Magíster en bioética / El problema de la eutanasia es una discusión abierta actualmente a nivel mundial. Son pocos los países que han decidido legislar al respecto y, en el último tiempo, Bélgica ha agregado a su legislación la posibilidad de eutanasia en menores. En Chile no existen antecedentes sobre las prácticas de los equipos de salud con respecto a pacientes moribundos o que solicitan morir, y los proyectos de ley sobre eutanasia en Chile no han entrado en discusión pública. Es posible que en una futura discusión nacional se presenten confusiones al argumentar en contra o a favor de esta y especialmente en el grupo de los menores que siguen generando controversia a nivel mundial. La presente investigación busca responder a la pregunta sobre cuáles son las características de los menores, entorno a la eutanasia, que deben ser consideradas en una posible legislación de eutanasia nacional. Para eso se busca reconocer dichas características en la legislación belga y analizar los problemas que subyacen al debate bioético de la eutanasia en menores, además de reflexionar sobre los puntos de conflicto, para establecer cuáles serán las condiciones que definirán la decisión de incluirlos en una futura legislación nacional. / The problem of euthanasia is a discussion currently open worldwide. Few countries have decided to legislate in this regard and in recent times Belgium has added to its legislation the possibility of euthanasia in minors. In Chile, there are no precedents regarding the practices of health teams with respect to dying patients or those requesting death, and bills on euthanasia in Chile have not entered into public discussion. It is possible that in a future national discussion confusions will arise when arguing against or in favor of it and especially in the group of children who continue to generate controversy worldwide. The present investigation seeks to answer the question about what are the characteristics of minors, around euthanasia, which should be considered in a possible national euthanasia legislation. That seeks to recognize these characteristics in Belgian legislation and analyze the problems underlying the bioethical debate on euthanasia in children, and to reflect on the points of conflict, to establish the conditions that will define the decision to include them in future be national legislation.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Busca demostrar la necesidad de un mejor sistema de inspecciones laborales para contribuir a la lograr el respeto de los derechos fundamentales humanos laborales y el Trabajo Decente, trabajo digno, en el ámbito de las micro y pequeñas empresas, así mismo dar a conocer el sistema de inspección, su actuación y su problemática, en un entorno globalizado y de firma de tratados de libre comercio (TLC), que lo han impulsado, queda claro que hay nuevas formas de producción (Tercerización, intermediación laboral, etc.), nuevos retos que demandan un accionar más dinámico, estratégico, con una adecuada estructura normativa y organizativa a efectos de cumplir su razón de ser y su finalidad conforme lo establecen las normas internacionales de trabajo, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los cuales el Perú ha ratificado (Convenios OIT N° 81 y N°129), así como el marco legislativo y constitucional que regula nuestro Estado. / Tesis

El presente Informe corresponde a la controversia denominada “Speedy Naked”. Se trata del procedimiento iniciado de oficio por el Organismo regulador en el sector de las telecomunicaciones (el “OSIPTEL”) en el mes de septiembre de 2011 en contra de la empresa operadora Telefónica del Perú S.A.A, debido a la presunta comisión de abuso de posición de dominio en la modalidad de venta atada al haber establecido esta, la contratación del servicio de telefonía fija como requisito para poder contratar el servicio de acceso a internet en la tecnología ADSL. Dicha acción habría tenido efectos anticompetitivos en el mercado del servicio de telefonía fija, en base a la conducta tipificada en el literal c) del artículo 10.2° del Decreto Legislativo N°1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. A raíz del procedimiento se emitió la Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL de fecha 20 de julio del 2012, mediante la cual, el Cuerpo Colegiado designado resolvió declarar como fundado el procedimiento y sancionar a Telefónica con 492.21 UIT por la comisión de actos contrarios a la libre competencia, en la modalidad de ventas atadas. En la misma línea se pronunciaría el Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL mediante lo dispuesto en la Resolución N°004-2013-TSC/OSIPTE del 1 de febrero de 2013, confirmando la resolución del Cuerpo Colegiado, pero modificando el monto de la multa a 407 UIT. A través del presente informe, así como del planteamiento de los siguientes problemas jurídicos: (i) aplicación del principio de supletoriedad, (ii) correcta delimitación del mercado relevante, (iii) determinación de efectos exclusorios de la conducta investigada, (iv) afectación al principio de predictibilidad y (v) afectación al principio de debido procedimiento y derecho de defesa de Telefónica determinaremos si es que esta última fue correctamente sancionada, o como sostendremos, no debió ser sancionado.

El tema que se intenta investigar ha sido escasamente tratado, principalmente por su reciente aparición en nuestra realidad, así, el primer estudio que hemos encontrado data de mil novecientos ochenta y nueve (Amalia Mendoza Arroyo: Pactos anti huelga. Desarme unilateral). En nuestro país son pocos los estudios específicos sobre el tema. En la doctrina extranjera, podemos señalar que el tratamiento es mayor, sin embargo; al igual que los estudios nacionales, se limitan al estudio de Cláusulas de Paz Sindical. Por lo que para hacer un estudio completo del tema es necesario revisar las obras generales sobre el Derecho del Trabajo, en especial sobre el Derecho de huelga en la legislación española e internacional, donde diversos tratadistas inciden sobre este último tema. / Tesis

El propósito principal de esta investigación es analizar el régimen peruano de la factura conformada, descubrir sus deficiencias y encontrar alternativas para mejorarlo. Para ello, he considerado conveniente basar mi investigación en un análisis detallado de la realidad del mercado peruano, así como en un análisis detallado de la regulación nacional de la factura conformada. Considerando lo anterior, esta investigación constará de dos partes la primera está encaminada a desarrollar el problema planteado, el marco teórico y la metodología a utilizar en la investigación. La segunda parte, esta conformada por el sustento teórico - práctico de la investigación, que se desarrollará con la verificación y la prueba de las hipótesis a través de una tabulación de encuestas y del análisis de las regulaciones nacionales sobre la materia. Para finalizar esta investigación se han elaborado propuestas y recomendaciones basadas en las conclusiones a las que se han llegado luego del desarrollo de la investigación. Esta investigación permitirá tener una visión más práctica y real de la problemática de la factura conformada en el Perú y será de utilidad para quienes deseen impulsar este instrumento en nuestro país. / Tesis

Al existir una nueva responsabilidad para las personas jurídicas en virtud de conductas tipificadas en el Código Penal que puedan realizar sus representantes, el sector privado ha considerado de especial relevancia la implementación de programas de compliance anticorrupción, de acuerdo a la Ley Nº 30424 y su Reglamento. De esta manera, ante la relación existente entre el fenómeno de la corrupción y los derechos humanos, el presente trabajo prentede proponer tres medidas concretas para que las empresas puedan respetar los derechos humanos a través de la implementación de sus programas de compliance anticorrupción. Para ello, siendo que la corrupción limita el goce y ejercicio de los derechos humanos, existen también similitudes en el principio constitucional de la lucha contra la corrupción con la obligación de las empresas en respetar estos derechos. Entonces, las medidas concretas consideran a los elementos comunes entre ambos son la gobernanza y supervisión, las políticas y procedimientos, la debida diligencia, gestión de riesgos y monitoreo, la capacitación y educación, los canales de denuncia y la presentación de informes. Luego, la debida diligencia visibiliza la sinergia entre los riesgos de corrupción y vulneración de DHH para brindar soluciones empresariales más más eficientes, receptivas, efectivas y sostenibles. Tercero, las acciones colectivas permiten involucrar a diversos sectores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, para combatir la corrupción y asegurar la facilitación y transparencia de acceso a la información relevante.

El presente trabajo aborda el estudio de la herramienta conocida como “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR), por medio de la cual se busca mejorar la calidad regulatoria a través de la identificación y posterior eliminación, reducción o simplificación de procedimientos administrativos que sean innecesarios, injustificados o desproporcionados. La importancia de este tema radica en que su implementación en nuestro país resulta esencial, no solo por la mejora del marco regulatorio que ello significaría de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, sino también porque la mejora de la calidad de los procedimientos administrativos tendrá un efecto directo en los administrados y en su forma de interrelación con la Administración Pública. El presente trabajo parte del supuesto teórico que considera el ACR como un procedimiento en el que se evalúa el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad en los procedimientos administrativos, y hace énfasis en el ACR como un primer paso en la normativa peruana con el objetivo de hacer realidad la simplificación administrativa y mejorar la política regulatoria. Por ello, el principal objetivo de este trabajo es brindar una aproximación al estudio del ACR, a través de su desarrollo teórico y conceptual y, posteriormente, reflexionar acerca de su aplicación a través del planteamiento de un caso práctico hipotético. Se concluye que es necesario que, dada su importancia, se amplíe el enfoque y el ámbito de aplicación del ACR, de manera que pueda aplicarse en todos los niveles del Estado, incluyendo las municipalidades, con el fin de una mejora regulatoria a nivel macro.

El presente trabajo es desarrollado con el objetivo de analizar la modificación del artículo 79° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley No. 29338, así como de sus normas complementarias respecto a la pérdida de competencias de la DIGESA como opinante técnico en los procedimientos de autorización de vertimientos que son otorgados por la ANA. Es así como se analiza si esta “simplificación administrativa” que motivó al legislador modificar la normativa, responde a las necesidades del contexto actual peruano. El trabajo concluye con que esta modificación no ha sido acertada en tanto en la realidad no hay un organismo público que se encargue de evaluar si con un determinado vertimiento se está afectando o poniendo en riesgo la salud de las personas, debido a que, como se demuestra, la ANA no cuenta con competencias ni recursos suficientes para ello.

Luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 28677 “Ley de la Garantía Mobiliaria” y con ella la derogatoria establecida en su Sexta Disposición Final y Transitoria, quedó en el aire una interrogante pendiente de respuesta: ¿Las hipotecas abiertas, constituidas en favor de las empresas del sistema financiero con posterioridad al año 2006, son ejecutables? De acuerdo con la investigación realizada, la derogación de una norma que derogó a otra no implica que la norma derogada recobre automáticamente su vigencia en los términos originales con los que fue publicada. Es decir, estamos ante la “no reviviscencia de la norma derogada”. Dicho criterio se encuentra establecido en el Artículo I del Título Preliminar del Código Civil: Por la derogación de una ley, no recobran vigencia aquellas a las que ésta hubiere derogado. En consecuencia, ¿cómo pudieron los jueces encargados de pronunciarse en el Sexto Pleno Casatorio señalar que “quedó subsistente a la actualidad el texto primigenio del artículo 172° de la Ley de Bancos” (Sic)? Podemos especular varias respuestas; sin embargo, ninguna tiene justificación. Lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico es un error conceptual muy grave de un concepto básico denominado aplicación de las normas en el tiempo y que no se ha quedado olvidado en el fundamento de alguna resolución pasada, sino que tiene consecuencias jurídicas perceptibles y, en la actualidad, irreversibles.

El objetivo de la presente investigación es demostrar el amplio margen de discrecionalidad administrativa que tiene el Ministerio de la Producción (PRODUCE) como la autoridad competente para el establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero. Esta competencia la otorga la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley Nro. 25977; sin embargo la Ley no cuenta con principios o estándares que definan el actuar de PRODUCE respecto del manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. El objetivo de política de pesca contemplado en la Ley es muy general y no permite establecer obligaciones expresas a los operadores de PRODUCE orientadas a asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. A diferencia de Perú, en la legislación comparada, se puede apreciar que se han incorporado como objetivos de política pesquera los estándares del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO): i) prevención de la sobrepesca, ii) restauración de las pesquerías sobreexplotadas, iii) disponibilidad de la mejor información científica y iv) participación de los actores involucrados en la pesquería. Cabe precisar que este instrumento no es jurídicamente vinculante para los Estados. Del análisis realizado en la investigación, se puede apreciar que el desarrollo de los estándares antes mencionados en la legislación nacional permite reducir el margen de discrecionalidad administrativa del Estado respecto del manejo de los recursos hidrobiológicos y orientar las medidas de manejo hacia la sostenibilidad de las pesquerías. Por ello, resulta necesaria la incorporación de dichos estándares en la Ley General de Pesca.