El presente trabajo consiste en el estudio del uso del espectro radioeléctrico en las comunicaciones globales, impulsados por el desarrollo de la banda ancha, en naves y aeronaves, que está tomando mayor relevancia a consecuencia del desarrollo del comercio internacional que genera la necesidad de estar permanentemente conectados. Esta situación suscita un gran impacto en la regulación de los países, dado que el uso del espectro puede involucrar varios territorios, la temporalidad y comunicaciones en espacios libres. No obstante, se aprecia que los países no están aún preparados para este nuevo escenario, pues se requiere una revisión de la actual regulación de las telecomunicaciones. Por ello, se evalúa la necesidad o no de la regulación del espectro y las comunicaciones globales, considerando los convenios y la legislación sobre derechos del mar y el espacio aéreo; y, en caso de requerirse la regulación, si esta debe ser general, es decir, si se debe aplicar el marco normativo común a los demás servicios, o, definir una regulación especial, evaluando las ventajas y desventajas en cada caso. Para tal efecto, se ha revisado las recomendaciones de la UIT y la legislación comparada de Europa, España, EE.UU., México, Colombia y Chile. Por otro lado, para brindar el marco general de una posible de la posible regulación, pese a su estado incipiente, se ha seguido la metodología de análisis de impacto regulatorio que propone la OECD.

El presente trabajo es desarrollado con el objetivo de analizar la modificación del artículo 79° de la Ley de Recursos Hídricos, Ley No. 29338, así como de sus normas complementarias respecto a la pérdida de competencias de la DIGESA como opinante técnico en los procedimientos de autorización de vertimientos que son otorgados por la ANA. Es así como se analiza si esta “simplificación administrativa” que motivó al legislador modificar la normativa, responde a las necesidades del contexto actual peruano. El trabajo concluye con que esta modificación no ha sido acertada en tanto en la realidad no hay un organismo público que se encargue de evaluar si con un determinado vertimiento se está afectando o poniendo en riesgo la salud de las personas, debido a que, como se demuestra, la ANA no cuenta con competencias ni recursos suficientes para ello.

Luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 28677 “Ley de la Garantía Mobiliaria” y con ella la derogatoria establecida en su Sexta Disposición Final y Transitoria, quedó en el aire una interrogante pendiente de respuesta: ¿Las hipotecas abiertas, constituidas en favor de las empresas del sistema financiero con posterioridad al año 2006, son ejecutables? De acuerdo con la investigación realizada, la derogación de una norma que derogó a otra no implica que la norma derogada recobre automáticamente su vigencia en los términos originales con los que fue publicada. Es decir, estamos ante la “no reviviscencia de la norma derogada”. Dicho criterio se encuentra establecido en el Artículo I del Título Preliminar del Código Civil: Por la derogación de una ley, no recobran vigencia aquellas a las que ésta hubiere derogado. En consecuencia, ¿cómo pudieron los jueces encargados de pronunciarse en el Sexto Pleno Casatorio señalar que “quedó subsistente a la actualidad el texto primigenio del artículo 172° de la Ley de Bancos” (Sic)? Podemos especular varias respuestas; sin embargo, ninguna tiene justificación. Lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico es un error conceptual muy grave de un concepto básico denominado aplicación de las normas en el tiempo y que no se ha quedado olvidado en el fundamento de alguna resolución pasada, sino que tiene consecuencias jurídicas perceptibles y, en la actualidad, irreversibles.

El objetivo de la presente investigación es demostrar el amplio margen de discrecionalidad administrativa que tiene el Ministerio de la Producción (PRODUCE) como la autoridad competente para el establecimiento de medidas de ordenamiento pesquero. Esta competencia la otorga la Ley General de Pesca, aprobada por Decreto Ley Nro. 25977; sin embargo la Ley no cuenta con principios o estándares que definan el actuar de PRODUCE respecto del manejo sostenible de los recursos hidrobiológicos. El objetivo de política de pesca contemplado en la Ley es muy general y no permite establecer obligaciones expresas a los operadores de PRODUCE orientadas a asegurar la sostenibilidad de las pesquerías. A diferencia de Perú, en la legislación comparada, se puede apreciar que se han incorporado como objetivos de política pesquera los estándares del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO): i) prevención de la sobrepesca, ii) restauración de las pesquerías sobreexplotadas, iii) disponibilidad de la mejor información científica y iv) participación de los actores involucrados en la pesquería. Cabe precisar que este instrumento no es jurídicamente vinculante para los Estados. Del análisis realizado en la investigación, se puede apreciar que el desarrollo de los estándares antes mencionados en la legislación nacional permite reducir el margen de discrecionalidad administrativa del Estado respecto del manejo de los recursos hidrobiológicos y orientar las medidas de manejo hacia la sostenibilidad de las pesquerías. Por ello, resulta necesaria la incorporación de dichos estándares en la Ley General de Pesca.

El presente trabajo tiene por finalidad analizar la naturaleza que adquiere la declaratoria de fábrica cuando se presenta el supuesto del artículo 310 del Código Civil, y es de aplicación el artículo 79 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. En concreto, al supuesto fáctico referido a construcciones realizadas con recursos de la sociedad de ganaciales sobre terreno propio de uno de los cónyuges. Para ello, se analiza las normas pertinentes, la doctrina y jurisprudencia sobre la institución de la declaratoria de fábrica, así como también sobre los actos de disposición y administración en la sociedad conyugal. El asunto materia de investigación es de especial relevancia toda vez que, el Tribunal Registral ha convertido en precedente vinculante la Resolución No. 3280- 2019-SUNARP. A través de dicho pronunciamiento, el Tribunal sostiene que declarar la fábrica de un predio es un “acto de administración” de la sociedad de gananciales. Lo declarado por el Tribunal Registral tiene efectos prácticos relevantes que son mencionados y explicados en el presente trabajo. Mediante la presente investigación, luego de revisar las normas pertinentes, la doctrina y jurisprudencia, además de establecer la naturaleza de la declaratoria de fábrica, se concluye que desde nuestro punto de vista es erróneo lo declarado en el precedente vinculante dictado.

Con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1385 se incorporó a nuestro Código Penal la corrupción privada, fenómeno que, hasta hace unos años, no era previsible su sanción en nuestra legislación por estar enfocada solamente a la corrupción dentro de la administración pública. A razón de ello, por ser un tipo penal merecedor de estudio, del análisis realizado al art. 241°-B.- Corrupción al interior de entes privados, se pudo apreciar que dicho ilícito procederá mediante ejercicio privado de la acción penal, lo cual, consideramos, resulta equivocado. En base a lo referido, en el presente trabajo se busca sustentar que el legislador no tuvo presente la existencia de determinados elementos que, por el contrario, debieron permitir que este delito sea considerado de persecución pública, no permitiendo con esto que sean los privados quienes decidan cuándo denunciar, dando cabida a espacios de impunidad que, en vez de ser sancionados por la justicia penal, pasarán desapercibidos intencionalmente por distintos intereses, sea de carácter económico o por salvaguardar el prestigio de la empresa. Así, se sostiene que esta regulación se contrapone al principio de proscripción de la corrupción -comprendido en la Constitución Política- así como también, desconoce acuerdos internacionales en los que el Perú se encuentra adscrito. De igual manera, otra circunstancia a exponer viene a ser que el delito de corrupción al interior de entes privados no solamente protegería la competencia leal y el patrimonio de la empresa, sino también a otros bienes jurídicos supraindividuales como son el correcto desarrollo del libre mercado y el derecho de los consumidores. Por tanto, sostenemos que la lucha contra la corrupción no puede abdicar bajo ningún punto de vista, incluso en el ámbito privado, correspondiendo al Estado emprender una política criminal más férrea en su reproche, no importando de donde provenga

El análisis legal en relación al procedimiento administrativo de la habilitación urbana recobra una mayor importancia a raíz del desarrollo inmobiliario en el país. En lo referido al tema de la habilitación urbana, uno de los principales problemas es el incumplimiento de los procedimientos administrativos regulares que impone la ley, lo que trae como consecuencia la existencia de áreas que actualmente son utilizadas para fines urbanos, a pesar de que dichas áreas son calificadas como áreas de uso rural. El objetivo principal de este trabajo es conocer qué es lo que regula la normativa peruana sobre el tema de las habilitaciones urbanas ejecutadas, para así poder demostrar que algunas figuras legales como la “Redención” (entendida como la alternativa que sustituye a la obligación de realizar “Aportes Reglamentarios”) impacta en nuestra realidad urbanística, específicamente en la reducción de los espacios públicos. La conclusión general del presente trabajo es que ordenamiento jurídico peruano en su vertiente urbanística es bastante permisible cuando se trata hacer respetar los espacios públicos y/o áreas de uso público que se requieren para atender las necesidades de una urbe, debido a que se deja en manos de los particulares la decisión de si realizar o no los aportes reglamentarios.

Esta investigación se plantea como objetivo general analizar si la figura de la prescripción de cobro de deudas tributarias encuentra un fundamento constitucional suficiente para mantenerse dentro de un Estado Constitucional de Derecho. El método empleado para la consecución de tal objetivo es el documental o bibliográfico. Mediante dicho método se busca adquirir una completa perspectiva respecto a la figura objeto de estudio, someterla a evaluación y, finalmente, generar una propuesta alternativa suficientemente fundamentada. En la investigación, se llega a la conclusión de que la prescripción de cobro de deudas tributarias afecta a los principios constitucionales de deber de contribuir, capacidad contributiva e igualdad. Dicha afectación es mayor que la satisfacción que ofrece respecto al principio que justifica su existencia: el principio de seguridad jurídica. Así, la prescripción de cobro de deudas tributarias constituye una medida desproporcional, puesto que, de no existir dicha figura, el impacto resulta menor al que se genera con su existencia. En consecuencia, se concluye que se trata de una figura que debe ser expulsada del ordenamiento. Se propone que debe empezar a regir una regla de imprescriptibilidad de cobro de deudas tributarias, la cual tendría que materializarse en una variación normativa del Código Tributario. Se realiza esta propuesta en una búsqueda por el respeto de los principales postulados del Estado Constitucional de Derecho.

El presente trabajo tiene por objetivo general brindar una propuesta de cuantificación del daño a la persona, que permita a los jueces justificar el monto de la indemnización otorgada. El método empleado es un estudio de caso, por el cual hemos realizado un análisis del total de sentencias judiciales emitidas en los procesos iniciados contra una empresa del sector industrial en un período de cinco años, lo que nos ha permitido determinar la diversidad de criterios y formas de cuantificación del daño, haciendo evidente que ante la falta de mecanismos y criterios generalizados de cuantificación, se viene afectando la debida motivación de las resoluciones judiciales, el derecho al debido proceso, la seguridad jurídica y la predictibilidad de las resoluciones judiciales. Como primera conclusión del presente trabajo, se ha podido observar que para el ordenamiento jurídico peruano es necesaria la implementación de un baremo, es decir, una tabla de cálculo que comprenda entre sus criterios: la edad, el grado de afectación diferenciado por órgano, y la funcionalidad afectada de la persona, a través de la cual se podrán asignar valores uniformes a dichos criterios objetivos, y como consecuencia de su uso se podrán otorgar a través de las sentencias indemnizaciones por daño a la persona similares, ante casos similares. Como segunda conclusión, se ha determinado que la implementación de un baremo no se debe agotar en su uso irrestricto, sino que también debe comprender un procedimiento para supuestos de excepción, que les permita a los magistrados apartarse de la cuantificación tasada. Para que el apartamiento no sea arbitrario, consideramos necesario establecer como límite el incremento o disminución del 25%; y que adicionalmente, el apartamiento de la cuantificación establecida por el Baremo en un porcentaje superior al 25% sea considerado causal de Casación. / This investigation has the general purpose of providing a proposal for the quantification of personal injury, that allows judges to justify the amount of compensation awarded. The method employed is a case study for which we have conducted an analysis of the total of judicial sentences issued in the processes initiated against a company of the industrial sector in a period of five years. This has allowed us to determine the diversity of criteria and forms of quantification of the damage, evidencing that the lack of mechanisms and criteria generalized for the quantification affects the due motivation of judicial resolutions, the right to due process, the legal security and the predictability of judicial resolutions. As a first conclusion, we can indicate that, for our legal system, the implementation of a scale is necessary, that is, a calculation chart that includes among its criteria: age, degree of affectation differentiated by organ, and the affected functionality of the person. This will allow to grant uniform values to the objective criteria applicable, and that the sentences can grant a similar compensation for similar cases. As a second conclusion, we can affirm that the implementation of a scale will require an additional procedure for exceptional cases, that allows judges to diverge from the assessed quantification. For the deviation to not be arbitrary, we consider it necessary to establish as a limit the increase or decrease of 25%, and that, additionally, the deviation from the assessed quantification by the scale is considered a cause for cassation.

La presente investigación estudia los problemas que enfrentan los miembros de comunidades indígenas amazónicas respecto del ejercicio de su derecho a la identidad étnica y cultural en ámbitos laborales fuera de su comunidad. La hipótesis de esta investigación plantea que los referidos problemas se encuentran relacionados a la discriminación tanto directa como indirecta hacia los colectivos indígenas. En otras palabras, la hipótesis principal apunta a que los miembros de comunidades indígenas amazónicas no se les permite ejercer manifestaciones de tipo étnicas y/o culturales indígenas dentro de ámbitos laborales conformados predominantemente por personas no indígenas. De aquí que, las hipótesis secundarias respondan al porqué y el cómo se restringe el derecho a la identidad étnica y cultural de los miembros de comunidades indígenas en el empleo. Así, esta investigación plantea que la identidad étnica y cultural indígena se encuentra en el peldaño más bajo dentro de la jerarquía social, lo que refuerza la existencia de prácticas discriminatorias, las mismas que de ser evidentes son justificadas por la mayoría y que de no serlo no exigen justificación ni motivan reflexión alguna. La metodología que utiliza esta investigación es la cualitativa y el método de investigación son las entrevistas semiestructuradas realizadas a cuatro miembros de comunidades indígenas amazónicas Awajún y Asháninka egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante los años 2006 y 2011. La conclusión principal a la que esta investigación ha podido arribar es que la totalidad de los miembros de comunidades indígenas entrevistados han visto limitado su derecho a la identidad étnica y cultural, y que, ello no ha ocurrido -desde su percepción- con los demás trabajadores afectando además el derecho a la igualdad y no discriminación por motivo racial. Es a partir de esta conclusión que este tipo de investigación se hace necesaria a fin de repensar el estatus-quo sobre el que el Derecho se encuentra construido y así convertirlo en una herramienta para erradicar prácticas discriminatorias en un ámbito de la sociedad donde los ciudadanos pasan la mayor parte de sus vidas: el empleo. Finalmente, cabe indicar que los resultados de la presente investigación son la base para futuras investigaciones donde el objetivo es expandir la muestra para confirmar los resultados a mayor escala y explorar los potenciales problemas que puedan enfrentar estos colectivos.