Magíster en bioética / El problema de la eutanasia es una discusión abierta actualmente a nivel mundial. Son pocos los países que han decidido legislar al respecto y, en el último tiempo, Bélgica ha agregado a su legislación la posibilidad de eutanasia en menores. En Chile no existen antecedentes sobre las prácticas de los equipos de salud con respecto a pacientes moribundos o que solicitan morir, y los proyectos de ley sobre eutanasia en Chile no han entrado en discusión pública. Es posible que en una futura discusión nacional se presenten confusiones al argumentar en contra o a favor de esta y especialmente en el grupo de los menores que siguen generando controversia a nivel mundial. La presente investigación busca responder a la pregunta sobre cuáles son las características de los menores, entorno a la eutanasia, que deben ser consideradas en una posible legislación de eutanasia nacional. Para eso se busca reconocer dichas características en la legislación belga y analizar los problemas que subyacen al debate bioético de la eutanasia en menores, además de reflexionar sobre los puntos de conflicto, para establecer cuáles serán las condiciones que definirán la decisión de incluirlos en una futura legislación nacional. / The problem of euthanasia is a discussion currently open worldwide. Few countries have decided to legislate in this regard and in recent times Belgium has added to its legislation the possibility of euthanasia in minors. In Chile, there are no precedents regarding the practices of health teams with respect to dying patients or those requesting death, and bills on euthanasia in Chile have not entered into public discussion. It is possible that in a future national discussion confusions will arise when arguing against or in favor of it and especially in the group of children who continue to generate controversy worldwide. The present investigation seeks to answer the question about what are the characteristics of minors, around euthanasia, which should be considered in a possible national euthanasia legislation. That seeks to recognize these characteristics in Belgian legislation and analyze the problems underlying the bioethical debate on euthanasia in children, and to reflect on the points of conflict, to establish the conditions that will define the decision to include them in future be national legislation.

Publicación a texto completo no autorizada por el autor / El documento digital no refiere asesor / Busca demostrar la necesidad de un mejor sistema de inspecciones laborales para contribuir a la lograr el respeto de los derechos fundamentales humanos laborales y el Trabajo Decente, trabajo digno, en el ámbito de las micro y pequeñas empresas, así mismo dar a conocer el sistema de inspección, su actuación y su problemática, en un entorno globalizado y de firma de tratados de libre comercio (TLC), que lo han impulsado, queda claro que hay nuevas formas de producción (Tercerización, intermediación laboral, etc.), nuevos retos que demandan un accionar más dinámico, estratégico, con una adecuada estructura normativa y organizativa a efectos de cumplir su razón de ser y su finalidad conforme lo establecen las normas internacionales de trabajo, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los cuales el Perú ha ratificado (Convenios OIT N° 81 y N°129), así como el marco legislativo y constitucional que regula nuestro Estado. / Tesis

El presente Informe corresponde a la controversia denominada “Speedy Naked”. Se trata del procedimiento iniciado de oficio por el Organismo regulador en el sector de las telecomunicaciones (el “OSIPTEL”) en el mes de septiembre de 2011 en contra de la empresa operadora Telefónica del Perú S.A.A, debido a la presunta comisión de abuso de posición de dominio en la modalidad de venta atada al haber establecido esta, la contratación del servicio de telefonía fija como requisito para poder contratar el servicio de acceso a internet en la tecnología ADSL. Dicha acción habría tenido efectos anticompetitivos en el mercado del servicio de telefonía fija, en base a la conducta tipificada en el literal c) del artículo 10.2° del Decreto Legislativo N°1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. A raíz del procedimiento se emitió la Resolución N° 017-2012-CCO/OSIPTEL de fecha 20 de julio del 2012, mediante la cual, el Cuerpo Colegiado designado resolvió declarar como fundado el procedimiento y sancionar a Telefónica con 492.21 UIT por la comisión de actos contrarios a la libre competencia, en la modalidad de ventas atadas. En la misma línea se pronunciaría el Tribunal de Solución de Controversias del OSIPTEL mediante lo dispuesto en la Resolución N°004-2013-TSC/OSIPTE del 1 de febrero de 2013, confirmando la resolución del Cuerpo Colegiado, pero modificando el monto de la multa a 407 UIT. A través del presente informe, así como del planteamiento de los siguientes problemas jurídicos: (i) aplicación del principio de supletoriedad, (ii) correcta delimitación del mercado relevante, (iii) determinación de efectos exclusorios de la conducta investigada, (iv) afectación al principio de predictibilidad y (v) afectación al principio de debido procedimiento y derecho de defesa de Telefónica determinaremos si es que esta última fue correctamente sancionada, o como sostendremos, no debió ser sancionado.

El tema que se intenta investigar ha sido escasamente tratado, principalmente por su reciente aparición en nuestra realidad, así, el primer estudio que hemos encontrado data de mil novecientos ochenta y nueve (Amalia Mendoza Arroyo: Pactos anti huelga. Desarme unilateral). En nuestro país son pocos los estudios específicos sobre el tema. En la doctrina extranjera, podemos señalar que el tratamiento es mayor, sin embargo; al igual que los estudios nacionales, se limitan al estudio de Cláusulas de Paz Sindical. Por lo que para hacer un estudio completo del tema es necesario revisar las obras generales sobre el Derecho del Trabajo, en especial sobre el Derecho de huelga en la legislación española e internacional, donde diversos tratadistas inciden sobre este último tema. / Tesis

El propósito principal de esta investigación es analizar el régimen peruano de la factura conformada, descubrir sus deficiencias y encontrar alternativas para mejorarlo. Para ello, he considerado conveniente basar mi investigación en un análisis detallado de la realidad del mercado peruano, así como en un análisis detallado de la regulación nacional de la factura conformada. Considerando lo anterior, esta investigación constará de dos partes la primera está encaminada a desarrollar el problema planteado, el marco teórico y la metodología a utilizar en la investigación. La segunda parte, esta conformada por el sustento teórico - práctico de la investigación, que se desarrollará con la verificación y la prueba de las hipótesis a través de una tabulación de encuestas y del análisis de las regulaciones nacionales sobre la materia. Para finalizar esta investigación se han elaborado propuestas y recomendaciones basadas en las conclusiones a las que se han llegado luego del desarrollo de la investigación. Esta investigación permitirá tener una visión más práctica y real de la problemática de la factura conformada en el Perú y será de utilidad para quienes deseen impulsar este instrumento en nuestro país. / Tesis

Al existir una nueva responsabilidad para las personas jurídicas en virtud de conductas tipificadas en el Código Penal que puedan realizar sus representantes, el sector privado ha considerado de especial relevancia la implementación de programas de compliance anticorrupción, de acuerdo a la Ley Nº 30424 y su Reglamento. De esta manera, ante la relación existente entre el fenómeno de la corrupción y los derechos humanos, el presente trabajo prentede proponer tres medidas concretas para que las empresas puedan respetar los derechos humanos a través de la implementación de sus programas de compliance anticorrupción. Para ello, siendo que la corrupción limita el goce y ejercicio de los derechos humanos, existen también similitudes en el principio constitucional de la lucha contra la corrupción con la obligación de las empresas en respetar estos derechos. Entonces, las medidas concretas consideran a los elementos comunes entre ambos son la gobernanza y supervisión, las políticas y procedimientos, la debida diligencia, gestión de riesgos y monitoreo, la capacitación y educación, los canales de denuncia y la presentación de informes. Luego, la debida diligencia visibiliza la sinergia entre los riesgos de corrupción y vulneración de DHH para brindar soluciones empresariales más más eficientes, receptivas, efectivas y sostenibles. Tercero, las acciones colectivas permiten involucrar a diversos sectores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, para combatir la corrupción y asegurar la facilitación y transparencia de acceso a la información relevante.

El presente trabajo desarrolla el primer pronunciamiento de la Autoridad de la Competencia del Indecopi en el que se reconoce que las actividades sindicales se encuentran exentas del control antitrust. Así, desde el análisis interdisciplinario del Derecho Colectivo de Trabajo y del Derecho de Libre competencia se cuestiona: i) si los sindicatos constituyen agentes económicos, ii) si las actividades sindicales se encuentran exentas de la aplicación del Decreto Legislativo No. 1034 y iii) si en el procedimiento administrativo en concreto se configuraron las prácticas colusorias horizontales imputadas por el órgano administrativo. Del análisis de lo anterior, se concluye, en primer lugar, que los sindicatos no son agentes económicos, en tanto los fines para los cuales fueron constituidos distan de la calificación de agente económico que desarrollan las normas de libre competencia. En segundo lugar, se señala que nuestro ordenamiento jurídico garantiza la vigencia de los derechos sindicales y, en este sentido, resulta necesario el reconocimiento de una exención en favor de las actividades sindicales respecto del control antitrust. Finalmente, se refiere que tal exención no supone que se admita el abuso de derecho por parte de los sindicatos o el ejercicio irregular de sus derechos sindicales (situaciones que deberán ser analizadas por las autoridades laborales correspondientes) y que- de advertirse que los sindicatos se comporten en la práctica como agentes económicos en sí mismos, estos sí puedan ser considerados pasibles de sanción por las normas que rigen la libre competencia.

El presente trabajo aborda el estudio de la herramienta conocida como “Análisis de Calidad Regulatoria” (ACR), por medio de la cual se busca mejorar la calidad regulatoria a través de la identificación y posterior eliminación, reducción o simplificación de procedimientos administrativos que sean innecesarios, injustificados o desproporcionados. La importancia de este tema radica en que su implementación en nuestro país resulta esencial, no solo por la mejora del marco regulatorio que ello significaría de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, sino también porque la mejora de la calidad de los procedimientos administrativos tendrá un efecto directo en los administrados y en su forma de interrelación con la Administración Pública. El presente trabajo parte del supuesto teórico que considera el ACR como un procedimiento en el que se evalúa el cumplimiento de los principios de legalidad, necesidad, efectividad y proporcionalidad en los procedimientos administrativos, y hace énfasis en el ACR como un primer paso en la normativa peruana con el objetivo de hacer realidad la simplificación administrativa y mejorar la política regulatoria. Por ello, el principal objetivo de este trabajo es brindar una aproximación al estudio del ACR, a través de su desarrollo teórico y conceptual y, posteriormente, reflexionar acerca de su aplicación a través del planteamiento de un caso práctico hipotético. Se concluye que es necesario que, dada su importancia, se amplíe el enfoque y el ámbito de aplicación del ACR, de manera que pueda aplicarse en todos los niveles del Estado, incluyendo las municipalidades, con el fin de una mejora regulatoria a nivel macro.

El delito de banda criminal es una figura delictiva que se encuentra regulada con fines de tipificar conductas humanas a manera de peligro abstracto, pero que sean sancionadas por cumplir el solo propósito de formar un grupo organizado, que podría afectar la seguridad pública, ya que su propósito sería la comisión de ilícitos. El crimen organizado es un problema latente en la realidad nacional y trasnacional, que pone en jaque a diversos estados que se ven afectados por una situación social donde la delincuencia ha llegado a acaparar niveles inimaginables. La presente investigación tiene por finalidad exponer que nuestra legislación no tiene una debida normativa frente a los delitos de organización, situación que la jurisprudencia ha tratado de corregir, pero no es suficiente, ya que se vulnera el principio de legalidad por tratar de hacer interpretaciones que van más allá de lo razonable. Se tiene como objetivo general demostrar que, en el Perú el delito de banda criminal es inaplicable como delito de organización; y, como objetivo específico, poner en manifiesto que es una forma de coautoría y no un tipo penal independiente. En consecuencia, la hipótesis gira en torno a si es necesario tipificar el delito como se encuentra normado; o, en su defecto, si debe ser derogado o modificado; o, si sólo debe sancionarse el concurso de dos o más personas como agravante especifica de los delitos que sean realizados por la banda criminal.

El presente trabajo aborda el análisis del soborno transnacional como fenómeno corruptor que altera las reglas de juego del comercio internacional, y no solo las que rigen la interacción entre los agentes económicos particulares (empresas) que intervienen en una transacción económica internacional, que ven afectada su participación en condiciones de libre competencia. También afecta inclusive las relaciones entre los Estados, en la medida que alguno de estos, pudiera carecer de un marco normativo sobre la materia o tener una deficiente regulación interna del soborno transnacional, y con ello conceder una ventaja indebida a sus empresas, perjudicando a aquellas cuyos Estados, si regulan adecuadamente este fenómeno corruptor. De esta manera, el primer capítulo aborda la regulación nacional del Soborno Transnacional, describiendo su marco teórico, principales características, definición a nivel doctrinario y en los instrumentos internacionales que lo regulan, así como sus elementos constitutivos. En este punto, se plantea una reflexión sobre el bien jurídico protegido, considerando la correcta actuación de la función pública y lealtad en el comercio internacional. Asimismo, se examina algunos casos concretos, de la forma cómo se regula el soborno trasnacional en algunos países, como en el caso de la experiencia pionera los Estados Unidos de América y el tratamiento de temas específicos de su competencia en la aplicación de la Foreing Corrupt Practice Act - FCPA, así como la legislación de los países que son miembros de la Alianza del Pacífico. El segundo capítulo se revisa la regulación del soborno transnacional en los principales tratados internacionales anticorrupción, que recogen el consenso internacional existente entre las naciones para asegurarse una correcta actuación de los partícipes en un negocio internacional, con reglas de juego claras, concretas y previamente definidas. Para ello, se tiene en cuenta, la existencia de mecanismos para su adecuado control y represión, así como los destinados a la cooperación contemplados en los principales convenios internacionales vigentes. Para este propósito, la presente investigación parte del tratamiento y análisis comparativo de algunos aspectos centrales para la compresión y regulación del soborno transnacional, tales como: los principales elementos que lo constituyen, el régimen de sanciones contemplado para dichos casos, los mecanismos y condiciones para la asistencia jurídica recíproca entre estados, así como las medidas complementarias o preventivas un combate efectivo al soborno transnacional. A partir de este análisis comparativo se podrán advertir los avances alcanzados en la legislación nacional e internacional al regular, reprimir y sancionar el soborno trasnacional; para su mejor un aporte a la adecuada regulación en el Perú, además de identificar y perfeccionar los mecanismos de cooperación internacional. El tercer capítulo revisa estado actual de la regulación de la figura del soborno transnacional en el Perú, teniendo en cuenta la obligación de cumplir con los compromisos contraídos por el país al suscribir los tratados internacionales anticorrupción y el seguimiento de los mecanismos que aseguran su cumplimiento. Con este propósito, se revisa su incorporación a los mecanismos de cooperación, regionales e internacionales que forman parte de estos tratados, y que permitan examinar el marco normativo vigente, incidiendo en la regulación del Cohecho activo transnacional y Soborno internacional pasivo, así como también en la responsabilidad administrativa que corresponde a las personas jurídicas por la comisión del delito de cohecho activo transnacional.