y Nº 20530. Por lo anteriormente expresado, queda plenamente demostrado que la no unificación de los regímenes previsionales del Decreto Ley N° 19990 y del Decreto Ley N° 20530 (debido al inadecuado tratamiento legislativo destinado a unificar las normas en materia previsional y la carencia de estudios y/o investigaciones en torno al tema), así como también los ambiguos e inequitativos criterios para fijar las pensiones en dichos Regímenes (producida por el excesivo manejo político en la regulación del Decreto Ley N° 20530 y la carencia de una norma legal idónea que establezca criterios equitativos para otorgar pensiones en ambos regímenes), son las causales de la disparidad de la pensión percibida por un cesante del Decreto Ley N° 20530 frente a uno del Decreto Ley N° 19990. En ese orden de ideas, la finalidad de la presente tesis es la descripción del problema originado por la excesiva diferencia entre lo percibido por los pensionistas de la denominada Cédula Viva frente a los del Régimen del Sistema Nacional de Pensiones, la relación de dicho factor con las condiciones de vida de éstos últimos y la excesiva onerosidad en el gasto presupuestal del Estado, originada por la planilla dorada del Decreto Ley N° 20530. Asimismo, esta investigación busca sentar las bases de una reforma integral en el aparato previsional, creando un Sistema Nacional Unificado que administre las pensiones de ambos regímenes, el cual esté dotado de una legislación previsional coherente, que responda a las exigencias planteadas por la población en cuanto al acceso digno a su Derecho a la Pensión, consagrado tanto por la Constitución y la normativa internacional.

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El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Analiza y estudia los alcances de los principios de continuidad y causalidad en todos los contratos de trabajo sujetos a modalidad regulados por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y normas especiales, ello bajo la premisa de que, en virtud al principio de continuidad laboral, toda relación laboral en nuestro país es, por regla general, de naturaleza indefinida, siendo que excepcionalmente, ante la existencia de una real causa objetiva, se quebrará esta regla de indefinición, permitiéndose el acceso a la contratación temporal. Corrige las deficiencias que, a la fecha, revisten la normativa al no guardar, en algunos casos, simetría con los principios de continuidad y causalidad laboral. / Tesis

El documento digital no refiere asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Contextualiza los inicios del Derecho Colectivo de Trabajo en el marco de la Revolución Industrial cuyos orígenes ocurrieron en Inglaterra en 1780 como consecuencia de la invención de la máquina de vapor, que impulsó actividades económicas fundamentales en textiles, la explotación del carbón, y la construcción de los ferrocarriles. Este crecimiento del nuevo orden económico y social, dieron origen a una nueva clase social, los trabajadores industriales, el proletariado y los dueños del capital. Las condiciones de la actividad industrial, se dieron en escenarios de explotación a niveles intolerables (en niños, mujeres y hombres) que incentivaron una reacción de los trabajadores. Paulatinamente, normas legales aisladas que promovieron mejores condiciones de trabajo, fueron alcanzando niveles primarios de protección constitucional, siendo un punto de inflexión la Constitución de Querétaro (México) aprobada en el año 1917, como resultado del triunfo de la Revolución Mexicana, así como la Constitución de Weimar, promulgada en el año 1919, la cual fue la primera constitución de Europa que proclamo derechos de contenido social y estableció normas para regir la vida económica. A esto, se añadió el propio Tratado de Versalles (que puso fin a la primera guerra mundial) suscrito el 28 de junio de 1919, en el que contiene una declaración de principios de protección laboral y sobre todo, fue mediante este instrumento internacional que se creó la Organización Internacional del Trabajo. pretende identificar aquellos aspectos normativos contenidos en el D.L. 25593 que lesionaron la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga e igualmente, hacer el mismo análisis sobre la Ley 27912. Recordemos, que si bien -en teoría - la Ley 27912 debía levantar las observaciones de la OIT, y debía en consecuencia “fomentar” la libertad sindical y la negociación colectiva, la realidad estadística nos dice que estos objetivos no se han cumplido. Para reafirmar tal aseveración, acudimos a la revisión de estadística oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. / Tesis

El presente trabajo de investigación se fundamentó en el análisis del artículo 76° de la Ley General de Sociedades, Ley 26887, que regula el procedimiento de revisión del aporte no dinerario en la sociedad anónima. El problema advertido y materia de análisis en este trabajo es la disposición de la referida norma respecto a la no emisión de acciones, hasta que se compruebe y apruebe el valor del aporte no dinerario transferido a favor de la empresa. De lo revisado y los casos expuestos, se verifica que se no cumple esta norma por parte de los accionistas ni del registrador público quien se encarga de calificar y formalizar el registro de este tipo de aporte. En ese sentido, mediante el estudio efectuado en este trabajo se concluye que sí es importante demostrar el valor del aporte no dinerario transferido a favor de la empresa; sin embargo, se colige que no es necesario ni favorable suspender la emisión de acciones hasta que se cumpla con el procedimiento- interno o externo-de revisar, comprobar y aprobar el valor del aporte otorgado, sino que resulta más viable realizar la aprobación del valor del aporte antes de que éste sea transferido a favor de la empresa. En cuanto a la elaboración del presente trabajo, para desarrollarlo se ha revisado doctrina nacional, extranjera y; además, se ha analizado legislación extranjera de los países de: Argentina, Colombia y España. En particular, se estudió la legislación argentina y colombiana debido a la que la dinámica empresarial de estos países es muy similar a la peruana. Por otro lado, respecto al análisis de la legislación española, esta se eligió debido a que nuestra legislación se ha inspirado justamente en la norma española para regular la actual Ley General de Sociedades Peruana. Finalmente, del desarrollo de este trabajo de investigación se he llegado a concluir que lo dispuesto por el artículo acotado 76° de la ley 26887 no se cumple en la práctica y que a efectos de poder cumplir con espíritu y finalidad de este dispositivo legal, el proteger la veracidad del valor del aporte, se puede aprobar el valor del mismo, antes de aportarlo a la empresa, así no se suspende la emisión de las acciones a favor del aportante y se permite que fluya de manera más ágil el desarrollo y dinámica de las actividades de la empresa. / Tesis

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Tiene el propósito de lograr la unificación de criterios del Tribunal Constitucional, en la interpretación del artículo 27° de la Constitución de 1993, puesto que la falta de claridad del mencionado artículo influye en su interpretación contradictoria en los fallos del Tribunal Constitucional, permitiéndose así que se vulneren los principios de continuidad y de estabilidad laboral. La hipótesis planteada considera la eliminación de los artículos 34° y 38° de la LPCL a fin de que permita unificar los criterios del Tribunal Constitucional en cuanto a la interpretación uniforme del art. 27° de la Constitución Peruana de 1993, a través de la promulgación de una Nueva Ley de Terminación del Contrato de Trabajo. Las preguntas planteadas para resolver la hipótesis son las siguientes: ¿Cómo unificar los criterios del Tribunal Constitucional, en la interpretación del artículo 27° de la Constitución de 1993? ¿Por qué la falta de claridad del art. 27° de la Constitución de 1993 genera su interpretación contradictoria en los fallos del Tribunal Constitucional? Para la elaboración del presente estudio se utiliza el método inductivo, con el que se analizan la doctrina, legislación nacional e internacional, el derecho comparado y los fallos de las sentencias del Tribunal Constitucional respecto al tema del despido arbitrario, los que revelan que la falta de claridad del art. 27° de la Constitución de 1993 genera que su interpretación sea contradictoria respecto del tipo de resarcimiento que le corresponde al trabajador víctima de despido arbitrario. Finalmente, una vez identificados los problemas generados, se plantea una alternativa de solución a los mismos. / Tesis

La primera sección del presente trabajo presenta un desarrollo de la regulación de las conductas de abuso de posición de dominio en el Perú. Para ello, en primer lugar, es necesario desarrollar cuáles son sus fundamentos pues toda política económica, como es el caso de dicha regulación, se sustenta en una teoría económica. Repasando los primeros trabajos sobre el particular, damos con que esta teoría se sustenta en dos modelos de mercado en equilibrio, los cuales se estudian a partir del paradigma Estructura – Conducta – Desempeño: el modelo de competencia perfecta y el modelo de monopolio. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El tema de drogas es en materia Penal un arquetipo de la problemática general del Derecho Penal. Ahora bien, toda afirmación categórica como esta puede llegar a ser tautológica si no se explica adecuadamente. Lo que se ha querido afirmar es que la problemática actual del Derecho Penal, que en la actualidad atraviesa todos los cuerpos normativos y a los distintos sistemas dogmáticos, en materia de drogodependencias se expresa de manera particularmente intensa. De esta forma, el conflicto relativo al tráfico de sustancias prohibidas de un tiempo a esta parte se ha transformado en el discurso Penal en el ejemplo obligado al momento de abordar los temas más complejos que enfrenta la disciplina.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / No autorizada por los autores para ser publicada a texto completo / El objetivo del presente trabajo es realizar un acercamiento a la estructura de la Seguridad Social en Chile, desde el punto de vista de los sujetos; a través del método inductivo, se analizan los aspectos dogmáticos de la Constitución que tienen relevancia respecto al tema en estudio; a su vez, se consagran las garantías constitucionales en general, para posteriormente adentrarnos en el concepto de Seguridad Social y sus principios inspiradores que integran nuestra legislación.

Manifiesta que la pluralidad de instancias es una garantía que ha sido reconocida a nivel internacional y, en el Perú, está consagrada como uno de los principios de la función jurisdiccional. Conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es aplicable inclusive a los procedimientos administrativos. Sin embargo, no siempre se cumple en materia electoral porque hay casos en los que el "Jurado Nacional de Elecciones” del Perú, emite decisiones como única instancia e inimpugnables. Es por esta razón que esta investigación tiene como objetivo determinar el sustento jurídico que permita establecer una propuesta para procurar el cabal cumplimiento del principio constitucional de la doble instancia en las decisiones que, directamente o por impugnación, deben ser revisadas y resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones. Efectuados los análisis pertinentes, se ha llegado a concluir que, efectivamente, en diversos procedimientos que son ventilados ante el Jurado Nacional de Elecciones, esta entidad actúa como única instancia jurisdiccional emitiendo decisiones que no admiten impugnación; por lo que se incumple la norma constitucional de la pluralidad de instancias. Como resultado de la investigación desarrollada, se ha propuesto un Proyecto de Ley para que se permita la creación y funcionamiento de Jurados Electorales Permanentes que tengan vigencia indefinida y desarrollen las funciones que el Jurado Nacional de Elecciones ha planteado en su Proyecto de Código Electoral. Finalmente se ha sugerido que dicho Proyecto de Ley se apruebe lo más pronto, independientemente de lo planteado en el Proyecto de Código Electoral, presentado por el "Jurado Nacional de Elecciones” al Congreso de la República. Así se podrá contar de inmediato con el establecimiento de los mencionados Jurados Electorales Permanentes con funciones jurisdiccionales específicas a efectos de que resuelvan, en primera instancia, las controversias y/o conflictos intersubjetivos de intereses que sean sometidos para su pronunciamiento. / Tesis